Finalmente, la Audiencia Nacional ha decidido esculpar a los antiguos gestores de Banquia
por la salida fraudulenta a bolsa, por la oferta fraudulenta de suscripción de acciones
que realizó la entidad en el año 2011. De acuerdo con el relato con el imaginario popular,
estos gestores habían sacado a la venta una entidad financiera que en el momento de sacarla
a la venta, en el momento de ofrecérsela al público ya estaba quebrada, ya tenía
un agujero financiero gigantesco y, por tanto, una entidad financiera que sabían que estaba
abocada a deglutir, a devorar los ahorros de aquellos incautos, inversores, en general
pequeños inversores que decidieran apostar por Banquia, que decidieran sumarse a la
oferta pública de suscripción de acciones. En realidad, este relato popular no es del
todo exacto. No es que Banquia en el año 2011 estuviera quebrada de por sí. Banquia
en el año 2012 tenía una enorme cantidad de activos defectuosos en balance, en general
activos vinculados con el sector inmobiliario y más en particular con la promoción de
viviendas y, por tanto, el futuro de Banquia era tremendamente incierto. Si España a partir
del año 2011 la economía española se recuperaba de manera muy intensa, con mucha fortaleza
y el mercado inmobiliario volvía a remontar si volvían a subir los precios de la vivienda,
si se volvían a vender casas inmuebles y, por tanto, promociones que estaban abandonadas
tenían sentido reanudarlas para volver a vender esas casas y, por tanto, para que Banquia,
que tenía promociones adjudicadas, las pudiese colocar a buenos precios, entonces la entidad
financiera no tenía por qué estar necesariamente quebrada, no tenía por qué ser necesariamente
insolvente. En cambio, si España a partir del año 2011 seguía profundizando en la
depresión, si el desempleo seguía aumentando, si la compraventa de viviendas seguía hundiéndose,
si los precios de la vivienda seguían colapsados, si las promociones que habían sido abandonadas
no tenían ningún sentido colocarlas, terminarlas y colocarlas en el mercado, entonces Banquia
sí estaba necesariamente quebrada. ¿Qué iba a pasar a partir del año 2011? Cuando Banquia
salió a bolsa, cuando Banquia realizó la oferta pública de suscripción, bueno, eso
no lo sabía nadie, España podía recuperarse, España podía hundirse y, por tanto, que
Banquia estuviese o no quebrada era una cuestión cuando menos opinable de la que podían, por
tanto, opinar los inversores, un inversor que hubiese entrado en Banquia en el año 2011,
sabiendo que había un riesgo importante de que la entidad quebrara, pero también había
una cierta posibilidad de que la entidad reflotara y, por tanto, de que proporcionara muy notables
plusvalías a aquellos que hubiesen decidido apostar en esa coyuntura incierta por el futuro
de la entidad, pues habría tomado una decisión que, a lo mejor, otros inversores habrían
criticado, pero que, desde el punto de vista de la inversión, podría haber tenido sentido
a sumos riesgos a cambio de rentabilidades potenciales. Por tanto, el problema no era
que Banquia sí o sí estuviera quebrada y que la oferta pública de suscripción de
acciones sí o sí fuera trasladarles a los ahorradores un agujero gigantesco que devorara
su capital. De hecho, este es, en cierta medida, el argumento que utiliza la audiencia nacional
para esculpar a los antiguos gestores de Banquia. Lo que nos dice es que el folleto de emisión
de acciones y, en general, la operación de salida a Bolsa de Banquia había estado suficientemente
supervisada y controlada por los organismos reguladores como el Banco de España o como
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y, por tanto, si estos organismos habían
dado el visto bueno a las condiciones de oferta de los títulos financieros de Banquia en la
Bolsa, entonces no cabe imputar a los gestores de la entidad ningún comportamiento o deshonesto
o fraudulento porque, insisto, contaban con el aval de las autoridades públicas se encargadas
justamente de supervisar ese proceso. Y lo que dice la audiencia nacional es que cualquier
inversor que se hubiese leído el folleto de emisión podría haber obtenido suficiente
información, información suficientemente amplia y suficientemente certera como para
conformarse una imagen fidedigna de cuál era la situación real de Banquia en el momento
de su salida a Bolsa y, por tanto, también para poder evaluar los riesgos reales que
estaban implicados en esa operación. Por consiguiente, si los gestores actuaron con
transparencia y bajo la supervisión de los organismos públicos, si recaía en los inversores
la obligación, el deber, la diligencia de vida de tener que leerse y estudiarse el folleto
de emisión para poder evaluar los riesgos, entonces la salida a Bolsa de Banquia fue
absolutamente limpia y no cabe imputar ningún tipo de responsabilidad a la cúpula gestora
de Banquia. Esta es, en resumen, la tesis esencial de la audiencia nacional para disculpar
a la cúpula gestora, al equipo directivo, que pilotó la salida a Bolsa de Banquia.
Sin embargo, creo que en este juicio la audiencia nacional está desentendiéndose y no está
teniendo en cuenta el contexto histórico e institucional en el que se desarrollaron
toda esta serie de actuaciones, porque no olvidemos que la salida a Bolsa de Banquia
fue, ante todo, un proceso político, fue, ante todo, una decisión política para intentar
salvar el sistema financiero español. El sistema financiero español, en su conjunto
y de manera muy específicamente notable Banquia, estaba, en el año 2011, al borde de la insolvencia.
No estaba condenado necesariamente a la quiebra, porque efectivamente, como hemos dicho antes,
si España se hubiese recuperado con fortaleza a partir de ese momento, se podría haber
saneado la situación, pero sí estaba en un riesgo muy considerable de caer en insolvencia.
Nuestros políticos, tanto el PSOE, que en aquel momento ocupaba la presidencia del
gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero, como la oposición de Madrid o Rajoy, eran
muy conscientes de cuál era la situación real del sistema financiero, el PSOE, porque
controlaba el gobierno y todos los organismos supervisores y, por tanto, tenía información
de primera mano sobre la situación real del sistema financiero y el PP, porque controlaba
Banquia, controlaba tanto Caja Madrid como Bancaja y, por tanto, sabían muy bien lo
que se cocía dentro de esta entidad financiera. En ese momento, lo que se pactó entre las
principales fuerzas políticas españolas fue tratar de salvar el sistema financiero
español y, por tanto, la economía del conjunto del país recapitalizando Banquia. ¿Y cómo
se podía recapitalizar Banquia? Evidentemente, hay dos opciones, una es el rescate público
y la otra es que los ahorradores privados metan dinero en Banquia. El rescate público,
en el año 2011, no era una opción, porque Banquia era un banco demasiado grande, no solo
para quebrar, sino también para ser rescatado. De hecho, en el año 2012, cuando hubo que
rescatar Banquia con fondos públicos, el Estado español tuvo que ser rescatado por
la Unión Europea. En solitario, el Estado español no tenía capacidad para rescatar
Banquia. Entonces, ¿cómo no se quería abrir la caja de los truenos de un rescate estatal
que abocaba también al descrédito y, quizá, a la bancarrota del propio Estado, lo que se
intentó fue persuadir, en realidad, engañar a los ciudadanos para que sus ahorros o parte
de sus ahorros fueran inyectados en forma de capital, en forma de fondos propios a la
entidad. Y es así como se gestó la salida a Bolsa de Banquia. El propio Rodrigo Rato,
en la Audiencia Nacional, reconoció que la salida a Bolsa de Banquia estuvo teledirigida
por el Gobierno socialista, por el Congreso de los Diputados, no solo por el Grupo Socialista,
sino también por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, y que contó con la complicidad
de los principales organismos supervisores, el Banco de España y la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, para, en cierto modo, hacer la vista gorda, o incluso, en algunos
casos, apoyar activamente la salida a Bolsa de esta entidad. Recordemos que, en aquellas
fechas, la publicidad institucional, que además contó con la anuencia de las administraciones
públicas, era una oportunidad histórica, que estábamos ante una oportunidad histórica,
que dos cajas de ahorros tan importantes en nuestro país, como era Bancaja y Caja Madrid,
que hubiesen fusionado en un banco y que pudiésemos adquirir acciones de ese banco. La campaña
nos instaba a todos a ser banqueros, a comprar acciones de Banquia, porque eran, realmente,
se nos decía, un absoluto chollo. Ese es el contexto histórico en el que se gesta la
operación, que, insisto, es una operación más política que económica, más de salvamento
nacional que de lógica empresarial subyacente. Y el contexto institucional es que en nuestras
sociedades, no solo en España, sino también en prácticamente todos los países desarrollados,
se parte de una idea, a mi juicio bastante equivocada o al menos incompleta, pero se
parte de una idea, y es que los pequeños inversores son estúpidos, no tienen conocimientos financieros
suficientes, como para decidir en qué activos desean invertir o no invertir, y que justamente
porque los pequeños inversores están desvalidos, hay que protegerlos desde el Estado con organismos
reguladores y supervisores, para que las malvadas empresas privadas no estafen a esos pequeños
ahorradores vendiéndoles gato por liebre. Con lo cual, partiendo de esta premisa, las
administraciones públicas son las que se encargan de desarrollar tareas, que en su ausencia
debería desarrollar el propio inversor pequeño o grande, es decir, los inversores deberían
responsabilizarse por analizar las compañías en las que están invirtiendo, y si no son
capaces de analizarlas ellos mismos, que en muchos casos es obvio que no se tienen ni
los conocimientos, o aunque se tengan los conocimientos no se tienen el tiempo para analizarlas,
lo que tendrían que hacer los pequeños inversores, evidentemente es contratar a alguien que se
las analice, o directamente contratar a alguien que invierta en su lugar un fondo de inversión
de gestión activa, o incluso saltarnos ese paso e invertir diversificadamente en un determinado
índice bursátil, que no supone tomar una posición muy importante en ninguna empresa
concreta, donde obviamente si te pueden dar gato por liebre. Pero como digo, ese deber
que debería recaer sobre los inversores, hoy recae sobre los hombros de las administraciones
públicas, porque ellas mismas dicen que no se puede responsabilizar hasta ese nivel
al inversor, y por tanto son las administraciones públicas las que controlan, las que tutelan,
las que pueden llegar a denegar emisiones de compañías que no están trasladando suficiente
información con suficiente claridad a los inversores. Y claro, este modelo parece un
modelo muy protector, muy paternalista, el estado nos protege frente a laboracidad del
mercado, pero uno también se tiene que plantear. Bien, puede que haya un fallo de mercado,
admitámoslo a efectos dialécticos, puede que haya un fallo de mercado, y es que mucha
gente no es consciente de los riesgos que está asumiendo cuando invierte, y por eso
el estado interviene para proteger a la gente de las consecuencias de sus decisiones ignorantes,
de las consecuencias de sus decisiones imprudentes. Pero planteémonos, dentro de ese esquema de
intervencionismo estatal para corregir un fallo de mercado, ¿qué sucede cuando los
organismos públicos supuestamente encargados de velar por nuestra seguridad inversora de
protegernos frente a nuestra propia ignorancia se coaligan para engañarnos, se coaligan
para mentirnos, se coaligan para trasladarnos información inexacta o incompleta de tal manera
que nosotros hagamos lo que ellos quieren que hagamos? Pues en ese caso lo que sucederá
es que el fallo del estado, la corrupción institucional dirigida a engañar, no a proteger
sino a engañar a los pequeños inversores, se da muchísimo peor que simplemente dejar
a esos pequeños inversores que decidan por su cuenta siendo conscientes de que no tienen
toda la información y de que por tanto si no buscan asesoría externa probablemente
se equivoquen. Si la sociedad confía por desgracia ciegamente en los dictámenes políticos
en la protección inversora que nos ofrezca el sector público cuando ese sector público
deliberadamente nos quiere engañar la gente caerá en masa en su trampa porque como en
general creerán que el estado es confiable cuando el estado abuse de esa confianza ya
será demasiado tarde como para darse cuenta. Y en el caso de Banquia lo que sucedió fue
exactamente esto, el estado no trasladó a los inversores el riesgo real que estaban
corriendo, el riesgo real al que se sometían por el hecho de comprar las acciones de un
banco que si bien no estaba necesariamente quebrado sí estaba muy probablemente quebrado. La
inmensa mayoría de pequeños inversores que compraron acciones de Banquia no eran en
absoluto conscientes del riesgo real que estaban asumiendo y no lo eran en gran medida porque
confiaban en la supervisión que estaba realizando un estado que era el primero que buscaba engañar
a esos inversores para que compraran acciones de Banquia a ver si inyectando varios miles
de millones en el capital de la entidad Banquia conseguía sobrevivir unos meses más incluso
un año más sin quebrar y a ver si al finalizar este periodo la recuperación económica ya
había comenzado y por tanto el balance de Banquia se saneaba él solo sin necesidad de
una recapitalización estatal que el propio estado español no podía permitirse porque
resultaba demasiado grabosa para sus finanzas. Por tanto, puede que sea cierto que la responsabilidad
principal de la salida fraudulenta a bolsa de Banquia no corresponda a sus gestores, puede
que sea cierto que los gestores hayan sido los cabezas de turco de una operación que
era una operación fraudulenta que era un fraude a mucha mayor escala, fue un fraude
institucional, fue un fraude nacional, fue un fraude del conjunto del estado español
para conseguir rapiñar parte del ahorro privado de los ciudadanos e inyectarlo con la connivencia
de sus ciudadanos engañados en el capital de Banquia para así tratar de reflotar la
entidad, para así tratar de conseguir que la entidad sobreviviera unos meses más con
la esperanza de que al terminar esos meses la recuperación llegaría y Banquia se sanearía
sin necesidad de rescates. Ese fue el gran fraude que se cometió teledirigir políticamente
la salida a bolsa de Banquia con el propósito de engañar amasas de ahorradores ingenus
que confiaban en la supervisión, que confiaban en la protección paternalista del sector
público para robarles los ahorros de toda una vida intentando que el agujero que había
sido generado por los políticos españoles dirigiendo las cajas de ahorros y muy bien
particular dirigiendo Bancaja y dirigiendo Caja Madrid se enmascarara hasta que la recuperación
llegara de tal manera que no tuviesen que rescatar Banquia a costa de los contribuyentes revelándonos
a todos el desastre de gestión que habían realizado durante años. Cuando la audiencia
nacional exculpa a los gestores de Banquia bajo el argumento de que todo lo que hicieron
contó con la supervisión y con el aval de los organismos públicos lo que en realidad
debería estar haciendo es extender la culpabilidad al conjunto de los organismos públicos que
de manera deliberada engañaron a los ahorradores españoles para salvar el destrozo que cometió
la clase política española gestionando las cajas de ahorros.