Su vida de las pensiones.
Su vida de los salarios de los empleados públicos.
Bono vivienda para jóvenes.
Bono cultura para jóvenes.
Todo ello transferencias para ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad.
No transferencias para comprar votos entre las clases medias.
Veámoslo.
El objetivo de los políticos es perpetuarse en el poder
y en democracia para conseguir perpetuarse en el poder
necesitan maximizar los votos que reciben.
¿Cómo pueden maximizar los votos que reciben?
Una forma muy directa y muy clara de conseguirlo es comprar votos.
Sin embargo, en la mayoría de legislaciones estatales vigentes,
la compra privada de votos es ilegal, está prohibida.
Si un político utilizará su propio patrimonio para ir ofreciendo dinero a los votantes,
a cambio de su sufragio, ese político terminaría en la cárcel.
Sin embargo, la compra de votos ejecutada a través del presupuesto público,
es decir, cuando un político promete a los votantes
que les dará determinada cantidad de dinero si él sale vencedor de las elecciones,
la compra de votos a través del presupuesto público no es ilegal
en la mayoría de jurisdicciones, dado que es muy complicado probar
que en esos casos se produce una malversación de caudales públicos.
De ahí que los políticos que aspiren a perpetuarse en el poder
comprando votos a través del presupuesto público
tiendan a generar redes clientelares, redes clientelares cautivas,
con ciudadanos a los que se les da dinero,
en tanto en cuanto ellos permanezcan en el poder.
Y cuando hablo de instaurar redes clientelares,
no me refiero necesariamente a instaurar redes clientelares
en favor de los más pobres de una sociedad.
Muchas veces, y fijándonos en la experiencia hispanoamericana,
tendemos a pensar que las redes clientelares
se despligan en favor de los más pobres, pero eso no es necesariamente así.
Las redes clientelares se despligan hacia aquellas bolsas de votantes
que son mayores, porque lo que quiere el político con el presupuesto público
es maximizar los votos que recibe.
Como en Hispanoamérica, las bolsas de votantes entre las rentas más bajas
son muy cuantiosas en esos países si tienden a establecerse redes clientelizadoras
en relación con la población más desfavorecida, más dependiente del gobierno.
Pero en sociedades más ricas, donde la clase media es mucho más voluminosa
y, por tanto, donde la inmensa mayoría de votos se concentran en las clases medias,
las redes clientelares no se establecen especialmente con los más pobres,
sino, sobre todo, con la clase media a la que convierten en clase media cautiva
de un determinado partido en el gobierno.
Esta idea ya fue formulada hace varias décadas por el economista Aaron Director,
en lo que, desde entonces, se ha conocido como la Ley de Director.
¿Y qué dice la Ley de Director?
Que la redistribución de la renta no es, como muchas veces se dice,
desde ricos a pobres, es desde ricos y pobres a las clases medias.
Es decir, le robamos, perjudicamos a las minorías, porque allí no hay muchos votantes,
para concentrar el botín de ese robo entre las clases medias,
que es donde pastan la inmensa mayoría de votantes
que nos interesa captar de cara a las próximas elecciones.
En los últimos días en España hemos vivido diversos ejemplos clarísimos
de la Ley de Director en acción, es decir, el gobierno de España,
el gobierno de Peso y Podemos, comprando descaradamente votos de los ciudadanos,
especialmente integrados en la clase media, a través del uso de la chequera presupuestaria.
Tomen nota de las partidas de nuevos gastos, de nuevos gastos permanentes,
no gastos de una sola vez, sino gastos permanentes,
que ya se consolidan perpetuamente en los presupuestos
que acaba de anunciar en los últimos días el gobierno de España.
En primer lugar, indexación de las pensiones al IPC,
dado que el IPC previsiblemente cerrará el año entre el 4,5% y el 5%,
esta medida supondrá un sobrecoste entre 4.800 millones de euros y 5.300 millones de euros.
Pongamos una cifra intermedia, 5.000 millones de euros de sobregasto.
En segundo lugar, subida de los sueldos públicos en un 2%,
aunque esta subida supondrá una rebaja de los salarios reales de los empleados públicos,
porque si los precios suben un 4,5% o un 5% y los salarios se revalorizan un 2%,
en realidad te han bajado el sueldo real un 2,5% o un 3%.
Pero aún así, es más de lo que la economía española se puede permitir
en estos momentos de déficit público gigantesco y de deuda pública creciente.
¿Cuánto costará la revalorización en un 2% del salario de los empleados públicos?
3.000 millones de euros.
En tercer lugar, bono vivienda para ayudar a pagar el alquiler a los más jóvenes,
200 millones de euros.
En realidad esta medida no ayudará a pagar el alquiler a los más jóvenes,
simplemente hará que los arrendadores suban el alquiler que terminan cobrando a los más jóvenes
y por tanto es una ayuda indirecta a los propietarios de vivienda
que en muchos casos creo que no necesitan tal ayuda.
Sin embargo, el joven sí cree que está siendo ayudado y por tanto su voto si es más susceptible
de ser entregado a aquel partido que evidentemente le entrega esa ayuda para permitirle emanciparse
y alquilar una vivienda.
Y en cuarto lugar, probablemente la medida más descarada y más obscena de todas
a la hora de comprar votos.
Expliquemos cómo el propio presidente del gobierno nos la explica.
Una ayuda directa a todos aquellos jóvenes que pasen de 17 a 18 años y cuando tengan 18 años,
sean mayores de edad, les daremos, si se aprueban estos presupuestos, 400 euros
para la compra de libros o para el consumo de cualquier tipo de actividad artística escénica,
como pueda ser el teatro, como pueda ser el cine, como pueda ser la danza, la música.
En definitiva, lo que queremos es seguir protegiendo a los jóvenes,
darles más ayudas precisamente para la emancipación.
400 euros para todos aquellos jóvenes que acaben de cumplir la mayoría de edad,
no para aquellos que tengan 17, 16 o 15 años, tampoco para los que tengan 20, 21 o 22,
sino exactamente para aquellos que pasen de 17 a 18.
Es decir, para aquellos que en los próximos dos años integrarán la bolsa de nuevos votantes en España
de cara a las elecciones generales de 2023.
Básicamente se les está diciendo, yo, partido socialista, te doy 400 euros para que te lo gastes como quieras,
no solo en el teatro, en el cine o en libros, también se podrán gastar esos 400 euros en videojuegos.
Y por tanto, la expectativa es que esos jóvenes estén tan agradecidos con ese partido socialista
que les acaba de dar a costa de todos los contribuyentes, claro, 400 euros, que quizá en las próximas elecciones
le devuelvan el favor votándolo.
Estamos hablando de una bolsa de potenciales votantes de los jóvenes que en los próximos dos años
alcanzarán la mayoría de edad de casi un millón de personas, un millón potencial de nuevos votantes
y cuál será el coste de esta medida, 200 millones de euros al año.
En total, el conjunto de medidas que acaban de anunciar durante los últimos días los partidos del gobierno,
tanto PSOE como Podemos, se dirigen a una bolsa potencial de votantes de unos 13, 14 millones de españoles
y el coste agregado de estas medidas es de 8.500 millones de euros.
¿Y cuánto es 8.500 millones de euros?
Pues para que nos hagamos una idea, en términos fiscales estamos hablando de aproximadamente el 10%
de todo lo que se recauda cada año en IRPF.
Pero no nos vayamos a aquella parte de la estructura del Estado que nos gustaría modificar a los liberales, los impuestos.
Adoptemos incluso la perspectiva socialdemócrata, es decir, la perspectiva de redistribuir la renta
desde ricos a pobres, de buscar la igualdad efectiva a través de la acción coactiva del Estado.
Es que todas las medidas que hemos mencionado antes, indexación de las pensiones al IPC,
subida del sueldo de los empleados públicos, bono vivienda, bono cultura para jóvenes,
¿acaso todo eso son beneficios estatales, transferencias estatales que se concentran entre los más pobres?
No, puede que algo les termine llegando a los más pobres, pero esencialmente eso se concentra en las clases medias.
¿Y qué ayuda proporciona a este gobierno socialista, a este gobierno de Podemos,
a esos grupos sociales que realmente son pobres, que realmente están más desfavorecidos?
Bueno, pues hagamos también una comparativa a este respecto.
El coste presupuestario del ingreso mínimo vital, que si es una medida que se orienta,
que se focaliza en transferir renta a los más pobres, es de 3.000 millones de euros.
Comparemos los anuncios o currencias de los últimos días,
coste de 8.500 millones de euros para comprar votos entre las clases medias.
El ingreso mínimo vital, transferencias para las familias realmente más pobres, 3.000 millones de euros.
O dicho de otra manera, si nos hubiésemos ahorrado las ocurrencias de los últimos días,
podríamos más que haber duplicado el ingreso mínimo vital que se dirige hacia las familias más pobres.
Pero el gobierno realmente no está pensando en mejorar la situación de las familias más pobres,
porque no son muchas, está pensando en comprar votos, en comprar votos en la clase media,
porque ahí sí hay muchos votantes, si hay muchos sufragios que adquirir con cargo al presupuesto público.
En eso consiste la política, te quitan por la fuerza el dinero de tu bolsillo,
para luego si acaso de volvértelo a través de una red clientelizadora,
con el objetivo de que no solo les entregues tu dinero, sino también tu libertad.