Ya conocemos el programa económico de Alberto Núñez Eijo y el resumen del mismo podría
ser poca chicha.
Veámoslo.
El Partido Popular de Alberto Núñez Eijo ya ha presentado su programa electoral para
los comicios del próximo 23 de julio y, dentro de ese programa electoral, adquiere una presencia
significativa la parte económica, es decir, el programa específicamente económico.
¿Qué pretende hacer con la economía española el Partido Popular si finalmente termina ganando
las próximas elecciones generales y consigue gobernar en España durante los próximos
cuatro años?
Pues, como a continuación comprobaremos, las líneas maestras de este programa económico
son poco ambiciosas.
No es que en términos generales, y salvo por algunos detalles, sea un programa económico
mal orientado.
La dirección a la que apunta el programa económico es grosso modo correcta en muchos
apartados.
Pero dentro de esa dirección correcta parece que Eijo no quiere llegar a la meta, sino
que se contenta con dar un pasito.
Vamos a comentar los tres pilares de la parte económica del programa electoral del Partido
Popular.
Regulación, empleo y fiscalidad.
Empecemos con las propuestas del PP respecto al marco jurídico de España, propuestas
que van orientadas, según el Partido Popular, a lograr un objetivo, concretamente, impulsar
una economía basada en el talento, la innovación y el conocimiento.
¿Y qué plantea el PP de Alberto Núñez Eijo en materia regulatoria para alcanzar
este objetivo?
En primer lugar, relanzar medidas para garantizar la competencia con la unidad de mercado.
Reduciremos la fragmentación normativa y eliminaremos barreras injustificadas a las
empresas a través de la racionalización de la normativa autonómica y la promoción
del reconocimiento mutuo de permisos y licencias en todo el territorio español.
Básicamente, se trata de que si una empresa tiene licencia para operar en una autonomía,
automáticamente la tenga para operar en las restantes.
En segundo lugar, frenaremos el exceso de regulación.
Nos comprometemos a implementar el principio de una nueva norma tres eliminadas, asegurando
que cada nueva ley o norma reemplace a varias existentes.
Exigiremos que cada nuevo proyecto de ley que se tramite en el Parlamento incluya una
memoria de impacto económico sobre terceros con el fin de identificar qué nuevos costes
se estiman en cada nueva ley sectorial para las empresas.
Aprobaremos cada año un decreto de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria.
Por un lado, es buena idea ponerle al Estado un corsé regulatorio, de tal manera que si
aprueba nuevas leyes tenga que suprimir otras existentes para que no se genere una hiperinflación
legislativa.
Aunque es cierto que se trata de un corsé que es relativamente sencillo de burlar, basta
con que tres leyes se refundan en una para que se hayan eliminado formalmente tres,
aún cuando no se hayan eliminado de verdad, pero bueno, es una restricción formal que
está bien, como también lo es, por otro lado, la obligación de que cada ley, aunque
no sea una ley con contenido presupuestario, sí tenga una memoria de impacto económico.
Por ejemplo, si obligamos a las empresas a que impartan cursos de formación en igualdad
de género a sus empleados, ¿esto qué coste económico tiene para las empresas?
Porque muchas veces parece que les puedes imponer a las empresas cualquier tipo de obligación,
que como no paga el contribuyente eso resulta gratis, y no lo que sucede es que paga el empresario
o los trabajadores de ese empresario.
En tercer lugar, sustituiremos el régimen de licencia por la declaración responsable,
el actual sistema de autorización a través de licencia administrativa para agilizar la
apertura de nuevos negocios y el desarrollo de nuevas actividades comerciales.
En cuarto lugar, ampliaremos el silencio positivo como regla por defecto de la relación con
la administración.
Realizaremos una auditoría del régimen administrativo con la finalidad de ampliar
el silencio positivo a aquellos trámites que tengan como fin el inicio de una actividad
comercial o económica.
Se trata de una medida complementaria de la anterior, es decir, tú inicias tus actividades
y si la administración, que tiene que supervisar o fiscalizar que está todo en regla, no lo
hace o se retrasa mucho en esa supervisión, entonces, pasado un determinado tiempo, se
presupone que la administración está de acuerdo y, por tanto, tú consolidas el derecho a
operar como venías operando.
En quinto lugar, fomentaremos el crecimiento del tamaño de las empresas, corregiremos
las actuales limitaciones del impuesto de sociedades con el objetivo de optimizar la
gestión tributaria y simplificar reglas que obstaculizan el desarrollo de las empresas.
Haremos que las obligaciones fiscales y laborales, que desincentivan el crecimiento al superar
ciertos umbrales, simplemente de manera diferida o a través de moratorias.
Por último, introduciremos cambios en la regulación tributaria con el objetivo de
apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, suavizando los escalones regulatorios
al adquirir la condición de gran empresa a efectos fiscales y modificando la periodicidad
de las liquidaciones de IVA y los pagos de las retenciones del IRPF.
El sistema jurídico de España penaliza el crecimiento empresarial porque cuando se superan
determinados umbrales, las empresas han de soportar obligaciones fiscales o laborales
adicionales a las que soportan las pymes, de tal manera que, por ejemplo, cuando una
empresa tiene 49 trabajadores, se piensa muy mucho contratar a un nuevo trabajador, al
trabajador número 50, porque eso le puede suponer nuevas obligaciones de carácter laboral.
Por tanto, hay empresas que se quedan estancadas en la cifra de 49 trabajadores para no perder
la condición de pime y no soportar obligaciones adicionales que en un comienzo le resultan
muy gravosas. Lo que aquí se plantea es que esas obligaciones gravosas no las tengan que
soportar hasta que ya tengan un tamaño más que suficiente como para que el perjuicio
económico que les origina no sea tan desproporcionado. Veremos si funciona, pero al menos se ha detectado
parte del problema, y es el escaso tamaño de muchas empresas españolas, y es el obstáculo
regulatorio a fomentar el crecimiento de esas empresas, y se plantean algunos parches a
ver si funcionan para no generar tantos desincentivos al necesario crecimiento empresarial en España.
Sexto, priorizaremos la atracción y retención del talento internacional. Implementaremos
un nuevo programa de inmigración legal cualificada basado en un sistema de puntos que premiará
la formación académica, las competencias lingüísticas y la capacidad innovadora.
Este programa promoverá una inmigración basada en la igualdad de oportunidades y
el mérito, y se orientaría a facilitar la admisión de talento extranjero que tiene
un alto potencial de integración y que pueda aportar el mayor beneficio a España tanto
en términos de contribuir al crecimiento económico como a la sostenibilidad de los
servicios públicos. Este nuevo programa se complementará con medidas decididas para
el retorno de los españoles en el exterior, muchos de los cuales dejaron a España por
falta de oportunidades y desean volver cuando su país se las empiece a brindar.
Esto último es muy indeterminado. ¿Les vamos a dar oportunidades a los españoles en el
extranjero para que vuelvan? ¿Cómo les vas a dar esas oportunidades? ¿Qué ventajas vas
a proponer para que tengan el incentivo a regresar? Séptimo, elaboraremos un plan para
acelerar los tiempos necesarios para el reconocimiento de títulos profesionales,
habilitantes, médicos, ingenieros, etcétera, mediante procesos de evaluación y reconocimiento
de las titulaciones en los países de origen. Básicamente, que podamos incorporar rápido
a personal extranjero cualificado a la economía española y que los trámites burocráticos
para convalidar formaciones académicas extranjeras que pueden ser de calidad,
incluso en Estados Unidos, para que empiecen a trabajar en España no se eternicen.
Octavo, crearemos nuevas vías para atraer investigadores de primera línea a nuestras
universidades y transferir conocimiento a la sociedad. Desarrollaremos un nuevo programa
que facilite la incorporación de personal docente e investigador de excelencia mediante
la convalidación automática de títulos y experiencias, la introducción de declaraciones
juradas por parte de los candidatos y una evaluación basada en estrictos indicadores
de la calidad investigadora. Algo muy parecido al punto anterior, pero con respecto al profesorado
y a los investigadores de carácter universitario. Noveno, atraeremos más inversiones internacionales
que generen empleo y crecimiento mediante mejoras en el sistema de otorgamiento y ejecución
de garantías reales, una revisión del marco fiscal y de deducciones para inversores y
empresas emergentes y la creación de una mesa para fortalecer a España como un centro
financiero. Promoveremos un compromiso político para que España se convierta en un destino
preferente para la inversión extranjera y estableceremos un marco regulatorio estable
para industrias en crecimiento, intensificando la apuesta por la innovación y el desarrollo.
Este punto es un mero brindis al sol porque no hay ninguna propuesta realmente concreta.
Simplemente dice que quiere convertir a España en un foco de atracción de
inversiones internacionales. Pues mucha suerte consiguiendolo.
Décimo, convertiremos a España en un hub para la inversión en Latinoamérica,
revisaremos los tratados de reconocimiento de sentencias para asegurar su validez en
países latinoamericanos en materia civil, mercantil y concursal, incentivaremos la
creación de mercados financieros supervisados para Latinoamérica, también revisaremos el
tratamiento fiscal de las inversiones cruzadas entre España y las jurisdicciones de Latinoamérica,
así como la normativa concursal española para permitir su aplicación en procesos
de reestructuración en Latinoamérica. Aquí se trata de utilizar el marco jurídico
de España para estructurar inversiones en Hispanoamérica, que una empresa de Hispanoamérica
emita bonos, por ejemplo, en jurisdicción española, aunque sea para financiar inversiones
en su país, simplemente porque el mercado de capitales de ese país esté infra-desarrollado,
o porque el marco jurídico de ese país no sea garantista y, por tanto, nadie quiera comprar
bonos emitidos por esa empresa hispanoamericana en un determinado país de Hispanoamérica y,
por tanto, nadie quiere invertir en esos bonos porque se regulan por normativa de este país
hispanoamericano que no transmita confianza a los inversores. Es algo así como emitir bonos en
moneda extranjera, no me fío de la moneda local por la inflación y demás, los emito en euros o en
dólares, pues aquí estamos hablando de, en lugar de emitirlos en moneda extranjera, que quizá también
emitirlos bajo las reglas más estables, más confiables, con tribunales más funcionales,
aunque aquí España tiene mucho que mejorar, para la resolución de conflictos entre la empresa
emisora de los bonos, de la deuda, y los inversores internacionales que la adquieren. No es una mala
idea, pero veremos si termina floreciendo. Un décimo, reforzaremos las sinergias entre
todos los instrumentos de apoyo a la internacionalización de la economía española,
realizaremos reformas para mejorar la eficacia de los instrumentos de crédito directo,
incrementaremos el alcance del seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado,
y se reforzará el seguro por cuenta del Estado sobre garantía de inversiones en el exterior.
Dinamizaremos las oficinas comerciales de las embajadas, especialmente en los principales
mercados internacionales. Aquí se trata de socializar pérdidas, de utilizar el crédito
del Estado para subsidiar la internacionalización de empresas españolas. En lugar de que sean esas
empresas españolas y los inversores que confíen en su proyecto quienes impulsen la internacionalización,
que parte de esa internacionalización sea subsidiada, subvencionada con créditos blandos
por parte del Estado. Esta es claramente una medida en la mala dirección, salvo para aquellas
empresas que salen beneficiadas de estos créditos blandos. Claro está. Duodécimo,
crearemos el plan NEX 35, con apoyo individualizado a las scale-ups llamadas a convertirse en las
grandes creadoras de empleo de futuro. Facilitaremos el desarrollo de la industria
de capital riesgo nacional y promoveremos instrumentos que faciliten la transferencia
de conocimiento desde la universidad y los centros de investigación a las empresas.
De nuevo, píos deseos. Deseos que están bien, impulsar el desarrollo de la industria de capital
riesgo o la transferencia de conocimiento desde la universidad a la empresa, pero no explican
en absoluto cómo pretenden hacerlo. Décimo tercero, nos comprometemos a impulsar un entorno
jurídico previsible y estable que facilite la asunción de riesgos por los emprendedores
y a promover una imagen positiva de los empresarios y de la empresa tanto en el
ámbito educativo como en el del reconocimiento social. A ver, esto es importante. Es decir,
que no haya incertidumbre jurídica, que no haya diarrea legislativa, que no haya una campaña desde
el gobierno contra la respetabilidad social del empresario. Todo eso ayuda a impulsar la
empresarialidad. Pero claro, que esto sea un compromiso electoral da muestras de la
degradación institucional de España. Es como si un partido político prometiera
no robaremos o no asesinaremos a nadie. Pues, obviamente, no lo vas a hacer. Pues aquí tres
cuartos de lo mismo. Esto debería ser el ultramínimo común en todos los partidos políticos. Y no es
así. Décimo cuarto, elevaremos la inversión en IMSS para facilitar la transferencia de
conocimientos con las empresas, desarrollar la carrera profesional del investigador,
diseñar mecanismos para atraer el talento internacional y el retorno del talento español,
y reforzar puentes entre la ciencia y las empresas para que las patentes españolas no emigren al
extranjero. Se incrementará la inversión a lo largo de la legislatura de acuerdo con lo previsto
en la ley de la ciencia. Vamos, que aquí fejó desarrollará el sanchismo, la ley de la ciencia
aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez. Más gasto público en IMSS. En España, el objetivo
prioritario debería ser incrementar el gasto privado en IMSS. Es decir, conseguir que las
empresas se lancen a invertir mucho más en investigación y desarrollo. Pero como parece
que esto no es fácil de conseguir para los políticos, mucho más sencillo resulta tirar
de chequera. La cuestión es cuáles son los resultados tangibles de ese tirar de chequera
con el gasto público en IMSS. Resultados tangibles más allá, claro, de maquillar las estadísticas y
decir que España ya gasta mucho en IMSS. Pero ¿se termina gastando eficientemente cuando ese
gasto lo sufraga y lo teledirige la administración? Décimo quinto, impulsaremos una política de
competencia que potencia el crecimiento económico y beneficia a los ciudadanos. Aseguraremos la
independencia de los reguladores con nombramientos transparentes y basados en mérito y capacidad.
Reforzaremos las capacidades de la CNMC a fin de asegurar el correcto cumplimiento de sus labores
de vigilancia. Aquí, de nuevo, estamos prometiendo lo ultra básico, que los nombramientos de
organismos independientes se dan nombramientos basados en el mérito y la capacidad y de manera
transparente, que luego ya veremos si lo cumplen. Pero que haya que prometer esto como si esto fuera
una novedad, que lo es. Dentro del marco institucional de España, pues habla muy mal del marco
institucional de España actual. Décimo sexto, facilitaremos la financiación de las pymes,
permitiendo el acceso a fuentes de financiación alternativas a la bancaria. También reforzaremos
el papel del capital riesgo, con una mayor implicación de instituciones como ENISA o ICO,
en el diseño de estrategias de financiación diseñadas, diseño diseñadas, aquí alguien no
ha leído por segunda vez el programa económico, para pymes y simplificaremos los requisitos de
cotización a fin de hacer más atractivos los mercados de capitales para las pequeñas y medianas
empresas en consonancia y como desarrollo de la normativa europea que promueve la unión de
mercados de capitales. España necesita desarrollar de manera muchísimo más intensa sus mercados de
capitales para que las pequeñas y sobre todo medianas empresas se puedan financiar para crecer
por vías alternativas a los bancos, pero de nuevo no está muy claro las medidas que se van a tomar,
más allá de desear que esto sea así, para conseguir este necesario objetivo. Décimo séptimo,
facilitaremos el acceso a la segunda oportunidad del emprendedor, con una modalidad de concurso
específica para persona física y un procedimiento simplificado especial para microempresas.
Crearemos herramientas de detección temprana de situaciones de insolvencia y digitalización
de la totalidad de la tramitación de los concursos. Crearemos un marco jurídico y una
red de apoyo público que incentiva el emprendimiento a través de un sistema de insolvencia,
reestructuración y exoneración de deudas eficiente. Aquí está la duda de si esa red de
apoyo público implicará meter dinero del contribuyente para rescatar empresarios que
hayan quebrado. Y si es así, estaremos ante una socialización de riesgos con el objetivo de
impulsar un emprendimiento que, precisamente, porque sabe que sus riesgos están socializados,
será un emprendimiento más irresponsable. Décimo octavo, incentivaremos el comercio con medidas
de simplificación que faciliten su día a día y favoreceremos marcos normativos que promuevan el
crecimiento y fortalecimiento de nuestro tejido empresarial, mayoritariamente formado por micro
pymes. Impulsaremos el comercio de proximidad, su digitalización, su especialización y
competitividad. Aquí nos está diciendo nada o nos está proponiendo nada. Más allá de desear
impulsar el comercio, no hay nada más en este punto. Y por último, dentro del apartado regulatorio,
punto décimo noveno, crearemos un ecosistema propicio para la innovación social, facilitando
el acceso a recursos, financiación y apoyo técnico a emprendedores y organizaciones sociales.
Impulsaremos la creación de incubadoras y aceleradoras especializadas en innovación
social, promoviendo la colaboración entre emprendedores, expertos y la comunidad en
general. De nuevo, todo lo que vaya en la dirección de desarrollar en un sentido muy
amplio los mercados de capitales, los mercados que canalizan financiación a las empresas en
las distintas etapas de su vida, está muy bien, pero aquí no se propone específicamente nada para
alcanzar este objetivo. Es una declaración de intenciones. En este punto no estamos ante un
programa económico, sino ante una carta a los Reyes Magos. Bien, vayamos ahora con el segundo
bloque, el bloque de medidas para el mercado laboral, cuyo objetivo es crear empleo de calidad
para todos. ¿Qué propuestas más concretas se plantean para alcanzar este objetivo? Medida
vigésima, aprobaremos una reforma integral de las políticas activas de empleo basada en la
ampliación y mejora de la calidad de la oferta de formación, otorgando mayor libertad de elección
al trabajador desempleado. Crearemos un entorno donde los oferentes de cursos compitan por ofrecer
cursos de calidad a través de una plataforma común basada en una evaluación sistemática de
su funcionamiento para valorar su eficacia. Promoveremos el acceso de los desempleados
a orientación laboral individualizada a través del perfilado estadístico y herramientas de Big
Data que identifiquen las mejores alternativas de formación a su disposición. Aquí, más allá de
la coletilla del Big Data, la buena idea que contiene esta propuesta es la de otorgar a cada
parado una especie de cheque formativo para que sea él quien escoja con ese cheque qué
cursos de reciclaje, qué cursos de capacitación quiere realizar y dónde quiere realizarlos,
de tal manera que sindicatos o patronales no acaparen los cursos y la financiación vinculada a esos
cursos. Vigésimo primero, incrementaremos la relación de los servicios públicos de empleo
con las empresas mediante unidades de atención especializadas, de potenciación de la prospección
de necesidades formativas y de nuevas profesiones, de adopción de modelos de competencias y de
renovación de los contenidos formativos. Implementaremos programas de formación que
adapten las capacidades de los demandantes de empleo a los puestos de trabajo ofertados,
con especial atención a los jóvenes, a los mayores de 50 años y a los empleados de larga
duración. El objetivo es hacer una mejor intermediación entre los demandantes de empleo,
las empresas y los oferentes de empleo, los trabajadores parados, de tal manera que se
puedan conectar los perfiles laborales ofertados con los perfiles laborales demandados. La idea
es buena, el problema es que se quiera desarrollar a través de los servicios públicos de empleo,
porque esto lo tiene que hacer el Estado si además el Estado no suele ser especialmente
eficiente a la hora de hacer este tipo de actividades. ¿Acaso tiene fijo miedo a que
estas actividades tan necesarias de intermediación laboral las desarrolle el sector privado sin
implicación activa del sector público? Parece que no nos queremos desembarazar de ninguna de
las funciones que a día de hoy ejecuta el Estado porque eso supondría adelgazar y quitarle competencias
al Estado y eso no se puede hacer. Medida 22. Actualizaremos el salario mínimo interprofesional
en el marco del diálogo social. Involucraremos a sindicatos, empresarios y expertos en la toma
de decisiones sobre el salario mínimo interprofesional. Aquí aparentemente no
hay ningún cambio con respecto a lo que plantea el Partido Socialista, con respecto a lo que ha
venido sucediendo hasta la fecha. Sin embargo, según se haga hincapié en unas partes de este
compromiso o en otras, el resultado práctico sí puede ser distinto. Por ejemplo, si la patronal
se opone a que se incremente el salario mínimo interprofesional en una determinada proporción,
¿el Gobierno respaldará el veto de la patronal o hará, como ha hecho el Gobierno de PSOE Podemos,
caso omiso a lo que esté diciendo en ese momento la patronal e impondrá su decisión en acuerdo con
los sindicatos? Si los expertos que incorpora el Gobierno a esta mesa de negociación consideran
que el salario mínimo no ha de subir más de un 2% en un determinado ejercicio, el Gobierno hará
caso a los expertos aún con la oposición de los sindicatos e incluso quizá con la oposición de
la COE, esto sería más raro pero imaginémoslo, hará caso a los expertos o hará caso a los agentes
sociales. Con el Gobierno de PSOE Podemos los expertos eran convidados de piedra porque no
podían emitir sus propias opiniones sobre la magnitud de la subida del salario mínimo. ¿Esto
va a cambiar a partir de ahora o no? Como vemos, hay bastantes incógnitas alrededor de esta medida
y según se despejen un poquito estas incógnitas, podemos ir hacia un modelo más similar al que
teníamos hasta la fecha, al modelo de Yolanda Díaz, o a un modelo bastante distinto donde
expertos o patronal podrían tener derecho a vetar ciertas subidas excesivas del salario
mínimo interprofesional. Medida vigesimo tercera, mejoraremos el acceso al ingreso mínimo vital y
su efectividad como herramienta de inserción laboral en coordinación con las comunidades
autónomas. Incrementaremos la compatibilidad del ingreso mínimo vital con el empleo y la
capacitación mediante la implementación de bonificaciones adicionales en las coordinaciones
sociales para aquellos trabajadores que amplíen sus horas laborales y condicionaremos la percepción
a la participación en itinerarios de inserción laboral. Esta es una medida que ha impulsado el
Gobierno de Pedro Sánchez y Feijó que dice que quiere derogar el sanchismo no apuesta por derogarla
sino por reformarla para mejorarla. Que cuidado, no lo critico, creo que el ingreso mínimo vital
es una de las políticas económicas menos criticables de cuántas ha aprobado el Gobierno
de Pedro Sánchez, pero es curioso que Feijó apueste por derogar el sanchismo y luego incorpore a su
propio programa electoral muchas medidas sanchistas. Promesa vigesimo cuarta, impulsaremos y adaptaremos
la contratación en formación a nuestro particular tejido productivo y empresarial en el marco del
diálogo social y la negociación colectiva a fin para facilitar, a fin de facilitar, de nuevo no se
ha revisado en mucha profundidad la redacción de este programa, a fin de facilitar la contratación y
formación de jóvenes sin experiencia y que cuenten sólo con la enseñanza obligatoria así como la
recualificación del talento senior. Bien, mientras todo esto no se burocratice en exceso y no se les
impongan a las empresas cargas excesivas será positivo. Medida vigesimo quinta, aseguraremos
la sostenibilidad y su eficiencia del sistema de pensiones para las generaciones actuales y
futuras, garantizaremos la revalorización de las pensiones en el marco del pacto de Toledo,
impulsaremos la contributividad del sistema y lo dotaremos de mayor transparencia y accesibilidad
de modo que todos los trabajadores puedan acceder con mayor sencillez a la estimación de su pensión
futura, analizaremos la situación de los mutualistas alternativos en alas a promover junto a las
mutualidades unas condiciones de jubilación dignas. No queda muy claro que está prometiendo el
Partido Popular aquí más allá de que garantizará la sostenibilidad del sistema de pensiones,
pero ¿cómo la garantizará? Si la garantiza revalorizando las pensiones al IPC, que es lo
que parece que plantea en este punto, entonces vas a mantener un gasto desorbitado del sistema
de pensiones y la única forma que vas a tener de garantizar la sostenibilidad será subiendo
cotizaciones sociales, que casi es lo que parece que quiere dar a entender cuando dice que impulsaremos
la contributividad del sistema, es decir, que si quieres cobrar una pensión alta en el futuro,
vas a tener que pagar por esa pensión en el presente, que obviamente eso ha de ser así,
no estoy defendiendo lo contrario, pero ¿qué pasa si no quieres cobrar una pensión alta en el futuro,
una pensión del sistema público de pensiones? También te van a obligar a pagar más,
porque sí o sí, has de cobrar esa pensión alta. Ahí lo que encontramos es el germen de
una justificación a una subida generalizada de las cotizaciones sociales. Si no subimos las
cotizaciones sociales habrá que bajar las pensiones y, como no podemos bajar las pensiones,
pues hay que subir las cotizaciones sociales. La redacción es deliberadamente ambigua y es
compatible tanto con una consolidación de la reforma del ministro Escribá, que sería una
catástrofe que el Partido Popular fuera en esa dirección, o con una derogación de la reforma de
Escribá argumentando que no respeta la contributividad y que no garantiza la
sostenibilidad del sistema de pensiones. Lo veremos. Eso sí, lo triste es que muchos
ciudadanos irán a votar en las elecciones sin saber qué propone exactamente el Partido Popular
para el sistema de pensiones español. Uno de los principales asuntos llenos de política
económica, sino de gestión de gobierno, es un asunto sobre el que el Partido Popular es
deliberadamente ambigua para que la gente le vote sin saber qué piensa hacer con el sistema de
pensiones. Transparencia democrática. Medida 26º. Dotaremos de nuevas herramientas de
flexibilidad a los trabajadores. Introduciremos cuentas individuales para los trabajadores,
cuentas portables, que puedan usar ante diversidad de contingencias de su vida laboral para ganar en
equidad, eficiencia y productividad. Estas cuentas acompañarán al trabajador durante su vida laboral
y se nutrirán a través de aportaciones mensuales de las empresas, con una parte
de las cotizaciones sociales que ya abonan. Este mecanismo mejorará la protección de los
trabajadores y eliminará barreras de los cambios de empleo voluntarios de los trabajadores con
mayor antigüedad. Estamos hablando de la famosa mochila austríaca, es decir, que el trabajador
no devengue un derecho de indemnización de despido frente al empresario, un derecho que
solo se activa si el trabajador es despedido improcedentemente por el empresario, un derecho
de indemnización que, por tanto, se pierde si el trabajador cambia voluntariamente de empresa,
reemplazar eso, que es bastante ineficiente porque, por ejemplo, un trabajador que lleve
muchos años en una empresa, aunque se le plantee una oferta laboral mejor en otra compañía,
puede decidir renunciar a ella para no perder la indemnización de despido que ha acumulado durante
los últimos años en la empresa en la que actualmente se encuentra. Se trata de reemplazar
todo eso por la mochila austríaca, que es un fondo de ahorro del trabajador que es nutrido
mensualmente por el empresario. Es decir, que el empresario cada mes va aportando una cantidad
de dinero a ese fondo que es un fondo propiedad del trabajador. Cuando el trabajador se ha despedido,
procedente o improcedentemente, tiene derecho a echar mano de ese fondo para hacer frente a
la situación de paro en la que se encuentra. Si el trabajador cambia de empresa, ese fondo se
traslada con él, de tal manera que no pierde la indemnización de despido que ha de vengado. Y si
cuando se jubila el trabajador no ha sido despedido de la empresa, no pierde todo el derecho que ha
de vengado a cobrar una indemnización, como sucede ahora, sino que cobrará todo el ahorro que durante
su vida laboral se haya acumulado en ese fondo. La medida está bien pensada, pero la cuestión es
cómo se financia. Parece que el Partido Popular apuesta por subir cotizaciones sociales para
financiar este fondo. Si es así, cuidado porque se puede encarecer la contratación. Es verdad que
también hay que tener en cuenta que si se elimina el régimen actual de indemnización de despido,
no para los que ya hayan de vengado hasta el momento una indemnización de despido frente a su
empresa, sino de cara al futuro, es decir, que no se devenguen nuevas obligaciones de la empresa
a indemnizar al trabajador, sino que la empresa ya vaya dotando mes a mes ese fondo a cambio,
repito, de eliminar el actual sistema a partir de ahora, pues es verdad que la empresa pagará más
por un lado, pero se ahorrará costes potenciales por otro lado. Pero si ese cálculo no está muy
atinado, como decíamos, puede suponer un encarecimiento de la contratación de trabajadores.
27º. Fomentaremos la flexibilidad y sostenibilidad financiera para los trabajadores autónomos.
Aprobaremos la tarifa cero para nuevos autónomos durante el primer año. Estableceremos un sistema
de aplazamiento automático de cuotas que permitirá a lo largo de cada ejercicio que
el trabajador autónomo pueda no ingresar la cuota correspondiente a tres liquidaciones mensuales,
sin efectos negativos sobre las prestaciones que se puedan generar, siempre que se satisfagan en
la regularización correspondiente a cada ejercicio. Asimismo, ampliaremos el plazo para hacer frente
a las regularizaciones derivadas de las diferencias entre los rendimientos previstos y los reales,
y mejorar las condiciones de financiación para las pymes y autónomos.
Todo esto es paja. Lo realmente importante de este punto es que el Partido Popular asume,
acepta, vuelve suya la reforma del régimen de cotización de los trabajadores autónomos
que perpetró el ministro Escrivá. En esta legislatura, el ministro Escrivá ha privado
a todos los trabajadores autónomos del derecho a determinar su base de cotización a la seguridad
social. Les ha obligado a cotizar en función de sus ingresos reales, aun cuando los trabajadores
autónomos no quieran de vengar el derecho a una prestación social futura, por ejemplo,
en materia de pensiones. Es decir, en lugar de permitir su progresiva desvinculación del sistema,
los ha metido hasta el fondo en el sistema para poderlos parasitar y complementar con ese
parasitismo las pensiones del resto de trabajadores no autónomos. Y esto el Partido Popular lo va
a mantener. Lo está diciendo. No está proponiendo volver al sistema de cotización anterior. Está
diciendo que mejorarán el sistema de cotización actual, que lo mejorarán según el criterio del
Partido Popular. Pero el sistema actual no es mejorable, sólo es derribable. Y el Partido
Popular, como cabía esperar perfectamente. Aquí no hay sorpresas. En la traición a los autónomos
del PSOE y del PP no hay ninguna sorpresa. Pero como cabía esperar, el Partido Popular no quiere
derribar el actual sistema de cotización de los trabajadores autónomos, sino que lo busca consolidar.
Medida 28. Promoveremos el fortalecimiento de la formación y el empleo juvenil en el
ámbito del trabajo autónomo. Sí, después de consolidar el sablazo, les vas a formar.
Desarrollaremos también un modelo de formación profesional específico para el trabajo autónomo
que se adapte a sus necesidades, elimine trabas administrativas y permita el acceso a la formación
bonificada a través de las cotizaciones sociales. Blah, blah, blah. Y 29. Buscaremos mejorar las
condiciones laborales y de seguridad social para los trabajadores autónomos. De nuevo,
no les robes. Deja de robarles. Esa es su mejor seguridad. Apoyaremos la conciliación de los
autónomos mediante una bonificación específica a la cuota empresarial en caso de que contraten
a un trabajador por cuenta ajena durante el descanso del trabajador autónomo por nacimiento
de hijo o situaciones análogas. Aproximaremos el TRADE, trabajador autónomo económicamente
dependiente, al trabajo por cuenta ajena en términos de protección social. Que la mejor
protección social es que los dejéis de robar. Si un autónomo quiere protección social,
dejadle cotizar para recibir protección social. Pero si no la quiere, dejadle no cotizar. Y no lo
vais a hacer. No lo estáis proponiendo. Y aunque lo propusierais, no lo haríais. Porque vuestro
objetivo, como también lo es el del Partido Socialista, es sablear a los trabajadores autónomos.
Y vamos con el tercer y último bloque del programa económico del Partido Popular que
vamos a comentar. El de fiscalidad. El objetivo de este tercer bloque, según el Partido Popular,
es controlar el déficit y la deuda y reducir la presión fiscal. Pues bien, vamos a comprobar
qué proponen para esto. Para reducir el déficit, la deuda y la presión fiscal. Meída cuadrajésimo
primera. Aprobaremos un alivio fiscal inmediato a las familias. Corregiremos los efectos de la
inflación en la tarifa del IRPF, que supone una subida real de impuestos sobre la clase media.
Reduciremos el IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal. Sobre lo segundo, la bajada
del IVA, ellos mismos nos están diciendo que es una bajada temporal. Por tanto, no es una bajada
estructural de la presión fiscal, sino solo una bajada temporal. Pero me interesa comentar también
la primera parte, donde dice, básicamente, que el Partido Popular quiere indexar el IRPF a la
inflación. Si suben los precios, aunque nuestros ingresos suban nominalmente, no nos hemos vuelto
más ricos. Pero efectos del IRPF sí somos más ricos y, por tanto, si tenemos que tributar,
entramos marginales más altos. Esto, obviamente, es una subida de impuestos, porque pagamos más
impuestos sin que nuestra capacidad económica se haya incrementado. Y por eso hay que deflactar
la tarifa del IRPF, así como los beneficios fiscales dentro del IRPF, para que no paguemos
más meramente porque nuestros ingresos se han inflado por la inflación. La medida está muy
bien, pero tiene bastantes cuestiones. La primera es ¿cuánto tiempo van a echar la vista atrás
para deflactar la tarifa del IRPF? En España, el IRPF no se ha deflactado desde el año 2008.
Llevamos 15 años sin actualizar el IRPF según la inflación. ¿Corregirá feijo 15 años de
inflación no incorporada en el IRPF? Apuesten todo su dinero a que no lo hará. Quizá corrija
el año 2022 y, a lo sumo, también el año 2021. Y hasta ahí. Eso es lo primero. Lo segundo es si
la deflactación afectará solo a la tarifa o también a los beneficios fiscales. Tan importante
como la tarifa es ajustar al alza, en este caso, los beneficios fiscales. Y en tercer lugar,
el propio feijo ya ha declarado que esta deflactación solo afectará a los ingresos
inferiores a 40.000 euros. ¿Qué pasa? ¿Que la no deflactación de la tarifa del IRPF no supone
una subida de impuestos para los ingresos superiores a 40.000 euros? Claro que lo supone.
Tanto para los ingresos superiores a 40.000 euros como para los ingresos inferiores a 40.000
euros. Por tanto, si el propio feijo dice que no deflactar la tarifa del IRPF equivale a subir
impuestos y está diciendo que no va a deflactarla para los ingresos superiores a 40.000 euros,
lo que en última instancia está diciendo feijo es que va a subir o al menos a consolidar la subida
de impuestos a los ingresos superiores a 40.000 euros. ¿Esto es una bajada de la presión fiscal,
señor feijo? No, esto es una subida de la presión fiscal. No nos quiere vender la moto,
como ya nos la está vendiendo Sánchez. Cuadrajésimo Segunda. Realizaremos una
reforma integral del sistema fiscal con criterios de eficacia, equidad y sostenibilidad de los
servicios públicos destinada a proteger el ahorro, la inversión y fomentar la creación de empleo.
Eliminaremos el impuesto a las grandes fortunas y simplificaremos el IRPF y el impuesto sobre
sociedades para las pymes, con especial atención a las empresas con pérdidas y a aquellas que
incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos.
Más allá del compromiso de que van a eliminar el IRPF, que a ver, incluso según el gobierno
de Sánchez, es un impuesto temporal. Por tanto, solo con que hagan caso a lo que prometió hacer
Sánchez, mantenerlo solo durante un par de ejercicios ya cumplen con esta revolucionaria
promesa fiscal. Pero bueno, más allá de este compromiso de eliminar el IRPF, esta medida
cuadragésimo segunda no dice nada. Dice que simplificarán, mejorarán la eficacia,
la equidad del sistema fiscal, pero no plantean ninguna medida concreta con la que lo van a hacer.
Medida cuadragésimo tercera. Equilibraremos la relación entre el contribuyente y la administración
tributaria. Estableceremos un Estaduto del contribuyente. Incorporaremos el derecho al
error en el ordenamiento tributario español para minimizar las consecuencias de los errores que se
puedan producir en las declaraciones de contribuyentes con un registro histórico de cumplimiento.
Revitalizaremos el consejo para la defensa del contribuyente, ampliando sus competencias y
potenciando la independencia de sus integrantes. Reformaremos los tribunales económico-administrativos,
impulsaremos la transacción judicial y dotaremos de mayor seguridad jurídica a las operaciones
tributarias. Si de verdad se consigue reequilibrar la relación de poder entre el contribuyente y la
administración, ahora la administración tiene todo el poder y el contribuyente está de rodillas y
suplicando ante la administración que no lo pisotee todavía más, desde luego daremos un paso
adelante muy importante. Durante las últimas décadas la administración tributaria ha ido ganando más poder,
más poder, más poder y el contribuyente en paralelo ha ido quedando en una indefensión creciente. Por
tanto, si esto se reequilibra de alguna manera, si se le otorgan al contribuyente garantías para
no ser pisoteado por la administración, esta sí es una medida potencialmente muy importante.
Promesa cuadragésimo cuarta. Con el fin de promover la inversión y el desarrollo económico
en España y facilitar la movilidad internacional, mejoraremos el régimen fiscal para nuevos
residentes, ofreciendo incentivos fiscales atractivos y competitivos a nivel global.
Entiendo que se trata de una especie de nueva ley Beckham, pero como no tenemos detalles pues
tampoco podemos evaluarla. Medida cuadragésimo quinta. Haremos al inicio de la legislatura una
profunda revisión con la intervención general de la administración del estado, de la situación
real de las cuentas públicas, los compromisos de gasto adquiridos por el actual gobierno y
las obligaciones pendientes. Bueno, esto salvo sorpresas no tendrá mucha relevancia ni muchas
implicaciones. Medida cuadragésimo sexta. Reformaremos la ley de institucionalización de la
evaluación de las políticas públicas con el fin de garantizar su correcta aplicación. Fortaleceremos
el papel del AIREF como evaluador independiente de eficacia y eficiencia de las políticas que
contribuyan a la optimización en el uso de los recursos públicos en todos los niveles de la
administración. Como ya he dicho antes, en muchos casos nos estamos moviendo en compromisos que
deberían darse por sentados. Que la AIREF deba ser independiente y que su independencia no esté
cuestionada no debería ser algo que estuviera en el debate público porque debería ser algo
que estuviese asumido por todos. Pero como no lo está, hace falta prometerlo. Pero claro,
es un grado de promesa muy ridículo. ¿La gran gesta de Feijó es hacer lo
mínimamente exigible a hacer? Pues sí, parece que ese sea el caso. Y última medida que vamos
a comentar en este vídeo, medida cuadragésimo séptima, intensificaremos el proceso de
contratación centralizada en la administración como herramienta de ahorro de costes. Analizaremos
a fondo las necesidades a cubrir y las respuestas que ofrece el mercado con el objetivo de obtener
una adecuada correspondencia a calidad-precio. Ampliaremos el alcance de los contratos a
centralizar, incorporando áreas como la eficiencia energética, el mantenimiento de edificios e
instalaciones y los servicios de ciberseguridad. Asimismo, implementaremos mecanismos que
garanticen la inclusión de las pymes en estos procesos, por ejemplo, estableciendo lotes en
los contratos a licitar que sean más accesibles para estas entidades.
Tengas en cuenta que utilizar la contratación centralizada como herramienta de ahorro de costes
para la administración tiene normalmente que ver, no solo, pero en su mayor parte,
tiene que ver con que la administración ejerza poder de mercado contra las empresas. Se trata
de crear una especie de monopsonio público, monopolio por el lado de la demanda, un demandante
único con mucho poder de negociación para apretarles las tuercas a las empresas privadas
y forzarles a que bajen precios. Si esto lo hiciera una empresa privada, ya fuera como oferente,
monopolista o como demandante monopsonista, la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y
Competencia, abriría expediente sancionador. Como lo hace la administración, pues se nos vende
como algo muy interesante y muy progresista. Démonos cuenta de que en este último bloque
se han planteado varias rebajas superficiales tímidas de impuestos y ninguna medida seria
de ajuste del gasto. ¿En qué sentido, por tanto, cabe decir que estas medidas van orientadas a
reducir el déficit y la deuda pública? Como mucho, irán orientadas a bajar un poquitín la presión
fiscal, pero desde luego no hay ninguna medida específica para controlar el déficit y para
controlar la deuda pública. Al contrario, en otras partes del programa se prometen incrementos
del gasto. Por tanto, si recortas algunos impuestos y aumentas el gasto, tú al menos no estás
haciendo específicamente nada para reducir el déficit. Si la economía sigue creciendo y las
bases imponibles de los contribuyentes siguen aumentando, conseguirás reducir el déficit porque
aumentará la recaudación más de lo que tú aumentas el gasto. Pero tú no has tomado ninguna
medida específica para ayudar a reducir ese déficit. Más bien, al contrario. En definitiva,
este es el programa económico de Alberto Núñez de Ijo. Por cierto, un detalle bastante interesante.
Recordemos que en la segunda promesa de este programa económico encontrábamos la siguiente
medida. Exigiremos que cada nuevo proyecto de ley que se tramite en el Parlamento incluya
una memoria de impacto económico sobre terceros con el fin de identificar qué nuevos costes se
estiman en cada nueva ley sectorial para las empresas. Pues bien, este programa electoral
carece de memoria económica y de memoria de impacto económico. Es decir, el equipo económico de Alberto
Núñez de Ijo no ha tratado de estimar cuánto nos van a costar las nuevas medidas de gasto que
se prometen, cuánto nos va a costar en términos de recaudación fiscal perdida las rebajas de
impuestos que se comprometen, o qué mayores o menores costes para las empresas implicarán
muchas de las medidas que se están poniendo encima de la mesa y que afectan a esas empresas.
Si tan importante es para Fijo la memoria económica y la memoria de impacto económico,
¿cómo presenta un programa electoral sin esa memoria económica y sin esa memoria de impacto
económico? Mal empezamos con el ejercicio de coherencia y de rigor, a ver si va a ser otro
engaño como los de Sánchez. En cualquier caso, creo que una lectura global de este programa
económico nos lleva a darnos cuenta de que no es un programa económico ni mucho menos revolucionario.
Hay medidas que van en la buena dirección, sobre todo en la parte regulatoria, pero la mayoría de
medidas o son muy descafinadas, no cambian casi nada, o son medidas que directamente consolidan
malas ideas, malas propuestas, malas leyes del gobierno de Pedro Sánchez, como sucede con los
sufridos autónomos. Por tanto, como ya resumí al principio, poca chicha, muy poca.