Una de las noticias más destacadas de estos últimos días es que el gobierno de Pedro Sánchez
parece haber dado su brazo a torcer y considera que ya es posible efectuar las entregas a
cuenta a las comunidades autónomas.
La información podría parecer que no tiene demasiado trasfondo o que no tiene demasiada
enjundia, que se trata de un mero formalismo, de un mero trámite que finalmente me encuentra
su razón de ser.
La realidad, sin embargo, es que detrás de estos titulares, detrás de estas informaciones
encontramos un perfecto chantaje que el gobierno de Pedro Sánchez ha atendido a las comunidades
del Partido Popular para conseguir que el Partido Popular cediera y se abstuviera en
la investidura de Pedro Sánchez.
Empecemos por el principio, ¿qué son las entregas a cuenta?
Bueno, las comunidades autónomas dentro de nuestro sistema de financiación adquieren
sus ingresos en función, en parte, de unos tributos que tienen total o parcialmente cedidos.
Entre los tributos parcialmente cedidos están, por ejemplo, la mitad del IRPF, la mitad
del IVA y algunos impuestos especiales.
Si son tributos parcialmente cedidos a las autonomías, lo lógico sería que fueran
las propias autonomías las encargadas de recaudar esos tributos y en función de la
recaudación que fueran ejecutando que pudiesen ir financiando las distintas partillas de
gasto que tienen transferidas las autonomías.
Sin embargo, en materia de IRPF, de IVA o de ciertos impuestos especiales, las autonomías
como mucho, por ejemplo en materia de IRPF, tienen determinada cierta capacidad regulatoria
o legislativa para configurar su parte del impuesto, pero no son las encargadas de recaudar
este tributo.
Esto que significa que quien recauda el tributo es el gobierno central y es el gobierno central
quien luego tiene que distribuir entre las autonomías las sumas que ha obtenido.
¿Por qué se articula el sistema de este modo?
Bueno, esencialmente porque el gobierno central no distribuye exactamente el dinero que recauda
en cada autonomía a cada autonomía, sino que lo que hace el gobierno central es coger
el dinero que se recauda entre todas las autonomías y que les corresponde, supuestamente a las
autonomías, y luego en función de determinados criterios redistribuirlo entre las distintas
autonomías de tal manera que el dinero que llega a cada gobierno autonómico no tiene
por qué ser el mismo que el dinero que se ha recaudado en esa autonomía.
Al margen de esto, que ya de por sí es objeto, debería ser objeto de crítica, y de hecho
ya intentamos criticarlo en otro momento, lo cierto es que en la medida en que el gobierno
central es quien recauda ese dinero y no son las autonomías, aunque son ingresos fiscales
que les corresponde a las autonomías, estas se encuentran con la necesidad de que el gobierno
central les transfiera el dinero que ha recaudado.
El problema es que hasta que no se cierra definitivamente el ejercicio fiscal y hasta
que no se liquida definitivamente ese ejercicio fiscal, pues no sabemos exactamente cuánto
dinero se ha recaudado por IRPF este año o por IVA este año, y las autonomías necesitan
esos fondos, aunque no sean los definitivos al 100%, para ir sufragando ya digo las partidas
de gasto que tienen transferidas.
¿Qué sistema se ha articulado para que, aunque necesitemos tiempo para saber exactamente
al 100% el dedillo, toda la recaudación de vida por IRPF o por IVA o por impuestos especiales
durante el presente ejercicio, combinar esa demora en los cálculos con la rapidez, con
la inmediatez de la necesidad de las transferencias de ingresos para que las autonomías puedan
financiar sus gastos?
Pues el concepto de entrega se cuenta, básicamente la entrega cuenta es que el gobierno central
en función de su estimación de recaudación por IVA y IRPF les va transfiriendo durante
el año las sumas que, sobre esa previsión, les corresponden a las autonomías, y luego
al cabo de dos años, cuando ya está calculado la recaudación, cuando se ha calculado ya
la recaudación definitiva de IRPF, IVA y especiales, se liquida por diferencias, si
se ha transferido durante este año más de lo que se debía, en dos años las autonomías
lo tienen que devolver, si se ha transferido menos de lo que se debía, el gobierno central
les reintegra ese importe a las autonomías.
Este es el modo en el que el sistema ha funcionado hasta la fecha, y claramente es una configuración
del sistema bastante perversa que habilitaría a aquel gobierno que maquiavélicamente quiera
hacerlo, retener los ingresos que les corresponden a las autonomías para, de algún modo, ejercer
una cierta presión a las autonomías.
Si el gobierno central es quien recauda y es quien, según la ley, ha de distribuir esos
fondos recaudados en las autonomías para que estas puedan gastar, bueno, si el gobierno
bordea la legalidad para no transferirles los fondos a las autonomías, evidentemente
estará ejerciendo una presión, un chantaje sobre ellas, y esto es esencialmente lo que
ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta antes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha retenido
las sumas que les corresponden a las autonomías en función de sus tributos cedidos y las ha
retenido por qué motivo, bueno, supuestamente, según ha dicho la propia abogada del Estado
que, evidentemente, está mediatizada, está instrumentada por las directrices que le haya
podido dar el gobierno de Pedro Sánchez, porque efectuar las entregas a cuenta a las autonomías
en este momento, por parte de un Ejecutivo en funciones, comprometería la independencia,
comprometería la autonomía de un próximo gobierno no en funciones, no se podía hipotecar
el futuro de ese gobierno, aprobando hoy entregas a cuenta las autonomías, el argumento es
sumamente tramposo, porque las entregas a cuenta no son una potestata arbitraria del
gobierno ni en funciones ni no en funciones, son unas sumas que les corresponden a las
autonomías por impuestos, por una recaudación que es de las autonomías, aun cuando la competencia
de recaudación la ejerza el gobierno central o la administración central, pues, como digo,
las entregas a cuenta no son en un gasto caprichoso arbitrario que pueda o no ejecutar el gobierno
central, son cantidades adeudadas por el gobierno central de las autonomías y adeudadas
por un gobierno provisional en funciones o por un gobierno definitivo, cualquier gobierno
sea el que sea, tendrá que efectuar esas entregas a cuenta, por tanto, no tiene sentido
afirmar que el gobierno en funciones, por dar carta de naturaleza a lo que un gobierno
no en funciones tendrá que efectuar de cualquier modo, está comprometiendo la autonomía
de ese gobierno en funciones. El argumento, como digo, era tan ridículo
que ahora, una vez ya la convocatoria electoral parece inevitable, el gobierno dice que en
realidad ya se pueden liberar esas cantidades y ya se las puede transferir a las autonomías
porque ya no va a comprometer la suerte de un futuro gobierno, evidentemente tanto lo
podía comprometer ahora como en el pasado, la situación no ha cambiado por el hecho
de que haya elecciones, el gobierno que libere esas entregas a cuenta seguirá estando en
funciones y seguirá siendo ese gobierno, el que está en funciones, el que las libere,
no el próximo gobierno que supuestamente saldrá de las urnas, por tanto, nada sustancial ha
cambiado, lo único que ha cambiado es que antes todavía había perspectiva de que se
pudiera investir a Pedro Sánchez sin pasar por nuevas elecciones y ahora ya vamos definitivamente
a elecciones. Y este es el argumento clave que explica
porque se han instrumentado las entregas a cuenta para que el gobierno de Pedro Sánchez
pudiera ser investido a través de un gobierno, digamos, monocolor, sin el apoyo de Podemos
y a través de la abstención del Partido Popular. Básicamente, el gobierno de Pedro
Sánchez estaba reteniendo dinero que necesitaban las autonomías para funcionar, dinero que
les corresponde a las autonomías, insisto, no al gobierno central, aunque él sea el
encargado de recaudar y ha estado reteniendo esas sumas de dinero para de algún modo presionar
a las autonomías del PP para que presionen a Pablo Casado para que éste se abstenga,
en una investidura de Pedro Sánchez. Y es que, recordemos que el principal argumento
que utilizaba a Pedro Sánchez para justificar la necesidad de abstención del PP era que
se permitirá echar a andar la legislatura. Echar a andar la legislatura significaba
de cara a los varones autonómicos del PP desbloquear las entregas a cuenta. Permitirles
acceder a fondos que ya deberían tener pero que el gobierno ha retenido como herramienta
de castigo o de sanción hasta que Pablo Casado cediera y se abstuviera ante una investidura
de Pedro Sánchez. Como ahora ya no hay tiempo para investir a Sánchez a través de la abstención
y no tiene ningún sentido, ni jurídico, ni económico, ni político seguir reteniendo
las entregas a cuenta, el gobierno ya ha dado su brazo a torcer y va a liberar esas
entregas a cuenta. Por tanto, lo que hemos estado clarísimamente es ante una nueva instrumentación
de las instituciones por parte del gobierno de Pedro Sánchez para lograr objetivos partidistas.
El mismo gobierno, y esto es quizá lo más paradójico, que no tuvo ninguna restricción
a la hora de aprobar toda una suerte de medidas electoralistas conocidas como los viernes
sociales que eran medidas totalmente arbitrarias, totalmente caprichosas, totalmente voluntarias
por parte del Ejecutivo, totalmente prescindibles, ese gobierno en funciones que aprobó los
viernes sociales que sí comprometían financieramente la suerte de un nuevo gobierno, dado que el
nuevo gobierno resultante de las elecciones sí habría tenido que cargar con esos compromisos
financieros asumidos en funciones por el gobierno socialista. Ese mismo gobierno ha
estado diciendo que no podía efectuar las entregas a cuenta porque eso que no es potestativo,
que no es algo que pueda hacerse o dejar de hacerse, sino que es algo que ha de hacerse
por cualquier gobierno en funciones o no en funciones, pues ese gobierno que ha retenido
las entregas a cuenta es el mismo que aprobó los viernes sociales sin ningún tipo de empacho.
Pues bien, estamos ante una nueva prueba, como digo, de instrumentación política de
las instituciones y lo que debería en todo caso, más allá de reafirmarnos en la idea
de que todos los políticos, y desde luego Sánchez no es una excepción, sino que es
una regla confirmada y reconfirmada, todos los políticos patrimonializan la administración
para lograr sus intereses personales. La política es un arte ruin donde los gobernantes dicen
perseguir el interés general, pero en realidad están perseguiendo su interés particular
bajo el manto, bajo la mascarada del interés general. Pero más allá de reafirmarnos en
esta idea que debería ser el criterio de interpretación básico de la actuación de
nuestros políticos, también deberíamos pensar en la necesidad de reformular nuestro sistema
de financiación autonómico, no solo en materia de evitar la redistribución de ingresos
entre autonomías, lo cual genera una competencia perversa entre ellas para captar más fondos
a costa de otros contribuyentes y responsabilizándose totalmente de la gestión de sus propios
ingresos ante sus propios contribuyentes, sino también incluso en términos de recaudación.
No tiene sentido que el gobierno central recaude aquellos impuestos que deberían corresponderles
o que ya les corresponden de hecho a las autonomías y que deberían ser ellas las que los gestionarán
como considerarán oportuno, ya sea para subirlos, para bajarlos, para gastarlos o para dejarlos
de gastar. Pero el sistema institucional que tenemos es aquel que permite en todo caso
mangonear a los políticos para de nuevo usar las instituciones de aquel modo que consideran
más pertinentes para sus propios intereses.