¿Cuánto vale un voto en España? Alrededor de 100 euros. ¿Y cuáles son las implicaciones de que el
precio de un voto sea tan bajo? ¡Veámoslo! ¿Cuánto vale un voto en España? A raíz de la
información que hemos ido conociendo sobre la compra del voto por correo en varias localidades
españolas, como Melilla o Mojácar, parece que el precio que se está pagando, en términos promedio,
por un voto en España oscila entre los 80 y los 100 euros con picos de hasta 200. O dicho de otra
manera, muchos votantes en España valoran su voto en alrededor de 100 euros. Están dispuestos
a desprenderse de él a cambio de 100 euros o incluso 80 euros. Y hay que tener en cuenta,
además, que este precio incluye la compensación por las molestias de iniciar todos los trámites
del voto por correo. Es decir, de ir presencialmente a las oficinas de correo y solicitar la
documentación y de estar presencialmente en el momento en el que el cartero te tiene que
entregar personalmente la documentación. Por tanto, a la hora de la verdad, es probable que
el valor específico del voto, quitando esta compensación por los trámites y las molestias,
sea para muchos ciudadanos inferior a 100 euros. Y creo que este dato, que el voto para muchos
españoles vale 100 euros o incluso menos, nos permite efectuar tres reflexiones muy pertinentes.
Primera reflexión, ¿por qué el valor subjetivo que atribuyen muchos votantes a su voto es tan
bajo 100 euros o menos de 100 euros? Pues la razón es bastante sencilla, y es que el valor
objetivo que tiene un único voto también es bajísimo. Un solo voto, que es aquello de lo
que dispone cada persona, no vale absolutamente para nada. La probabilidad de que un voto determine
la configuración, el reparto del poder político en un estado democrático moderno, es básicamente
nula. Repito, estoy hablando de un único voto, que es aquello sobre lo que cada persona puede
disponer y vender. Un único voto no va a decidir las elecciones ni hacia un lado ni hacia otro. Por
tanto, insisto, la influencia marginal que tiene un votante sobre las elecciones es prácticamente
nula. De ahí que si el valor objetivo que tiene ese único voto es tan bajo, un votante decida a
venderlo por tan poco. ¿No se trata de que los votantes no estén evaluando correctamente lo
que vale en realidad un voto y lo estén mal vendiendo? No, al contrario. Los votantes,
la mayoría de votantes que están dispuestos a vender su voto por tan poco, entienden que ese
voto objetivamente no vale nada. O dicho de otra manera, el bajo precio de cada voto no es consecuencia
de una percepción incorrecta de la realidad, sino de una percepción correctísima. Y de hecho,
si los compradores de votos solo pudieran comprar un único voto, muy probablemente tampoco estarían
dispuestos a pagar prácticamente nada por él, porque, repito, el valor objetivo de un voto,
de un voto en aislado, tiende a cero. Ahora bien, y en segundo lugar, que un voto en aislado tenga
un valor que converge a cero no significa que muchos votos tengan un valor que converja a cero.
Cuando uno es capaz de comprar no solo un voto, sino muchos votos, existe un efecto red que
progresivamente va dotando de mayor valor a cada uno de los votos que estás adquiriendo. Porque
cuantos más votos poseas, más incrementas la probabilidad de ser tú quien determina la
configuración del poder político en una determinada sociedad democrática. Y claro,
en nuestras sociedades democráticas hiperestatalizadas, donde se otorga una
carta blanca al Estado para que haga prácticamente lo que sea dentro de nuestras vidas, es decir,
donde se reconoce una soberanía casi absoluta al poder político, ni siquiera efectos prácticos
limitada por la Constitución, dado que la propia Constitución puede ser reformada a través del
voto. En estas sociedades hiperestatalizadas, de donde le atribuimos al Estado un poder casi
absoluto, ser capaz de determinar la dirección de ese poder casi absoluto tiene un valor elevadísimo,
por ejemplo, y solo en términos presupuestarios. El conjunto de Administraciones Públicas
Españolas maneja cada año más de medio billón de euros, más de 500.000 millones de euros. Por
tanto, si eres capaz de controlar el poder político del Estado español, eres capaz,
a su vez, de controlar la distribución de más de 500.000 millones de euros. Por no hablar de que,
claro, también puedes aprobar normativas que te permitan orientar las dinámicas sociales en tu
favor. Por ejemplo, repartiendo premios, privilegios a tus amigos y repartiendo sanciones,
castigos a tus enemigos. Y tener el poder de controlar todo esto, claro, es muy valioso. Y
en este sentido puede llegar a resultar sorprendente cuán barato sería en una sociedad democrática
comprar todo este gigantesco poder político. Por ejemplo, en las elecciones generales del año
2019 en España, el censo electoral estaba compuesto por 24,5 millones de votantes. Por
tanto, se necesitarían 12,25 millones de votantes para alcanzar la mayoría absoluta. En realidad,
menos porque no todo el mundo va a votar, pero imaginemos que va a votar el 100%. Bueno,
pues con 12,25 millones de votos tienes asegurada la mayoría absoluta. Si cada votante estuviera
dispuesto a vender su voto por un promedio de 100 euros, estaríamos diciendo que aproximadamente
con 1.300 millones de euros puedes comprar la mayoría absoluta dentro del régimen democrático
español y tener acceso directo a un presupuesto de varios centenares de miles de millones de euros.
Aparte, claro, de tener acceso al BOE, que es tan o más importante que lo anterior. Por supuesto,
si hubiese varias organizaciones políticas compitiendo por comprar los votos, el precio
de cada voto superaría en mucho los 100 euros, dado que el valor agregado de 12,25 millones de
votos es muy superior a 1.300, 1.200 millones de euros. El valor agregado de todos esos votos
supera claramente los 100 mil, los 200 mil o los 300 mil millones de euros. Por tanto,
el precio por voto se elevaría. Pero si no se produce esa competencia por comprar votos,
porque la compra de votos es ilegal y, por tanto, no se pueden plantear ofertas competitivas formales,
si no se produce esa competencia por la compra de votos, un único comprador que opere en la
ilegalidad podría llegar a comprar, entre comillas, la democracia española por 1.200,
1.300 millones de euros. Esa es la cantidad de dinero, por ejemplo, con la que una potencia
extranjera podría llegar a desestabilizar, si no hasta sus cimientos, si generando bastante daño,
podría llegar a desestabilizar las instituciones democráticas españolas. Pero, por último y en
tercer lugar, aunque en muchas ocasiones ponemos el foco en la capacidad de desestabilización
política o de control político que puede llegar a tener una potencia extranjera que esté dispuesta
a invertir 1.000 millones, 2.000 millones de euros en manejar el sistema político español,
no perdamos de vista que esa desestabilización o ese control también puede proceder de agentes
políticos internos. Si muchos españoles están dispuestos a vender explícitamente su voto por
100 euros o por menos de 100 euros, entonces cabe pensar que también estarán dispuestos a venderlo
indirectamente por cantidades iguales o superiores a las anteriores. Y aquí encaja perfectamente la
lógica de todas las redes clientelares que a lo largo de las últimas décadas han ido montando
los partidos políticos españoles. Si me votas te daré un empleo público, si me votas te daré un
bono cultural de 400 euros, si me votas te pagaré las entradas al cine todos los martes, si me votas
te subiré la pensión conforme al IPC, si me votas… etcétera, etcétera, etcétera. Reparto de
dinero público para comprar el voto a costa del contribuyente. Lo hemos explicado, lo hemos
ejemplificado en numerosísimas ocasiones. Todos tenemos muchos casos, muchos de ellos muy recientes,
en la cabeza. Y en esas ocasiones hemos calificado estas ofertas electorales como compra de votos,
y algunos, cuando lo calificábamos como compra de votos, se llevaban las manos a la cabeza. ¿Cómo
vas a equiparar una promesa electoral? ¿O cómo vas a equiparar una transferencia estatal de
dinero que responde supuestamente a otras causas con la compra de votos? Pues obviamente equiparándola.
Si los españoles en términos generales están dispuestos a vender su voto por 100 euros,
¿cómo no van a estar dispuestos a vender su lealtad política por 400, 1000 euros o incluso
un empleo garantizado de por vida? El voto se vende muy barato y los políticos disponen de
mucho dinero, extraído coactivamente al contribuyente, para comprarlo. Por tanto,
es lógico que los políticos se deshagan en promesas clientelizadoras para comprar muchos
votos y así asentarse en el poder, porque estar en el poder político te confiere un control
gigantesco sobre la sociedad y, por tanto, tiene un valor tremendamente superior al dinero que
estás invirtiendo para comprar directa o indirectamente todos esos votos. Hay compras
de votos que están ilegalizadas, las que estamos conociendo estos días en Melilla o Mojácar,
pero hay otras compras de votos que no sólo están legalizadas, sino incluso moralizadas
por buena parte de la población española. Y esta compraventa electoralista de votos,
con el objetivo de establecer redes clientelares que apuntalen a ciertos partidos y a ciertos
personajes en el poder, también es un fenómeno consustancial a la democracia. La democracia no
es la voluntad del pueblo hecha carne. La democracia es un sistema de organización del
poder político y ese poder político siempre es susceptible de abuso y de corrupción. De ahí que
lo que deberíamos buscar es limitar los ámbitos de ese poder político. Es decir, no sólo que
cada voto individualmente considerado no valga mucho, sino que el conjunto de votos en agregado
tampoco tengan mucho valor. Y para que el conjunto de votos en agregado tampoco tenga
mucho valor, el poder político, el Estado, no ha de tener demasiado poder. Si el Estado no está
capacitado a hacer prácticamente nada, entonces comprar ese poder político tampoco resultará
demasiado útil. Y si no resulta demasiado útil controlar ese contingentado poder político,
tampoco habrá muchas personas sin escrúpulos obsesionadas con capturar ese poder político,
ni aún cuando lo capturen tendrán mucho margen de maniobra para hacer de las suyas.
El problema ahora mismo es que con la ficción de que la democracia determina algo así como la
voluntad general, estamos dejando en manos de personas sin escrúpulos, de personas que están
dispuestas a todo y, por supuesto, a establecer redes clientelares para apuntalarse en el poder,
estamos dejando en manos de esas personas un poder extraordinario, un poder extraordinario
que no toleraríamos que ningún dictador tuviera, porque seríamos conscientes de que ese poder
extraordinario en manos de un dictador sería muy peligroso para nuestras libertades y para
nuestro bienestar. Pero no somos conscientes de que ese mismo peligro, o un peligro parecido,
existe si un gobernante democrático, no digamos ya si además se ha encargado de comprar el voto a
través de redes clientelares, si un gobernante democrático posee ese mismo poder. A ver si
siendo conscientes del bajo precio por el que muchas personas están dispuestas a vender su
voto, somos también conscientes de lo peligrosa que puede llegar a ser una democracia omnipotente.