Tras más de cinco años de bloqueo, PSOE y PP se ponen de acuerdo para renovar el órgano
de gobierno de los jueces a cambio de garantizar la independencia y despolitización de la
justicia. ¿Dónde está la trampa? Veámoslo.
Después de cinco años de desacuerdo y tras el reciente ultimátum dado por Pedro Sánchez,
PSOE y PP han llegado a un pacto para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
A pesar de que el PP nos ha estado repitiendo durante años que no pensaban pactar con el
PSOE otra cosa que no fuera la despolitización del órgano de gobierno de los jueces, ahora
han pactado repartirse como cromos de una colección partidista los vocales de ese gobierno de los
jueces. 10 para el PSOE y 10 para el PP. Y después de habernos dicho todo esto, después
de habernos prometido y jurado que el único objetivo que tenía el Partido Popular en estas
negociaciones era despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, ¿cómo justifica ahora
el PP este pasteleo con el PSOE para repolitizar el Consejo General del Poder Judicial? Pues porque
supuestamente el PP, a cambio de ceder en la negociación para repartirse a partes iguales
los vocales del Consejo General del Poder Judicial, le ha arrancado al PSOE un compromiso para reformar la
ley orgánica del Poder Judicial y despolitizar de una vez por todas la justicia. Por un lado,
todas las decisiones y, por tanto, todos los nombramientos de este Consejo General del Poder
Judicial se adoptarán por mayoría cualificada de tres quintos. Y por otro lado, y de manera mucho
más importante si fuera cierto, este nuevo Consejo General del Poder Judicial se encargará de redactar
una propuesta de ley que también será aprobada por tres quintos de este órgano, que será remitida al
Parlamento y que contendrá el nuevo mecanismo despolitizado de elección de los vocales del
órgano de gobierno de los jueces para futuras renovaciones. Es decir, que en teoría serán los
propios jueces, sus representantes en el órgano de gobierno de los jueces, quienes determinarán cómo
se escogerá en el futuro a los integrantes de este órgano de gobierno de los jueces. Lo podemos leer en
la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que han consensuado ambos partidos
políticos. Dentro del apartado tercero, sobre el Consejo General del Poder Judicial, encontramos,
en sexto lugar, la exigencia de una mayoría de tres quintos de los vocales del Consejo General
del Poder Judicial para el nombramiento de los presidentes de las audiencias provinciales y del
magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de
Inteligencia, así como su sustituto. Y en el apartado cuarto, también encontramos lo siguiente.
Por último, la ley también contiene una disposición adicional única, donde se prevé que, en el plazo
de seis meses desde su entrada en vigor, el Consejo General del Poder Judicial deberá realizar un estudio
sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos y una propuesta de
reforma que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales y ser remitida al Gobierno,
al Congreso y al Senado, con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan
a la consideración de las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación.
Y si bien la primera parte de este acuerdo es bastante verosímil que se termine cumpliendo,
es decir, que se incrementen las mayorías cualificadas dentro del Consejo General del
Poder Judicial para tomar decisiones relevantes, porque la tramitación de la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial se desarrollará en el mismo pleno en el que se votará la elección de
los vocales y, por tanto, una irá condicionada a la otra. Mucho me temo que la reforma futura de
esta misma ley, a propuesta del nuevo Consejo, para que sean los jueces los que determinen el
mecanismo futuro despolitizado de elección de los jueces, no lo llegaremos a ver nunca.
¿Y por qué no lo llegaremos a ver nunca? Pues porque el PSOE ya tiene lo que quería,
que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y el PSOE no quiere de ninguna
manera que los jueces sean verdaderamente independientes del poder político. Quiere
seguir nombrándolos y controlándolos. Por tanto, el PSOE, y tampoco el PP, por mucho que hable,
jamás va a aceptar una ley, una propuesta de ley que venga del Consejo y en la cual se contenga
un mecanismo de elección independiente de la política de los vocales del Consejo General
del Poder Judicial. De hecho, el PSOE cuenta con dos mecanismos muy sencillos para bloquear
cualquier posible reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde se establezca un mecanismo
despolitizado de la elección de los vocales de este órgano. Recordemos que el acuerdo al que han
llegado PP y PSOE es que el Consejo consensuará una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial donde los propios jueces escojan el mecanismo de elección del gobierno de los jueces.
Esa propuesta de reforma será remitida por el Consejo al Parlamento y el Parlamento la aceptará.
Pero aquí hay dos formas muy claras de bloquear esa reforma. La primera es que la propuesta de
reforma jamás termine saliendo del Consejo. Recordemos que a partir de ahora las decisiones
se tendrán que tomar por tres quintos de los vocales dentro del Consejo General del Poder
Judicial, es decir, por 12 de los 20 miembros. Y el PSOE ha nombrado directamente a 10 de esos
20 miembros. Por tanto, bastará con que los vocales del PSOE voten en contra, dentro del
órgano de gobierno de los jueces, de cualquier propuesta de reforma que despolitice la elección
de los vocales para que nunca, dentro de las entrañas del Consejo General del Poder Judicial,
emerja una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que termine siendo aprobada por el
Parlamento. Y, en segundo lugar, aún suponiendo que tres quintos de los vocales del nuevo órgano de
gobierno de los jueces terminen consensuando una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial que, de verdad, despolitice de cara al futuro la elección de esos vocales, bastará con
que, cuando esa propuesta de reforma llegue al Congreso, el PSOE y sus socios parlamentarios se
hagan los locos diciendo que ellos jamás se comprometieron a votar cualquier propuesta de
reforma que surgiera del Consejo, que, desde luego, la considerarían, la tendrían en cuenta, pero que no
se comprometieron a extender un cheque en blanco a la propuesta de reforma del órgano de gobierno de
los jueces. Y, por tanto, si el PSOE y sus socios parlamentarios tienen mayoría en el Congreso y votan en
contra de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que haya sido planteada por el nuevo
órgano de gobierno de los jueces, esa reforma tampoco entrará en vigor. Y, por tanto, el órgano de gobierno
de los jueces se irá politizado, controlado por los políticos, que es a lo que aspira el PSOE y
también, aunque no lo verbalicen tan a las claras, el PP. De hecho, daos cuenta de la nula voluntad que
tiene el PSOE de cumplir esta parte nuclear del acuerdo, que el propio portavoz parlamentario del
PSOE, Pachi López, ya ha salido a la palestra a desmentir que ellos no se han comprometido a que
el nuevo Consejo General del Poder Judicial redacte una propuesta sobre el nuevo mecanismo
de elección de los vocales de este órgano que vaya a ser aprobada por el Parlamento, que ellos,
como mucho, tomarán en consideración lo que proponga ese órgano. Y luego, si se propone que
los jueces se elijan a los jueces, el PSOE votará en contra.
No estamos hablando de que los jueces elijan a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera
en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se
transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos.
Vamos, que no hay ningún compromiso por parte del PSOE de votar a favor de la propuesta de
reforma del Consejo General del Poder Judicial sobre el nuevo mecanismo de elección de los
vocales de ese órgano. Más claro, agua. La cuestión, claro, es cómo conociendo a Pedro Sánchez,
que ha sido un mentiroso compulsivo, que ha incumplido siempre y en todo momento su palabra,
cómo puede el Partido Popular confiar en la palabra de Pedro Sánchez sobre la despolitización futura del
órgano de gobierno de los jueces. Y aquí solo hay dos posibilidades. O los del PP son tontos,
o los del PP son malos. Y sin descartar la primera posibilidad, creo que la opción más verosímil es la
segunda. Es decir, que en el fondo el PP tampoco quiere despolitizar el Consejo General del Poder
Judicial. Porque, de hecho, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, en el año 2012,
cuando tenían mayoría absolutísima para hacerlo, reformaron la Ley Orgánica del Poder Judicial,
pero no para despolitizar la elección de los vocales del Consejo, sino para perpetuarla.
De esta manera, PSOE y PP se reparten los papeles para conservar su control sobre el Poder Judicial.
El PSOE argumenta ante sus huestes que es completamente antidemocrático que los jueces
escojan a los jueces, que la soberanía nacional reside en el Parlamento y que, por tanto,
ha de ser el Parlamento quien, en última instancia, escoja a los miembros del Consejo General del
Poder Judicial. Y el PP engaña a sus votantes y simpatizantes, que pueden ser más proclives a la
despolitización de la justicia, prometiéndoles que la va a despolitizar, que han llegado a un
acuerdo con el PSOE para despolitizarla. Y cuando finalmente esto no se produzca, dirán que Pedro
Sánchez es un traidor, que ellos pusieron toda la buena voluntad del mundo, pero que al final no ha
sido posible. De tal manera que ambos partidos seguirán teniendo en el órgano de gobierno de
los jueces a diez vocales de unos y a diez vocales de otros. Desde que en el año 1985 el PSOE de Felipe
González, el supuesto PSOE bueno, reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para asegurarse el control
del Consejo, el órgano de gobierno de los jueces ha estado completamente politizado. Y ni PP ni PSOE,
pese a gozar con posterioridad de mayorías absolutas, han hecho nada para revertirlo. Porque,
en última instancia, ni los unos ni los otros quieren despolitizar el órgano de gobierno de
los jueces. Ni los unos ni los otros desean que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente
como para fiscalizar las actividades contrarias a los derechos y libertades de los ciudadanos que
pueda perpetrar el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. Lo que desean es una justicia dócil y
para eso han de controlar el Consejo. Y sobre eso, sólo sobre eso, versó en realidad el acuerdo de ayer.
Sobre cómo PSOE y PP seguirán controlando el órgano de gobierno de los jueces.
¡Gracias!