Acuerdo de gobierno entre el PSOE y Esquerra que consagra el concierto económico para Cataluña.
¿Se trata de una buena medida? Veámoslo.
En materia fiscal, el liberalismo defiende la minimización de la coacción tributaria,
es decir, que el Estado no les meta la mano en el bolsillo a los ciudadanos,
que los ciudadanos puedan conservar su propiedad sin que el Estado se la quite.
Y hasta cierto punto podríamos decir que esto equivale a la máxima descentralización fiscal posible,
es decir, que cada individuo sea su propia hacienda,
que cada individuo retenga para sí su propia propiedad sin que haya un ente superior que se la quite.
Y cuando esto último no es posible o al menos no sucede,
el liberalismo defenderá que si un ente superior le quita a una persona parte de su propiedad,
ese ente superior gaste la propiedad que le ha sido arrebatada a una persona
de tal manera que redunde en beneficio de esa persona,
de tal manera que la víctima de alguna manera recupera indirectamente el caudal que le ha sido robado.
Por eso, el liberalismo también se opone a la centralización fiscal en unidades administrativas
cada vez más alejadas del ciudadano que ha sido fiscalmente atracado por el Estado.
Por ejemplo, si el ente que le cobra impuestos a un ciudadano
y que luego gasta esos recursos que le han sido arrebatados al ciudadano es el ayuntamiento,
ese ciudadano tenderá a recuperar una mayor porción del dinero o de los bienes que le han sido robados fiscalmente
que si el ente que le cobra impuestos y que dispone en forma de gasto de esos impuestos
es la provincia, la autonomía, el Estado-nación o una entidad supranacional como pueda ser la Unión Europea.
Si a un ciudadano de Toledo le cobra un impuesto la Unión Europea
y luego el dinero que ha recaudado con ese impuesto lo reinvierte en Bulgaria,
obviamente ese ciudadano de Toledo recuperará directa o indirectamente una menor parte de su botín
que si ese impuesto lo cobra el ayuntamiento de Toledo y lo gasta y lo reinvierte
en un hospital municipal o en una escuela municipal o en reasfaltar las calles de Toledo.
Que aún así robarle a ese ciudadano a través del sistema tributario está mal, es incorrecto,
pero la magnitud del robo, del atraco, del agravio contra ese contribuyente será menor
si el dinero que le han arrebatado se reinvierte en él o en su comunidad más próxima
que sí se reinvierte en algún país lejano que no va a visitar nunca.
Por supuesto, lo anterior está muy relacionado con las competencias que se atribuye,
que se arroga, que secuestra, en muchos casos, el Estado a través de sus diversas unidades administrativas.
Por ejemplo, si la competencia de defensa se articula a través del Estado-nación,
lo lógico será que ese Estado-nación financie esa competencia de defensa
a través de impuestos recaudados por el Estado-nación, no por cada uno de los ayuntamientos.
Pero es que la inmensa mayoría de competencias que hoy tienen los estados
bien podrían descentralizarse hasta los ayuntamientos.
Ya no digo privatizarse, que por supuesto, sino descentralizarse hasta los ayuntamientos.
Y si eso es así, no hay motivo para que la fiscalidad no esté tan bien descentralizada en los ayuntamientos.
De esa manera, además, se potenciaría la competencia y la diferenciación fiscal.
Aquellas agrupaciones de ciudadanos que sean muy socialdemócratas y quieran impuestos muy elevados
podrían autoimponerse a sí mismos esos impuestos tan elevados que, en teoría,
tanto contribuyen a aumentar su bienestar.
No podrían saquear fiscalmente a otras agrupaciones de ciudadanos
que a lo mejor escojan impuestos más bajos para gobernarse,
sino que, en el caso de la descentralización fiscal municipal,
cada ayuntamiento tendría su propio régimen fiscal
que competiría por atraer o retener talento y financiación
frente a otros ayuntamientos.
En Suiza, por ejemplo, uno de los países más ricos y cohesionados del mundo,
esa descentralización fiscal se implementa a escala municipal y a escala cantonal.
De esa manera, hay cantones suizos que son tan o más intervencionistas que el Estado español
y tienes otros cantones que son muchísimo más liberales que el Estado español.
Cantones donde se asfixia tributariamente a sus ciudadanos
y esos ciudadanos dentro de cada cantón siguen apoyando mayoritariamente que se les asfixie a ellos fiscalmente
y tienes otros cantones donde los ciudadanos respiran aliviados lejos del yugo fiscal
que otros querrían imponerles.
Por eso, en principio, y con los cruciales matices que voy a exponer a continuación,
la noticia de que el PSOE catalán, el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña
han llegado a un acuerdo para que la autonomía catalana goce de un concierto económico,
goce de plena autonomía fiscal, me parece una buena noticia
porque avanza en la dirección de la muy necesaria descentralización tributaria de nuestros Estados.
Concretamente, de un modo similar a lo que existe en el País Vasco y en Navarra,
la Generalitat de Cataluña recaudaría todos los impuestos dentro de su territorio
y, posteriormente, le abonaría al Estado Central un cupo que reflejaría, supuestamente,
y este es uno de los matices que quiero introducir a continuación,
que reflejaría, supuestamente, el valor de los servicios que el Gobierno Central desempeña,
desarrolla en Cataluña.
Por ejemplo, si la Guardia Civil está en Cataluña y esos gastos los soporta el Estado Central,
la Generalitat de Cataluña luego tendrá que reintegrarle esos gastos que el Estado Central
ha desembolsado en Cataluña.
Además, y a diferencia de lo que sucede en el País Vasco y en Navarra,
también se ha pactado que ese cupo contenga una cuota de solidaridad.
Dinero extraído explícitamente del bolsillo de los ciudadanos de Cataluña
y que va dirigido no a costear gastos dentro de Cataluña,
sino a financiar gastos en otras autonomías distintas de Cataluña.
Sería, por tanto, una cuota explícita de redistribución interterritorial de la renta
desde los contribuyentes catalanes a los ciudadanos del resto de España.
Eso sí, esa cuota de solidaridad estará en todo caso limitada por el llamado principio de ordinalidad.
¿Qué es el principio de ordinalidad?
Pues que si ordenamos jerárquicamente a las comunidades autónomas según dos criterios,
el primer criterio, recaudación fiscal por habitante,
es decir, ordenar a las comunidades autónomas en función de cuánto recaudan por habitante,
Madrid recauda por habitante más que Baleares, Baleares recauda más por habitante más que Cataluña,
Cataluña recauda más por habitante que Andalucía, etc.
Y un segundo ranking que ordene a las autonomías en función de los recursos públicos por habitante,
el gasto público por habitante en Madrid es mayor que el gasto público por habitante en Cataluña
y el gasto público por habitante en Cataluña es mayor que el gasto público por habitante en Andalucía,
la posición jerárquica que ocupe Cataluña en ambos sea la misma.
Es decir, que si Cataluña es la tercera región de España donde más se recauda por habitante,
luego no sea la séptima región de España donde más se gasta por habitante.
Porque eso significa que se han transferido muchos recursos recaudados a los contribuyentes catalanes
hacia el resto de España, hasta el punto de que la capacidad de gasto por habitante dentro de Cataluña
se ha visto seriamente mermada.
Esto es, grosso modo, lo que han pactado el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña.
Y en la medida en que avanza de manera importante hacia una mayor descentralización fiscal,
se trata, en principio, de una buena noticia.
Y digo, en principio, porque hay dos matices muy importantes a tener presentes.
Primero, el mecanismo escogido para articular esta descentralización fiscal,
el concierto económico con un cupo que reintegra al gobierno central
el valor de los servicios que presta en ese territorio, en este caso en Cataluña,
no es, desde mi punto de vista, el mejor método para descentralizar fiscalmente.
Porque puede terminar sucediendo lo que ha ocurrido en el País Vasco.
Es decir, que se politice el cálculo de ese cupo para rebajarlo artificialmente,
infravalorando el coste de los servicios que el gobierno central presta en el País Vasco,
de tal manera que, al final, terminan siendo los contribuyentes del resto de España
los que redistribuyen su renta hacia el País Vasco.
Si el gobierno central gasta 500 en el País Vasco y luego se estima que ha gastado 200,
entonces los contribuyentes del resto de España le están transfiriendo al País Vasco 300.
En eso el modelo suizo me parece superior.
No hay ningún concierto económico en ningún cantón,
sino lo que hay es un reparto de los tributos entre los distintos niveles administrativos
en función de las competencias que poseen.
Y como las competencias están muy descentralizadas, la fiscalidad también lo está.
Y el segundo matiz, o la segunda prevención,
es que este modelo de concierto económico con cupo fiscal
pueda extenderse a todas aquellas otras autonomías que así lo reclamen.
Si no es así, el concierto económico catalán será muy bueno para los catalanes,
pero será nefasto para los residentes de otras autonomías,
de manera muy clara y muy específica, los de Madrid.
Y es que en la actualidad el grueso de la redistribución de la renta entre comunidades autónomas,
entre los contribuyentes residentes en las distintas comunidades autónomas,
recae sobre los hombros de Madrid y de Cataluña.
Si se permite, como creo que debería permitirse,
que Cataluña, es decir, los contribuyentes catalanes,
salgan del régimen de financiación común,
pero se obliga a que Madrid, es decir, los contribuyentes madrileños,
permanezcan dentro de ese régimen de financiación común,
entonces a lo que iríamos abocados es a un saqueo tributario sin precedentes
sobre los contribuyentes madrileños.
Y repito, es totalmente legítimo y razonable
que los contribuyentes catalanes quieran salirse del régimen de financiación común
para no seguir siendo expoliados centralizadoramente en su propio perjuicio.
Lo que no es en absoluto legítimo y razonable
es que ese ente centralizador y expoliador, que es el gobierno de España,
impida que los contribuyentes madrileños hagan lo propio
para protegerse de la rapiña a la que ese gobierno central va a querer someterlos.
Por consiguiente, descentralización fiscal sí,
a ser posible no a la autonomía, sino a la provincia o incluso al municipio,
pero sin cupos que infravaloren el gasto que el gobierno central ejecuta
en cada uno de estos territorios a costa del dinero que ha arrebatado a los contribuyentes,
y también sin cárceles que conviertan a ciertos grupos de contribuyentes,
por ejemplo los residentes en Madrid,
en rehenes y en víctimas de un mayor expolio fiscal por parte del gobierno central.
Y por desgracia, me temo que ninguna de estas dos condiciones se va a terminar dando,
porque esta no es una descentralización fiscal que se esté llevando a cabo
por la convicción de las partes, en este caso PSOE y Esquerra,
en la superioridad de la descentralización fiscal frente a la centralización fiscal.
Lo único que quiere Esquerra es más dinero para la Generalitat Catalana
y lo único que quiere el PSOE es gobernar España y gobernar Cataluña.
Pero estos mismos partidos, cuando han de defender la centralización fiscal,
la defienden entusiasmados. Por ejemplo, el PSOE es partidario de la
armonización fiscal internacional, verbigracia en el caso del impuesto sobre sociedades.
Y Esquerra Republicana de Cataluña también es partidaria de la armonización fiscal dentro de España,
de impedirle a la Comunidad Autónoma de Madrid que baje sus propios impuestos
compitiendo fiscalmente con otras autonomías.
Por tanto, esto es un acuerdo por conveniencia política y no por convicción política.
Y eso significa que si su conveniencia política es otra, en el caso del resto de España,
por ejemplo, machacar a los contribuyentes madrileños por no apoyar a Pedro Sánchez
o por competir fiscalmente con un gobierno tributariamente autónomo en Cataluña,
pero que quiere subir los impuestos,
Entonces, estas fuerzas políticas que ahora defienden la descentralización de Cataluña,
con absoluta legitimidad, repito, no tendrán ningún reparo en aunar voluntades
para machacar centralizadoramente a los contribuyentes madrileños.
Por eso, creo que hay que dar la batalla política e ideológica donde hay que darla.
No en contra de que se descentralice fiscalmente el Estado español.
Ojalá lo haga y no ya, como decía, a las autonomías, sino a las provincias o a los municipios.
La batalla ha de ser, primero, para que se descentralice fiscalmente no sólo Cataluña,
sino el resto de unidades administrativas del Estado español.
Y, en segundo lugar, para que si esa descentralización se produce a través de un sistema de cupos,
que no es lo más adecuado,
que el cálculo del cupo refleje fielmente, o tan fielmente como sea posible,
el monto de los desembolsos efectuados por el gobierno central
en cada una de las unidades administrativas fiscalmente descentralizadas.
Por desgracia, imagino que la oposición de PP y Vox no dará la batalla por una descentralización fiscal
bien hecha, sino más bien por la centralización fiscal.
Y el PSOE, por tanto, disfrutará de terreno libre para descentralizar de manera asimétrica
y con privilegios hacia aquellos grupos políticos, en este caso Esquerra o Junts,
que le aseguren la gobernabilidad.
Al final, la desorientación ideológica de la oposición y el maquiavelismo político del partido gobernante
llevarán a que el resto de contribuyentes españoles, a excepción de vascos, navarros y catalanes,
terminen pagando los platos rotos.