Uno de los principales objetivos del liberalismo es minimizar el poder estatal y una de las
formas de minimizar el poder estatal es dividiendo los poderes del Estado, separando, segmentando
los poderes del Estado para que nadie concentre todas las potestades que típicamente caracterizan
al Estado. De ahí la lógica de la separación de poderes, es decir, que las distintas competencias
que tiene el Estado a la hora de legislar, de ejecutar la ley y de juzgar la aplicación
de la ley no recaigan en una misma persona. James Madison, uno de los padres fundadores
de Estados Unidos, decía que si una sola persona concentraba el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo
y el Poder Judicial, esa sería la definición misma de tiranía. Por tanto ya digo, la tradición
liberal tiende a favorecer claramente la separación de poderes del Estado tratando
de conseguir que unos y otros se ejerzan de contrapoder y se bloqueen aquellas iniciativas
más liberticidas contra los ciudadanos. En España ya sabemos que la separación de
poderes es enormemente frágil o más bien inexistente. El Ejecutivo y el Legislativo
no están realmente separados porque en las elecciones los ciudadanos terminan votando
realmente a quien quieren que sea el presidente del Gobierno. Y ese presidente del Gobierno,
que a su vez suele ser históricamente ha sido el líder del partido más votado, es
el que ha elegido a los diputados y a los senadores que integran las listas de su partido
y por tanto votando indirectamente al jefe del Ejecutivo, también ese jefe del Ejecutivo
ha tenido previamente la facultad de escoger a su legislativo y por tanto ya digo, la separación
real entre Ejecutivo y Legislativo es más bien inexistente. Como lo es también en
gran medida la separación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Por qué razón? Pues
porque el Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces, el gobierno
de los jueces que tiene la potestad, la competencia de nombrar a los jueces y magistrados del
Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos, de la Audiencia
Nacional o de las Audiencias Provinciales, ese gobierno de los jueces, el Consejo General
del Poder Judicial, es escogido por el Poder Legislativo, que a su vez ya hemos visto
que está controlado por el Poder Ejecutivo. Por tanto, en cierto modo, podríamos decir
que el Poder Ejecutivo, tal cual emerge de las urnas, tal cual emerge de la votación
de las urnas, controla el legislativo y, a través del legislativo, controla al Poder
Judicial. Por tanto, no hay auténtica separación de poderes, sino que, en España en todo caso,
escogemos a un Poder, el Ejecutivo, y el Ejecutivo termina controlando a los otros dos poderes.
Y esto, al margen de que, en la medida en que socava la separación de poderes, también
socava la capacidad que tenemos los ciudadanos de protegernos frente a la apisonadora estatal,
que quien controla el Ejecutivo tiene ante sí todo el Poder del Estado para hacer prácticamente
lo que quiera con los ciudadanos, aparte de esto, que es lo fundamental, también da
lugar a situaciones verdaderamente obscenas. Por ejemplo, ¿cuál es el órgano encargado
de juzgar a los miembros del Gobierno, al presidente del Gobierno, a los diputados o
a los senadores? El Tribunal Supremo, porque todas estas personas están aforadas. ¿Y
quién nombra a los miembros de las distintas salas del Tribunal Supremo? El Consejo General
del Poder Judicial. ¿Y quién nombra a los vocales del Consejo General del Poder Judicial
que escogen a los miembros del Supremo, que son los que juzgan al presidente del Gobierno,
a los ministros, a diputados y senadores? Pues a los miembros del Consejo General del
Poder Judicial los escogen diputados y senadores que, a su vez, a través de las listas cerradas
de los partidos, son escogidos normalmente por el jefe del Ejecutivo y, si hay un Gobierno
de coalición, por los subjefes del Ejecutivo. Por tanto, los políticos, los políticos
de más alto rango son los que escogen a los jueces que van a terminar juzgándolos. Y este
mismo esquema también se reproduce en las distintas autonomías, porque los miembros
de los gobiernos autonómicos, los diputados autonómicos, son juzgados o por el Supremo
o por los tribunales superiores de justicia de su autonomía, que son, a su vez, nombrados
los miembros de estos tribunales por el Consejo General del Poder Judicial, que es escogido
por el jefe del Partido que gobierna, que es, a su vez, el que escogen a los presidentes
autonómicos y a los consejeros autonómicos. Por tanto, los políticos, como casta privilegiada
que son dentro del Estado, pueden escoger, directa o indirectamente, que juez los va a
juzgar. Y, claro, a partir de ahí la justicia difícilmente puede ser imparcial, la justicia
para que sea imparcial, a de ser ciega. Y si al juez lo escoge el juzgado, evidentemente
el juzgado, va a escoger a un juez que le sea afín, que sepa que sistemáticamente va
a tender a juzgarle a su favor, y que sabe además que en el futuro puede necesitar favores
de esa persona a la que está juzgando, o del jefe de esa persona a la que está juzgando,
y precisamente favor con favor se paga. Por tanto, yo no te condeno o te impongo una pena
muy baja a cambio de que en el futuro me puedas ascender a posiciones más elevadas. La justicia
está profundísimamente politizada en España, y eso también contribuye, por cierto, a
deslegitimarla. Porque cuando los independentistas catalanes critican que el Tribunal Supremo
está politizado, en parte tienen razón, en gran parte tienen razón. Por tanto, la
sentencia que se emitió contra el proceso no se puede soslayar que fue una sentencia
dictada por magistrados, escogidos, por políticos, que eran políticos contrarios a aquellos
políticos que estaban juzgando. Por tanto, en gran medida, sí se puede denunciar que
fue un juicio politizado. Luego, la sentencia será más justa o menos injusta, porque incluso
los jueces politizados pueden terminar emitiendo sentencias justas. No voy a entrar ahora en
este debate, pero la cuestión es que, evidentemente, existe una falta de legitimidad de raíz que
empaña cualquier decisión que, con respecto a los políticos o a los enemigos de los políticos
que han nombrado a esos jueces, terminan emitiendo estos órganos judiciales. Por consiguiente
deberíamos proceder a despolitizar absolutamente la justicia, pero para despolitizar la justicia
es necesario cambiar el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder
Judicial. Hasta hoy existía una ventana, realmente una ventana ingenua, pero una ventana
de esperanza en que ese método podía cambiar. ¿Por qué? Pues porque el actual Consejo
General del Poder Judicial es un consejo de mayoría conservadora, que fue nombrado por
el Partido Popular cuando éste tenía mayoría absoluta, y el mandato de este Consejo General
del Poder Judicial ya ha expirado. Y, por tanto, el actual gobierno PSOE Podemos aspira a
colocar a su mayoría de izquierdas en el Consejo General del Poder Judicial, pero para
poder hacerlo necesita el concurso del Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque para que
Congreso y Senado escojan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial se requiere
una mayoría cualificada de tres quintos, y ni PSOE ni Podemos ni los socios parlamentarios
habituales de PSOE y Podemos poseen esa mayoría. Por tanto, o el Partido Popular dice que sí,
o no se renueva al Consejo General del Poder Judicial, y si no se renueva siguen en el mandato
caducado, pero siguen gobernando en funciones, efectuando nombramientos del Supremo, de los
tribunales superiores autonómicos de la Audiencia Nacional o de las Audiencias Provinciales,
la mayoría de vocales que escogió el PP, una situación profundamente insatisfactoria,
claro, para un gobierno de izquierdas PSOE Podemos que, como el gobierno del PP, en su
momento aspira a controlar la justicia. Por tanto, el PP tenía mucha fuerza negociadora,
porque si el PP decía, yo no pacto contigo, no se puede renovar un gobierno de los jueces
mayoritariamente conservador, mayoritariamente pro-PP. Y claro, como el nuevo PP de casados
nos había vendido como un partido liberal, que estaba a favor del estado de derecho, de
la separación de poderes, algunos esperaban, generalmente a mi juicio, pero algunos esperaban,
que casado impulsidad a la siguiente condición. Si quieres que pactemos la renovación del
Consejo General del Poder Judicial, modifica la ley orgánica del Poder Judicial, que es
la que regula la elección de 12 de los 20 miembros que componen el Consejo General del
Poder Judicial, y que, por tanto, otorgan mayoría dentro de este gobierno de los jueces. Y modificala
para qué? Pues modificala para despolitizar la justicia. ¿Y cómo se puede despolitizar
la justicia? Pues, por ejemplo, permitiendo que 12 de estos 20 miembros sean escogidos
por los propios jueces, no olvidemos que estamos hablando del gobierno de los jueces, y de la
misma manera que el gobierno de los ciudadanos lo escogen los ciudadanos en unas elecciones,
el gobierno de los jueces lo deberían escoger los jueces en unas elecciones, que voten los
jueces, no que voten los políticos controlando, por la puerta de atrás, el Poder Judicial.
Otra alternativa, igualmente válida para despolitizar la justicia, sería que los miembros, los vocales
del Consejo General del Poder Judicial, esos 12 vocales, porque los otros 8, la Constitución
Simarca que han de ser escogidos por el Congreso y el Senado, por desgracia, que esos 12 vocales
sean escogidos por sorteo. Es decir, que se fijen unas condiciones mínimas por las cuales
un juez o un jurista puede ocupar una plaza de vocales en el Consejo General del Poder
Judicial, por ejemplo, años de experiencia, y que entre todo el amplio universo de candidatos
potencialmente aptos para integrar el Consejo General del Poder Judicial se escoga por sorteo
aquellos miembros que terminarán integrándolo. Por cierto, está propuesta que serviría
absolutamente para despolitizar la justicia, porque los políticos en siquiera podrían
hacer campaña a través de las asociaciones judiciales, que también están muy politizadas
por unos candidatos o por otros a magistrado, porque en la medida en que sea una elección
completamente aleatoria dentro, ya digo, de aquel universo de candidatos que cumplan
ciertos requisitos mínimos, pues no puedes influir en el resultado por mucho que digas
me gustaría que saliera este, sale por sorteo. Por bien, esta opción, la elección por sorteo,
la ha planteado ya un partido que es un partido de izquierdas, pero que al menos en este caso
se está tomando las cosas más en serio que el resto, que es más país de íñigo y rejón.
Este partido no sé si consciente del todo de lo que implica, pero ha defendido que el
Consejo General del Poder Judicial, los doce vocales cuya elección es regulada por ley
orgánica, sean escogidos por sorteo. Por tanto, el Partido Popular lo habría tenido
extremadamente fácil para plantear esa reforma. Podría haber dicho, miren, lo que yo estoy
defendiendo, lo que yo estoy proponiendo es justamente lo que está proponiendo un partido
de izquierdas. Por tanto, que la derecha y alguna parte de la izquierda estemos de acuerdo
en que hay que reformar la ley en esta dirección, quizá no es tan absurdo. Quizá es que todos
los demás que se niegan a reformar la ley en esta dirección, que es la dirección de
despolitizar la justicia, sean que tienen intereses perversos para mantener la politización
de la justicia, que no lo digo solo yo, no lo dice solo el Partido Popular, lo dice también
más país. Ese debería haber sido el discurso razonable, liberal, de Pablo Casado y del
conjunto del PP. Pero ¿qué acaban de hacer Pablo Casado y el conjunto del PP? Pues llegar
a un acuerdo con el PSOE para seguir repartiéndose los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Con el Partido Popular, el gran logro que han conseguido en esta negociación es que
Podemos no tendrá ningún vocal dentro del Consejo General del Poder Judicial, lo cual
es una pura cortina de humo porque lo que hará Podemos es utilizar al PSOE como intermediario
en las negociaciones. Podemos le dir al PSOE oye, mete a este señor o a esta señora en
la lista de vocales del Consejo General del Poder Judicial que tú propones y que tú
pactas con el Partido Popular, sabiendo que ese señor o señora es una persona a fin
a Podemos y el PP, claro, tendrá que tragar porque a esa persona la habrá propuesto el
PSOE aunque sea en última instancia propuesta por Podemos. Este es uno de los grandes logros
que el PP dice que le ha arrancado al PSOE en la negociación y el otro gran logro dice
es avanzar en una ley que despolitice la justicia. ¿Cómo que avanzar? Lleguen ya inmediatamente
a destino, aprueben ya la ley que despolitiza la justicia y con un sistema despolitizado
de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que esos vocales salgan
electos, ya sea por votación de los jueces, ya sea por sorteo entre personas jurídicamente
cualificadas. En definitiva, lo que ha hecho el PP con el PSOE es lo que llevan haciendo
40 años en nuestro país. Repartirse obscenamente a los vocales del Consejo General del Poder
Judicial para que estos, que son nombrados por ellos, escojan a los jueces del Supremo,
de los Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos, de la Audiencia Nacional, de las Audiencias
Provinciales que más convengan a los líderes políticos que han nombrado a esos vocales
del Consejo General del Poder Judicial. Lo que ha hecho, por tanto, es perpetuar, contribuir
a perpetuar la politización de la justicia, que es lo que lleva haciendo el Partido Popular
y el Partido Socialista, insisto, en los últimos 40 años. Aunque terminara siendo cierto
que Podemos no logrará meter a ningún vocal propio en el Consejo General del Poder Judicial,
es que eso da igual. Es que tan obsceno es que se repartan los vocales PSOE, PP y Podemos
como que se lo repartan únicamente PSOE y PP. Es que no se tienen que repartir a los
jueces. Los jueces tienen que ser nombrados de manera independiente al poder político
y, si no se hace esto, se dinamita la separación de poderes. Y si se dinamita la separación
de poderes, el Estado tiene un poder casi absoluto sobre la vida de los ciudadanos.
La casta política, por tanto, continúa pastoreando nuestras libertades como si fuera
su cortijo particular.
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