El gobierno de Pedro Sánchez acaba de presentar su plan para regenerar la
democracia española, limitando la libertad de expresión y la libertad de
prensa con la excusa de combatir la principal actividad de este gobierno, es
decir, la desinformación y los bulos. Pero, ¿en qué consiste exactamente este
plan para regenerar la democracia? Veámoslo.
El gobierno de PSOE-SUMAR acaba de presentar las líneas maestras de su plan
de acción por la democracia, el famoso plan de Pedro Sánchez para regenerar
nuestras instituciones democráticas de la ponzoña generada por la desinformación
y por los bulos. Pues bien, este plan de acción por la democracia, compuesto por
31 medidas, es en realidad un batiburrillo de diversas reformas legislativas que no
están necesariamente conectadas entre sí. En algunos casos se deroga parcialmente la
llamada Ley Mordaza, en otros se reforma el Código Penal para despenalizar las
ofensas de los sentimientos religiosos o las injurias contra las instituciones del
Estado, y en otros casos, y esto debería ser lo verdaderamente relevante y
preocupante si se sientan las bases para un mayor control político de la libertad
de expresión y de la libertad de prensa. Por bosquejar brevemente la estructura de
este plan sanchista de acción por la democracia, este plan está compuesto por
tres grandes bloques. El primer bloque, medidas para ampliar y mejorar la calidad de la
información gubernamental, consiste en medidas que supuestamente buscan dotar de
mayor transparencia a la información y a la rendición de cuentas que ha de dar el
conjunto de las administraciones públicas. Dentro de este bloque se encontrarían
medidas como desarrollo de estrategias y mecanismos de gobierno abierto, la
aprobación de la nueva estrategia de gobierno abierto y remisión a las Cortes
Generales del proyecto de ley de administración abierta para ampliar las
obligaciones en materia de transparencia, reforzar los controles sobre los cargos
públicos, en especial en materia de conflictos de interés, y ampliar la
participación ciudadana, la colaboración de la sociedad civil en los asuntos
públicos. O el establecimiento de una obligación legal de rendición de cuentas
cada seis meses para todas las administraciones públicas. O la aprobación del
Real Decreto de Ampliación de la Plantilla Orgánica del Ministerio Fiscal
para crear dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General
del Estado para avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción
pública y privada. Un segundo bloque serían medidas para reforzar la
transparencia del poder legislativo y del sistema electoral. Por ejemplo,
establecer la obligación de celebrar anualmente el debate del Estado de la
Nación, o la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y
candidatas, o la obligación de publicar todos los microdatos de las encuestas
electorales debidamente anonimizados, o reforzar el régimen sancionador
aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera
inadecuada. A falta de conocer los detalles, ni el primer ni el segundo bloque
que hemos mencionado tienen por qué ser especialmente lesivos para la libertad de
expresión y la libertad de información. De hecho, son propuestas que no afectan
directamente a ninguna materia vinculada con la libertad de expresión y de
información. Pero no cabe decir lo mismo del tercer bloque de este plan de
acción por la democracia. En este tercer bloque, llamado medidas para fortalecer la
transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo, hay de todo.
Hay medidas dirigidas a obligar a los medios de comunicación a que revelen
exactamente quiénes son sus accionistas, sus propietarios. Por ejemplo, creación de
un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública
sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Hay otras medidas
dirigidas claramente a limitar que determinados medios de comunicación, a los que
Pedro Sánchez llama pseudomedios, puedan recibir subvenciones públicas por parte de
aquellas administraciones que Sánchez no controle. Por ejemplo, reforma de la ley de
publicidad institucional para garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la
metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad,
inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y
verificabilidad, o asimismo introducción de límites a la financiación que las
administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación para que no
haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas, o también
hay, como ya hemos señalado, derogaciones parciales de la llamada ley
Mordaza. Reforma de la ley orgánica 4 barra 2015 de 30 de marzo de protección de la
seguridad ciudadana en su artículo 36 y apartado 23 sobre la calificación de la
sanción por el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Todo esto está en este tercer bloque, pero nada de ello me parece especialmente
grave o especialmente dañino para la libertad de expresión o para la libertad
de prensa. Es verdad que la obligatoriedad de revelar quiénes son los accionistas de
un medio de comunicación puede atentar contra la privacidad de determinadas
personas que quieren financiar un determinado proyecto informativo o un
determinado proyecto editorial, pero no quieren, por miedo a represalias, que su
nombre aparezca ligado a ese proyecto empresarial y la obligación de revelar
su nombre podría retirar financiación privada de esos medios de comunicación y
por tanto podría limitar la libertad de prensa de los periodistas implicados en
ese medio de comunicación. O es verdad que la limitación de la financiación
pública, siendo magnífica noticia, se aplicará de manera asimétrica, es decir, no
estaremos ante una supresión de las subvenciones públicas a todos los medios
de comunicación, que sería lo ideal, sino de una supresión asimétrica. Los medios
de comunicación no alineados con el gobierno PSOE-SUMAR verán limitada la
financiación pública que reciben y los medios de comunicación alineados con el
gobierno de PSOE-SUMAR mantendrán su respectiva asignación presupuestaria.
Siendo cierto todo ello, de nuevo, no me parece que ninguna de estas medidas sea
especialmente grave en contra de la libertad de expresión. De hecho, la
supresión de subvenciones públicas a los medios de comunicación, aún siendo
asimétrica, creo que es una buena noticia. Ahora bien, dentro de este bloque
tercero sí hay un apartado que me parece especialmente preocupante o como poco
potencialmente preocupante. Digo potencialmente preocupante porque de
momento sólo se han esbozado las líneas maestras de las reformas legislativas que
pretende impulsar a partir de ahora Pedro Sánchez. Y por tanto, obviamente, habrá que
estar a los detalles de esas reformas legislativas. Pero como vamos a ver a
continuación, esas líneas maestras no pintan nada bien. Apartado sobre la
promoción de una mayor calidad del debate público. En primer lugar, aprobación de una
estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación. Es decir, el
Estado destinando recursos a luchar contra aquello que los políticos califiquen
arbitrariamente de desinformación, que muchas veces simplemente es la
información que no le gusta al Estado que sea revelada. En segundo lugar, reforma de la
ley orgánica 1 barra 1982 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y de la ley orgánica 2 barra
1984 de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema
para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente
tendenciosas con indemnizaciones y plazos adecuados. Es decir, una reforma que
acaso, ya lo veremos cuando se presente el texto concreto de esa reforma, pero que
acaso pretenda amedrentar a los periodistas con sanciones económicas
gigantescas en caso de que sobrepasen ciertas líneas rojas que esta ley no
habilite a que sean sobrepasadas. Por ejemplo, el caso de Begoña Gómez. ¿Con estas reformas
legislativas sería prudente económicamente que un periodista lo investigara y lo divulgara?
¿Podría Begoña Gómez, con esta reforma de la ley en la mano, arruinar a periodistas o a medios
de comunicación que publiquen los resultados preliminares de su investigación sobre potencial
corrupción de la esposa del presidente del gobierno o, al menos, de comportamientos
moralmente muy indecentes? Pues bueno, como digo, lo veremos porque no tenemos el texto
de la reforma. Pero desde luego que Sánchez pretenda tocar esta ley no apunta en la buena
dirección. El riesgo de amordazamiento efectivo de los periodistas, de censura previa para evitar
una bancarrota económica instada por las indemnizaciones de esta ley, el riesgo, como digo, es alto.
Tercera reforma. Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que puedan
afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos
cuando se refiere a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos
religiosos o descarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable
a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en materia de difamaciones y su encaje legal. Aquí tenemos una parte de la reforma
que desde un punto de vista liberal está muy bien, que es la despenalización de los
delitos de ofensas a los sentimientos religiosos o de las injurias a las instituciones del Estado,
pero también subyace otra posible reforma que no está tan bien y que de hecho es bastante
peligrosa, que es el posible agravamiento de los llamados delitos de odio. Al final,
la crítica a determinadas ideologías que pretenden apropiarse de la representatividad
de determinados colectivos, de manera paradigmática la crítica al feminismo colectivista como si
fuera una crítica a todas las mujeres por el hecho de ser mujeres, este tipo de prácticas
jurídicas insertas en el Código Penal son desde luego muy limitativas no sólo de la libertad
de expresión, sino de la libertad ideológica. Veremos si se consuma este agravamiento de
los llamados delitos de odio, pero a punta maneras.
En cuarto lugar, puesta en marcha de un programa de ayudas dotado con 100 millones de euros para
promover la digitalización de los medios de comunicación a través de la creación de bases
de datos, el desarrollo de herramientas de mejora de la productividad y calidad informativa,
así como el refuerzo de la ciberseguridad. Bueno, si antes decíamos que estaba muy bien
que se eliminaran subvenciones públicas, aunque fuera una eliminación asimétrica escorada
ideológicamente en contra de los llamados medios de comunicación de derechas, aquí tenemos todo lo
contrario. Una lluvia de 100 millones de euros claramente dirigida a comprar medios de comunicación.
No sólo medios de comunicación que ya estén alineados con el gobierno, sino a lo mejor incluso medios de
comunicación que anteriormente estaban alineados en contra del gobierno. Una especie de disidencia
controlada, para entendernos. Porque la operación podría ser la siguiente. El gobierno de España
prohíbe que la Comunidad de Madrid subsidie a un medio de comunicación de esos que Sánchez llama
Pseudomedios. Ese medio de comunicación que dependía de manera extraordinaria de la financiación que le
proporcionaba la Comunidad de Madrid se halla al borde de la bancarrota, y de hecho debería
desaparecer. Si es un medio de comunicación que no puede sostenerse sin ayudas gubernamentales, debe
desaparecer. Pero estando en esa situación de casi bancarrota, llega el caballero blanco del gobierno de
Pedro Sánchez con un saco de 100 millones de euros en ayudas a la digitalización y le dice
si te sometes a los intereses, al discurso, a la ideología del gobierno, es decir, si abdicas de tus
pecados ideológicos y abrazas la nueva fe socialista, te daré algunos milloncitos con la ayuda no de estar
subsidiando tu propaganda ideológica, sino de estar transformándote y digitalizándote para que levantes
cabeza y puedas seguir operando. Esta operación, grosso modo, es lo que hizo el gobierno de Pedro Sánchez
con el grupo Prisa, que al comienzo era muy antisanchista y, a cambio de un plan de salvamiento
público-privado, ha terminado convirtiéndose en el medio de comunicación más sanchista que existe.
Pues bien, se trataría de repetir esta misma operación con otros medios de comunicación
antisanchistas. De nuevo, ya veremos si ese es el caso, pero desde luego no huele nada bien.
En quinto lugar, reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente
con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación en consonancia con la
creación a nivel comunitario del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación.
Lo que aparentemente se quiere hacer aquí, con esta reforma, es crear una especie de etiquetaje
estatal sobre qué es un medio de comunicación y sobre qué no es un medio de comunicación. Ese reparto
de etiquetas correría a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y permitiría,
por tanto, descalificar oficialmente a determinadas organizaciones como pseudomedios. La etiqueta ya no
sería simplemente un insulto que sale por la boca de Pedro Sánchez, sino un sello oficial que
certificaría que una determinada empresa, una determinada organización, no está actuando con
el rigor debido de un periodista y, por tanto, no está actuando como periodista y, por tanto,
no merece el respeto institucional que merecen los periodistas, por ejemplo, a la hora de ser
acreditado en el Congreso de los Diputados, o a la hora de que los políticos acepten responder sus
preguntas y someterse a fiscalización pública, o incluso a la hora de que sus fuentes sean
protegidas. Porque si ya no es un periodista, las fuentes ya no son las fuentes de un periodista,
sino de un pseudo periodista o de un difamador profesional. Y, por tanto, ese pseudo periodista
sí podría tener la obligación de revelar quiénes han sido sus fuentes. Todo eso es lo que parece
estar detrás de esta reforma. Crear un sello público de buen periodista y un sello público
de mal periodista o de falso periodista, lo que clarísimamente atentaría contra la libertad de
prensa. Si bien, también hay que decir, sólo agrandaría la brecha entre una masa de ciudadanos
que cada vez confía menos en el Estado y el propio Estado. Porque si esa masa de ciudadanos
se está informando a través de una plataforma a la que el Estado califica de pseudomedio,
lo que sucederá es que esa masa de ciudadanos que desconfiaba del Estado y que se informaba de
ese medio de comunicación todavía desconfiará más del Estado y tenderá a confiar más en ese medio de
comunicación que, con respecto a ese conjunto de personas, aparentará ser un medio de comunicación
disidente, un medio de comunicación insubordinado frente al credo oficial que desea imponer el Estado.
Y, por último, creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.
¿Para qué se crea una comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación? Pues,
desde luego, para seguir regulando esa supuesta desinformación. Dicho de otra manera, esta última
medida consiste en dejar la puerta abierta en el futuro a nuevas normativas aún más limitativas
de la libertad de información y de la libertad de prensa. Equivale a señalar que todas las reformas
anteriores no son un punto final, sino un punto y aparte. Que después de toda esta retaíla de reformas,
lo que queda es un y continuará. Y, claro, continuar con las reformas legales que afectan
directamente a la libertad de expresión y a la libertad de prensa no es una buena noticia.
En definitiva, estas son las líneas maestras del plan de Pedro Sánchez para regenerar la
democracia española luchando contra la desinformación y contra los bulos. Es decir,
luchando contra sí mismo. Son medidas que todavía tienen que ser desarrolladas normativamente y,
en su caso, ser aprobadas en el Congreso. Pero, al contrario de lo que suele decirse en estos casos,
el diablo no sólo está en los detalles. El diablo, en este caso, también está en las líneas maestras.