El Gobierno de Peso de Podemos ha comunicado a la Comisión Europea su intención de subir
en el año 2021 los impuestos al conjunto de la economía española en casi 7.000 millones
de euros.
En particular, el Gobierno prevé crear un impuesto sobre transacciones financieras,
la famosa Tasa Tobin, que arrojaría una recaudación, siempre según el Gobierno, de 850 millones
de euros. También pretende crear un impuesto sobre determinados servicios digitales, la
Tasa Google, que de nuevo, según la estimación del Gobierno, proporcionaría una recaudación
de 968 millones de euros. Creará un impuesto sobre los envases de plástico que aumentaría
la recaudación en 491 millones de euros. También se pretende subir el IVA sobre las
bebidas azucaradas hasta el 21%, lo cual proporcionaría 340 millones de euros. Habría más fiscalidad
en el ámbito verde, con lo cual se recaudaría en 1.311 millones de euros. Y también habría
otras subidas de impuestos más genéricas sobre la imposición directa, básicamente
IRPF e impuestos sobre sociedades de 550 millones de euros, y medidas en el ámbito de la imposición
indirecta, que no han sido especificadas todavía, que arrojarían la mayor de todas
las cifras, 1.509 millones de euros. Estas serían las subidas fiscales, y además, aparte,
en la lucha contra el fraude fiscal, limitando el pago en efectivo a 1.000 euros por transacción,
reforzando la lista de morosos o con otras prácticas internacionales de prevención y
lucha contra el fraude, se pretende, con todo esto, recaudar unos 830 millones de euros.
En total, por tanto, estamos hablando de casi 7.000 millones de euros de recursos adicionalmente
extraídos desde la economía española por parte del gobierno. Y desde luego, subir impuestos,
esto es una perogruyada, pero subir impuestos desincentiva daña la actividad económica.
En ocasiones, se puede pensar que es un daño inevitable necesario para que el gobierno proporcione
determinados bienes y servicios, que algunos pueden juzgar que son indispensables y que
solo el gobierno puede proporcionar. Es decir, que en ocasiones, que habría buscado alguna
justificación para subir impuestos pese a que subir impuestos tiende a contraer la actividad
económica de aquellas actividades que son grabadas. Y, ciertamente, esta podría ser
una de esas situaciones extraordinarias donde, a pesar de que los impuestos dañan la actividad
económica, quizá esté justificado subir los impuestos. ¿Por qué razón? Porque España,
nuestro país, va a cerrar el año con una deuda pública en máximos históricos. Vamos
a rebasar el 120% de deuda pública sobre el PIB, lo cual, a medio plazo, constituye
una amenaza de primer nivel contra la estabilidad financiera de nuestro país, un endeudamiento
público tan desvocado, puede abocarnos en cualquier momento a la bancarrota con todo
el daño extraordinario que ello generaría. Por tanto, si todos los gastos que ahora mismo
está ejecutando el sector público fueran gastos absolutamente indispensables, y por
consiguiente, solo tenemos dos alternativas, o financiar esos gastos a través de impuestos
o financiar esos gastos a través de deuda, haría bien el gobierno en financiar parte
de esos gastos, una mayor parte de esos gastos indispensables bien puestos, que seguir endeudando
al conjunto de los españoles hasta unos niveles verdaderamente estratosféricos y, por tanto,
verdaderamente preocupantes. Por consiguiente, ya aún cuando algunos preferimos que la austeridad
se aplique preferentemente desde el lado del gasto público, que el estado adelgace para
evitar contraer adicionalmente la sociedad civil, es verdad que, en todo caso, es preferible
que si la austeridad no se aplica vía gasto, se aplique al menos vía ingresos para evitar
sobre endeudarnos hasta límites peligrosísimos. Y si fuera así, insisto, sin ser la medida
ni mucho menos del agrado de aquellos que preferimos que la austeridad se aplique vía
gasto, al menos estaríamos ante un ejercicio de cierta responsabilidad fiscal por cuanto
el gobierno optaría por aumentar ingresos antes que seguir sobre endeudándonos a todos.
¿Cuál es el problema? Que una parte muy sustancial de esta subida de impuestos no es una subida
de impuestos que vaya dirigida a reducir el déficit público para, por tanto, disminuir
nuestras necesidades de endeudamiento. Son subidas de impuestos que van a financiar
incrementos nuevos, incrementos del gasto público, que son absolutamente innecesarios y que
no pueden justificarse por ninguna vía, especialmente en el contexto económico tan complicado
en el que nos encontramos. ¿A qué me estoy refiriendo en concreto? Pues me estoy refiriendo
al anuncio que ha hecho el Gobierno de España de que piensa revalorizar las pensiones del
conjunto de pensionistas un 0,9% para contribuir a preservar el poder adquisitivo de esas pensiones
y también el anuncio, pendiente de confirmación, pero de momento el anuncio provisional, de
que pretende revalorizar el salario de los empleados públicos también en un 0,9% en
el año 2021 para evitar también la pérdida de poder adquisitivo. ¿Por qué digo que estas
nuevas partidas de gasto son del todo injustificables? Pues porque en el año 2020 el salario de
los empleados públicos ya se revalorizó un 2% y las pensiones ya se incrementaron
un 0,9%. Supuestamente para contribuir a evitar la pérdida de poder adquisitivo a lo largo
del año 2020, que ha sucedido a lo largo del año 2020, una pandemia global que ha
azotado especialmente a la economía española por la incompetencia de nuestra casta política
y esa pandemia global que ha provocado una recesión global y una recesión especialmente
intensa en España ha hundido los precios. Ahora mismo en el año 2020, en lo que llevamos
de año hasta septiembre, el IPC, el IPC de la economía española, presenta signo negativo
en lo que va de año los precios, según el IPC, el indicador que deberíamos utilizar
para saber si hay que revalorizar o no pensiones y sueldos de empleados públicos. Si es que
se quiere mantener el poder adquisitivo de estos dos colectivos, este indicador, el IPC,
es del menos 0,4%. Imaginemos que el IPC termina cerrando el año en el 0%. Ya no digamos en
terreno negativo, sino en el 0%. Eso significaría que en el año 2020 empleados públicos y
pensionistas habrían experimentado, respectivamente, una ganancia neta de poder adquisitivo del
2% y del 0,9%. Por tanto, aun cuando la inflación en el año 2021 fuera del 0,9% tal como prevé
el gobierno, los pensionistas, aun cuando se les congelaran las pensiones, no perderían
en conjunto en el año 2020 y en el año 2021 poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque en el
año 2020 habrían ganado el 0,9% y en el año 2021 perderían el 0,9%, con lo cual en el
conjunto de 2022-2021 mantendrían su poder adquisitivo congelando las pensiones el año
que viene. Y que decir de los empleados públicos, aunque estuvieran dos años con los salarios
congelados y soportando inflaciones del 0,9%, experimentarían una ligerísima ganancia de
poder adquisitivo. Por tanto, después de la ganancia de poder adquisitivo que ya experimentaron
en el año 2020, cuando todo el resto de la economía española se estaba hundiendo literalmente
por la pandemia, no parece que haya ningún tipo de justificación para volver a incrementarles
el poder adquisitivo en el año 2021, en medio, insisto, de una grave crisis económica y
en medio de un déficit fiscal absolutamente desbocado.
¿Y cuánto va a costar el capricho absolutamente arbitrario de este gobierno de revalorizar
las pensiones y de revalorizar los salarios de los empleados públicos después de que
ambos colectivos ganaran poder adquisitivo debido a las subidas que ya les aplicó en
el año 2020? Pues va a costar aproximadamente unos 3.000 millones de euros en el año 2021.
¿Cuántos son aqué equivalen estos 3.000 millones de euros? Bueno, pues si congeláramos
pensiones y salarios de empleados públicos, algo que, insisto, es del todo razonable
después de la ganancia de poder adquisitivo experimentada en 2020 y dado que estamos en
medio de una brutal crisis económica, donde la mayor parte de los ciudadanos está viendo
cómo sus ingresos caen, pues bien, si congeláramos salarios y pensiones en el año 2021, nos podríamos
ahorrar la subida de liba no a las bebidas azucaradas, sino la subida de liba al resto
de servicios que no ha anunciado todavía el gobierno, pero con lo cual pretende recaudar
más de 1.500 millones de euros. La subida del IRPF y de sociedades con la cual pretende
recaudar 500 más de 500 millones de euros y también la tasa Google. Es decir, nos podríamos
ahorrar un grupo de subidas impositivas que van a desincentivar el consumo, la oferta de
trabajo, la inversión y la digitalización de la economía española en medio de la mayor
crisis del último siglo y cuando la economía podría estar empezando a rebotar del descalabro
experimentado en el año 2020. Estas subidas de impuestos, por tanto, no se
dirigen realmente a reducir el déficit público, lo cual podría ser un objetivo honroso,
se dirigen a financiar, a sufragar, subidas injustificables de los salarios, de los empleados
públicos y de las pensiones, de los pensionistas, en una coyuntura tremendamente complicada
como es la del año 2020 y como es la del año 2021. Son subidas de impuestos que van a
poner palos en la rueda de la recuperación únicamente para transferir más renta a unos
colectivos que esto sí, el Gobierno, PSOE Podemos, quiere comprar, quiere sobornar para
atornillarse en el poder porque son unos colectivos que proporcionan más de 12 millones
de votos y ahí está el drama al que nos estamos enfrentando. El Gobierno prefiere dificultar
la recuperación de la economía española, prefiere dañar la economía española siempre
y cuando consiga su objetivo real, que es perpetuarse en el poder, que es maximizar
votos para perpetuarse en el poder. La prioridad es su bienestar político, amarrar los votos
que necesita para seguir en el poder y solo, subsidiariamente, se preocupa por el bienestar
del resto de los españoles. En definitiva, la subida impositiva, la brutal subida impositiva
en medio de una crisis devastadora que está planteando el Gobierno es una subida impositiva
que se puede evitar, y para evitarlo ni siquiera hay que recortar ninguna partida del presupuesto
que hemos heredado hasta 2020, que desde luego también habría que hacerlo, pero ni siquiera
hay que plantearse nada de esto, basta con una medida muy sencilla, congelar pensiones
y salarios públicos después de que ambas masas salariales hayan experimentado una
ganancia de poder adquisitivo en medio de la mayor crisis de la historia económica reciente
de España. Aplicando el sentido común se puede frenar la subida impositiva, que va
a dañar muy seriamente la capacidad de recuperación de la economía española a lo largo del 2021.
Sin embargo, el sentido común de este Gobierno no se dirige a maximizar el bienestar de los
ciudadanos, sino a maximizar su propio bienestar comprando los votos de más de 12 millones
de personas.