El hogar español promedio paga cada año 10.500 euros en impuestos y parte de esos
impuestos van a parar a otros hogares más pobres, a otros hogares que están en
riesgo de pobreza para que puedan acceder a servicios fundamentales como
sanidad y como educación. Pero ¿cuántos de esos impuestos que pagan la mayoría
de españoles van a parar realmente a los hogares que están en riesgo de pobreza?
¿Podríamos prescindir de gran parte de los impuestos que pagamos y mantener las
ayudas a aquellos hogares más vulnerables dentro de España? Veámoslo.
En el vídeo de ayer explicamos que el conjunto de hogares españoles tiene
unos ingresos promedio de entorno a 30.000 euros. Considerando dentro de estos
30.000 euros, tanto los ingresos monetarios que obtienen desde el mercado
como los ingresos monetarios que obtienen a cuenta de transferencias
estatales, ¿cuánto el valor monetario de los ingresos en especie de los
servicios sociales que reciben de las administraciones públicas? De estos 30.000
euros aproximadamente 10.500 euros los pagan en impuestos y aproximadamente 11.200
euros los reciben de vuelta en forma de transferencias monetarias o de servicios
en especie por parte del sector público. Y ya dijimos por tanto que ese conjunto de
hogares españoles que en términos promedio pagaba 10.500 euros en
impuestos y recibía del estado 11.200 euros salía aparentemente beneficiado
con una transferencia neta en su favor de 700 euros que no obstante era
atribuible al déficit público. Es decir, estaban pagando hoy menos impuestos
de los que hacen sostenible el gasto público que están recibiendo y si las
cuentas se cuadraran, entonces esa brecha entre impuestos pagados y
prestaciones monetarias y en especies recibidas se estrecharía hasta
probablemente desaparecer. Sin embargo, esto es cierto para el conjunto de
hogares españoles. Sin embargo, en los mismos gráficos que utilizamos ayer
podíamos ver con claridad que había una parte de los hogares españoles de los
17 millones de hogares españoles que sí salen claramente beneficiados con las
redistribuciones que efectúan su favor el sector público y me estoy refiriendo a
los hogares en riesgo de pobreza. Como podemos observar en este gráfico, los
hogares en riesgo de pobreza pagan aproximadamente en impuestos el 37-38%
de sus rentas grutas. En impuestos pagan incluso más que los hogares que no están
en riesgo de pobreza, en términos relativos claro, porque los hogares que no
están en riesgo de pobreza abonan en impuestos aproximadamente el 35% de
sus rentas disponibles, los hogares en riesgo de pobreza más del 37%, pero al
mismo tiempo reciben prestaciones monetarias y en especies equivalentes a
casi el 90% de sus rentas brutas. Por tanto, sí pagan el 37% pero reciben el
87-88% de sus rentas brutas en forma de prestaciones, el saldo redistributivo es
50 puntos de su renta bruta en su favor. Bien, varios comentarios a este
respecto. Una vez excluimos del conjunto de hogares a los hogares en riesgo de
pobreza, el resto de hogares, aproximadamente 13 millones de hogares,
ya nos salen ganando en términos promedio con la redistribución. Si
excluimos a los hogares con riesgo de pobreza del cómputo total, los hogares no
en riesgo de pobreza, incluso con déficit público, están pagando en conjunto más
impuestos que las prestaciones monetarias y en especie que reciben.
Concretamente pagan dos puntos más en impuestos que el valor monetario de las
prestaciones que les proporciona el estado. Eso no significa que dentro de
esta categoría si la desagregamos no pueda haber una cierta redistribución.
Habrá hogares que no están en riesgo de pobreza, que aún así reciban prestaciones
algo más valiosas que los impuestos que pagan y habrá otros que pagarán muchos
más impuestos que las prestaciones que reciben. Pero sí pone de manifiesto que
la entidad, la importancia redistributiva dentro de la categoría hogares que no
están en riesgo de pobreza, es bastante pequeña, es bastante minúscula. No
estamos hablando de nada similar a los 50 puntos de redistribución en su favor
para los hogares que sí están en riesgo de pobreza. O dicho de otra forma, la
auténtica función redistributiva que realiza el estado, en este caso el estado
español, no es entre hogares que no están en riesgo de pobreza, sino entre
hogares que no están en riesgo de pobreza y los que sí están en riesgo de
pobreza. Para algo más de 13 millones de hogares españoles, la función
redistributiva del estado es bastante escasa y prácticamente sale lo comido
por lo servido. Analicemos por tanto más de cerca quiénes son estos casi 4
millones de hogares en riesgo de pobreza que son los principales beneficiarios,
los principales necesitados, los principales dependientes de la
redistribución estatal a costa de los hogares que están fuera de riesgo de
pobreza. Bien, en este gráfico tenemos desagregados distintos tipos de hogares en
riesgo de pobreza en función de cuál sea la fuente principal de ingresos de este
hogar. Los tenemos agrupados en hogares cuya principal fuente de ingresos son
las pensiones, hogares cuya principal fuente de ingresos son los subsidios
estatales, hogares cuya principal fuente de ingresos sean rentas de la propiedad,
esto quizá puede sonar extraño, como un hogar va a ser pobre si su principal
fuente de ingresos son rentas de la propiedad. Bueno, pues imaginemos una
persona que está en el paro, por ejemplo, pero que tiene un segundo inmueble que
alquila a un precio bastante modesto, a un alquiler bastante modesto, pues tendrá
una fuente de ingresos principal que serán los alquileres de ese inmueble, pero
desde luego no estará fuera del riesgo de pobreza. También tenemos aquí hogares
cuyos principales ingresos son las transferencias de otros hogares, es decir,
hogares que dependen de que otros hogares les transfieran dinero, los
asalariados y también los autónomos, es decir, hogares pobres que son autónomos,
cuyo principal ingreso son los ingresos netos de un autónomo. Pues bien, como
podemos observar entre todos estos hogares en riesgo de pobreza, no estoy
hablando de hogares fuera del riesgo de pobreza, sino sólo de hogares en riesgo
de pobreza, ni siquiera aquí la redistribución beneficia a todos. Los
autónomos pobres en riesgo de pobreza pagan más impuestos que las prestaciones
que reciben. En concreto, la carga impositiva que recae sobre su renta bruta es
del 53% y, en cambio, reciben prestaciones del 52%. Y algo similar, aunque no
idéntico, sucede con los hogares en riesgo de pobreza cuya principal fuente de
ingresos son los salarios. Como vemos, en este caso, los asalariados en riesgo de
pobreza pagan unos impuestos equivalentes al 46, casi 47% de su
renta bruta, pero reciben transferencias estatales, monetarias y, en especie, del
53, 54%. Es decir, salen ganando los hogares a salariados en riesgo de
pobreza, no los asalariados fuera de riesgo de pobreza, salen ganando pero no con
un monto redistributivo gigantesco en su favor. No es que reciban transferencias,
monetarias y en especies enormes que incrementen su renta disponible de
manera muy sustancial con respecto a la situación en la que no pagarán impuestos.
El efecto redistributivo es algo mayor en los perceptores de rentas de la
propiedad, es decir, hogares pobres cuya principal renta sean los alquileres, por
ejemplo, y también entre los hogares que dependen, hogares pobres que dependen de
otros hogares. En ambos casos estamos hablando de un efecto redistributivo de
unos 20-25 puntos, que ya es más significativo, pero aún así hay muchísima
diferencia con los dos tipos de hogares que claramente salen beneficiados de la
redistribución, los dos tipos de hogares en riesgo de pobreza que claramente salen
beneficiados de la redistribución, que son los hogares en riesgo de pobreza cuya
principal fuente de ingresos son las pensiones y los subsidios estatales. En
estos casos la renta bruta se más que duplica como consecuencia de la labor
redistributiva del estado. Por consiguiente, aquí se concentra el esfuerzo
redistributivo del estado, no entre los asalariados en riesgo de pobreza, no
desde luego entre los autónomos en riesgo de pobreza que los vuelve todavía más
pobres el estado. No, se concentra sobre todo en hogares pensionistas de bajos
ingresos y en hogares cuya principal fuente de ingresos son subsidios estatales,
por ejemplo hogares cuyos miembros estén en situación de desempleo, pues el
principal ingreso que tienen es la prestación por desempleo o también
hogares que perciban el ingreso mínimo vital. En esos casos claramente la
función redistributiva del estado si tiene efectos muy potentes. Ahora bien y
esta es la parte más interesante, ¿cuántos son esos hogares en riesgo de
pobreza que claramente salen beneficiados de la redistribución estatal? No son los
hogares en riesgo de pobreza cuya principal fuente de ingresos sean los
autónomos ni los hogares en riesgo de pobreza cuya principal fuente de ingresos
sean los salarios, son todos los restantes y especialmente hogares cuya
principal fuente de ingresos sean pensiones y hogares cuya principal fuente de
ingresos sean subsidios estatales. Pues bien, estamos hablando de 2 millones
de hogares, los otros 2 millones de hogares en riesgo de pobreza son hogares
asalariados o autónomos, por tanto la redistribución estatal, la redistribución
de la renta que efectúa el estado español es una redistribución que
beneficia esencialmente a 2 millones de hogares de los más de 17 millones de
hogares que hay en España. No digo que los otros 15 millones salgan
perjudicados, déjame insistir en esto aunque ya lo he mencionado en otras partes
del vídeo pero para que no se intente manipular y tergiversar, por supuesto
puede haber dentro de esos 15 millones de hogares otros que salgan
beneficiados, lo que estoy diciendo es que el beneficio neto entre esos 15
millones de hogares es muy pequeño, es diminuto, el grueso del efecto
redistributivo, el grueso del impacto redistributivo que efectúa el estado se
deja sentir sobre 2 millones de hogares, unos 2 millones de hogares en riesgo de
pobreza para los cuales sus ingresos se más que duplican como consecuencia de
la redistribución estatal, pero qué implica más que duplicar sus ingresos,
cuál es el coste que esto tiene realmente para las arcas públicas, bueno
aunque sea algo difícil de calcular porque recordemos que el ingreso bruto ya
contiene parte de transferencias monetarias estatales, podríamos
cifrar en el mejor de los casos la redistribución neta, promedio de cada uno
de estos 2 millones de hogares en riesgo de pobreza que salen netamente
beneficiados, claramente beneficiados de la redistribución estatal en unos 10.000
euros anuales, no 10.000 euros en dinero con tanta insonante sino 10.000 euros
considerando transferencias monetarias y el valor monetario de la sanidad y de la
educación a la que tienen acceso. Pues bien si estamos hablando de que el grueso
de la función redistributiva del estado es transferir 10.000 euros a 2 millones de
hogares cada año, estamos diciendo que el coste neto para un estado de la
redistribución de la renta con el que sostener a aquella parte del tejido
social que está en un determinado momento más debilitado es de
aproximadamente el 2% del PIB. Transferir 10.000 euros a 2 millones de hogares
tiene un coste de 20.000 millones de euros que es algo menos del 2% del PIB
de España. ¿Y por qué mencionó esto? Porque hoy en día el tamaño del estado
español sobre el PIB supera el 40%. Después de la pandemia supera incluso el
50% del PIB, pero vamos a considerar que ese peso extraordinario remite al
nivel al que nos encontrabamos antes de la pandemia en torno al 42, 43%.
Fijaos que la principal justificación que se emplea hoy para que el estado sea
tan grande, tan gigantesco, es que hay que ayudar a los más desagorecidos.
Bien, pero el coste de esa ayuda es del 2% del PIB. ¿Cómo se justifica que para
transferir una renta del 2% del PIB debamos tener un estado que pese más del
40% del PIB? Y no me digáis que eso se explica por la defensa, por la
seguridad, por la justicia. Defensa, seguridad y justicia tienen un
coste aproximadamente del 3% del PIB. Por tanto, si costeáramos las
funciones nucleares del estado tradicional, defensa, seguridad, justicia y la
redistribución de 2 puntos del PIB para los hogares más vulnerables, tendríamos
o podríamos tener un estado que pesará únicamente el 5%, el 6%, el 7% del PIB.
Y hasta el 42, 43 y 44, pues todo eso no son funciones redistributivas de
ricos a pobres. No es que el estado se encargue de garantizar al grueso de la
población el acceso a la educación y a la sanidad con cargo a los impuestos que
cobra a los más ricos. No, no es así. Lo que hace el estado es, en esencia, quitarle
el dinero a 15 millones, aproximadamente 15 millones de hogares en España, para
devolverle ese mismo dinero en forma de transferencias monetarias o de
transferencias en especie. Puede que haya entre esos 15 millones una cierta
redistribución, pero es una redistribución muy pequeña que desde
luego no marca la diferencia entre tengo acceso a la educación, a la sanidad o
a determinados servicios que serían absolutamente inasumibles, sin la
función redistributiva del estado o no tengo acceso a ellos si el estado no
redistribuyera la renta. No, estamos hablando para esos 15 millones de
hogares de un saldo neto agregado nulo. El hogar promedio de esos 15 millones no
gana de la redistribución de la renta, de hecho pierde un poco. Y aunque haya
una cierta varianza, no es una varianza gigantesca como la que sí hay, como la
que sí encontramos entre determinado segmento de los hogares en riesgo de
pobreza. Por consiguiente, para la inmensa mayoría de españoles, el estado, el
estado de bienestar, es en realidad meterle la mano en el bolsillo de mi
vecino a cambio de que mi vecino me meta la mano en mi bolsillo. Yo te robo a ti a
cambio de que tú me robes a mí. ¿Y por qué no dejamos de robarnos todos y
sufragamos únicamente aquellos gastos que sean absolutamente indispensables para
el funcionamiento de una sociedad? Si es que hay algunos de esos gastos que
deban ser suministrados por el estado. ¿Por qué si hay que redistribuir la
renta en favor de los hogares más pobres, de esos 2 millones de hogares pobres que
claramente salen beneficiados de la redistribución de la renta? No pagamos
únicamente impuestos para costear esa redistribución de la renta. 20.000
millones de euros. Solo el IRPF recauda más de 70.000, más de 80.000 millones de
euros. Por tanto, podríamos reducir enormemente todos los impuestos y
únicamente cobrar cantidades para redistribuir la renta hacia esos
hogares vulnerables. Pero todo el resto del dinero lo podríamos administrar cada
uno de nosotros y no percibiríamos diferencias gigantescas, al menos en
términos de disponibilidad efectiva de renta, con respecto a la situación
actual. La situación actual no beneficia a los hogares españoles, beneficia a la
burocracia estatal, que logra en las familias españolas unos clientes
forzosos de los servicios que esa burocracia estatal proporciona. ¿A quién
beneficia, por tanto, el estado de bienestar? Es al propio estado de
bienestar. Es a la burocracia estatal que presta servicios para el ciudadano sin
que el ciudadano pueda optar con el dinero que le quita y administra el estado
en su nombre a servicios alternativos fuera del estado. El ciudadano no puede
decir, en lugar de darme ese valor monetario en forma de sanidad o
educación, no me quites ese dinero de impuestos y déjame que yo escoja mi
propia educación y mi propia sanidad. El estado no autoriza a nadie a hacer eso
a pesar de que la inmensa mayoría de la población española podría hacer eso y
no experimentaría ninguna merma en sus ingresos efectivos a Fíndenes.
Dejaría de recibir sanidad pública y educación pública en especie, pero
dejaría de pagar el coste que ya está pagando para sufragar esa educación y
esa sanidad pública, con lo cual su renta monetaria disponible aumentaría a
cambio de que su renta en especie se redujera, pero con esa renta monetaria
disponible mayor podría adquirir esos mismos servicios fuera del estado, es
decir, en un entorno competitivo sin tener que someterte al proveedor
monopolístico que no tiene por qué ajustarse a tus preferencias, es decir, a lo
que tú estás buscando de la educación y de la sanidad. El estado de bienestar no
es el bienestar del grueso de la población, es en esencia el bienestar del
propio estado.