La propuesta del PIMParental fuerza a reabrir un debate que ha permanecido cerrado durante mucho tiempo
y es, en última instancia, ¿quién debe ejercer la patria potestat a la hora de modular la educación de los menores?
Si la patria potestat la deben ejercer los padres o, en su defecto, los tutores legales del menor
o si debe ejercerla el estado pese a no ser tutor legal del menor.
Y en el vídeo de ayer ya explicamos por qué, preferentemente, la educación, que es una obligación,
que los tutores legales, que los padres tienen en favor del menor,
ha de ser modulada por aquel sobre el que recae esa obligación.
La modulación no tiene por qué ser absolutamente ilimitada, absolutamente irrestricta.
Estamos ante una obligación genérica que, obviamente, puede llegar a ser incumplida
si se nulifica, si se anula, si se vacía de contenido,
pero eso no significa que el estado deba dictarles específicamente a los padres
cómo deben educar a sus hijos, que del estado, en última instancia, expropie la patria potestat de los padres
para educar, a doctrinar a los menores, como el estado considera oportuno.
Sin embargo, hoy quiero efectuar una reflexión complementaria
a propósito de la aceptación acrítica de que el estado tiene un derecho casi ilimitado
a educar, a decidir cómo educar a los menores.
Recordemos lo fundamental, los menores son sujetos de derecho, pero que no tienen plena capacidad de obrar,
porque todavía no son suficientemente maduros como para ejercer, como para desarrollar esa capacidad de obrar,
asumiendo plenamente las consecuencias de sus actos.
Y por eso se los coloca bajo una institución, la tutela, que es ejercida normalmente por sus padres,
cuyo propósito es velar, proteger y fomentar el desarrollo de esa madurez por parte de los menores
para que vengan personas adultas.
Por tanto, cuando el menor da el salto a la mayoría de edad, ese menor ya es plenamente responsable de sus actos
y ya puede escoger libremente qué quiere hacer con su vida.
Ahora bien, que un menor todavía no haya alcanzado la mayoría de edad,
no significa que sea una persona absolutamente inmadura a la que haya que presuponerle una nula capacidad de obrar.
Esto puede suceder con los bebés en las primeras etapas de su vida y conforme el niño va creciendo evidentemente su madurez,
también se va expandiendo.
De hecho, en nuestra sociedad se reconoce que, por ejemplo, los menores de 16 años,
que así lo deciden bajo determinadas circunstancias, emanciparse a prácticamente todos los efectos,
se convierten en mayores de edad.
Incluso el gobierno socialista, como sabemos, quiere restablecer que las niñas de 16 años y menores de 18
tengan la facultad de abortar sin el consentimiento de sus padres.
Por tanto, el gobierno socialista a estas niñas les está reconociendo, correctamente o no,
pero les está reconociendo un grado de madurez como para que tomen decisiones adultas,
decisiones responsables aún cuando no se hayan emancipado y aún cuando no sean mayores de edad.
O dicho de otra manera, los menores, especialmente si han desarrollado un grado alto de madurez
o están cerca de la edad a la que legalmente les presumimos que ya son suficientemente maduros,
luego lo se dan o no, pero es una presunción legal, los 18 años, tienen capacidad parcial de obrar.
No hay por qué presuponerles una capacidad de obrar de cero, ni tampoco ciertamente una capacidad de obrar plena,
pero para determinadas cuestiones sí pueden tener una voz decisiva a la hora de determinar qué quieren hacer con su vida.
¿Por qué efectuó esta reflexión?
Porque estamos centrando el debate de si los menores de edad tienen que asistir a determinados cursos formativos
que tienen un carácter supuestamente complementario y que organizan sus escuelas,
estamos centrando el debate de si han de asistir a esos cursos,
en el debate de si tienen que decidirlo el estado o de si tienen que decidirlo sus padres.
Pero, por supuesto, en muchos casos puede caber una tercera opción que sería la más compatible
con el respeto a los derechos y a la libertad del menor,
y es que el propio menor decida frente al criterio del estado y también frente al criterio de sus padres
si quiere o no quiere asistir a esos cursos.
Evidentemente, cuando el menor está en una edad de 6 o 7 años,
hay muchas decisiones prácticamente todas que no puede tomar él,
pero cuando el menor tiene 12, 13, 14, 15 o 16 años, no hay mucha razón
para que sean los padres los que marquen, los que determinen, absolutamente el curso de la educación que quiere seguir.
Y si no hay mucho motivo para que lo marquen los padres, tampoco, mucho menos,
hay motivos para que lo marque el estado.
Por consiguiente, muchas de las cuestiones que pretenden resolverse apelando al PIN parental,
es decir, al derecho de los padres a vetar la asistencia de sus hijos a determinados cursos,
se podrían resolver perfectamente, sobre todo para menores en una edad avanzada y cercana a la mayoría legal de edad,
digo, se podrían resolver simplemente preguntándoles a los menores,
¿usted quiere asistir a estos cursos o usted no quiere asistir a esos cursos?
Y si el menor quiere asistir, da igual, ya digo, si tiene un grado de madurez suficiente,
lo que digan sus padres o lo que diga el estado.
Y si el menor no quiere asistir, da igual lo que digan sus padres y da igual lo que diga el estado.
Creo que este es un aspecto, un punto que muy pocos están tratando,
probablemente porque, y coincido en esto, el caballo de batería principal,
es defender la patria potestada de los padres sobre los hijos y no la expropiación de la misma por parte del estado,
pero no olvidemos que conforme los menores se van desarrollando, conforme los menores van adquiriendo madurez,
sus decisiones, su capacidad de obrar se va ampliando y, por tanto,
su libertad para actuar responsablemente frente a los padres y frente al estado también lo va haciendo.
De ahí que, por ejemplo, cuando Isabel Celá dice que es un derecho constitucional de los menores asistir a este tipo de cursos
y que, por tanto, si los padres les vetan la asistencia, están vulnerando sus derechos y libertades fundamentales,
incluso aceptando este argumento, que ya tuvimos ocasión de criticarlo ayer,
lo que desde luego no se colige de este argumento es que los menores tengan la obligación de asistir a estos cursos.
Tendrán el derecho de asistir si quieren y el derecho de no asistir si no quieren,
pero Celá no está defendiendo el derecho del menor a decidir,
está defendiendo la obligación del menor asistir vistiendo esa obligación como un derecho.
Y mucho me temo que todos aquellos o casi todos aquellos que hoy están diciendo que los menores tienen derecho a acudir a estos cursos
y que sus padres, por tanto, no pueden utilizar el PIM parental para vetar su asistencia.
Mucho me temo, repito, que todos aquellos o casi todos aquellos que utilizan este argumento en realidad,
en el fondo, lo que están diciendo, no es que los menores tengan el derecho si quieren acudir,
sino que los menores tienen la obligación de acudir, aunque no quieran.
Y fijémonos que este es un debate crucial y distinto de la anterior.
Aquí no estamos debatiendo quién tiene la patria potestad sobre los menores, si sus padres o el estado.
Aquí lo que estamos debatiendo es si una persona con suficiente capacidad de obrar
puede objetar su asistencia a unos cursos a los que no quiere asistir.
Es decir, si hay que respetar la libertad de elección de una persona que, si bien no es adulta,
en este aspecto tiene una capacidad de obrar similar a la de un adulto.
Porque si decimos que los menores, sobre todo, ya digo, aquellos en la edad avanzada que pueden discernir
si quieren acudir a un curso o no, si decimos que los menores no tienen derecho a negarse
a acudir a unos cursos, en este caso, de libertad y diversidad sexual,
el contenido del curso, sinceramente, es lo de menos.
La cuestión es, si decimos que los menores no tienen derecho a negarse a acudir
a un curso que les imponga el estado, pese a que tienen una capacidad de obrar
a este respecto, similar a la de los adultos,
qué argumento existirá para justificar que los adultos puedan negarse
a acudir a cursos de reeducación, de reprogramación estatal.
Si el menor, con capacidad de obrar suficiente a este respecto, no tiene derecho a negarse
porque un adulto, con capacidad de obrar análoga, sí puede negarse.
Es decir, que si perdemos ya no la batalla de quién ostenta la patria potestad sobre los menores,
sino la batalla de si existe libertad de conciencia, libertad ideológica frente al estado
no sólo la estamos perdiendo para con los menores, la estamos perdiendo también para con los adultos.
Y repito, no se trata de que personalmente considere que los cursos o el conocimiento
o la información o los valores que se puedan transmitir en cursos donde se defienda,
honestamente y con rigor, la libertad y la diversidad sexual sean valores que a mí me preocupen
o que a mí me desagraden, todo lo contrario.
Ojalá más de esos valores penetraran en sociedad.
El problema no es ese, el problema, repito, es que si el estado tiene capacidad, tiene derecho,
tiene legitimidad para decidir que tiene que reprogramar ideológicamente a la población
a través de cursos de reeducación, de reprogramación, de asistencia forzosa,
le estamos dando al estado un poder gigantesco para aplastar nuestras libertades.
Yo personalmente creo que hay que extender la tolerancia hacia las diversas opciones de vida
en materia sexual y también creo, en otro ámbito totalmente distinto,
que hay que extender las ideas de la libertad y las ideas del liberalismo.
Y de la misma manera que estaría radicalmente en contra de que un estado liberal obligara
a todos los adultos o a los adultos marxistas a acudir a cursos de educación forzosa
para venderles las virtudes, que a mi juicio son totalmente ciertas,
del liberalismo, tanto político como económico, tampoco puedo suscribir,
que se envíe a adultos plenamente capaces de decidir si quieren acudir o no a estos cursos,
a talleres donde se les expliquen, de nuevo, a mi juicio, con toda la razón del mundo,
los motivos por los que deben ser tolerantes en materia de libertad o diversidad sexual.
Y si los adultos deberían poder negarse a acudir a cursos por muy bien intencionados
que estos sean, que marque obligatoriamente el estado, por los mismos motivos,
los menores, con una capacidad de obrar a este respecto similar a los adultos,
también deberían poder negarse.
Esto no significa que socialmente vamos a ser indiferentes ante actitudes homófobas
de actitudes antiliberales, significa que hemos de utilizar otros procedimientos
para combatir esas actitudes que muchos querríamos ver erradicadas desde la sociedad.
Y el procedimiento no puede consistir en conculcar las libertades,
ni de los adultos, ni de los menores que se acercan a los adultos.
El procedimiento ha de ser la persuasión, pero la persuasión a través de medios voluntarios.
Yo mismo doy la batalla de las ideas por el liberalismo
y doy la batalla de las ideas desde la sociedad al tiempo que me horripilaría
pensar que el estado puede adquirir la potestad para obligar a todos los ciudadanos
a pasar por cursos de reeducación liberal o libertaria.
No es ese el camino, no solo porque atente, insisto,
contra una libertad fundamental como es la libertad de conciencia,
sino, sobre todo, por el altísimo riesgo que supone, insiste, una vez más,
legitimar al estado para que reeduque o reprograme a la población.
Quizá algunos lo justificarán si esa reeducación o esa reprogramación tiene buenas intenciones,
si conduce a una mejor sociedad, pero una vez abres el melón de que el estado pueda imponer,
pueda diseñar los cursos por los que todo el mundo tiene que pasar obligatoriamente.
Es obvio que el estado va a intentar utilizar esos cursos para consolidar su poder sobre la población.
Va a intentar utilizar esos cursos de asistencia obligatoria, potencialmente a cualquier edad,
para adoctrinar a los ciudadanos y perpetuar sus competencias, perpetuar sus prerrogativas sobre la sociedad.
Y eso es algo que, desde luego, tenemos que combatir con todas nuestras fuerzas.
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