Como parte del Real Decreto Ley 11-2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19,
el Gobierno de PSOE y Podemos ha aprobado una subvención, una transferencia, una partida
de 15 millones de euros para las televisiones privadas españolas.
Como podemos leer en el artículo 46 de este Real Decreto Ley, artículo 46, compensación
temporal de determinados gastos de cobertura poblacional obligatoria del servicio de televisión
digital terrestre de ámbito estatal.
Con carácter excepcional, se aprueban ayudas por importe de 15 millones de euros para compensar
una parte de los costes de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual
de televisión digital terrestre de ámbito estatal derivados de mantener durante un
plazo de 6 meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria.
En el instrumento en el que se regula esta compensación de costes, se definirán las
actuaciones financiables, los gastos-objeto de financiación, las condiciones y el procedimiento
en el que materializar las compensaciones y concretará los beneficiarios.
Es decir, de momento todavía no sabemos a quiénes se les van a entregar estos 15 millones
de euros, pero evidentemente los dos grupos de televisión mayoritarios de este país,
a trasmedia y media set, recibirán una parte importante de los mismos.
La cuestión claro está, ¿cabe alguna justificación económica o moral a esta transferencia de
15 millones de euros de todos los contribuyentes a las televisiones privadas españolas?
Bueno, desde un punto de vista económico uno podría decir que en la medida en que
estas televisiones han sufrido un desplome muy importante de sus ingresos por publicidad
y en la medida en que tienen que prestar un servicio al conjunto de la población, especialmente
en estos momentos en los que la población está recluida, está confinada en casa y
una de sus pocas ventanas de información y de ocio es justamente la televisión, esta
transferencia para mantener las televisiones en funcionamiento estaría más que justificada.
Sin embargo, este argumento es un argumento defectuoso por varios motivos.
Primero, prácticamente todos los sectores económicos de este país han visto como sus
ingresos se han desplomado después de que el gobierno haya decretado un cierre obligatorio
de sus actividades y, sin embargo, el gobierno no piensa rescatar a todos y cada uno de los
colectivos, de los sectores que se han visto afectados por sus medidas de confinamiento
domiciliario y de cierre de paralización de suspensión de la actividad.
Pensemos, por ejemplo, en el caso de los autónomos, los autónomos son un colectivo
enormemente afectado por esta crisis porque sus ingresos se han caído y porque en muchos
casos ni siquiera están autorizados a trabajar debido a la paralisis que, como decimos, se
ha decretado.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno para ayudar a este colectivo de los autónomos?
Se les ha propuesto aplazar durante unos meses la cuota a la seguridad social.
Aplazar ni siquiera se les ha condonado esa cuota, no digamos ya otros gastos fijos de
los autónomos como alquiler de locales o suministros.
¿Ha propuesto el gobierno hacerse cargo de estos gastos fijos de los autónomos a los
que tienen que seguir haciendo frente a pesar de que se les ha prohibido ingresar?
Evidentemente no, porque el gobierno no puede rescatar, ni puede ni debe rescatar indiscriminadamente
a toda la economía.
Entonces, si al sector de los autónomos no se les rescata, insisto ni siquiera se les
condona cuotas a la seguridad social, porque al sector de las televisiones públicas si
hay que inyectarles 15 millones de euros para cubrir parte de sus gastos.
No existe una justificación para esta discriminación, para este trato diferencial, más allá de
decir que en el actual contexto de confinamiento domiciliario las televisiones privadas están
prestando un servicio mucho más valioso y mucho más urgente que el que prestan los
autónomos.
Pero si este fuera el caso, si esto fuera así y no se trata desde luego de disputar
esta hipótesis, lo que deberían hacer las televisiones privadas es abrir un servicio
de donaciones voluntarias como hacen tantos otros medios de comunicación, para que aquellos
ciudadanos que verdaderamente están valorando su labor contribuyan a sufragar parte de sus
gastos actuales en un momento en el que los ingresos por publicidad se han desplomado.
Y sí, finalmente, incluso con estas donaciones voluntarias por parte de la ciudadanía en
estos momentos tan críticos, las televisiones privadas no son capaces de cubrir sus gastos
actuales, deberían comportarse como todo hijo de vecino, como todo autónomo o como
toda pequeña y mediana empresa.
El gobierno ha habilitado dos mecanismos genéricos para capear la crisis y son los dos mecanismos
genéricos, a disposición de todo el mundo, que deberían utilizar las televisiones privadas.
Uno es el mecanismo de los ERTE.
Si hay que hacer un ajuste temporal de plantilla en las televisiones privadas porque no son
capaces de sufragar todos los gastos actuales, el ERTE está a su disposición.
Y si no quieren realizar un ERTE y es muy comprensible, porque si hay que prestar un
servicio de calidad, el personal puede ser indispensable, lo que tienen que hacer las
televisiones privadas, que no es un modelo de negocio que vaya a desaparecer en uno,
dos, tres o cuatro años, no es que las televisiones privadas a largo plazo peligren su viabilidad
extente la de juicio, sino que a largo plazo van a subsistir y van a tener ingresos y van
a tener beneficios, lo que tienen que hacer contra esos beneficios futuros es pedir un
crédito.
El gobierno también ha abierto una línea de avales públicos para las deudas privadas,
avales públicos que solicitarán muchos pequeños empresarios y muchos autónomos.
Pues bien, que las grandes cadenas de televisión pidan un crédito avalado incluso para el
gobierno y a digo en condiciones de igualdad entre todos los españoles para sufragar sus
pérdidas actuales, se endeuden para cubrir gastos extraordinarios mientras los ingresos
se han hundido también de manera extraordinaria, con la expectativa de que en dos, tres, cuatro
o cinco trimestres vuelvan a operar de un modo bastante similar a como estaban operando
antes y con esos beneficios puedan devolver el crédito.
Para lo que no existe justificación, insisto, es para que haya una transferencia económica
discriminatoria en favor de los grandes grupos de televisión, de los grandes o pequeños
grupos de televisión en cualquier caso, de los medios de comunicación audiovisuales
mientras el resto de empresarios los están pasando verdaderamente canutas sin que ni
siquiera, repito, se les condonen las cuotas a la seguridad social.
Pero es que además la medida no solo es criticable desde un punto de vista económico, también
es criticable desde un punto de vista moral o político. La democracia liberal se fundamenta
en la idea de la división de poderes, es decir, en evitar que todos los poderes de la sociedad
estén concentrados en el estado y también en evitar que todos los poderes del estado
sean concentrados por un único grupo político, por un único gobierno. Por eso el estado
separa sus poderes en legislativo, ejecutivo y judicial y por eso es muy recomendable,
es fundamental, que existan contrapoderes sociales al estado, es decir, que haya otros
grupos fuera del estado que vigilen, que supervisen, que fiscalicen, que controlen, que censuren
la labor estatal cuando el estado abusa de su poder. Uno de esos contrapoderes básicos
de cualquier democracia liberal para controlar los abusos del poder político es la prensa.
Y la prensa, para que pueda ejercer su labor, tiene que ser una prensa libre, autónoma
independiente del poder político. Todos los regímenes autoritarios intentan cargarse
la prensa libre porque es a través de la prensa libre como los ciudadanos se informan
y adquieren conciencia de lo que está haciendo el estado y una ciudadanía concienciada
contra los abusos del estado es otro contrapoder muy potente que pone freno a esos abusos
del poder político. De ahí que toda sociedad en cualquier contexto
necesite de prensa libre para preservar su libertad. Pero esto es doblemente cierto
en contextos como el actual. Actualmente en España existe un estado de alarma por el
que se dota al gobierno de poderes extraordinarios que en muchos casos ni siquiera son tutelados
por el Parlamento. De ahí que exista un riesgo más que cierto de que el gobierno se extralimite
en sus competencias muy específicas muy particulares para controlar el problema de la crisis
sanitaria en la que estamos inmersos. Es decir, existe el riesgo de que el gobierno
utilice instrumente esos poderes extraordinarios para hacer cenar libertades individuales sin
que éstas tengan ningún tipo de relación con la lucha contra la pandemia. Y por eso
es fundamental tener una prensa libre que esté supervisando cada paso que da el ejecutivo.
Ciertamente que el gobierno subvencione a la prensa o a una parte de la prensa como
las televisiones privadas no implica por sí mismo que esa parte de la prensa haya dejado
de ser libre e independiente para criticar, para fiscalizar, para controlar al gobierno.
Pero desde luego, como poco, la sospecha va a existir. Cada vez que visualicemos un informativo,
un programa de tertulias donde no se esté contando alguna información, donde se esté
contando otra información, donde se esté vertiendo una determinada opinión, desde
luego el espectador tendrá todo el derecho legítimo del mundo a plantearse si esa selección
de la parrilla informativa, si ese tipo de opiniones que se están ofreciendo, son selección
de información y son opiniones que están pensadas, que están ideadas para congraciarse
con aquel gobierno que está repartiendo millones de euros entre determinados medios
de comunicación. Es decir, cabrá siempre la sospecha de que el gobierno haya utilizado
el dinero de los contribuyentes para comprar y para amordazar a una prensa que debería
ser libre e independiente. Y por eso esta subvención de 15 millones de euros tampoco
es admisible, tampoco es aceptable, tampoco es justificable desde un punto de vista moral
y político, porque subierte la separación de poderes en un momento en el que el Estado
tiene tendencia, por la declaración del estado de alarma, a abusar de su poder. Ahora es
cuando más necesitamos de una prensa libre e independiente, y esta subvención desde
luego no contribuye a construir en el imaginario popular la percepción de que tenemos una
prensa libre e independiente. Al contrario, tiende a construir en el imaginario popular
la idea de que la prensa y el gobierno están más interrelacionados, son más interdependientes
de lo que deberían ser. Y si en tiempos normales esta percepción de interdependencia entre
la política y los medios de comunicación ya debería ser objeto de crítica en momentos
tan cruciales como el actual, resulta del todo intolerable.
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