A partir del año 2009 el sistema financiero español y muy en particular el sistema de
cajas de ahorro fue objeto de un mil millonario rescate estatal que obviamente terminaron
pagando en última instancia a los contribuyentes.
Justamente porque hubo dinero público implicado en este reflotamiento del sistema de cajas
de ahorro español, el Banco de España cada año actualiza sus estimaciones de cuál
ha sido hasta el momento el coste neto que para los contribuyentes ha supuesto ese salvataje
estatal.
Y justamente acaba de publicar sus estimaciones actualizadas hasta este año, hasta el año
2019.
Así pues, ¿cuánto dinero recibieron en términos netos el conjunto de cajas de ahorro
españolas?
Bueno, empecemos por las cifras brutas.
El año 2009 y la actualidad el sistema financiero español más en concreto, insisto, el sistema
de cajas de ahorro recibió 78.500 millones de euros.
En particular, Banquia y Banco Marenostrum, actualmente fusionados, recibieron 24.100 millones
de euros.
Cataluña Bank, antiguas cajas, 13.900 millones de euros.
La CAM, la caja de ahorros del Mediterráneo, 12.500 millones de euros.
Nova Caixa Galicia, 10.300 millones de euros.
Banco de Valencia, que era un banco pero propiedad de bancaja, es decir, de una caja integrada
en Banquia posteriormente, 6.100 millones de euros.
Caja Castilla a la Mancha, 4.200 millones de euros.
NIM, 2.900 millones de euros. CEIS, 1.600 millones de euros. Caja Sur, 1.200 millones de euros.
Banca Cívica, que también es un banco resultante de la fusión de varias cajas, 980 millones
de euros.
Caja Tres, 400 millones de euros.
Banco Gallego, un banco que a su vez era propiedad o el accionista mayoritario era Nova Caixa
Galicia, 250 millones de euros.
Y Liberbank también procedente de la fusión de cajas de ahorros, 125 millones de euros.
Por tanto, el conjunto de cajas de ahorros, e insisto en este dato, estamos hablando
fundamentalmente de cajas, aunque las ayudas las recibieran bancos, estos bancos o eran
el resultado de la fusión de cajas o eran bancos propiedad de cajas.
El conjunto de cajas de ahorro español recibieron 78.500 millones de euros.
Bien, esta suma no toda ella fue aportada por los contribuyentes.
Una parte importante, alrededor del 30%, es decir, 23.100 millones de euros, fue integrada
por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, que ha sido en esencia
un fondo que han ido dotando bancos, cajas y cooperativas de crédito para supuestamente
rescatar a los depositantes de estas entidades en caso de que sufrirán problemas, pero que
finalmente se utilizó para rescatar no solo a los depositantes, sino al conjunto de acreedores
de las cajas de ahorros.
En todo caso, estos 23.100 millones de euros fueron sumas que durante décadas aportaron
los bancos y las cajas con cargo a sus beneficios, y por tanto, no fueron sustraídos a los contribuyentes.
De esta manera, el coste bruto del rescate para los contribuyentes españoles no es de
78.500 millones de euros, sino de 78.500 millones de euros, menos la aportación efectuada
por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Créditos, 23.100 millones,
es decir, el coste bruto para el contribuyente fue de 55.400 millones de euros.
Pero de nuevo, estamos hablando de coste bruto, y por qué es importante remarcar que se trata
de coste bruto, porque una parte de ese dinero no mucha, pero una parte ha sido recuperada
a través de los procesos de privatización y adjudicación de las cajas de ahorros rescatadas.
En particular, hasta el momento ya se han recuperado 4.500 millones de euros, y de acuerdo
con el Banco de España podríamos llegar a recuperar otros 9.500 millones de euros si
se completa con éxito, y está por ver el proceso de privatización de banquia.
Por tanto, 4.500 más 9.500 millones de euros significaría que en total recuperaríamos
unos 14.000 millones de euros de los 55.400 millones que inyectarán los contribuyentes.
Y por tanto, el coste neto, este sí, coste final para los contribuyentes de reflutar,
de recapitalizar, de rescatar el sistema financiero español, el sistema de cajas de
ahorro español, ascendería a 41.400 millones de euros, o para ponerlo en una magnitud que
no sea más fácilmente comprensible, que no sea más cercana y más intuitiva, supondría
un coste medio por familia española de 2250 euros. 2250 euros no al año, no es que cada
año tengamos que pagar estas sumas, sino 2250 euros de una vez, pero, aunque sólo
sean 2250 euros de una vez, se trata de una cantidad de dinero muy importante, 2250 euros
de media por cada familia española, que han sido, les han sido arrebatados para reflutar
entidades de crédito quebradas, se trata de una suma muy importante, que debería
invitarnos a efectuar tres importantes reflexiones sobre el proceso de rescate, de recapitalización
de las cajas de ahorro españolas. En primer lugar, ¿no había otras alternativas al rescate
de las cajas de ahorro con dinero público, con dinero de los contribuyentes? Bueno, algunos
pensamos que sí, algunos, en su momento, rechazamos de frente el rescate de las cajas
con dinero del contribuyente y planteamos una alternativa, alternativa que no se aplicó
en su momento y que hoy es el modo de resolución preferente dentro de la legislación de la
Unión Europea. Si nos hubieran hecho más caso cuando lo propusimos y no hubiesen esperado
a que la Unión Europea convirtiera esta idea en la preferente para solventar, para resolver,
para solucionar problemas de solvencia en las entidades financieras, hoy tal vez a los
contribuyentes españoles no les hubiese salido tan sumamente cara la factura del refletamiento
de las cajas de ahorros. ¿Y en qué consistía esta alternativa? Por la alternativa consistía
en lo que se conoce como bail-in, es decir, un rescate de la entidad no a costa del contribuyente,
no buscando fondos fuera de la entidad financiera, sino a costa de los acreedores de las entidades
financieras quebradas. Una entidad financiera quiebra cuando el valor de su activo es inferior
al valor de su pasivo, es decir, cuando el valor de lo que tiene es inferior al valor
de lo que debe. ¿Cómo se puede aplicar el bail-in? Recortando las deudas de la entidad
hasta que vuelvan a ser iguales al valor de sus activos. Por tanto, si recortamos las
deudas de la entidad, lo que significa es que los acreedores de las entidades financieras
quebradas habrían recibido una menor cantidad de dinero del que se les adeudaba, pero recibían
esa menor cantidad de dinero del que se les adeudaba porque la entidad estaba quebrada.
La alternativa que se aplicó fue que los acreedores recibieran todo el dinero que
se les adeudaba como a costa de extraérselo al contribuyente. Pero esta solución no solo
es injusta porque están pagando justos los contribuyentes por pecadores, los acreedores
que financiaron las cajas de ahorros y que, por tanto, les proporcionaron el combustible
para que desarrollaran una actividad tremendamente imprudente, sino que, además, a largo plazo
es muy problemática y muy distorsionadora. Si siempre rescatamos a los acreedores de
las consecuencias de su propia imprudencia, de las consecuencias de su propia responsabilidad,
no van a tender a ser más prudentes y más responsables en el futuro. Se irán financiando
aventurismos de las cajas de ahorros con la expectativa de que seamos todos los demás
los que les paguemos la factura de esa irresponsabilidad. Por tanto, el bailing, el rescate de las
cajas a costa del acreedor, imponiendo quitas en la deuda del acreedor, habría sido mucho
más justo y mucho más eficiente a largo plazo que el bail out, es decir, el rescate a costa
de agentes externos a la entidad en esencia los contribuyentes. ¿Por qué nos hizo esto?
Bueno, es difícil de saber, pero una razón perfectamente puede ser que entre los acreedores,
entre los principales acreedores de las cajas de ahorros españolas, no sólo estaban ahorradores
e inversores españoles, sino también bancos franceses y alemanes. Y, por tanto, se utilizó
el patrimonio del contribuyente español para minimizar los quebrantos, para minimizar
las pérdidas de los bancos franceses y alemanes que habían financiado la burbuja inmobiliaria
española a través del sistema de cajas español. Habría sido muy preferible que esos bancos
franceses y alemanes se comieran con patatas las pérdidas derivadas de la burbuja financiera
que ellos sufragaron en lugar de protegerlos, en lugar de aislarlos, en lugar de eximirlos,
de asumir las pérdidas que ellos mismos contribuyeron a generar.
Una reflexión importante a raíz de este enorme coste del rescate público del sistema
de cajas español va a ser muy complicado que recuperemos estos 41.400 millones de euros
que ha costado el rescate a través del impuesto a la banca que plantea Podemos. Recordemos
que la formación de Pablo Iglesias estima que, con este impuesto a la banca, se podrían
recaudar entre 1.000 y 1.400 millones de euros al año. Por tanto, el tiempo que, con esta
recaudación, necesitaríamos para recuperar todas las pérdidas que se han producido en
el rescate de las entidades financieras españolas, ascendería a unos 25 o 30 años, siendo relativamente
optimistas. En realidad, de hecho, este número de años es todavía mayor del que se deriva
considerando una recaudación impositiva de entre 1.000 y 1.500 millones. Y es que, realmente,
este impuesto solo debería recaer sobre aquellas cajas de ahorro rescatadas o, si esas cajas
de ahorro hoy en día integran algún banco, han sido absorbidas por algún banco, sobre
la porción del negocio de ese banco atribuible a la caja de ahorro rescatada. Podemos proponer
implantar este impuesto a la banca sobre todos los bancos, hayan recibido ayudas públicas
o no, pero si se trata de un impuesto que se dirige a recuperar el dinero que los contribuyentes
inyectamos en las cajas y que no deberíamos haber inyectado, solo habría que cogarles
el impuesto no a la totalidad del sistema financiero, sino a aquellas entidades que,
específicamente, recibieron ayudas públicas, que, específicamente, recibieron dinero del
contribuyente. Pues bien, si restringiéramos el impuesto
sólo a aquellas entidades que, realmente, recibieron ayudas, que, realmente, fueron apoyadas
forzosamente por los contribuyentes, la recaudación previsible de este impuesto oscilaría entre
los 300 y los 400 millones de euros al año. Es decir, necesitaríamos un siglo para recuperar
el agujero que nos ha dejado el rescate de las cajas de ahorro españolas a los contribuyentes
a través del impuesto específico sobre las entidades rescatadas que plantea Podemos.
No estoy criticando, en sí mismo, el impuesto, sobre todo, si se establece sobre las entidades
que fueron objeto del rescate. Me parece una buena idea tratar de recuperar para los contribuyentes
el dinero que inyectaron en contra de su voluntad. Ahora bien, si vamos a tardar un siglo en
recuperar las ayudas del rescate a la banca, lo que no tiene mucho sentido es que, desde
Podemos, se nos venda que, con este impuesto con el que recuperaremos en un siglo las ayudas
del rescate, vamos a poder financiar una gran cantidad de gasto social. Estamos hablando
de 300 o 400 millones al año que no dan dentro de un presupuesto de más de 450.000 millones
de euros anuales, no dan prácticamente ni para pipas. Insisto, está bien querer recuperarlo,
está bien incluso pensar en mecanismos como un impuesto específico sobre las cajas rescatadas
que nos permitan reintegrar este dinero, lo que no está bien es vender este instrumento
como un reclamo electoral que permitirá repartir cantidades ingentes de dinero entre los ciudadanos
sin poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y de hecho, la tercera
reflexión que conviene efectuar también a raíz de otra de las propuestas de Podemos
es que, en esencia, más vale prevenir que curar. Recordemos que Podemos está defendiendo
no privatizar banquia y convertir banquia en un banco público administrado con criterios
políticos, es decir, administrado por políticos que financien aquellos proyectos personales
o empresariales que esa dirección política, ese gobierno, considere que son necesarios
para el buen desarrollo de la economía. ¿Por qué digo que es mejor prevenir que
curar? Pues porque no olvidemos que este agujero de 41.400 millones de euros, de 2.250 euros
de media por familia española, que nos ha legado el sistema de cajas de ahorro, es un
agujero que se debe en gran medida a que las entidades rescatadas eran entidades públicas
o pseudopúblicas, es decir, eran cajas de ahorros sin accionistas que las sometieran
a la disciplina del mercado, que estaban administradas por políticos locales o regionales y que
dirigían la actividad de esas cajas a perseguir una cierta obra social, financiar aquellas
personas a las que los bancos no querían financiar, o en condiciones más ventajosas
a las que los bancos querían financiarlas, o la obra social política de aquel partido
que estuviera administrando, que estuviera tutelando en un determinado momento esa caja
de ahorro, es decir, se extendía crédito en condiciones imprudentes a algunas familias
o en condiciones de quasi corrupción a los amigos de los políticos, a los propios partidos
políticos para financiar aquellos proyectos que la banca consideraba demasiado absurdo,
demasiado imprudente, demasiado anti-económico financiar. Este sistema de cajas de ahorro
públicas y politizadas es lo que nos ha terminado costando, insisto, 41.400 millones
de euros. ¿Qué sentido tiene ahora que podemos ser hija como paladín de la recuperación
de este dinero público que se inyectó en las cajas de ahorro, al tiempo que está
reivindicando regresar al modelo de cajas de ahorro que recurrentemente lo que hace
es generar pérdidas para el contribuyente? Porque las cajas de ahorro son un banco público
y politizado que, por tanto, no seguía según criterios de mercado y las pérdidas que se
generan por su actividad anti-económica integran el presupuesto del Estado, es decir, son pérdidas
que se terminan comiendo los contribuyentes. ¿Está bien querer recuperar el dinero público
inyectado en las cajas? No está nada bien querer revivir, querer establecer el sistema
de cajas de ahorro para que dentro de 10, 20 o 30 años nos vuelvan a generar un agujero
de 40.000 millones de euros antes incluso de haber recuperado el agujero presente con
el exiguo impuesto que recaudaría entre 300 o 400 millones de euros al año que plantea
Podemos. Por tanto, si alguna lección hemos de extraer de lo mucho que nos ha costado
a los contribuyentes reflotar el sistema de cajas de ahorro español es, primero, cuando
las entidades privadas quiebren no inyectemos dinero del contribuyente, traslademosles las
pérdidas a los acreedores. Segundo, no creemos entidades públicas manejadas por políticos
para atender a fines políticos. Las entidades financieras deben someterse a la disciplina
de mercado, es decir, financiar aquellos proyectos que son rentables y no financiar aquellos proyectos
que no son rentables. Y si financian proyectos no rentables y pierden dinero, esas pérdidas,
insisto, tienen que comérselas sus accionistas y sus acreedores, no los contribuyentes.
Y tercero, no vendamos humo con la capacidad recaudatoria de un impuesto sobre la banca
dirigido a recuperar el coste de las ayudas públicas. La finalidad puede estar muy bien,
pero su capacidad recaudatoria es muy escasa y, por tanto, no debería usarse esa exigua
capacidad recaudatoria para vender propagandísticamente programas de aumento del gasto público que
tan solo dispararían o los impuestos sobre el resto de españoles, empezamos diciendo
que pagará la banca y termina pagando el conjunto de los españoles, o aumentos de
la deuda pública que también en el futuro terminarán pagando el conjunto de los españoles.
Aprendamos la lección correcta del rescate a las cajas que nunca debió producirse. Necesitamos
entidades financieras más responsables de su propia gestión, no más entidades financieras
que son irresponsables de su gestión porque tienen capacidad para socializar sus pérdidas
hacia el resto de la sociedad. Y aquí se incluyen tanto bancos privados que cuentan con el privilegio
de ser rescatados por los contribuyentes como también bancos públicos que por su estructura
son permanentemente rescatados por los contribuyentes, más banca expuesta al mercado y menos banca
en manos de los políticos o de los lobis que capturan a los políticos.
Este es el canal de subtítulos en español de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
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