El Gobierno de PSOE podremos subir a los impuestos a empresas energéticas y a empresas financieras
y ante la perspectiva de que estas compañías repercutan este tributo a sus clientes, ¿qué
magnífica idea se le ha ocurrido a Podemos para evitarlo?
Encarcelar a los empresarios que suban precios.
Veámoslo.
Pedro Sánchez quiso sacarse un conejo de la chistera en el debate sobre el estado de la
nación y allí anunció que se iban a crear dos nuevos impuestos que iban a grabar los
beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y de las empresas financieras
durante los dos próximos años.
Sin embargo, como ya tuvimos ocasión de comentar en el vídeo que dedicamos a analizar esos
impuestos, una consecuencia previsible de la aprobación de estos tributos es que las
compañías afectadas por los mismos los terminen repercutiendo sobre los usuarios finales.
Con tal de guardar las apariencias, el PSOE, por boca de su ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, ya advirtió que la ley iba a prohibir que las empresas afectadas repercutieran
el impuesto sobre sus clientes, que es algo así como intentar prohibir la ley de la gravedad.
Sin embargo, Podemos, como no, ha ido un paso más allá.
No solo se trata de incluir en la ley la prohibición de que estas empresas repercutan
el impuesto sobre sus clientes, sino que quiere tipificar un nuevo delito en el Código Penal
según el cual los directivos que repercutan los impuestos que recaen sobre sus compañías
en los usuarios finales deberán ser sancionados con pena de cárcel.
Escuchemos a la ministra Ione Velarra y secretaria general de Podemos hacer esta propuesta.
En este momento, en el que tenemos a grandes empresas energéticas, digamos, amenazando
a la ciudadanía y amenazando al Gobierno y diciéndonos que si hay un impuesto a las
empresas energéticas eso se va a repercutir a los consumidores y a las consumidoras,
yo creo que el Gobierno no puede flaquear. Necesitamos mano dura contra quienes abusen
y que honta quien es ataque en el interés general y, por eso, una de las cosas que
le vamos a proponer a nuestro socio de Gobierno es que se cree un nuevo delito fiscal precisamente
por repercusión de impuestos, que además tendrá un agravante en el caso de que se
trate de empresas de sectores estratégicos. Yo creo que esta idea manda el mensaje correcto
y es que no se va a tolerar ningún tipo de ataque al interés general y que vamos a proteger
a la ciudadanía cueste lo que cueste en los momentos más difíciles.
Y por si cupieran dudas de cuál va a ser el contenido de este nuevo delito fiscal que
propone Podemos, Pablo Echenique, miembro destacado de la formación exsecretario de Organización
del Partido, nos lo aclara. Proponemos un nuevo delito en el Código Penal por repercusión
artificial a los precios. Si ante un aumento de los impuestos a las grandes empresas energéticas
y a la banca, sus directivos deciden repercutir la subida a los precios a prisión por atentar
contra el interés general. Démonos cuenta de que no se trata de un nuevo delito únicamente
concebido para esta subida de impuestos contra la banca o contra las energéticas. Es un
delito que va a agravar en términos generales la repercusión de impuestos por parte de
las empresas a sus usuarios. Conceptualmente, el delito es una absoluta aberración, básicamente
porque elimina la libertad de fijación de precios por parte de las empresas. Las empresas
ya no van a poder decidir a qué precio venden su mercancía, a qué precio venden sus bienes
o servicios. Si a un empresario, por ejemplo, le suben los impuestos y después de subir
los impuestos dice, voy a trabajar algo menos porque para que me quiten el 25% o el 30%
de lo que gano no me compensa trabajar tantas horas. Y como voy a atender a menos clientes
y como los clientes a los que voy a atender son personas que están dispuestas a pagar
más de lo que pagaban antes, pues voy a trabajar menos horas pero voy a subir el precio que
cobro por hora. Bueno, pues si eso se entiende como una forma de trasladar el impuesto que
ha recaído sobre ti a los usuarios, y en cierta manera lo sería porque tú estás
decidiendo trabajar menos y aumentar el precio por hora de lo que sigues trabajando como
reacción al impuesto que te ha caído sobre tu cabeza, pues entonces si ese precio que
has establecido con posterioridad a la creación de ese nuevo impuesto se entiende que es un
precio que transfiere la totalidad o parte del impuesto a los usuarios, entonces a la
cárcel. Ya digo, conceptualmente es una aberración, pero es que además se trataría
de un delito que no resultaría nada sencillo verificar si se ha cometido o no se ha cometido.
Pongámonos ante un supuesto tremendamente actual. Impuesto extraordinario sobre los
beneficios de la banca, el que pretende aprobar el gobierno de Pedro Sánchez. Se aprueba este
impuesto y los bancos en un contexto como el actual donde están subiendo los tipos
de interés y donde se espera que suban todavía más los tipos de interés en el futuro, en
este contexto los bancos deciden incrementar los tipos de interés de las hipotecas a
30 años. Bien, si observamos que los tipos de interés de las hipotecas a 30 años han
aumentado, ¿cómo podemos determinar si ese incremento de los tipos de interés de las
hipotecas a 30 años se debe a que se ha aprobado un nuevo impuesto sobre los beneficios de la
banca y en consecuencia han decidido trasladarlo a parte de sus usuarios o se debe en cambio
a que los bancos anticipan que a lo largo de los próximos 30 años va a haber nuevas
subidas de tipos de interés y como los bancos se financian para dar las hipotecas a esos
tipos de interés que están subiendo, claro, si yo doy una hipoteca fija a 30 años y espero
que mi coste de financiación vaya a ir subiendo durante esos 30 años, tengo que cerrarme
hoy un tipo de interés más alto que me cubra frente a la subida futura que espero de los
tipos de interés. ¿Cómo determinar, insisto, si los tipos fijos de las hipotecas a 30
años han subido por parte de la banca debido al nuevo impuesto o debido a que las expectativas
que tienen los banqueros sobre los tipos de interés sobre sus costes de financiación
a lo largo de los próximos 30 años están en ascenso? Pues no es posible determinarlo
de absolutamente ninguna manera, pero es que además el problema no es solo que puedas
trasladar el impuesto a través de subidas de precios, es que también puedes trasladarlo
a través de no bajadas de precios. Imaginemos que la banca ha subido los tipos de interés
de sus hipotecas a 30 años no porque le han aprobado un impuesto extraordinario sino
porque espera que van a subir los tipos de interés a los que ella se financia, su coste
de financiación y por tanto no ha incumplido la ley, no ha cometido ningún delito de trasladar
impuestos a los usuarios. Ahora bien, pasa el tiempo y el coste de financiación de
los bancos baja o los banqueros esperan que vaya a bajar y en circunstancias normales
esos banqueros lo que harían sería bajar los tipos de interés de las hipotecas, pero
ahora dicen como recae sobre mí este impuesto extraordinario que ha aprobado el gobierno,
no voy a bajar los tipos de interés de las hipotecas o no los voy a bajar tanto como
los habría bajado en otro caso y por tanto estoy repercutiendo en parte o en su totalidad
ese impuesto a los usuarios dejando de rebajar los precios de mis servicios, dejando de rebajar
los tipos de interés de las hipotecas a 30 años.
¿Cómo puede un tribunal controlar todo esto?
Sencillamente no puede, es imposible, por consiguiente si se llegara a aprobar este nuevo
delito en el Código Penal, que sinceramente no creo que suceda, pero si se llegara a aprobar
este nuevo delito en el Código Penal básicamente los empresarios vivirían con una incertidumbre
permanente, si suben los precios se les puede acusar de repercutir algún impuesto que están
soportando a los usuarios y si no bajan los precios también se les puede acusar de que
están repercutiendo algún impuesto que están soportando a los usuarios y se les puede
acusar de algo que los puede llevar a la cárcel.
Si además llegáramos a un escenario en el que la justicia, en el que los tribunales,
en el que los jueces estuviesen controlados directa o indirectamente por los políticos,
pues ya tendríamos una dictadura perfecta para encerrar a aquellos empresarios que no
nos caigan demasiado bien.
Bastaría con acusarles de un delito que no podemos demostrar más allá de toda duda
razonable si se ha cometido, pero que en última instancia queda a discreción del juez
determinar si se ha cometido el delito o no se ha cometido y si el juez es amigo del
partido que quiere encerrar a un determinado empresario, pues le acusamos de ese delito
inverificable y a prisión.
Decía Ludwig von Mises que las intervenciones del gobierno, como generan distorsiones, como
generan desequilibrios, como generan nuevos problemas sobre la sociedad, alimentan nuevas
intervenciones del gobierno.
El gobierno toca una cosa, la destroza genera nuevos problemas y sobre esos nuevos problemas
justifica nuevas intervenciones.
En este caso lo vemos claramente, el gobierno crea un impuesto sobre la banca y sobre las
energéticas, provoca un riesgo de traslación de ese impuesto a los usuarios que ya están
soportando una inflación desvocada y a los que por tanto les perjudicaría de manera
muy notable que los precios de sus servicios todavía subiran más y que hace el gobierno
para hacer frente a ese problema nuevo que ha creado él con sus nuevos impuestos, pues
intervenir adicionalmente en la economía proponiendo la creación de un delito fiscal que básicamente
dejaría a la absoluta arbitrariedad del juez si encerrar o no encerrar a un determinado
empresario.
Es decir, básicamente nos va acercando a un escenario en el que sean los políticos
los únicos legitimados para fijar los precios dentro de una economía sin riesgo claro
de ser encarcelados.
Es decir, que ya no es solo que la intervención económica genere nuevas intervenciones económicas,
es que también genera un clima de mayor represión de las libertades civiles.
En lugar de rectificar y de dar marcha atrás en la creación de estos nuevos absurdos impuestos,
nos reafirmamos con la marcha hacia adelante.
El problema es que en frente está el abismo.