Mientras que, en Italia, el primer ministro Mario Draghi está procediendo a despolitizar
la dirección de las empresas públicas, colocando al frente de las mismas a profesionales de
reconocido prestigio que no procedan de la órbita de los partidos políticos, en España
estamos ahondando en la hiperpolitización de la dirección de las empresas públicas.
Si ese aprovechamiento del patrimonio estatal en beneficio privativo del partido que ocupaba
el gobierno ya era muy descarado bajo el ejecutivo de Mariano Rajoy, con el gobierno de Pedro
Sánchez se ha convertido en algo absolutamente obsceno.
Basta con analizar el listado de los principales nombramientos de altos cargos de empresas
controladas total o parcialmente por el sector público que ha efectuado durante los últimos
años este gobierno.
Y vamos a analizar este listado por orden de la remuneración, en ocasiones pagada por
el contribuyente en otras ocasiones pagada por los accionistas de esas empresas, por
orden de la remuneración que reciben esos altos cargos procedentes todos ellos de la
órbita del partido socialista obrero español.
En primer lugar, María Ornela Chacon, ex consejera del PSOE en el gobierno de Canarias,
es presidenta de puertos del estado con un sueldo de 110.000 euros anuales.
En segundo lugar, Lucrecio Fernández, ex delegado del gobierno socialista en Andalucía,
es el director general de SEPES, entidad pública empresarial del suelo con un sueldo de 110.000
euros anuales.
En tercer lugar, Joaquín López Pagan, ex senador del PSOE, es el presidente de SAES,
sociedad anónima de electrónica submarina, con una remuneración de 119.000 euros anuales.
En cuarto lugar, Susana Hernández, también ex senadora del PSOE, es la presidenta de
la filial de Navantia Seinsel, con una remuneración anual de 119.000 euros anuales.
En quinto lugar, Juan Andrés Tovar, también ex senador del PSOE, es el presidente de Cetarsa,
compañía española de tabaco en rama, con un sueldo de 141.000 euros anuales.
En sexto y séptimo lugar, nos encontramos con los ex ministros socialistas de Industria
y de Fomento, José Montilla y José Blanco, que han sido nombrados consejeros de Enagás,
con un sueldo, cada uno de ellos, de 160.000 euros anuales.
En octavo lugar, Mauricio Lucena, ex diputado del PSC en Cataluña, es el presidente de
Aena, con un sueldo de 168.000 euros anuales.
En noveno lugar, José Luis Navarro, ex consejero socialista de Economía en la Junta de Extremadura,
es el presidente de Enresa, con una remuneración de 170.000 euros anuales.
En décimo lugar, Isaías Tavoas, ex jefe de Gabinete de Montilla y ex secretario de Estado
con Zapatero, es el presidente de Renfe, con una remuneración de 172.000 euros anuales.
En un décimo lugar, encontramos a Ricardo Domínguez, ex bici consejero socialista de la Junta
de Andalucía, que es el presidente de Navantia, con un sueldo de 182.000 euros anuales.
En duo décimo lugar, tenemos a Oscar López, ex secretario de Organización del PSOE,
el ex número dos del PSOE, el mismo cargo que hoy ocupa, por ejemplo, José Luis Ávalos,
que es actualmente el presidente de Paradores Nacionales con un sueldo de 183.000 euros anuales.
En décimo tercer lugar, está Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez,
que es actualmente el presidente de Correos, con un sueldo de 199.000 euros anuales.
En décimo cuarto lugar, encontramos a José Vicente Berlanga, ex bici secretario general
del PSOE de la Comunidad Valenciana, persona, por tanto, muy cercana a José Luis Ávalos,
que es el presidente de Enusa, con un sueldo de 209.000 euros anuales. Se da la circunstancia de
que Enusa se dedica a diseñar, fabricar y comercializar combustible nuclear para
las centrales nucleares españolas y extranjeras. Y la formación académica de José Vicente Berlanga
es la de Filósofo, una persona, por tanto, extremadamente bien cualificada para el cargo,
cuya designación nada tiene que ver con sus conexiones políticas.
En décimo quinto lugar, está Jesús Huerta Almendro, ex delegado socialista de la Junta
de Andalucía en Granada, que es actualmente el presidente de Loterías y Apuestas del Estado,
con una remuneración de 223.000 euros anuales. En décimo sexto lugar, nos encontramos con
Jordi Ereu, exalcalde socialista de Barcelona, que a día de hoy es presidente de Ispasat,
el operador de satélites español que se ha negado a desvelar la remuneración que percibe
Jordi Ereu, pero que atendiendo a anteriores presidencias de Ispasat, tiene un sueldo mínimo
de 200.000 euros anuales, que con complementos puede llegar hasta los 400.000 euros anuales.
En décimo séptimo lugar, está Beatriz Corredor, ex ministra de vivienda con José Luis Rodríguez
Zapatero, que actualmente es presidenta de red eléctrica de España, con una remuneración
de 546.000 euros anuales. Y por último, en décimo octavo lugar, nos encontramos con
el nombramiento más reciente, Marc Murtra, ex jefe de gabinete del ex ministro socialista
de industria y exalcalde de Barcelona, Joan Klos, que ha sido nombrado, acaba de ser nombrado,
presidente no ejecutivo de Indra, con un sueldo de 550.000 euros anuales. Presidente no ejecutivo
significa en última instancia que no hará nada, salvo cobrar el sueldo. ¿Y por qué
Indra ha nombrado a un presidente no ejecutivo con un sueldo de 550.000 euros anuales? Pues
porque el gobierno, que es accionista a través de las EPI de Indra, ha intentado imponer
a Murtra como presidente ejecutivo de Indra. Finalmente, el resto de accionistas se han
opuesto a esa designación gubernamental y el acuerdo al que han llegado es que Murtra
será presidente no ejecutivo, no hará nada, pero se embolsará 550.000 euros anuales.
Los enemigos de las puertas giratorias consolidando la puerta giratoria del partido al gobierno
y del gobierno a la alta dirección de las empresas públicas controladas en última
instancia por ese gobierno, que a su vez está controlado por ese partido. Un reparto parasitario,
como decía, obsceno del patrimonio común de los españoles, porque no olvidemos que
las empresas públicas en última instancia se han financiado con el dinero de los contribuyentes
y la participación estatal en empresas públicas se ha financiado en última instancia con
el dinero de los contribuyentes, que ahora es aprovechado privativamente por el partido
que controla el gobierno y a través del gobierno controla ese entramado de empresas públicas
tan apetitoso para ser rapiñado por los más leales dentro del partido.
Quizá así se entienda mejor porque algunos defienden tanto las empresas públicas y en
general lo público para conseguir a través de la coacción estatal, a través del parasitismo
de la coacción estatal, aquello que no hubiesen podido conseguir jamás cooperando pacífica
y productivamente a través del sector privado.