En una sociedad donde la legitimidad del gobierno descansa sobre la opinión pública, la transmisión,
la comunicación de información evidentemente ejerce una influencia sobre la configuración
de ese gobierno y, por tanto, sobre el poder del Estado.
Es en este sentido en el que cabe decir que la información es poder, que la información
es un cuarto poder que condiciona a los otros tres poderes del Estado.
Si la opinión pública adquiere una muy mala opinión del gobierno, ese gobierno tenderá
a ser reemplazado con otro porque la opinión pública le retirará a su favor, y en la
medida en que la transmisión de información influye sobre la opinión pública también
influye, por tanto, sobre si un determinado gobierno se perpetúa en el poder o si un
determinado gobierno es reemplazado en el poder.
De ahí que todos los gobiernos tengan un interés directo e inmediato en controlar la
información y de ahí también que en sistemas más o menos liberales, es decir, en sistemas
donde se garantice la libertad individual, la libertad de prensa, la libertad de transmisión
de información, de comunicar información, es una libertad indispensable que no puede
ser atacada por el gobierno porque el gobierno tiene un interés directo en atacarla para
perpetuarse en el poder.
Un gobierno que controla los flujos de información es un gobierno que puede manipular a la opinión
pública, que puede manipular permanentemente a la opinión pública y que, por tanto, puede
perpetuarse en el poder ocultando información o transmitiendo información incorrecta.
La libertad de prensa, la libertad de expresión más en general, es un requisito indispensable
de una sociedad libre que el gobierno siempre intentará controlar.
¿Cómo intenta controlar el gobierno la información?
Bueno, en primer lugar, amplificando aquella información, aquellos medios de comunicación
que les son favorables.
Si el gobierno tiene alguna capacidad de repartir prevendas, como por ejemplo licencias
de televisión, evidentemente esas licencias tenderán a ser acaparadas por aquellos grupos
de comunicación, por aquellos individuos que sean más favorables al gobierno.
Por tanto, en primer principio, la información que te sea favorable amplificala.
Ahora bien, seguirá habiendo en una sociedad libre individuos o grupos de comunicación
que no transmitan necesariamente información que les sea favorable al gobierno, individuos
o grupos de comunicación que se seguirán tomando en serio su compromiso, su deber cívico
de fiscalizar al gobierno, al que sea, al que esté en cada momento en el poder.
Por eso, el segundo principio gubernamental para controlar la información es la información
que te sea desfavorable, compra la, es decir, compra, soborna a aquellos individuos o grupos
de comunicación que mantienen un cierto espíritu crítico hacia el gobierno y que
te interesa, por tanto, que dejen de comunicar, que dejen de trasladar cierta información
que te es desfavorable a la opinión pública.
Pero en una sociedad libre también existen individuos que son incorruptibles, individuos
que se toman muy en serio su deber de informar, verdaderamente, a la ciudadanía y que por
tanto no se dejan comprar por el poder político y es ahí donde encontramos el tercer principio
gubernamental de control de información.
Aquella información que te sea desfavorable y que no puedas comprar, censúrala, proíbela,
que no llegue a la opinión pública porque si llega información a la opinión pública
que te es desfavorable, la opinión pública irá girando en la dirección de retirarte
su apoyo y por tanto tú perderás el poder y el objetivo de todo político es perpetuarse
en el poder.
Por tanto, la información que te sea favorable amplifica la que te sea desfavorable, intenta
comprarla y si no puedes comprarla censurada.
Por suerte y como decíamos, la libertad de prensa, la libertad de expresión en general
garantiza que aquella información que le sea desfavorable a un determinado gobierno
y que este no pueda comprar, no pueda sobornar, tampoco tenga la capacidad de censurarla.
Las constituciones occidentales protegen precisamente por esto la libertad de expresión,
la libertad de prensa y en general el conjunto de la sociedad se toma relativamente en serio
esta libertad fundamental, es decir, el conjunto de la población no es en general favorable
a que el gobierno tenga la potestad caprichosa y arbitraria de censurar a aquellos comunicadores,
a aquellos periodistas, a aquellas personas que trasladan a la opinión pública información
que le desagrada a ese determinado gobierno.
Sin embargo, durante los estados de emergencia, durante estados de alarma como el que estamos
actualmente, la ciudadanía suele tragar con restricciones a su libertad que en tiempos
normales no acepta. ¿Por qué motivo? Pues porque como tiene miedo y el Estado promete
seguridad a costa de libertad, mucha gente está dispuesta a aceptar esa transacción,
garantízame la seguridad aún a costa de reducir, de recortar mi libertad.
Y todo gobierno con vocación autoritaria evidentemente intentará aprovechar esa coyuntura de pánico
de desesperación social para recortar aquellas libertades que les sea provechoso al propio
gobierno recortar, por ejemplo, la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Sobre todo, si estamos en un contexto además en el que la gestión reciente del gobierno
ha sido absolutamente negligente y, por tanto, el gobierno se arriesga a perder el poder.
Y esa percepción de absoluta negligencia termina permeando en la sociedad, ese gobierno también
está a su vez desesperado por controlar los flujos de información y se junta, por tanto,
el hambre con las ganas de comer. El público en general, la ciudadanía en general, tiene
hambre de seguridad a una costa de que le recorten sus libertades y las ganas de comer
del gobierno son ganas de comernos, de deglutir, de fagocitar absolutamente nuestra libertad
para perpetuarse en el poder. De ahí que los estados de alarma sean tan sumamente peligrosos,
porque son contextos donde el poder político adquiere potestades extraordinarias, algunas
quizá justificadas para atajar el drama, la crisis, la situación de emergencia a la que
nos enfrentamos, otras en absoluto justificadas, porque no tienen nada que ver con ser un
instrumento para atajar ese problema. Pero en ese estado de alarma, en esa situación
de omnipotencia gubernamental, es donde la deriva autoritaria puede empezar a emerger.
Y justamente estamos empezando a ver rasgos de deriva autoritaria de este gobierno. En
la rueda de prensa que ofreció el ministro de justicia, Juan Carlos Campo, el pasado
6 de abril, le preguntaron al ministro de justicia por una reciente querella que ha
interpuesto Unidas Podemos contra una supuesta organización criminal que se dedica a difundir
bulos a través de la red. Luego hablaremos de esta querella.
Pero atención a la respuesta que ofrece el ministro de justicia y el anuncio que el ministro
de justicia aprovecha a hacer al calor de esa respuesta.
Vamos cuarto poder adelante.
Buenas tardes ministros. Les quería preguntar acerca de una querella, una denuncia que ha
puesto hoy Unidas Podemos ante la Fiscalía General del Estado en la que acusa de que
exista una organización criminal por la cual están difundiendo bulos, noticias falsas
con la voluntad de causar alarma social.
Yo quiero antes de contestar específicamente a la que me ha formulado hacer una reflexión
sobre la querella de los FACES. Desconozco los pormenores y en todo caso estoy convencido
que una vez que se ha interpuesto, pues tendrá que ser analizada por si se ha interpuesto
en la Fiscalía o por el tribunal en el que se haya interpuesto. No me preocupa tanto
eso, solo resolverán los tribunales porque es su cometido. Pero sí creo, y es lo que
quiero adelantarles, sí creo que tenemos un problema como sociedad con la irrupción
de las FACES.
Sabemos que constitucionalmente tenemos el derecho a recibir una información veraz y
evidentemente esto es justo lo contrario. Por tanto, sí, me comprometo, lo he dicho
ya en distintos foros, a establecer un mecanismo que nos permita revisar si el instrumento de
defensa de la sociedad es lo suficientemente fuerte y garantista para cumplimentar ese
derecho al que tengo exigencia, que es el derecho a recibir una información veraz.
Y si ello lo llevamos a un estado de alarma, evidentemente podemos hacer mucho daño social
y por tanto creo que está más que justificada que con calma, con la serenidad necesaria
para cualquier cambio legislativo hagamos una revisión de cuáles son nuestros instrumentos
legales para impedir, o si no por lo menos para impedir, que desde luego no se vayan
de rositas aquellos que contaminan la opinión pública de una manera grosera y sin justificación
ninguna.
Lo que en esencia está anunciando el ministro de Justicia es que pretende limitar la libertad
de expresión, la libertad de prensa, con la excusa de combatir los bulos, es decir,
con la excusa de combatirlas fake news o la información no vera. En la argumentación
del ministro, que es curista y por tanto debería ser capaz de razonar de manera más o menos
correcta, aparecen varias trampas. La más clara es que el derecho a recibir información
veraz no es lo mismo que el derecho a prohibir la emisión de información no veraz, es decir,
una cosa es que a mí me deban proporcionar información veraz, otra que yo tenga el
derecho a censurar a aquella persona que está transmitiendo información no veraz. Evidentemente
en la red y en cualquier otro ámbito de la vida hay muchas personas que transmiten información
incorrecta, que incluso mienten, pero eso no significa que debamos sancionarlas o que
debamos censurarlas. El derecho constitucional como mucho abarcará que tenga un canal habilitado
a través del cual pueda recibir información correcta, información fideidigna, no habilita
a censurar la información que no lo sea.
Pero dejando esto de lado, evidentemente la regulación que pretende hacer el ministro
tiene problemas de fondo, al fin y al cabo que es un bulo, parece que las mentiras son
algo muy fácil de determinar objetivamente, que las cosas son o blanco o negro, pero tengamos
en cuenta que mucha de la información que habría caído bajo el rótulo de bulo hace
unas semanas, por ejemplo que estábamos ante una amenaza sanitaria gravísima, que la tasa
de letalidad del coronavirus era más alta que la de la gripe común, que usar mascarillas
era indispensable para contrarrestar la propagación de la epidemia, que necesitábamos test masivos
para detectar los focos de contagio y por tanto poder aislar a los infectados. Todo
eso que iba radicalmente en contra del mensaje gubernamental y que iba en contra según nos
decía el gobierno de lo que los expertos afirmaban que era correcto de la opinión
del juicio de los expertos, todo eso podría haber sido calificado de fake news, de bulos
y ahora resulta que todo lo que era mentira hace dos o tres semanas es la nueva verdad
revelada, es lo que hay que empezar a hacer a partir de ahora y con urgencia según el
propio gobierno. Por tanto la categoría de bulo o no bulo no es una categoría tan
objetiva, la propia ciencia avanza porque va revisando sus presupuestos y los va modificando,
con lo cual lo que hoy podemos considerar que es la verdad absoluta mañana puede ser
una mentira y al revés, pero es que además no seamos tan sumamente ingenuos, de verdad
nos creemos que un gobierno que tenga el poder absoluto para determinar qué es un bulo y
qué no es un bulo y sobre todo para censurar y sancionar los bulos no va a aprovechar ese
poder extraordinario en su propio beneficio, es decir, aún cuando creyéramos que está
plenamente justificado que el gobierno censure la información no veraz, de verdad nos creemos
que el gobierno se va a limitar a censurar la información no veraz y que no censulará
toda aquella información veraz que no le interesa al gobierno, es que aunque coincidiramos
en el principio de fondo, el problema de la implementación práctica de este poder extraordinario
del estado es tan sumamente grande, la deriva autoritaria, la degeneración autoritaria
puede ser tal que aunque, insisto que coincidiramos en el principio de fondo, por mera prudencia
deberíamos evitar implementarlo, deberíamos evitar ponerlo encima de la mesa, sobre todo
cuando el gobierno ya tiene medios de comunicación públicos a través de los cuales difundir
su información, tienen medios de comunicación privados a fines y si no, comprados a través
de los cuales difundir su información, porque el gobierno, si ya tiene tantos canales para
transmitir lo que considera su punto de vista la información veraz, tiene que censurar
aquella información que él juzga no veraz, porque de lo que se trata es de que aquella
información que no le sea favorable, que no le interese, no alcance a la opinión pública.
De hecho, recordemos que el ministro de Justicia efectúa este anuncio censor en respuesta
a una pregunta, probablemente pactada, donde se le pedía su opinión sobre una querella
que ha sido interpuesta por dos diputados de Podemos, Enrique Santiago y Martín Velarde,
en la que denuncian la existencia de una red criminal de extrema derecha encargada de difundir
bulos sobre la situación sanitaria actual.
Pero si miramos atentamente la querella lo que de verdad está preocupando a estos dos
diputados de Podemos, el auténtico motivo de esta querella no es tanto que se estén
difundiendo bulos sobre, por ejemplo, el tipo de tratamientos que son efectivos contra el
coronavirus, que eso en todo caso podría ser información que sí pueda generar un daño
muy grave a las personas, imaginemos que hay alguien difundiendo que hay que ir estornudando
a la cara de las personas para minimizar los contagios, por ejemplo, cuando es obviamente
todo lo contrario, pues ahí sí que se podría argumentar que está induciendo un comportamiento
muy lesivo para otras personas y que por tanto está siendo de alguna manera inductor de
un delito.
Ahora bien, en la querella que presentan estos dos diputados, de todo esto no aparece nada,
lo crucial para estos dos diputados es lo siguiente, se advierte sobre la existencia
de una organización criminal que de forma dolosa está acusando al gobierno de ocultar
información a la población, de ser incapaz de gestionar la crisis sanitaria, de desatender
a enfermos, a fallecidos y de ocultar información a los familiares de estos últimos, acusando
a las instituciones oficiales de estar ocultando el número de fallecidos.
Y consideran que este tipo de bulos equivalen a una simulación de peligro, calumnias e
injurias a altas instituciones del estado y organización criminal, es decir, que al
final estos dos diputados quieren censurar a determinadas personas por estar injuriando
el buen nombre del gobierno, es decir, por estar dañando la reputación del gobierno.
No olvidemos, por cierto, que hace unos meses Unidas Podemos instó al gobierno a eliminar
a suprimir del código penal el delito por injurias a la corona, que también es una alta
institución del estado, a mí me parece perfecto, considero que a la corona y al gobierno se
le ha de poder decir lo que uno quiera.
Ahora bien, es muy curioso que las injurias a la corona les parezcan suficientemente aceptables
como para no ser penadas en el código penal, y en cambio las injurias al gobierno les parezcan
absolutamente inaceptables como para ser perseguidas y sancionadas dentro del código penal.
Pero dejando esta contradicción, esta abierta hipocresía de lado, de verdad podemos considerar
que acusar al gobierno de falta de diligencia, de desatender a los enfermos, incluso de
estar proporcionando información errónea sobre el número de muertos, que es algo que
incluso el gobierno ha admitido que es así, todo esto lo podemos considerar un bulo, porque
si tenemos una acepción tan expansiva de bulo, lo que estamos diciendo en última instancia
es que el gobierno va a censurar a todos aquellos que critiquen su gestión, que va a censurar,
que va a callar a todos aquellos que le hacen como ha administrado de manera muy negligente,
lo vuelvo a repetir, esta crisis sanitaria.
Y por tanto, a lo que están haciendo un llamamiento, estos dos diputados de Podemos, es a la censura
abierta del disidente, y como muy probablemente esto no vaya a tener ningún recorrido judicial,
salvo que ya las instituciones judiciales también estén corrompidas hasta la médula,
por eso el ministro de Justicia plantea un cambio legal, para que ese cambio legal, aprovechándose
del estado de alarma, permita legalmente ya, y por tanto que tenga que ser ratificado
por los tribunales, censurar las críticas abiertas a la gestión que está desarrollando
el gobierno sobre esta crisis sanitaria.
Pero bueno, uno podría ser muy ingenuo y pensar que el gobierno no va a utilizar estas
nuevas herramientas para censurar a aquellas personas que le sean incómodas a aquellas
personas que estén mostrando auténtico y espíritu crítico, y que por tanto estén
divulgando información real, pero que resulta negativa para los intereses electorales del
gobierno.
Como digo, uno podría ser muy ingenuo y pensar esto, pero en realidad no va a ser así.
Este gobierno y los medios de comunicación satélites a este gobierno no dan puntada
sin hilo, y si hace dos días el ministro de Justicia hablaba de una reforma legal que
permitiera perseguir los bulos, hoy las terminales mediáticas del gobierno ya empiezan a avanzar
quienes van a ser las personas, objeto de censura, por difundir bulos.
Hoy, el diario punto es, por pluma del periodista Carlos del Castillo, publica una noticia reportaje
en realidad una fake news, pero bueno, una noticia titulada los terraplanistas del coronavirus,
la red para contarte la verdad está impulsada por conocidos difusores de bulos, y acompaña
en esta noticia con una infografía muy detallada de todas aquellas cuentas que están contribuyendo
a difundir bulos, entre las que destacan las del periodista Luis del Pino, la ex política
Rosa 10 o la de Alvisé Pérez, y donde vaya por dios también se encuentra un servidor,
un servidor por lo visto también forma parte de esta red, de la que no era en absoluto
consciente de su existencia, forma parte de esta red y se dedica a difundir bulos, por
haber explicado desde un principio, desde hacía semanas, la grave crisis sanitaria
a la que nos íbamos a enfrentar, y por alertar de que la pasividad negligente de este gobierno
estaba contribuyendo a amplificar los focos de contagio, y por tanto que estaba costando
muchas vidas, esos son supuestamente los bulos que me imputan y en función de los cuales
atendiendo la reforma legislativa que está planteando el gobierno debería ser censurado
y sancionado, porque de lo que se trata, claro, es de censurar y sancionar a aquellas personas
no que estén desinformando, sino que estén informando de una manera que no agrada el gobierno,
sino en vano, por ejemplo, el autor de esta noticia, de este public reportaje, Carlos
del Castillo, sí que podría ser acusado de haber contribuido a difundir bulos.
El 25 de febrero, por ejemplo, retweetó un tweet donde se alababa la actitud de Lorenzo
Mila frente al coronavirus, y nos decía que el periodismo era informar sin mascarilla
y el espectáculo era informar con mascarilla, cuando ahora incluso el propio gobierno reconoce
que es indispensable llevar mascarilla para evitar el contagio del coronavirus.
Por tanto, esto era un bulo, esto era mentira, estaba desinformando a la población, estaba
animando a la población a que si eran personas sensatas, serias, si no se dejaban arrastrar
por el amarillismo mediático, lo que tenían que hacer era hacer vida normal, salía a
la calle sin mascarilla, por tanto, contribuir a la desinformación.
Incluso, si echamos la vista un poco más atrás, el propio autor recomendó en el año 2014
un artículo tan magufo, tan absurdo, tan fake news, como que las epidemias son un negocio
impulsado por la OMS.
De verdad, nos creemos que, por ejemplo, el coronavirus lo ha montado la OMS para enriquecer,
por ejemplo, a las farmacéuticas, porque esta es la información que este señor, que acusa
a los demás de terraplanistas, ir a difundir bulos, ha difundido por su red, hacernos creer
que las epidemias las monta a la OMS y tratar de convencernos de que no llevar mascarilla
es lo que hay que hacer, es lo correcto.
Significa esto que hay que censurar a Carlos del Castillo, evidentemente no, pero es que
acaso nos creemos que una ley que habilite al gobierno a censurar lo que el propio gobierno
considere que es un bulo se va a utilizar para, por ejemplo, censurar estos bulos de
Carlos del Castillo, claramente no, se va a dedicar a censurar aquella información por
veraz que sea, que transmitan personas que les sean incomodas al gobierno.
Y por eso creo que estamos en una situación, en una coyuntura muy grave donde libertades
públicas fundamentales están peligrando, el gobierno está aprovechando el estado
de alarma, el propio ministro de justicia lo deja deslizar para avanzar en la represión
de la libertad de expresión.
Y por qué el gobierno quiere reprimir la libertad de expresión?
Porque su objetivo prioritario es perpetuarse en el poder, lo demostraron antes del estado
de alarma con su gestión absolutamente ideologizada y negligente de la pandemia, no actuaron
porque antepusieron sus prejuicios, su dogmatismo, su festividad ideológica, el 8M, a tomar medidas
que ya habían adoptado otros países para prevenir los contagios, antepusieron su interés
político y ideológico a la vida de los ciudadanos y los siguen demostrando hoy proponiendo
leyes que no van dirigidas a garantizar ninguna información veraz, sino que van orientadas
a controlar el flujo de información para así perpetuarse en el poder, caiga quien
caiga y cueste lo que cueste.