Vamos a resumir el enfoque radicalmente distinto de la política económica del gobierno de
Milley y de la política económica del gobierno de Sánchez en un caso muy sencillo y muy
curioso, el del sector de las bicicletas. Veámoslo.
Hay días en los que las casualidades te ayudan a mostrar el radicalmente opuesto enfoque
de política económica que pueden adoptar dos gobiernos. Y es que esta mañana el presidente
del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, anunciaba que pensaba subsidiar con 40 millones de euros
el uso de la bicicleta en España. Escuchémoslo.
Que vamos a incorporar la bicicleta en las ayudas al transporte público. Y vamos a destinar nada
más y nada menos que 20 millones de euros a extender los sistemas de bicis públicas
que ya están en marcha en distintas ciudades. En concreto, vamos a dedicar 10 millones de
euros a abaratar las tarifas de los sistemas ya existentes, como Bici Madrid en Madrid o
Bicing en Barcelona. Y los otros 10 millones de euros a llevar esta alternativa a otras ciudades
del país que aún no cuenten con ella. Por tanto, vamos a hacer una apuesta decidida
también por el uso de la bici en los centros y en las ciudades. Y además vamos a subvencionar
con otros 20 millones de euros adicionales la compra de bicicletas de pedaleo asistido
para la movilidad cotidiana. En un programa del que podrán beneficiarse tanto los particulares
como también las empresas ciclologísticas de reparto de mercancías en el ambiente urbano.
Es decir, que el enfoque es bastante claro. El gobierno de España quiere promover el uso
de las bicicletas dentro de nuestro país y para promover el uso de nuestras bicicletas
dentro del país, subsidia el uso y la adquisición de bicicletas. Es decir, le quita dinero del
bolsillo a unos contribuyentes para dárselo a otros con el objetivo de que se comporten
del modo en el que el gobierno quiere que se comporten. Dejando de lado consideraciones
morales, que también son pertinentes, este enfoque de política económica es problemático
por dos razones. La primera razón, por problemas de información. Realmente nuestros gobernantes
están bien informados, suficientemente informados, eficientemente informados, como para saber si la
coordinación económica dentro de una sociedad se perfecciona, subsidiando el uso y el consumo
de bicicletas a costa, por tanto, de grabar otras actividades económicas. O podría ser que no cuenten
con toda la información necesaria para tomar esa decisión y que, por tanto, al subsidiar el uso y la
adquisición de bicicletas estén distorsionando los términos de coordinación mutuamente beneficiosa
dentro de una sociedad. No podría darse el caso de que estuvieran dilapidando esos recursos públicos
en unos fines que son menos generadores de valor que otros fines alternativos en los que se podrían
haber invertido esos recursos públicos. ¿Cómo sabe Pedro Sánchez que el mejor uso que puede hacer
para los españoles de esos 40 millones de euros es subsidiar el uso y la compra de bicicleta? Y la
segunda razón por la que este enfoque es problemático es por un problema de incentivos. Aun cuando supiéramos
con absoluta certeza que el mejor uso que se les puede dar a esos 40 millones de euros es fomentar
el uso de la bicicleta dentro de nuestro país, ¿de verdad nuestro gobierno estará incentivado a utilizar
esos 40 millones de euros de la mejor manera posible para alcanzar ese fin? ¿O puede que haya una cierta
desviación de ese dinero público para, por ejemplo, comprar voluntades políticas? ¿O para comprar
voluntades empresariales? ¿O para recompensar a empresarios amigos dentro del sector de las
bicicletas? El político, desde luego, está tentado a hacer ese uso del dinero que maneja porque se lo ha
arrebatado coactivamente a los contribuyentes y que administra en su interés, siendo su interés
perpetuarse en el poder. Y si cualquiera de las anteriores prácticas facilita la perpetuación en
el poder del político, pues entonces ese político tenderá a desviar el uso del dinero público para
priorizar la consecución de los fines anteriores. Por eso ya digo que un político nos quite el dinero
del bolsillo y decida caprichosamente cómo gastarlo dentro de nuestra sociedad, se enfrenta ya no sólo a
un problema moral. Deje usted de robar y permita que la gente se quede con lo que es suyo, sino además
a problemas de información. El mejor uso que puede hacer ese político es exactamente ese y a un problema
de incentivos. Aunque sepamos que el mejor uso es ese, el político no va a intentar instrumentalizar
ese dinero público en su propio provecho. Pero, como decía, en ocasiones las casualidades del destino
también nos ayudan a ver que otros enfoques mucho menos problemáticos y más morales de política
económica son posibles. Y es que hoy mismo, mientras Sánchez estaba efectuando ese anuncio para España,
el Ministerio de Economía argentino ha comunicado lo siguiente. El Gobierno Nacional de la Argentina
reduce la burocracia para alentar la baja del precio de las bicicletas. En Argentina los precios
son más altos que en el resto del mundo debido a trabas a la importación y al libre comercio. Es el
segundo país más caro para comprar bicicletas y el cuarto con menos importaciones de la región.
La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía derogará en los próximos días los
reglamentos técnicos de bicicletas y de cámaras y cubiertas de bicicletas. La medida apunta a
facilitar la comercialización de estos productos y a bajar los precios. Las bicicletas en Argentina
son las segundas más caras en una comparativa con nueve países con PBI per cápita medio-alto.
Hasta ahora, para importar bicicletas, las empresas debían enviar al exterior a un certificador autorizado
a la planta de origen una vez al año. También debían importar una muestra para ensayar en un
laboratorio argentino, lo que implicaba altos costos y demoras innecesarias. Los fabricantes
locales también debían ensayar en planta y el producto. Estas trabas burocráticas funcionaban
como barreras a la libre competencia y produjeron que las bicicletas sean más costosas en Argentina
que en el mercado internacional. En una comparativa con nueve países, Inglaterra, España, México,
Uruguay, Estados Unidos, Francia, Brasil y Chile, Argentina es el segundo país con bicicletas más
caras. Por ejemplo, el modelo mountain bike rodado 29 cuesta en Argentina 549.000 pesos,
mientras que en Francia 261.000 pesos y en los Estados Unidos 244.000. Son precios, por cierto,
sin impuestos al consumo, es decir, sin IVA. ¿Y sabéis cuál es el país en esta comparativa
que efectúa el Ministerio de Economía argentino? Habría que ver que los cálculos estén bien hechos.
Pero en esta comparativa que efectúa el Ministerio de Economía argentino, ¿sabéis qué país? Es el que
tienen las bicicletas más caras, incluso por encima de la Argentina. Pues vaya por dónde, España. Por
tanto, fijaos en el muy distinto y más inteligente enfoque que está siguiendo el Ministerio de Economía
argentino. Primero, el Ministerio de Economía argentino no escoge arbitrariamente aquellos
productos cuyo consumo o cuyo uso quiere promover. Lo que hace el Ministerio de Economía argentino es
supervisar internacionalmente qué mercancías son relativamente más caras en la Argentina que en
otros países de su entorno y plantearse cuál es el motivo por el cual las bicicletas son mucho más
caras en Argentina que en otras partes de la región. Y una vez detecta que la causa del sobreprecio de
las bicicletas en Argentina, que en consecuencia está frenando el uso y el consumo de bicicletas en
Argentina, son las sobreregulaciones. Y los aranceles a la importación de bicicletas dentro
del país dice, pues vamos a eliminar esa sobrecarga regulatoria y vamos a eliminar esos aranceles para
que las bicicletas se abaraten y, por tanto, para que la demanda de aquellos que quieren consumir
bicicletas a ese menor precio aumente. Con esta medida, además, no se favorece específicamente a nadie.
Todo el mundo que quiera producir bicicletas en la Argentina se va a enfrentar a un mismo marco
regulatorio que le va a permitir producir bicicletas mucho más baratas en un régimen de competencia
frente a otros que producen bicicletas. Por supuesto, este caso es totalmente anecdótico,
pero sí ilustra, como decía al principio, dos enfoques muy distintos de política económica.
El primer enfoque, el del gobierno de la Argentina, consiste en derregular y en bajar impuestos para
establecer un marco institucional dentro del cual los individuos puedan escoger en libertad. Y el
segundo enfoque, el del gobierno de España, consiste en sobreregularlo todo y en imponer tributos a
aquellas actividades que el gobierno quiere desalentar y en establecer subsidios a aquellas
actividades que el gobierno quiere promover. Con independencia de si las actividades que el
gobierno desalienta son netamente perjudiciales o con independencia, si el coste de fomentar las
actividades que el gobierno quiere fomentar supera los beneficios netos de estar fomentándolo. En el
caso del marco institucional que está estableciendo el gobierno de España, el individuo no elige en
libertad. El individuo es tutelado por el gobierno. El gobierno escoge en su lugar. Y, por tanto, cuanto más
se reproduzcan en otros ámbitos dentro de cada una de estas dos economías, estos dos enfoques
completamente opuestos de política económica, a largo plazo, desde luego, más próspera y más libre
irá siendo la Argentina y más restrictiva, más limitativa de nuestras libertades y más distorsionadora
de la actividad económica irá siendo España.