El Gobierno de Peso de Podemos ha anunciado una reforma del mercado eléctrico con la
que pretende abaratar la factura de la luz en un 22%.
¿Lo conseguirá?
Veámoslo.
Este pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de reformas del mercado
eléctrico y del mercado de gas en España con el objetivo de abaratar los precios de
la energía a los que se enfrentan las familias españolas.
Las tres medidas estrella aprobadas por el Gobierno fueron, en primer lugar, la rebaja
del impuesto especial a la electricidad desde el 5,1% al 0,5%.
En segundo lugar, una medida no específica para el mercado eléctrico pero sí para
el mercado de gas y es la limitación de la tarifa de último recurso de los consumidores
de gas.
En lugar de que esta tarifa de último recurso se encarezca a un 29% durante el último trimestre
del año, que es lo que tendría que suceder atendiendo a los precios internacionales del
gas, el Gobierno obligará a las comercializadoras de gas a que ofrezcan la tarifa de último
recurso con una alza de únicamente el 4,6%.
Y por último un tijeretazo de 2.600 millones de euros a los beneficios extraordinarios
de las eléctricas que serán reinvertidos en abaratar el recibo de la luz de los consumidores.
Con estas medidas el Gobierno pretende conseguir que la factura de la luz se abarate un 22%
en lo que queda de año y también que la factura del gas, para los usuarios domésticos, nos
encarezca como hemos dicho más de un 4,6%.
Pero de verdad se lograrán estos objetivos, bueno como voy a explicar a continuación,
en realidad todo esto no es una forma de abaratar ni la factura eléctrica ni la factura
del gas para las familias.
Es más bien una forma de cargarles los sobrecostes actuales no hoy, pero sí en el futuro.
Es una patada hacia adelante, es una acumulación de deuda que terminarán pagando los españoles
no ahora, no en los próximos meses, pero sí en los próximos años.
En primer lugar, la rebaja del impuesto especial a la electricidad desde el 5,1% al 0,5%.
Es una medida desde mi punto de vista acertada, pero que al no ir acompañada de un recorte
del gasto público generará un mayor déficit público, es decir un mayor endeudamiento que
tendrán que pagar las generaciones futuras.
El impuesto especial a la electricidad se esperaba que proporcionara este año entre
1.500 y 2.000 millones de euros, con su práctica a suspensión en lo que queda de año no se
van a recaudar estas cantidades y por tanto si no se recorta el gasto público, que es
lo que habría que hacer, entonces más déficit, más deuda, más impuestos futuros para los
contribuyentes.
En este caso además no es previsible que suceda lo mismo que ha ocurrido con la rebaja
del IVA.
El IVA que pesa sobre la electricidad fue rebajado del 21% al 10%, pero como los precios
de la electricidad han seguido subiendo, el gobierno ya está recaudando lo mismo, que
esperaba recaudar cuando el IVA estaba al 21% y los precios de la electricidad eran mucho
más bajos.
Por tanto, a través de la rebaja del IVA el gobierno no ha visto mermar sus ingresos,
no hay un aumento del déficit por esa rebaja del IVA.
Pero claro, si el impuesto especial a la electricidad lo bajas del 5,1 al 0,5%, eso implica que
no se va a recaudar prácticamente nada por mucho que suban los precios de la electricidad
por esta rúbrica y por tanto eso es, como digo, más déficit y más deuda pública.
No es abaratar el recibo, es diferir el pago del recibo.
Vamos ahora con la segunda medida estrella.
La limitación del encarecimiento de la tarifa de último recurso del gas para los consumidores
domésticos, atendiendo a los precios internacionales del gas, en este cuarto trimestre del año
habría que encarecer esta tarifa en un 29%.
Como el gobierno no quiere que los consumidores de gas experimenten sufran una subida tan
fuerte de la factura eléctrica, va a topar, va a limitar la subida al 4,6%.
Pero claro, si las comercializadoras anden a pagar el gas mucho más caro de lo que son
capaces de venderlo, las comercializadoras perderán dinero.
¿O no es eso lo que sucederá?
Pues evidentemente no sucederá eso.
El gobierno ya ha aclarado que aunque se limite temporalmente ahora la subida del precio del
gas para los consumidores de gas, la diferencia entre lo que debería haber subido la tarifa
de último recurso del gas y lo que finalmente subirá, recordemos, debería haber subido
un 29%, subirá un 4,6%, esa diferencia de alrededor del 25% no es que se dejara de pagar
para siempre, sino que los consumidores del gas empezarán a pagarla a partir del año
que viene.
¿Por qué a partir del año que viene?
Porque el gobierno espera, confía en que a partir del año que viene los precios internacionales
del gas hayan bajado.
Entonces, la operación que está haciendo es simplemente pagar menos ahora, cuando los
precios son muy altos, y pagar más en el futuro cuando los precios sean más bajos,
lo que hace no es eliminar el coste, no es rebajar permanentemente el coste de la factura
del gas para los consumidores del gas, es distribuir ese coste a lo largo del tiempo,
es decir, de nuevo, aplazar el pago.
En este caso se trata, por tanto, de crear un déficit de tarifa, no en la factura eléctrica,
sino en la factura del gas, y los déficits de tarifa son una política horrorosa, lo
fueron con aznar y con zapatero y, desde luego, lo siguen siendo con Sánchez.
¿Por qué razón?
En primer lugar, porque los consumidores no reaccionan al encarecimiento del precio del
gas, siguen consumiendo gas como si el gas fuera mucho más barato de lo que en realidad
es, y, por tanto, si no restringen la demanda, sobreconsumimos gas al coste real, que tiene
el gas.
En segundo lugar, porque las compañías, en este caso comercializadoras de gas, siguen
acumulando beneficios como si no se hubiese adoptado ningún tipo de política, es más,
acumulan más beneficios de los que acumularían, porque si el precio del gas subiera, las familias
restringirían el consumo, con lo cual, más precio, pero menos consumo, los ingresos no
suben tanto.
Ahora, si los consumidores siguen pagando un precio relativamente bajo del gas, no moderan
la demanda, con lo cual las compañías comercializadoras de gas, lo que hacen es vender un volumen
de gas como si el precio no hubiese subido, pero al precio encarecido, porque ese precio
se pagará de manera no transparente el próximo año.
De nuevo, otra patada hacia adelante, no es que abaratemos el gas, es que lo pagaremos
más tarde.
Y, en tercer y último lugar, quizá la medida que ha recibido mayor atención mediática,
la más polémica, que es la de recortarles a las eléctricas 2.600 millones en beneficios
extraordinarios para destinarlos a abaratar el recibo de la luz.
Como se articula todo esto, pues básicamente se obliga a las centrales nucleares hidroeléctricas,
y también a muchas centrales eólicas y fotovoltaicas, a que devuelvan todo lo que cobren por megavatio
hora, que supere aproximadamente los 50 euros.
Dicho otra manera, si a día de hoy el precio del megavatio hora en el mercado mayorista
está en 180-190 euros, se obligará a las nucleares hidroeléctricas y muchas eólicas
a que paguen a fin de mes al gobierno 130-140 euros por cada megavatio hora que hayan vertido
a la red.
¿Cuál es la lógica de todo esto?
Pues básicamente se presupone que el coste de generación de un megavatio hora para
la hidroeléctrica, para la nuclear, para la eólica o para la fotovoltaica es muy
inferior al coste que actualmente tiene generar un megavatio hora en las centrales de ciclo
combinado, con lo cual el gobierno quiere eliminar los llamados beneficios caídos del cielo,
como las hidroeléctricas, nucleares o eólicas, cobran el megavatio hora al precio que marca
el gas, pero su coste de generación es mucho más bajo, quiere que todos esos beneficios
extraordinarios les sean extraídos y reinvertidos en abaratar la factura de la luz.
¿Cuál es el problema de esta medida, más allá de que se cambie la regulación de un
día para otro y por tanto que se genere incertidumbre regulatoria de cara a las inversiones futuras?
Pues el problema es que la mayoría de centrales hidroeléctricas, nucleares y también eólicas
y fotovoltaicas han vendido ya a plazo la generación eléctrica de este año y del
año que viene a unos precios cerrados en torno a 40, 50 o 60 megavatios hora.
El precio que vemos cada día en las noticias, el precio del mercado mayorista, ese que se
ha disparado a 180, 190 euros el megavatio hora, es el precio para comprar electricidad
spot al contado en este momento, pero muchas comercializadoras no acuden al mercado mayorista
a comprar la electricidad, sino que lo que hacen es suscribir acuerdos de suministro
a largo plazo con las centrales eléctricas.
Las centrales eléctricas les dicen te voy a suministrar tantos megavatios hora durante
este año o durante el año que viene a un precio fijo de 40, 50 o 60 euros por megavatio
hora.
Dicho de otra manera, el gobierno presupone que todas estas centrales están vendiendo
todo sus megavatios hora al precio que marca el mercado mayorista a 170, 180, 190 euros
por megavatio hora y les obligará a devolver la diferencia entre el precio del mercado
mayorista a 170, 180, 190 y unos 45, 50 euros que marca el gobierno como precio máximo que
deberían poder recibir.
Es decir que por cada megavatio hora que suministren estas centrales tendrán que devolver 130,
140, 150 euros, pero si están ingresando a través de estos contratos de suministro
a largo plazo con precio pactado hace meses, si están ingresando por megavatio hora 40,
50, 60 euros y han de devolver 120, 130, 140, 150, eso significa que muchas centrales
hidroeléctricas nucleares o sobre todo eólicas y fotovoltaicas estarán vendiendo en términos
reales a pérdida.
Por ejemplo, las grandes eléctricas que son concesionarias de las centrales hidroeléctricas
o nucleares han recordado estos días que ya han vendido el 100% de la electricidad
que estas centrales van a generar durante este año 2021 y más del 75% de la electricidad
que van a generar en el año 2022 y que lo han hecho a precios cerrados y pactados hace
meses, no a los precios actuales, por tanto serán precios sustancialmente inferiores
a los que marca hoy el mercado mayorista, aunque hayan pactado un precio tan alto como
100 euros el megavatio hora.
Si a día de hoy el precio en el mercado mayorista es de 180, 190 euros y lo máximo que pueden
cobrar son 50, estas centrales tendrán que devolverle al gobierno 140, 130 euros.
Si venden a 100 y han de devolver 130, tienen unas pérdidas por megavatio hora de 30.
Pero bueno, uno podría pensar, esto es el lobby de las grandes eléctricas que tienen
intereses expurios en esta cuestión, bien, pero es que hoy mismo la asociación de empresas
de energía renovables ha dicho exactamente lo mismo, que muchas centrales eólicas,
que muchas centrales fotovoltaicas, que no están cubiertas por el régimen retributivo
asegurado por el Estado, sino que lo que hacen es vender a futuro sus megavatios hora y,
por tanto, ya han cerrado contratos de suministro a largo plazo a un precio cerrado de antemano
que puede rondar los 40 o 50 euros por megavatio hora, pues esas centrales renovables, eólica
o fotovoltaica, también se verán penalizadas por las medidas del gobierno, han pactado
vender el megavatio hora a 40 o 50 euros, pero si lo hacen, tendrán que pagarle al
gobierno 130 o 140 euros, es decir, estarán vendiendo a pérdidas.
Os voy a leer el propio ejemplo que ha puesto la asociación de empresas de energía renovables
en la nota de prensa que ha publicado sobre esta cuestión.
Parqueólico, que no tiene un marco retributivo y vende su producción en el mercado.
Este tipo de proyectos suelen tener del orden del 90% de su producción ya asegurada mediante
coberturas y o contratos a plazo.
Si las coberturas se cerraron en el entorno de los 40 euros megavatio hora, algo habitual
por los precios que el año pasado marcaban los mercados a futuro y el mercado se mantiene
en los 180 megavatios hora, como consecuencia de una cotización del gas elevada, se produce
una minoración de retribución según el real decreto ley 17-2021, que es el que acaba
de aprobar el gobierno para abaratar la factura de la luz.
Y la instalación estará obligada a devolver más de 100 euros por megavatio hora, lo que
le produce unas ventas negativas.
Y claro, si una empresa solo puede vender a pérdida, pues esa empresa prefiere no vender,
que eso es justamente lo que están diciendo prácticamente todas las centrales eléctricas
implicadas.
Las nucleares ya han amenazado con cerrar las centrales nucleares si esto sigue en pie.
Es verdad que no tienen autonomía para cerrar una central nuclear porque eso tiene que ser
aprobado por el Ministerio de Industria, que previsiblemente diría que no.
Pero es que las renovables, la Asociación de Empresas de Energías Renovables, en este
comunicado, cuyo ejemplo os acabo de leer, también han anunciado que muchas instalaciones
renovables, si no se cambian las condiciones del decreto, sí dejarán de suministrar el
electricidad a la red, porque evidentemente no van a vender a pérdida.
Os leo de hecho lo que hice la nota de prensa de la Asociación de Empresas de Energías
Renovables.
Al entrar en vigor el Real Decreto Ley 17-2021, cientos de plantas en España se verán abocadas
a vender con importantes pérdidas, a denunciar los contratos e incluso a paralizar su producción
durante el periodo de vigencia de la norma.
Y lo mismo sucederá con las hidroeléctricas, especialmente después de todo lo que les
han dado por haber desembalsado el agua que estaba acumulada en los embalses.
Simplemente dirán, bueno, pues no desembalsamos el agua, no generamos electricidad a través
de las centrales hidroeléctricas, porque si hemos de vender esa electricidad a pérdida,
pues preferimos no venderla, preferimos seguir acumulando agua en los embalses para volver
a vender esa electricidad a precios que sí sean remunerativos cuando las medidas extraordinarias
de este Real Decreto Ley hayan expirado.
¿Y cuál es la consecuencia de que las renovables dejen de suministrar electricidad a la red?
¿O cuál sería la consecuencia si se llegara el caso de que las centrales nucleares llegaran
a suspender su actividad?
Pues que si se suministra mucho menos electricidad a través de nuclear hidroeléctrica o renovable,
tendremos que tirar todavía más del gas.
Es decir, que los costes del sistema eléctrico todavía aumentaran más.
Si teníamos alguna esperanza de que la producción renovable volviera a aumentar durante los
próximos meses y, por tanto, el precio del mercado mayorista no estuviera vinculado o
tan vinculado al precio que marca el gas, con esta reforma nos podemos ir olvidando
de que eso suceda.
Pero es que, además, hay una segunda consecuencia que tampoco debemos soslayar.
Hemos dicho que las centrales nucleares no están autorizadas a dejar de funcionar si
el Ministerio de Industria no lo acepta y, por tanto, durante los próximos meses es
altamente probable que las centrales nucleares seguirán generando electricidad aunque vendan
a pérdida y, por tanto, si es cierto que durante los próximos meses el gobierno obtendrá
una recaudación extraordinaria que podrá reinvertir en abaratar durante los próximos
meses la factura de la luz.
Es que las nucleares van a recurrir ante los tribunales estas medidas del gobierno y,
dado que estas medidas del gobierno son tan perjudiciales retroactivamente, es altamente
probable y no sería la primera vez que ocurre que las nucleares terminen ganando el pleito
al gobierno.
Y si esto sucede en el futuro, el gobierno tendrá que compensar a las centrales nucleares
por todo lo que les ha cobrado y no debería haberles cobrado.
Y quién terminará pagando esa compensación extraordinaria, que simplemente serán las
cantidades que hoy las nucleares le han adelantado al gobierno y que no deberían haberle adelantado
para que abarate durante los próximos meses el recibo de la luz, pues solo tendrán que
pagar los contribuyentes o más previsiblemente los consumidores eléctricos, será otro cargo
que se añadirá a la factura de la luz.
Nuevamente, pues, al igual que sucedía con la rebaja del impuesto especial a la electricidad,
al igual que sucedía con la limitación del encarecimiento de la tarifa de último recurso
del gas, con lo que nos encontramos aquí es con una pata hacia adelante, es decir,
con acumular deuda, deuda real o deuda contingente, si es que las nucleares derrotan al gobierno
en los tribunales, cosa que es perfectamente posible que suceda, deuda real o deuda contingente
a pagar en el futuro, no se abarata en términos reales permanentes el recibo de la luz.
Lo que se hace es diferir el pago, o dicho de otra manera, el resumen de la reforma energética
que ha aprobado esta semana el gobierno es tan sencillo como decir pan para hoy y hambre
para mañana.