España es un país donde, por desgracia, basta con pronunciar las palabras bancos, fondos
buitre, en relación con la vivienda, para que se justifiquen las mayores barbaridades
contra el derecho de propiedad privada.
Lo hemos vivido esta misma semana en Baleares.
El gobierno Balear anunciaba que pretendía expropiar 56 viviendas de grandes tenedores
de las islas, y se nos dijo que esos grandes tenedores eran todos ellos bancos o fondos
buitres, que además no estaban alquilando esas viviendas, que las estaban manteniendo
o vacías, supuestamente para especular con el ladrillo, y que en consecuencia estaban
impidiendo que los ciudadanos de las islas pudiesen realizar su efectivo derecho al acceso
a la vivienda.
Y bastó esta sencilla explicación para que buena parte de la sociedad española diera
por buenas las justificaciones del gobierno Balear para atacar el derecho de propiedad
privada de ciudadanos españoles, porque estamos hablando del derecho de propiedad privada
de personas físicas o jurídicas españolas, y como digo, bastó esto, bastó esta sencilla
simplona, diría explicación, para que grandes sectores de la sociedad lo justificaran y
dijeran que, por supuesto, que está plenamente legitimado expropiar vivienda vacía para
dedicarla al alquiler social.
Nosotros no sólo expresamos nuestro repudio a la herramienta arbitraria de la expropiación
de la vivienda, sino que, además, también levantamos algunas dudas sobre la situación
en la que se encontraban estos inmuebles.
Hay que pensar que tener un inmueble vacío en un mercado inmobiliario vibrante donde los
precios de la vivienda o donde los precios del alquiler están subiendo continuamente
supone un más que evidente coste de oportunidad.
Mientras mantienes la vivienda vacía, estás gastando, estás enfrentándote a gastos, gastos
de mantenimiento del inmueble, gastos de suministros, gastos fiscales vinculados a la propiedad
del inmueble y, en cambio, no estás ingresando nada.
No sólo es que no estés ingresando nada para cubrir los gastos, sino que estás perdiendo
dinero porque podrías vender esos inmuebles a precios muy elevados o podrías alquilarlo
a rentas, que se nos dice que también son muy elevadas.
Por tanto, tenía que haber algo más, al menos en varios de los casos de esas 56 viviendas,
para que sus propietarios decidieran mantener las vacías.
¿Qué podía ser ese algo más?
Bueno, pues por un lado, que las viviendas no estuviesen en condiciones de ser vendidas
o de ser alquiladas.
Podía tratarse de viviendas antiguas, de viviendas que requieren de una fuerte inversión en
renovarlas y que el propietario quizá no tenga capital suficiente para afrontar esa renovación.
No es que no le interese renovarlas porque, como digo, si se renuevan y se sacan el alquiler,
supuestamente si los alquileres están tan sumamente altos y alquilar es un negocio tan
redondo, pues el propietario debería estar bastante incentivado a efectuar esas obras
de renovación.
Si no las efectúa, quizá es porque no tiene capacidad económica para hacerlo.
Otra posible explicación sería que no le compensara alquilar por los riesgos que implica
el alquiler, por ejemplo, en términos de impagos o en términos de destrozo de los inmuebles.
Y en tercer lugar, una tercera explicación podría ser que, como la ley de arrendamientos
urbanos en España impone que la duración mínima de los contratos de alquiler sea
de 5 años, si un propietario espera vender la vivienda antes de 5 años, no la alquilará,
porque si quiere venderla antes de 5 años, preferirá mantener la vacía un año, dos años
o tres años hasta que la venda, porque si no la tendrá que vender con inquilino, y
evidentemente ningún propietario o casi ningún propietario le interesa comprar una vivienda
con un inquilino.
Algo más tenía que haber, y por desgracia, los medios de comunicación que se lanzaron
como llenas a atacar a los bancos, a los fondos buitre que estaban especulando con la vivienda
no hicieron su labor de tratar de investigar la situación real en la que se encontraban
cada uno de estos inmuebles.
No la situación en la que el gobierno balear decía que se encontraban, porque evidentemente
el gobierno balear es parte interesada en expropiar esas viviendas y, por tanto, intentará
proporcionar argumentos, intentar articular una narrativa que les sea favorable para lograr
esa justificación social azucacicada contra la propiedad privada.
Por suerte, todavía sigue habiendo buenos periodistas en nuestro país, periodistas
que se lanzan a investigar cuál es la situación de los distintos inmuebles que el gobierno
balear amenaza con expropiar.
Y en este sentido, el Confidencial acaba de publicar un reportaje que podréis encontrar
enlazado en la caja de descripción de este vídeo, donde se nos explica cuál es la situación
en la que están 9 de las 56 viviendas que el gobierno balear ha amenazado con expropiar.
9 de 56 es el 16% de todas las viviendas afectadas, por tanto, no estamos hablando de un caso
anecdótico.
Estamos hablando ya de un porcentaje bastante sustancial de todas las viviendas que se amenaza
con expropiar.
¿Y en qué situación están estas viviendas?
Creo que el caso es muy ilustrativo de cómo los gobiernos abusan de sus propias leyes
abusivas, como se mantienen siempre en el margen de la legalidad, trampeando la legalidad
para hacer cenar los derechos de los individuos.
Estas 9 viviendas fueron compradas por una empresa local de Menorca en mayo de 2020 a
un banco.
Por tanto, fijémonos de entrada que estas viviendas no han estado vacías con su actual
propietario durante dos años.
La ley de balear es solo habilitar a expropiar viviendas si llevan vacías dos años.
Entonces, si las viviendas se compraron en mayo de 2020 y estamos en marzo de 2021, no ha
pasado ni siquiera un año desde que este señor las compró y se le está amenazando con expropiárselas.
¿Cómo es posible esto?
¿Qué encaje legal tiene?
Bueno, pues que el anterior propietario, que era el banco, es verdad que las inscribió
en el registro de baleares donde hay que inscribir las viviendas vacías y las inscribió en
2018.
Por tanto, si las viviendas llevan inscritas más de dos años como viviendas vacías.
Pero el actual propietario no es el responsable de que esas viviendas lleven vacías dos años
y uno podría decir y por qué ese señor las compró en mayo de 2020 y desde entonces,
porque además ya llevaban bastante tiempo vacías y desde entonces no las ha sacado
en alquiler, pues porque las viviendas no estaban en condiciones de ser ni vendidas
ni alquiladas.
Esas nueve viviendas no tenían ni siquiera cédula de habitabilidad.
El actual propietario, la empresa local que las compró en mayo de 2010 estuvo desde ese
momento reformando las viviendas y terminó de reformarlas a finales de 2020 para poderlas
vender a otros ciudadanos, a otros residentes en baleares.
En estos momentos aún hoy las viviendas no tienen cédula de habitabilidad porque está
en trámite, es decir, que la administración también tiene gran parte de la responsabilidad
de que estas viviendas no hayan sido ocupadas o por un nuevo propietario o por un inquilino.
Y de hecho, según la empresa local, las viviendas ya están apalabradas, esto quizás sea más
difícil de comprobar, pero los otros datos, los datos de que el actual propietario a quien
se le quieren expropiar temporalmente las viviendas las compró en mayo de 2020 y que
esas viviendas no estaban en condiciones de ser habitadas porque carecían de cédula
de habitabilidad son datos que han confirmado el propio gobierno balear, por tanto no estamos
ni siquiera ante especulaciones, medias verdades, no, son datos contrastados por el propio gobierno.
De hecho, es incluso discutible que el propietario de estas 9 viviendas pueda calificarse como
gran propietario.
Recordemos que la ley de baleares solo habilita a expropiar viviendas a grandes propietarios.
¿Y por qué?
Pues porque la empresa local que ha comprado estos inmuebles lo niega.
Y la defensa que articula el gobierno balear para afirmar que sí, que estamos ante un
gran propietario, es una defensa cuando menos discutible, lo que dice el gobierno balear
es que se es gran propietario con 10 viviendas, no con 11.
Por tanto, es de suponer que el gobierno balear está inplicitamente admitiendo que este señor
posee apenas 10 viviendas, no estamos hablando de un gran fondo inmobiliario con centenares
de viviendas, no, estamos hablando de 10 viviendas y, por tanto, de estar bordeando absolutamente
la ley.
Es más, añade el gobierno balear que también hay que tener en cuenta otras viviendas que
sean propiedad no de esa empresa, sino de otras empresas del mismo grupo.
Por tanto, cabe la posibilidad de que ni siquiera la empresa de la que estemos hablando,
la empresa a la que se le quieren expropiar las viviendas, tenga 10 viviendas, porque
si matizan que además hay que tener en cuenta otras empresas que tengan otras propiedades,
probablemente sea porque esa en concreto sólo tenga esas 9 viviendas compradas en mayo de
2020.
Con todo esto que quiero decir, pues que claramente en este caso el gobierno balear está en
el límite del abuso de ley, está en el límite del abuso de ley porque está expropiando
viviendas que no llevan vacías con el actual propietario dos años, que además ni siquiera
podían venderse ni alquilarse porque no tenían cédula de habitabilidad y tampoco cabe imputarle
al actual propietario ninguna responsabilidad en haber diferido la inversión y la búsqueda
de esa cédula de habitabilidad, sino que desde que las compró inició las obras y una vez
concluidas las obras solicitó esa cédula, por tanto no es responsabilidad del actual
propietario al que se le quieren expropiar las viviendas que esas viviendas hayan permanecido
vacías.
Él ha hecho todo lo posible para venderlas o, en su caso, alternativamente alquilarlas,
aunque por lo visto van dirigidas a la venta.
Y para rematar, además, es incluso discutible que esa empresa que compró las nueve viviendas
para reformarlas y venderlas entre dentro de la definición de gran propietario de vivienda.
Como vemos por consiguiente, el gobierno balear no aplica el sentido común porque no quiere
aplicarlo en los casos concretos en los que se puede aplicar la ley.
Evidentemente, toda ley ha de poner algunos límites a su aplicación y dentro de esos
límites la ley es aplicable.
Sin embargo, si no es razonable aplicar la ley en esos casos, porque en cierto modo
cabría decir que va en contra del espíritu de la ley, la ley, aquellos que la defiendan
entiendo que la defenderán para expropiar temporalmente viviendas a propietarios que
las mantengan vacías, que no se preocupen por intentar sacarlas al mercado, que incluso
a lo mejor les interese tener las vacías esperando que se revaloricen para venderlas mucho más
tarde en el futuro, entiendo que el espíritu de la ley es ir contra ese tipo de propietarios,
pero aquí no estamos hablando de eso.
Aquí estamos hablando de un inversor que se ha puesto las pilas, que ha hecho todo
lo posible, que ha acelerado todo lo posible en los plazos para intentar vender esas viviendas.
Y aún así, el gobierno Balear no ha tenido ningún reparo en aplicar brutalmente esta
ley contra él, contra esta empresa para expropiarle las viviendas que compró en mayo de 2020.
Conclusión.
Los políticos quieren más poder para abusar arbitrariamente de él y tratan de justificar
esos poderes extraordinarios y abusivos lavándole el cerebro a la población con propaganda
enlatada del tipo fondos buitre, bancos, vivienda vacía, y a partir de esa propaganda enlatada,
que es aceptada acríticamente por muchísimos sectores de la sociedad, justifican la vulneración
de derechos que, si bien nuestra Constitución Socialdemócrata no califica de fundamentales,
aún así son derechos individuales importantísimos.
Una legislación a favor de la expropiación arbitraria de viviendas en Baleares es la
legislación que podemos, quiere extender, quiere exportar al resto de España, no porque
sea una legislación necesaria para solucionar el problema de la vivienda, porque desde luego
no lo soluciona.
El mensaje que está mandando el gobierno de Baleares con estas expropiaciones caciquiles
es señores, no compren viviendas para reformar y vender y alquilar, porque pueden quedar
sujetos a una expropiación temporal de su vivienda si al consejero de vivienda de
turno le parece correcto, le parece conveniente, le ha entrado ogeriza contra ustedes o simplemente
quiere dar un golpe encima de la mesa para demostrar quién manda.
Esta legislación que no sirve en absoluto para solucionar el problema de fondo de la
vivienda en Baleares o en España, que de hecho lo puede incluso agravar, es la que quiere
exportar al resto de España, para qué?
Para que el gobierno de España, en el que está metido Podemos, evidentemente, tenga
muchos más poderes sobre la población, sobre los ciudadanos, para que nuestra propiedad
privada, la propiedad privada de los españoles, quede sujeta al capricho del gobierno de
turno.
Quede sujeta incluso al capricho de la oligarquía partidista de turno, así es como se socavan
las bases morales e institucionales de las sociedades libres.