Antonio Garamendi, presidente de la COE, se ha subido el sueldo más de un 8% hasta los
380.000 euros anuales. ¿Está justificado que este señor pueda percibir una remuneración
tan elevada, especialmente después de que él mismo se haya opuesto a subir el salario
mínimo en un 8% en 2023? Veámoslo.
Antonio Garamendi, presidente de la patronal española COE, después de haberse opuesto
a una subida del salario mínimo del 8% hasta los 1.080 euros mensuales, se ha subido su
propio sueldo al frente de la COE en un 8% hasta los 380.000 euros anuales. Se trata,
por tanto, no solo de un sueldo muy elevado, sino de una subida considerable que el propio
Garamendi desaconseja para el resto de trabajadores españoles con el argumento de evitar contraer
los márgenes de las empresas españolas. Si suben sueldos generalizadamente, el margen
de beneficios de las compañías se contraerá demasiado y eso puede perjudicar el crecimiento
económico y la contratación laboral futura. Pero mientras Garamendi dice esto, al mismo
tiempo él se sube el salario en más de un 8% hasta 380.000 euros.
¿Cómo es posible que una subida del sueldo del 8% sea inasumible para la mayoría de
empresas, pero en cambio no sea inasumible, no vaya a mermar la competitividad de la COE?
Porque el empresariado patrio no puede soportar en sus carnes un incremento, una revalorización
salarial de su plantilla del 8%, y en cambio la COE sí puede soportar holgadamente una
subida del salario de su presidente del 8%. Pues aunque parezca sorprendente, la clave
de este asunto la proporciona el ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
Si el señor Margallo cuando deje de ser cargo público y yo nos montamos una consultora,
podemos cobrar lo que estén dispuestos a pagarnos, es decir, somos muy caros, quiere
usted que nosotros le hagamos un informe, pues esto es lo que tiene que pagar si quiere
que le preveamos el futuro político si a usted le interesa, porque la COE no es eso.
El 70% del dinero que maneja la COE es dinero público, el dinero de los ciudadanos españoles,
entonces lo que no puede ser es que este señor cobre casi 5 veces lo que cobra el presidente
del Gobierno. O sea, ¿cómo es posible que Garamendi esté ganando 400.000 al año que
además se cambia a un contrato de alta dirección para tener unas condiciones todavía mejores
que las que tenía cuando factura como autónomo? Oiga, a usted no le están pagando porque
usted presta un servicio que en el mercado cuesta eso, que la COE vive de las subvenciones
públicas y usted está ganando 5 veces más que el presidente del Gobierno de un país
y dice a usted que se va a quebrar la economía por subir el salario mínimo a 1.081.
Básicamente lo que está diciendo Pablo Iglesias, y en esto tiene toda la razón, es que el
sueldo de Garamendi no es un sueldo de mercado, no es un precio de mercado. Y no lo es no
porque quizá Garamendi en otra empresa no pudiese cobrar esas cantidades, que está
por ver, lo desconozco. No lo es porque la COE no está expuesta al mercado. La COE está
blindada frente al mercado con generosas subvenciones públicas y con cuantiosos privilegios regulatorios.
Por tanto, los ingresos que obtiene y que distribuye, como la COE escoge distribuir,
en este caso con un salario anual de 380.000 euros para Garamendi, son ingresos que no
ha obtenido a través del mercado, sino a través del Estado, de la política, del privilegio
político, de la conexión del contubernio y de los tejemanejes con la política. Y cuando
hablo de privilegios y de contubernio con la política, no me refiero únicamente a
las subvenciones finalistas que pueda recibir la COE. También me refiero a la especial
posición de representatividad social que la política le atribuye a la COE y merced
a la cual la COE participa en la negociación de los convenios colectivos y participa en
negociaciones políticas de alto nivel, como pueda ser la negociación del salario mínimo,
como pueda ser la reforma de las pensiones o como pueda ser la reforma laboral. Si tuviéramos
un mercado laboral mucho más libre, mucho más descentralizado, donde los convenios colectivos
se negociaran en cada empresa, donde los políticos no interfirieran diariamente en la vida de
las empresas a través de piezas legislativas muy variadas y muy intervencionistas, si todo
eso no sucediera, ¿la COE contaría con los mismos socios, con las mismas empresas adscritas
que pagan la cuota correspondiente con las que cuenta hoy? ¿O sería una asociación
que quizá no existiría o, si existiera, sería bastante más escuálida? Pues probablemente
lo segundo. Es decir, que no solo se trata de que la COE reciba subvenciones públicas,
también se trata de que la legislación española ha convertido a la COE en un lobby de los
empresarios dentro de la negociación política de alto nivel y dentro de la negociación
colectiva de carácter supraempresarial. Y es esa privilegiada posición de la COE dentro
del ordenamiento jurídico social español lo que convierte a la COE en un foco de atracción
de la afiliación empresarial y del pago de cuotas. Dado que tú tienes acceso directo
a los políticos, te pago para que les traslades mi voz, para que intentes en esa negociación
política hacer prevalecer mis intereses. Pero démonos cuenta de que todo este proceso
merced al cual vive la COE es en sí mismo un proceso endiablado que no debería ni si
quiera existir. Pero bueno, si el problema de que Garamendi, presidente de la COE, cobre
380.000 euros al año, es que la COE constituye un organismo privilegiado y subvencionado
que nos lleva a pensar que esos ingresos de Garamendi quizá no sean ingresos de mercado
porque la COE no está expuesta al mercado, la solución debería ser muy sencilla. Expongan
a la COE al mercado, quítenle privilegios y quítenle subvenciones. Pero en este caso
parece que el sentido común no es el más común de los sentidos, no al menos entre
Pablo Iglesias. Escuchemos la solución alternativa que Pablo Iglesias propugna.
Yo creo que en esto no hay que responder diciendo pues no venga usted, sino diciendo venga pues
ahora vamos a legislar. Y si la COE, un 70% del dinero que maneja es dinero público,
aquí nadie, nadie que viva del dinero público va a ganar más que el presidente del gobierno
y va a ganar usted 81.000 euros al año, señor Garamendi. Ah, la próxima vez viene usted.
Y sí va a acabar la tontería.
En lugar de quitar subvenciones y quitar privilegios, lo que hacemos es añadir regulaciones. Si
el problema es que la COE no está expuesta al mercado y pese a no estar expuesta al
mercado, está pagando remuneraciones que podemos considerar son ajenas o serían ajenas
al mercado, o no, realmente no lo sabemos, la solución no es exponer a la COE al mercado,
sino que es mantenerla aislada del mercado y regularla como si fuera un organismo público.
¿Y por qué Pablo Iglesias toma el camino largo en lugar del camino corto? ¿Por qué
si él mismo ha detectado con corrección que el problema reside en que la COE vive
de las subvenciones y de los privilegios públicos? ¿Por qué si él ha detectado que eso es
el problema? ¿No plantea como solución a ese problema eliminar subvenciones y privilegios
públicos para la COE y que una vez eliminados la COE le ponga a Garamendi o a quien sea
su presidente el sueldo que la COE escoja? Pues básicamente por tres motivos. Primero,
porque aunque en Podemos o en el PSOE o en el PP me da igual, muchas veces se cargue
contra la COE como un representante de los intereses de los malvados empresarios, una
organización a la que hay que arrinconar y a la que no hay que hacerle caso, aunque
muchas veces ese sea el discurso público, a Podemos, al PSOE, a PP, a Vox, a todos,
les interesa que la COE esté ahí. Les interesa que la COE sea un interlocutor al que socialmente
se considera que representa a todos los empresarios, porque si obtienes el placer de la COE, teóricamente
ya has obtenido el placer de todos los empresarios de España. Y es más sencillo arrimar, capturar
las voluntades de unos pocos, los representantes de la COE, que enfrentarte a centenares o
a millones de pequeños, medianos y grandes empresarios. Ese es el primer motivo. El segundo
motivo es que Pablo Iglesias tiene una agenda ideológica de ahondar en el intervencionismo
estatal. Si el intervencionismo estatal genera un problema, por ejemplo, que la COE está
aislada del mercado y por tanto puede capturar rentas públicas y por tanto puede pagar remuneraciones
extraordinarias a sus directivos ajenas, quizá al mercado, si el intervencionismo
estatal genera un problema, la solución para Pablo Iglesias nunca es dar marcha atrás
en el intervencionismo estatal, sino utilizar ese problema que genera el intervencionismo
estatal para reivindicar todavía más intervencionismo estatal. En este caso, si nos fijamos, ya
vamos introduciendo en el debate público la necesidad de limitar las remuneraciones
más altas. Sí, señala Pablo Iglesias, solo de los organismos que vivan del dinero público,
pero en ese caso bastará con empezar a repartir una pequeña subvención a muchas empresas
para, con la excusa de que directa o indirectamente vives del dinero público, legitimar que el
Estado puede regular tu sueldo. ¿No es más sencillo simplemente quitar esas subvenciones
públicas para que no se desvíen fondos, dinero del contribuyente, hacia usos hacia
los que el contribuyente no quiere destinarlo? ¿No es eso una reivindicación en última
instancia de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del propio contribuyente?
Y el tercer motivo por el cual Pablo Iglesias no aboga por la solución de sentido común
es que, claro, si abrimos el melón de eliminar subvenciones y privilegios a la COE, es inevitable
que extendamos ese mismo melón a los sindicatos. Porque exactamente la misma crítica que
se puede dirigir a la COE, que vives de las subvenciones públicas y del privilegio regulatorio,
que estás aislada del mercado, de la sociedad civil, de los lazos de voluntariedad puros
con el resto de la sociedad, se puede dirigir por los mismos motivos a los sindicatos. Por
tanto, si es bueno, y lo es, quitarle las subvenciones y los privilegios a la patronal,
también es bueno, necesario, conveniente, quitarles los privilegios a los sindicatos.
Pero obviamente Pablo Iglesias no quiere abrir ese melón que debería ser abierto y devorado.
Por cierto, y como comentario final, la propuesta concreta de Iglesias de que nadie que viva
del dinero público cobre más que el presidente del Gobierno es una propuesta un tanto extraña.
Porque es una propuesta que solo se le ha ocurrido para regular el sueldo del presidente
de la COE cuando, en España, ya llevamos muchísimos años y muchísimas décadas,
en que hay mucha gente que vive del dinero público y que cobra más que el presidente
del Gobierno. Pedro Sánchez cobra 90.000 euros anuales como presidente del Gobierno,
pero es que la secretaria de Estado de Igualdad y para la violencia de género, Ángela Rodríguez
Pamm, cobra prácticamente 120.000 euros al año. Está proponiendo Pablo Iglesias bajarle
el sueldo a su compañera de partido Rodríguez Pamm. Y si eso es así, ¿por qué nunca
lo había propuesto hasta este momento? Porque solo se le ha ocurrido que nadie debe cobrar
más que el presidente del Gobierno cuando ha saltado a la prensa que Garamendi de la
COE cobra 380.000 euros. O de manera todavía más escandalosa. La presidenta de Rete Eléctrica
de España, Beatriz Corredor, ex ministra del PSOE, Rete Eléctrica de España, empresa
participada por el sector público, esta señora cobra prácticamente 550.000 euros anuales.
Pero eso a Pablo Iglesias no le ha generado nunca ningún escándalo. Ni cuando está
ahora fuera del Gobierno, ni cuando estaba dentro del Gobierno y ya los cobraba. Nunca
propuso bajarle el sueldo a Beatriz Corredor hasta los 90.000 euros anuales. ¿Por qué
solo ahora, en el caso del presidente de la COE? Él sabrá, pero quizá tenga algo que
ver el sesgo ideológico. En cualquier caso y en definitiva, es legítimo
que Antonio Garamendi, como presidente de la COE, se coloque un sueldo de 380.000 euros
anuales. Sí, siempre que lo haga sin subvenciones y sin privilegios regulatorios. Y es paradójico
que sea la propia izquierda la que se oponga a retirarle esas subvenciones y esos privilegios
—quizás sea porque podría empezar a cundir el ejemplo.