Choque frontal y enfrentamiento absoluto entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores
provinciales que incluso amenazan con expropiar la industria provincial de hidrocarburos para
cortar el suministro de gas y petróleo al resto del territorio argentino. ¿Quién tiene razón en
esta polémica? Veámoslo. En Argentina, los fondos fiduciarios estatales son un instrumento a través
del cual el gobierno nacional le entrega un conjunto de recursos, normalmente de naturaleza
tributaria, a una entidad para que ésta los administre y los gaste con un propósito específico.
Y si todos los recursos que le han sido transferidos con ese propósito no han sido gastados en ese
propósito, entonces el remanente, el excedente, no puede gastarse para otros usos, sino que queda
disponible para ser gastado en ese mismo propósito el próximo año. Actualmente en el país hay 29
fondos fiduciarios estatales. Por ejemplo, el Fondo de Infraestructura del Transporte, el Fondo de
Vivienda Única Familiar, el Fondo de Desarrollo Productivo, el Fondo de Garantías, el Fondo de
Infraestructura Hídrica, el Fondo de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, etc. La supuesta
ventaja que tendrían estos fondos fiduciarios a la hora de administrar recursos públicos para los
propósitos específicos hacia los que han sido creados es que permitirían, supuestamente, una
gestión ágil y despolitizada de esos recursos públicos. Imaginemos que el gobierno nacional dice
quiero impulsar la construcción de vivienda pública y para ello voy a destinar 200.000 millones
de pesos cada año. Pues en lugar de que sea el gobierno nacional, sus políticos y sus funcionarios
quienes gestionen y seleccionen dónde tienen que ir esos 200.000 millones de pesos, se crea un fondo
fiduciario, Fondo Fiduciario de Vivienda Social, se le transfieren cada año 200.000 millones de pesos y
el encargado de gestionar ese fondo fiduciario, por ejemplo el Banco Nación, distribuye ese dinero para
sufragar la construcción de vivienda pública. Y si un determinado año ese fondo de vivienda
social no gasta toda la asignación presupuestaria que se le ha entregado, no es que el fondo sobrante
se pueda destinar a otras finalidades, sino que queda para financiar vivienda social durante el
próximo ejercicio. Aparentemente, como digo, se trata de una ventaja que agiliza la toma de
decisiones y que la aleja, en cierta medida, del proceso político, pero en la práctica se puede
terminar convirtiendo en un foco de corrupción dado que la fiscalización y, por tanto, el grado
de transparencia de estos fondos fiduciarios es bastante menor que la del resto de partidas del
presupuesto que sí son ejecutadas por el gobierno nacional. Pues bien, uno de los principales objetivos
de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos promovida por el gobierno
de Javier Milei era cerrar estos 29 fondos fiduciarios. Porque Javier Milei, y no solo
Javier Milei, los considera cajas negras de corrupción. En realidad, no solo por eso, sino
que cerrando los fondos fiduciarios se posibilita una reordenación de todo el presupuesto del
gobierno nacional en estos momentos de fuertes ajustes presupuestarios para cuadrar las cuentas
y luchar contra la inflación. Pero, como sabemos, el Congreso argentino, donde el partido de Javier
Milei no tiene mayoría, fue vaciando de contenido la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad
de los Argentinos hasta el punto de que el gobierno de Javier Milei decidió retirarla de su tramitación
parlamentaria. Y, por tanto, si esta Ley de Bases no sale adelante, el gobierno de Javier Milei no puede
cerrar estos 29 fondos fiduciarios, que son cajas negras de corrupción. Ahora bien, que sin la aprobación
de la Ley de Bases Javier Milei no pueda cerrar los 29 fondos fiduciarios existentes, no equivale a decir
que no pueda cerrar ninguno. Y es que 8 de estos 29 fondos fiduciarios fueron creados en el pasado, en la
década de los 90, siguen en vigor desde entonces, fueron creados originalmente por decreto del
gobierno y no por una ley tramitada por el Poder Legislativo. 8, repito, fueron creados por decreto
del gobierno, 21 por ley tramitada por el Poder Legislativo. ¿Qué significa eso? Que para cerrar los
21 aprobados por ley sí hace falta una ley, pero para cerrar los 8 aprobados por decreto del gobierno
sólo hace falta otro decreto del gobierno que los cierre. Y Javier Milei hace días que ya ha anunciado
que va a cerrar esos 8 fondos fiduciarios que está legitimado a cerrar. Pues bien, aquí arranca el
conflicto institucional que os quiero narrar en este vídeo. Uno de los 8 fondos que el gobierno de Javier
Milei está legitimado a cerrar y que va a cerrar en el año 2025, es decir, dentro de un año, es el fondo
fiduciario para el desarrollo provincial. Es un fondo fiduciario que se creó en el año 95, es decir,
hace prácticamente 30 años, con el objetivo de apoyar las reformas económicas de las provincias y
promover su desarrollo. Básicamente fue una forma en la que el gobierno nacional sobornaba a los
gobernadores provinciales para que ejecutaran una agenda reformista. Te doy dinero a cambio de que me
hagas caso. Si no me haces caso, no te voy a dar dinero. Y desde entonces, ese fondo fiduciario para
el desarrollo provincial ha venido desempeñando funciones muy diversas. Entre ellas, la de refinanciar
la deuda de las provincias. Es decir, que el fondo no sólo les da dinero a las provincias, sino que
también les presta dinero a las provincias. Y, en consecuencia, sobre el dinero que les ha prestado,
las provincias devienen deudoras del fondo fiduciario. ¿Y qué sucede ahora mismo en la Argentina? Pues que
el gobierno nacional de Javier Milei está ajustando fuertemente el presupuesto. De hecho, ya vimos en
un vídeo anterior que en su primer mes completo de gobierno ya ha alcanzado superávit. Y uno de los
ajustes más importantes que ha hecho ha sido la reducción, la práctica eliminación, de las transferencias
discrecionales del gobierno nacional a las provincias. El gobierno nacional les transfiere,
porque así lo quiere, no tiene ninguna obligación a hacerlo, una asignación presupuestaria regular a
las provincias, a los gobiernos provinciales regionales de la Argentina. Pues bien, Javier Milei
las ha cortado en seco. ¿Por qué las ha cortado en seco? Pues por un lado para reducir los gastos del
gobierno nacional y, por otro, para que las provincias también se sumen a ese proceso de
austeridad por el que ahora está pasando Argentina para estabilizar su situación financiera y luchar
contra la inflación. ¿Qué pasa? Que los gobernadores provinciales son muy reacios a ajustar el gasto,
porque, a diferencia de Javier Milei en el fondo, no creen en la austeridad, formen parte o no del
movimiento peronista en el fondo, son peronistas de ideología. Y, por otro lado, porque tienen muchas
redes clientelares montadas alrededor del presupuesto y no quieren cortarles los fondos.
Dicho de otra manera, los gobernadores provinciales se han quedado sin dinero suficiente para mantener
toda su estructura administrativa. Y, por tanto, están tratando de mantener a flote ese castillo
de naipes buscando dinero, buscando financiación, donde pueden. En lugar de recortar el gasto y cuadrar
las cuentas, buscan desesperados fondos que puedan levantar para evitar, para minimizar el recorte
del gasto. Y, claro, una de las fuentes de financiación que pueden conseguir los gobernadores
provinciales para minimizar los recortes del gasto que tienen que aprobar porque no tienen
dinero, es no pagar los vencimientos de su deuda con el Fondo Fiduciario de Desarrollo
Provincial. Es decir, pedirle al Fondo Fiduciario que les aplace el pago de los vencimientos de su
deuda. Si no pagan los vencimientos de esa deuda ahora, el dinero que tienen que destinar
a pagar esos vencimientos de deuda lo pueden destinar a otras finalidades de gasto. Y esa
es la estrategia que ha intentado utilizar el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio
Agustín Torres, de Juntos por el Cambio. No de los peronistas, o supuestamente no de los
peronistas, sino de la alternativa hasta este momento, hasta la llegada de Javier Milei,
la alternativa al peronismo. El gobierno provincial de Chubut tiene una deuda con el Fondo Fiduciario
de Desarrollo Provincial de 120.000 millones de pesos y está obligada cada mes de 2024 a
amortizar una doceava parte de esa deuda, es decir, 10.000 millones de pesos cada mes,
más los correspondientes intereses. En concreto, el gobierno provincial de Chubut debería haber
pagado al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial 13.500 millones de pesos durante el mes de enero de
este año. Ignacio Torres, el gobernador de la provincia, le pidió al gobierno de Javier Milei
un aplazamiento del pago. Y el gobierno de Javier Milei le dijo que no, porque como el Fondo Fiduciario
se tiene que cerrar el año que viene, hay que liquidar todas las deudas que las provincias tienen con
el fondo, porque si no se liquidan no se puede cerrar. Con lo cual, en ese momento, Ignacio Torres
debería haber pagado los 13.500 millones de pesos que adeuda al Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial. Pero Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut, no pagó. Prefería instrumentalizar
esos 13.500 millones de pesos para otras finalidades, para otras partidas de gasto, ahorrándose así el coste
político de recortar el gasto público. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Javier Milei, dado que el
gobierno provincial de Chubut no ha pagado lo que le correspondía pagar? Pues le ha retenido 13.500
millones de pesos de los ingresos coparticipados entre el gobierno nacional y la provincia de Chubut.
En Argentina, los ingresos por algunos impuestos se reparten automáticamente entre el gobierno nacional
y los gobiernos de las provincias. Son recursos que no llegan a las provincias porque el gobierno
nacional arbitrariamente, discrecionalmente, quiera entregárselos, sino porque tienen derecho a
recibir esos recursos con cargo a los impuestos que pagan los argentinos. Por tanto, podría parecer
que el gobierno de Javier Milei se ha extralimitado reteniéndoles 13.500 millones de pesos de sus
recursos coparticipados, de los ingresos que les corresponden sobre esos recursos coparticipados.
Y no estamos hablando de una cifra pequeña, ¿eh? 13.500 millones de pesos es un tercio de todos los
recursos que debería haber recibido el gobierno provincial de Chubut durante este mes. Pero en
realidad no ha habido ningún exceso por parte del gobierno de Javier Milei. Y es que si atendemos a las
condiciones del préstamo que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial le otorgó al gobierno
provincial de Chubut, leeremos con claridad que los recursos coparticipados, los ingresos sobre esos
recursos coparticipados, actúan como garantía del repago de la deuda en caso de que el gobierno
provincial no pague cuando debe. El ministro de Economía, no Luis Caputo, no el ministro de Economía
de Javier Milei, sino Sergio Massa, porque este documento es del 16 de marzo de 2023.
El ministro de Economía resuelve, artículo primero, instruyese al Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial a refinanciar los servicios de amortización e intereses que vencen en los meses
de septiembre, octubre y noviembre de 2023 provenientes del convenio suscrito entre el Estado
Nacional, la provincia del Chubut y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial con fecha
de 16 de marzo de 2023. Artículo segundo. Las condiciones financieras de reembolso de dicha
deuda serán las siguientes. A. Amortización. Se efectuará en 12 cuotas mensuales y consecutivas.
El primer vencimiento operará el último día hábil del mes de enero de 2024. Es decir, que el último día
hábil del mes de enero de 2024, el Gobierno Provincial de Chubut debería haber amortizado
10.000 millones de pesos de esa deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,
más los correspondientes intereses. De hecho, los incisos C y D regulan el pago de intereses
sobre esa deuda. Pero vayamos al inciso F, que es el que ahora mismo nos interesa.
Garantía. Cesión prosolvendo de los derechos sobre las sumas a percibir por el régimen de
coparticipación federal de impuestos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 del
Acuerdo Nación-Provincias sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de
impuestos, ratificado por la Ley 25.570, hasta la total cancelación del capital con más los intereses
y gastos adeudados. Es decir, que si el Gobierno de la provincia de Chubut no paga la mensualidad de
ese préstamo, el Gobierno Nacional le retiene el pago correspondiente de sus ingresos coparticipados.
Eso es a lo que se comprometió. Esa es la garantía de solvencia que dio para que el Gobierno Nacional
y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias accedieran a refinanciarle hace
aproximadamente un año su deuda. O pagas voluntariamente o nos lo cobramos de lo que
te tendríamos que entregar. Pero el gobernador de la provincia de Chubut no quiere cumplir con
las obligaciones contractuales suscritas por su Gobierno. Y ha colocado el grito en el cielo por
el hecho de que, después de que él no haya pagado la mensualidad que le tocaba pagar, el Gobierno de
Javier Milei haya ejecutado la garantía de pago tal como se había acordado que se iba a ejecutar.
Concretamente, Ignacio Torres, con el apoyo de otros gobernadores provinciales del sur de la
Argentina, ha amenazado no ya al Gobierno de la nación argentina, sino al resto de argentinos,
con cortar los suministros de petróleo y de gas de la provincia del Chubut hacia el resto de la
Argentina. Atención a este comunicado. Las provincias son preexistentes a la nación y
merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de
fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Ya hemos visto que los ingresos coparticipados
sí les pertenecen por derecho propio. Pero es que has colocado esa coparticipación como garantía de la
deuda que tienes que pagar. Por tanto, no es que se te haya privado del derecho que te corresponde,
sino que se ha ejecutado una garantía que tú habías firmado. Los gobernadores no son empleados
del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a sus órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de
sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses. Hoy, la provincia del Chubut está
padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la ley
Omnibus. En febrero, el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente 13.500 millones
de pesos más de un tercio de su coparticipación mensual. Por esta razón, avalamos la determinación
de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos
hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el ministro de Economía
de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen.
Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará
su petróleo y su gas. Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una
acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo
forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva
y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque
se juega la existencia misma de la República Argentina. Vamos, que no solo no pagan las deudas,
sino que repudian las garantías al repago de esa deuda que ellos habían firmado y además,
y por si fuera poco, amenazan con una especie de nacionalización de la industria del petróleo y
del gas en la provincia de Chubut. Porque quien extrae y distribuye el gas en Chubut no es el
gobierno provincial de Chubut, en cuyo caso podríamos pensar que tiene derecho a retener el
petróleo y el gas que él mismo o una empresa pública de la provincia ha extraído. No. Quien
extrae, refina, distribuye esos hidrocarburos son empresas privadas. Y por tanto, para cortar el
suministro de petróleo y de gas, el gobierno provincial debería intervenir, expropiar los
derechos de propiedad de esas empresas privadas sobre los hidrocarburos en la provincia del Chubut.
Y esto lo hace un gobernador provincial de Juntos por el Cambio, no del kirchnerismo,
sino de Juntos por el Cambio, de lo que era la alternativa al kirchnerismo, porque se niega a
pagar sus deudas y a recortar el gasto. Es decir, que prefiere expropiar los derechos de explotación
de hidrocarburos en la provincia del Chubut antes que ajustar el presupuesto. ¿Y qué le ha respondido
el gobierno de Javier Milei al gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres? Lo
siguiente. En respuesta al comunicado emitido por el gobernador de Chubut, la oficina del
presidente informa que los 13.500 millones de descuento a los que hace alusión corresponden
a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo
de la coparticipación. Lo que sí responde a la verdad es el compromiso que mantiene el Gobierno
Nacional con la reducción del gasto público en todo el territorio. De ninguna manera el
Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan
a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la
austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza
la plata, deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el
Gobierno Nacional. El pueblo argentino eligió al presidente Javier Milei para terminar con los
privilegios de la casta y esto es lo que va a suceder. La oficina del presidente lamenta
que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance
a emitir una amenaza de carácter chavista, respaldada por Axel Kicillof y el resto de
los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y
la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza. Por todo lo expuesto,
se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo
de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase
cargo de las consecuencias en la justicia. Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela,
Frigerio y demás, al igual que el jefe de gobierno, Jorge Macri, deben entender que
la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos
de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos.
Estamos en un momento histórico, en un punto de inflexión para nuestra nación. Cada uno
tendrá que elegir en qué lado quiere estar, si del lado de los que quieren que la Argentina
siga igual o del lado de la mayoría de los argentinos que eligieron vivir en libertad.
Pues esta es la casta que ha gobernado, que ha desgobernado, que ha arruinado a Argentina
durante las últimas décadas. Ya fuera el peronismo o ya fuera la supuesta alternativa
al peronismo, que ahora resulta que prefiere impagar sus deudas, que prefiere denunciar los
contratos que voluntariamente ha cumplido, que prefiere expropiar los derechos de propiedad
de sus ciudadanos antes que recortar el gasto. Y por eso Argentina está como está, porque
todos estos señores se han repartido el poder durante décadas y han financiado sus administraciones
elefantiásicas con cargo a la emisión de nuevos pesos, es decir, con cargo a la inflación.
Y eso es lo que Javier Milei quiere cortar de raíz y eso es lo que estos señores pertenecientes
a la casta política argentina se resisten como gatos panza arriba a que suceda. Porque su modo
de vida consiste en la politización inflacionista de la sociedad y no quieren renunciar a ello.
Prefieren la hiperinflación, el impago de la deuda, el choque institucional abierto,
antes que recortar el gasto. Antes que recortar su gasto.