El gobierno de PSOE Podemos ya ha presentado su reforma de las pensiones por la cual ésta se reindexan al IPC,
pero estamos ante una reforma del sistema que garantiza su viabilidad financiera
o en cambio estamos ante una reforma que aboca a la seguridad social a la insostenibilidad financiera.
Vamos a ello.
El gobierno de PSOE Podemos acaba de aprobar con la anuencia de la patronal y de los sindicatos de
los mal llamados agentes sociales su reforma de las pensiones que enmienda la que aprobó el
Partido Popular en el año 2013. Las tres patas, los tres elementos clave de esta reforma han sido
primero, tras pasar parte de los gastos de la seguridad social a los presupuestos generales del
estado, de tal manera que esos gastos sean cubiertos no con cotizaciones sociales sino con impuestos. En
segundo lugar la derogación formal de la reforma de las pensiones del año 2013, donde por un lado
se desindexaban las pensiones del IPC, se limitaba la revalorización al 0,25% anual mientras la
seguridad social siguiera teniendo déficit y donde además se establecía un factor de
sostenibilidad en función del cual las pensiones de los nuevos pensionistas se reducían conforme se
incrementaba la esperanza de vida. Estos dos elementos de la reforma del año 2013 que iban
encaminados a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones han desaparecido ya
formalmente de nuestro sistema de seguridad social. Y en tercer lugar se introducen una serie de
medidas para incentivar el retraso voluntario de la edad de jubilación. Con todo esto está
garantizada la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones? Pues mucho me temo que no.
Vamos a explicar con más detalle cada una de las nuevas reformas de las nuevas medidas que ha
aprobado el gobierno. Empecemos por la primera medida la transferencia de parte de los gastos que
hoy carga la seguridad social a los presupuestos generales del estado. En particular los gastos
que se van a traspasar serán las tarifas planas y otras reducciones de cotizaciones a la seguridad
social, el coste de rellenar las lagunas para el cálculo de pensión, las subvenciones implícitas
a régimenes especiales, el complemento de maternidad de pensiones, la prestación contributiva por
nacimiento y cuidado de hijos, los costes de funcionamiento de la seguridad social y políticas
no contributivas de empleo financiadas con cuotas. En total casi 23.000 millones de euros anuales de
gastos que insisto hoy asumen la seguridad social y que pasarán a ser asumidos por los presupuestos
generales del estado, es decir, por los impuestos de todos los ciudadanos. ¿Por qué razón se
traspasan? Oficialmente porque se considera que algunos de estos gastos no son gastos propios de
la seguridad social, no son gastos propios de un régimen contributivo de pensiones, como por
ejemplo las tarifas planas y otras reducciones de la cotización a la seguridad social para promover
el empleo. Eso es una política laboral, una política que, si el gobierno la quiere aplicar,
tiene que financiarse con impuestos, pero no con las contribuciones que, mes a mes,
desembolsan los trabajadores para cotizar para su pensión. Bien, dejando de lado que es discutible
que algunos de los gastos que hemos mencionado antes sean realmente gastos impropios de la
seguridad social, por ejemplo, la prestación contributiva por nacimiento y cuidado de hijos,
es prestación contributiva, es decir, una prestación que está vinculada al nivel de
contributividad a cuanto haya contribuido cada trabajador a la seguridad social. Por tanto,
esto es una prestación propia de la seguridad social o los gastos de funcionamiento. Si tenemos
un sistema de seguridad social que, para funcionar, necesita tener una cierta infraestructura,
un cierto personal, esos gastos también son gastos propios de la propia administración de
la seguridad social. Pero dejando de lado si todos ellos son propios o impropios, el efecto de esta
medida es doble. Por un lado, esta medida contribuirá a eliminar el déficit actual de la seguridad
social. El déficit actual de la seguridad social son unos 20.000 millones de euros alrededor del 2%
del PIB y esta medida supone transferir gastos equivalentes al 2% del PIB al presupuesto general
del Estado quitándoselo a la seguridad social. Por tanto, como digo, la seguridad social ya no
tendrá déficit. Eso no significa que el déficit haya desaparecido, significa que el agujero
financiero ya no lo soporta a la seguridad social y que lo soportará a la administración central
del Estado. Por consiguiente, ¿cuál será la consecuencia de esto? Que habrá que subir
impuestos IRPF, sociedades, IVA, especiales, los que sean, para sufragar este agujero de más de
20.000 millones de euros. Y aquí encontramos, por tanto, la segunda consecuencia. La segunda
consecuencia es que los trabajadores pagarán más impuestos para cubrir este déficit, pero no
debengarán, por esos impuestos, un mayor derecho pensional futuro. Imaginemos que este agujero
subiese cubierto con una subida de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores. En
ese caso, los trabajadores pagarían más tributos, tendrían que hacer frente a una mayor cotización
a la seguridad social. Su salario, después de cotizaciones, se reduciría, pero habría una
diferencia. Y es que, al menos, en teoría, esos trabajadores, al cotizar más, estarían
devengando un mayor derecho a una mayor pensión en el futuro. Ahora, sin embargo, esos mismos
trabajadores pagarán impuestos, a lo mejor se les sube el IRPF o se les sube el IVA, y por esos
mayores impuestos que pagarán para cubrir ese mismo agujero no debengarán ningún derecho a una
mayor prestación futura, no debengarán derecho a una mayor pensión futura. Por tanto, se reduce
la contributividad del sistema. Los trabajadores van a pagar más impuestos, pero no van a recibir
más pensión en el futuro. Segunda medida, eliminación formal de la reforma de las pensiones del año
2013. ¿Por qué insisto en el adjetivo de formal? Porque materialmente, esta reforma ya había sido
eliminada o, al menos, no aplicada dentro de la seguridad social española. Desde el año 2018,
las pensiones están revalorizando por encima del 0,25%. Por cierto, en el año 2018 no gobernaba
Pedro Sánchez, gobernaba Mariano Rajoy, el autor de la reforma de las pensiones del año 2013 que
él mismo empezó a inaplicar. Pues bien, desde el año 2018 las pensiones ya se revalorizan por
encima del 0,25% y, a su vez, el factor de sostenibilidad de las pensiones que debería haber
entrado en vigor en 2019 todavía no han entrado en vigor. Por tanto, ahora mismo, antes de esta
derogación formal de la reforma de las pensiones del año 2013, ya se había derogado materialmente,
porque no se la estaba aplicando. O dicho de otra manera, los pensionistas actuales no van a notar
por esta medida ningún cambio en su día a día, en las pensiones que cobran, porque seguiremos en
la misma dinámica de los últimos años. El problema es que esta dinámica nos aboca a una
evolución insostenible de la situación financiera de la seguridad social. Como podemos observar
en el siguiente gráfico, la derogación formal permanente de la reforma de las pensiones del
año 2013 provocará que el gasto en pensiones se incremente mucho más que si hubiésemos conservado
la reforma de las pensiones del año 2013. En particular, con la reforma de las pensiones del
año 2013 en vigor, en el año 2050, dentro de tres décadas, el gasto máximo en pensiones habría
sido equivalente al 12,5, 12,6, 12,7% del PIB. Actualmente estamos algo por debajo del 12,
es decir, que como mucho el gasto en pensiones se habría incrementado un punto porcentual del PIB
al año. En cambio, sin esa reforma en vigor, es decir, con la derogación de la reforma del año
2013, con las medidas que acaba de aprobar el gobierno, nos iremos a un gasto en pensiones,
gasto anual en pensiones para el año 2050 del 17,5% del PIB, es decir, prácticamente 5 puntos
del PIB más de lo que habría sucedido con la reforma de las pensiones del año 2013 en vigor.
Este incremento estructural del gasto en pensiones constituye un reto de financiación muy,
muy complicado. Tengamos en cuenta que por IRPF se recauda aproximadamente cada año
7 puntos de PIB, algo menos de 7 puntos de PIB, y estamos diciendo que solo el déficit extra de
la seguridad social, el déficit que se va a generar como consecuencia de haber derogado la reforma
de las pensiones del año 2013, va a ser de 5 puntos del PIB. Es decir, que necesitaríamos,
por ejemplo, incrementar un 70% el IRPF, suponiendo claro que incrementándolo un 70% no te caiga la
recaudación, necesitaríamos incrementar un 70% el IRPF para cubrir el agujero financiero que va a
provocar esta contra reforma de las pensiones del gobierno, solo en el año 2050. Creo que estas
cifras ponen de manifiesto, ponen muy claro el reto de financiación al que nos enfrentamos,
el reto de sostenibilidad del sistema público de pensiones al que nos enfrentamos. Y claro,
cómo pretende el gobierno cubrir este agujero, cómo pretende el gobierno cerrar este agujero de hasta
5 puntos del PIB al año que se materializará en el año 2050. Hasta el año 2050 no estaremos en
5 puntos, pues estaremos en 4,5 o 4, 3,5 o 3. Conforme nos acerquemos a 2050, esa brecha se va
abriendo hasta esos 5 puntos de PIB de agujero. ¿Cómo pretende el gobierno cubrir este agujero? Pues
básicamente por 3 vías. La primera vía es justamente la tercera pata de la reforma que ha
presentado el gobierno, los incentivos voluntarios al retraso al alargamiento de la edad de jubilación.
El gobierno pretende primar que los españoles se jubilen más tarde, pretende bonificar que
los españoles se jubilen más tarde. El problema de esta medida es que, por un lado, ya veremos si
tiene éxito, que no está ni mucho menos claro, y segundo, aunque tenga éxito, el ahorro que preve
el gobierno de éste éxito es de menos del 1% del PIB para el año 2050. Repito, estamos hablando de
que hay que cubrir un agujero de 5 puntos de PIB en el año 2050 y la medida que ha portado el
gobierno en esta reforma para cubrir en todo o en parte ese agujero de 5 puntos de PIB equivale
en el mejor de los casos a un punto de PIB. Entonces, aún siendo optimistas, ¿de dónde saldrán los
otros 4 puntos del PIB? ¿De dónde vendrá el ajuste del gasto en los otros 4 puntos del PIB?
Bueno, otro punto del PIB vendrá en la segunda reforma de las pensiones que, de momento, el gobierno
ha dejado en el congelador. En esta segunda reforma de las pensiones, que ya está anunciada, se va
a redefinir el factor de sostenibilidad de las pensiones que estaba incluido en la reforma del
año 2013. Este factor, recordemos, lo que hace es reducir la pensión de los nuevos pensionistas en
función del alargamiento de la esperanza de vida. Si cobras más años de pensión, te bajamos la
pensión que cobras por año para que el conjunto de pensiones que cobres en tu vida sea equivalente al
de una persona que se espera que va a vivir menos años. Pues bien, este factor que se ha derogado
con la reforma de ahora se va a reintroducir, con alguna modificación, pero se va a reintroducir en
una segunda fase de la reforma de las pensiones que presentará el gobierno. Ya lo ha anunciado,
insisto. Y el ajuste que puede venir por aquí es de aproximadamente otro punto del PIB. Por
tanto, de los 5 puntos, en un escenario optimista, en un escenario en el que la gente retrasa voluntariamente
la edad de jubilación, en un escenario en el que políticamente hay aritmética parlamentaria y
voluntad de nuevo política para aprobar de nuevo el factor de sostenibilidad, a pesar de la oposición
social y sindical que se va a vivir contra ese factor de sostenibilidad, en ese escenario ideal de
los 5 puntos de agujero, que se genera, repito, por derogar la reforma de las pensiones del año
2013, ya hemos cubierto dos. Y los otros tres, ¿de dónde vienen? Pues vienen de la inmigración. Y
no de cualquier inmigración, sino de un escenario de alta inmigración. El gobierno espera que
durante las próximas tres décadas, durante los próximos 30 años, entre en de media atención
330.000 inmigrantes legales cada año en España, totalizando, al cabo de estos 30 años, 10 millones
de nuevos inmigrantes. Esa es la expectativa y también la necesidad que tiene el gobierno para
convalidar esta reforma de las pensiones, para volver viable esta reforma de las pensiones. Si
durante los próximos 30 años entran 10 millones de inmigrantes en España, el gasto en pensiones
sobre el PIB se reduciría, se calcula que se reduciría, en 3 puntos del PIB. No tanto porque
los pensionistas vayan a cobrar menos, el volumen total de gasto será el mismo, pero el PIB, si hay
10 millones de inmigrantes trabajando en nuestro país, se incrementará lo suficiente como para
que el gasto en pensiones sea 3 puntos de PIB inferior. Por tanto, por esa vía, cubriríamos la
totalidad del agujero del sistema público de pensiones. El problema claro es confiar en que
vas a ser capaz de cuadrar las cuentas de las pensiones, porque durante los próximos 30 años te
van a venir 10 millones de inmigrantes, algo que no es ni mucho menos seguro que vaya a suceder. Y si
no sucede, con esta contrarreforma de las pensiones que ha aprobado el gobierno, nos abocamos a
un déficit de la seguridad social de hasta 3 puntos del PIB en el año 2050, incluso en el escenario
optimista. Si luego la gente no retrasa tanto la edad de jubilación como prevé el gobierno, o si el
nuevo factor de sostenibilidad de las pensiones no se aprueba o se aprueba descafeinado, pues entonces
en lugar de un agujero de 3 puntos del PIB, será de 3,5 o de 4 puntos del PIB. 4 puntos de PIB de
déficit anual, lo cual nos llevaría a un estallido de la deuda pública que superaría el 200% del
PIB. Tal como afirma el economista Ángel de la Fuente, en un informe de reciente publicación
cuyos gráficos y cuyas tablas he utilizado para ilustrar este vídeo, la contrarreforma de pensiones
que el gobierno está planteando comportaría un aumento muy considerable del gasto durante las
próximas décadas que podría terminar de desequilibrar las ya precarias cuentas del sistema
hasta hacerlo inviable, abocándolo a un ajuste abrupto en algún momento futuro que comportaría
una fuerte reducción de las pensiones de un día para otro y un reparto muy injusto de los necesarios
ajustes entre las distintas coortes de pensionistas. En ausencia de otras medidas, este cambio de
política condenaría al sistema público de pensiones a un déficit permanente que aumentaría
significativamente durante las próximas tres décadas. Para evitar una espiral de deuda que
nos llevaría eventualmente a la suspensión de pagos resultaría necesario una inyección muy
considerable de recursos al sistema que podría provenir de una subida de cotizaciones sociales o
de un incremento de las aportaciones del Estado financiadas con mayores impuestos generales.
Las subidas de impuestos y o cotizaciones necesarias para financiar el incremento previsto del gasto
tendrían que ser muy significativas y supondrían sin duda una carga muy pesada para determinadas
coortes de trabajadores que sería cuándo menos cuestionable en términos de equidad intergeneracional.
Pues bien, esta es la reforma de las pensiones que acaba de aprobar el gobierno. Una reforma
no equitativa intergeneracionalmente, los trabajadores jóvenes de ahora pagarán costearán parte de los
gastos de la seguridad social sin devengar por ello un derecho a una mayor pensión futura y en segundo
lugar se aboca el sistema a la inviabilidad financiera, a menos que se apruebe más adelante un nuevo
recorte de las pensiones, a menos que la gente acepte masivamente retrasar la edad de jubilación,
retrasarla voluntariamente, y a menos que entren en los próximos 30 años 10 millones de inmigrantes
en nuestro país que sean capaces obviamente de integrarse adecuadamente y de trabajar productivamente
en beneficio del conjunto de la sociedad. Si alguno de estos tres elementos falla, si alguno de estos
tres elementos no se da, la actual contrarreforma del gobierno disparará a los niveles de deuda
pública hasta el punto de hacer necesarios nuevos recortes de las pensiones en el futuro que serán
sin embargo soportados por la generación futura de trabajadores, si es que se suben las condizaciones
o de pensionistas, si es que se bajan las pensiones. En lugar de repartir los ajustes del sistema entre
los trabajadores presentes y los trabajadores futuros y los pensionistas presentes y los pensionistas
futuros se concentrará la mayor parte del ajuste en las generaciones futuras y por qué en las
generaciones futuras y no en las presentes? Pues porque las generaciones futuras no votan hoy y quienes
han aprobado esta reforma son unos políticos cuya única obsesión es permanecer en el poder y para
permanecer en el poder te has de ganar el favor de aquellos que votan hoy, no las generaciones
futuras sino tristemente las generaciones presentes. Supongo que esto es lo que se llama solidaridad
intergeneracional.