Una de las críticas más extendidas contra la política fiscal de la Comunidad Autónoma
de Madrid es que está practicando dumping fiscal contra otras autonomías de España
cuando, por ejemplo, elimina el impuesto sobre patrimonio, cuando bonifica en gran medida
el impuesto sobre sucesiones o cuando rebaja, ligeramente, su escala autonómica de tramos
del IRPF.
Según se nos dice, está desleal competencia fiscal que está ejerciendo la Comunidad Autónoma
de Madrid frente a otras autonomías, está provocando que los ingresos de esas autonomías
se desplomen y que, en consecuencia, estas autonomías, estos gobiernos autonómicos,
no puedan invertir todo este dinero que están dejando de recaudar en políticas sociales
inclusivas, lo que termina perjudicando a sus propios ciudadanos.
De ahí que, por ejemplo, el independentismo de izquierdas catalán, a pesar de que quieres
excesionarse de España, en este caso concreto no ha dudado en defender una recentralización
de la política fiscal en manos de la Moncloa para armonizar impuestos en el conjunto del
territorio español, es decir, que ninguna autonomía tenga capacidad, por ejemplo,
para suprimir el impuesto sobre patrimonio, para rebajar el impuesto sobre sucesiones
o para rebajar los tramos del IRPF, de manera que Madrid no ejerza competencia fiscal contra
Cataluña, y Cataluña siga teniendo mucho dinero que pueda invertir en políticas sociales
inclusivas.
Bien, esta tesis crítica contra la comunidad autónoma de Madrid tiene varios supuestos
que la hacen dudosa.
En primer lugar, es verdad que la comunidad autónoma de Madrid está reduciendo, debido
a su competencia fiscal, los ingresos de otras autonomías de manera muy significativa.
Segunda premisa, que hace esta tesis bastante dudosa.
En caso de que los gobiernos autonómicos distintos de la comunidad de Madrid tuviesen
todo ese dinero que dicen que están perdiendo, realmente lo invertirían en políticas sociales
inclusivas o lo invertirían en otros asuntos que no redundarían directamente en mayor
bienestar para los ciudadanos.
Y en tercer lugar, es verdad que la competencia fiscal a la baja, en la medida en que presiona
a otras autonomías, también a bajar dinero, es perjudicial, aun cuando esos otros gobiernos
tengan menos ingresos para invertir en políticas sociales inclusivas.
No es que la mejor política social para favorecer la independencia, la autonomía
financiera de los ciudadanos, es bajar impuestos, favorecer el crecimiento económico y, por
tanto, permitir que una persona pueda ganarse su vida sin necesidad de recibir transferencias
públicas.
Bueno, estas tres premisas, insisto, son las que se presuponen para lanzar el ataque contra
la competencia fiscal que ejerce la Comunidad Autónoma de Madrid.
Hoy me voy a centrar en analizar la primera, en analizar el presupuesto fáctico de que
las rebajas de impuestos que ha aprobado en los últimos años la Comunidad Autónoma
de Madrid están ejerciendo una brutal competencia sobre otras autonomías, de tal manera que
muchos contribuyentes del resto de España se están trasladando a residir a efectos
fiscales en Madrid y, por tanto, están despojando de ingresos muy sustanciales al resto de
autonomías.
¿Cuánto dejan de ingresar el resto de autonomías como consecuencia de la competencia fiscal
que ejerce la Comunidad Autónoma de Madrid?
Como consecuencia del damping fiscal, como dicen esas autonomías de la Comunidad Autónoma
de Madrid.
Pues bien, para responder a esta pregunta, vamos a partir de un reciente paper de tres
economistas, David Agrawal, Dick Foremny y Clara Martínez Toledano, donde analizan
las repercusiones que tiene la estructura fiscal de la Comunidad Autónoma de Madrid
sobre otras autonomías.
He de aclarar desde el inicio que este paper es un paper crítico con la política fiscal
de la Comunidad Autónoma de Madrid.
No es que sea un paper amigable con la misma y que, por tanto, las conclusiones que se
desprendan del mismo encajen con esta visión positiva de la competencia fiscal.
Por ejemplo, Clara Martínez Toledano es la alumna española de Tomás Piketty, es decir,
un economista que defiende la fiscalidad, una agresiva fiscalidad sobre la riqueza y
que, por tanto, está radicalmente en contra de que la Comunidad Autónoma de Madrid no
establezca el impuesto sobre patrimonio y de que ejerza competencia fiscal sobre el resto
de autonomías.
Pues bien, de acuerdo con este paper de estos tres autores, el resto de autonomías de
régimen común, dejamos fuera, dejan fuera, Navarra y País Vasco, dejan de ingresar como
consecuencia de la competencia fiscal que ejerce la Comunidad Autónoma de Madrid el
5% de su recaudación en el impuesto sobre patrimonio y el 2,5% de su recaudación en
el IRPF.
No estiman, porque es bastante más complicado hacerlo, cuánto dejan de ingresar en concepto
de impuesto sobre sucesiones.
Pues bien, dejar de ingresar el 5% por patrimonio y el 2,5% por IRPF es muchísimo dinero.
Bueno, en el año 2015, las cifras a las que nos estamos remitiendo son del año 2015,
los ingresos que obtuvieron todas las autonomías, salvo País Vasco y Navarra, es decir, las
autonomías de régimen común por impuesto sobre patrimonio alcanzaron los 950 millones
de euros.
Dicho de otra manera, dejar de ingresar, entre todas ellas, el 5% por impuesto sobre patrimonio
suponía que el resto de autonomías como consecuencia de la bonificación al 100% del
impuesto sobre patrimonio a la Comunidad Autónoma de Madrid dejaron de ingresar 50 millones
de euros.
Ni siquiera llega a 50 millones de euros, menos de lo que ha costado rescatar por ponerlo
en perspectiva plus ultra.
Y en el caso del IRPF, en el año 2015, las autonomías, a excepción de Madrid, obviamente,
País Vasco y Navarra, es decir, las autonomías de régimen común que se veían afectadas
por la competencia fiscal de la Comunidad Autónoma de Madrid ingresaron 25.000 millones
de euros.
Por tanto, dejar de ingresar el 2,5% por IRPF supone que perdieron unos 630 millones
de euros.
En total, por tanto, patrimonio.
EIRPF, las autonomías perdieron casi 700 millones de euros como consecuencia de la
competencia fiscal de la Comunidad de Madrid.
Si consideramos, aunque como digo el paper que estoy mencionando no lo estima, si consideramos
que dejan de ingresar el 10% por sucesiones, que es mucho más de lo que dejan de ingresar
relativamente por patrimonio 5% o por IRPF 2,5%, es decir, digamos que nos cubrimos
a la hora de hacer esta estimación sin análisis econométrico detrás, si dejaran de ingresar
el 10% por sucesiones, estaríamos hablando de que por esta partida, por este impuesto,
dejan de ingresar 220 millones de euros.
En total, por tanto, entre los tres tributos en los que la Comunidad de Madrid ejerce
competencia fiscal, damping fiscal, las autonomías ni siquiera llegan a perder cada año 1000 millones
de euros.
Y, por cierto, según el paper que estoy mencionando, una de las autonomías claramente menos perjudicadas
por la competencia fiscal de la Comunidad de Madrid es justamente Cataluña.
Las pérdidas que podríamos imputarle a la Comunidad de Cataluña en IRPF en patrimonio
o en sucesiones ni siquiera alcanzan los 60 millones de euros al año.
Por tanto, cuando Rufián dice que hay que armonizar impuestos en España porque Cataluña
está perdiendo una gran cantidad de recursos que se están refugiando en la Comunidad Autónoma
de Madrid, está mintiendo.
La reducción fiscal en patrimonio, en IRPF y en sucesiones en la Comunidad Autónoma
de Madrid prácticamente no tiene ninguna incidencia en Cataluña, los contribuyentes
no se trasladan de Cataluña a Madrid por estas rebajas fiscales.
El número que lo ha hecho por esto es absolutamente despreciable.
Por consiguiente, si se busca armonizar, no es para que Cataluña no pierde ingresos,
es para que Madrid, la estructura fiscal de Madrid, no le saque los colores, no le saque
las vergüenzas a la estructura fiscal catalana decidida entre otros partidos por IRPF, formación
de izquierda es partidaria de impuestos muy altos y comparativamente logran peor resultados
que la Comunidad Autónoma de Madrid.
Pero ¿por qué digo que estos mil millones de euros, no digamos ya los 60 millones de
euros para Cataluña, sino los mil millones de euros que pierden el conjunto de autonomías
de régimen común como consecuencia de la competencia fiscal de la Comunidad Autónoma
de Madrid es muy poco?
Pues porque cada año los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Madrid, los madrileños
transfieren al resto de autonomías a través del sistema de financiación autonómico y
también a través de la redistribución que efectúa el gobierno central a través de
los presupuestos generales del Estado, transfieren al resto de autonomías a excepción, eso sí,
que también son contribuyentes netas de Cataluña y Baleares, es decir, los madrileños transfieren
al resto de autonomías a excepción de Cataluña y Baleares 20.000 millones de euros cada año.
Los gobiernos autonómicos critican a Madrid por supuestamente privarles de 1.000 millones
de euros de recaudación cuando sus regiones reciben 20.000 millones de euros procedentes
del bolsillo de los madrileños.
Aún cuando no recibirán nada, la competencia fiscal debería ser perfectísimamente legítima.
Portugal, que tiene autonomía fiscal en sucesiones y en patrimonio, ha optado con un gobierno
de izquierdas por eliminar el impuesto sobre patrimonio y el impuesto sobre sucesiones.
La Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene también autonomía, como la tiene en el resto
de gobiernos autonómicos, que tiene autonomía sobre patrimonio o sucesiones, también escoge
como escojido Portugal eliminar el impuesto sobre patrimonio y bonificar a un 99% el impuesto
sobre sucesiones para familiares directos.
Tan legítimo es que lo haga Portugal como que lo haga la Comunidad Autónoma de Madrid.
Tan ilegítimo sería querer imponerle una armonización a Portugal desde España como
debería serlo, querer imponer desde el gobierno central una armonización tributaria entre
gobiernos autonómicos que tienen transferida la competencia para gobernar, para gestionar
sobre estos tributos específicos.
Por tanto, aún cuando los madrileños no transferirán cada año 20.000 millones de
euros al resto de territorios de España, al resto de gobiernos autonómicos, sería
perfectamente legítimo que en el uso de las competencias asumidas por cada gobierno
autonómico la Comunidad de Madrid decidiera bajar impuestos, incluso eliminar esos impuestos.
Pero es que si además tenemos en cuenta que los madrileños transferen cada año 20.000
millones de euros al resto de España, hombre, al menos, dejen que los madrileños podamos
gestionar como deseemos gestionar impuestos que afectan a los madrileños, que pueden tener
la externalidad negativa que por competencia fiscal ustedes pierden recaudación, pierden
mil millones de euros, bueno, todavía hay un saldo a nuestro favor de 19.000 millones
de euros.
Por tanto, si quieren, les compensamos por los mil millones de euros que dejan de recaudar,
eso sí, los otros 20.000 millones que cada año se transfieren al resto de autonomías
que se queden en Madrid, y entonces, a lo mejor, podremos disfrutar de impuestos todavía
más bajos o, si nos impidieran, bajar impuestos por algún tipo de armonización fiscal absurda,
al menos con esos 20.000 millones de euros podríamos, por ejemplo, repartir cheques
escolares entre todos los madrileños o cheques sanitarios para poder escoger el colegio y
el hospital en el que queremos ser tratados sin tener por qué recurrir a la sanidad o
a la educación pública.
En definitiva, el dumping fiscal que ejerce la Comunidad de Madrid sobre otras autonomías
es absolutamente ridículo, inflándolo por lo alto mil millones de euros al año cuando
Madrid ya está transfiriendo 20.000 millones de euros al resto de España.
Dejémonos de armonizaciones fiscales.
Respetemos la autonomía fiscal de cada gobierno regional.
Respetemos los términos de la competencia fiscal.
Si otras autonomías no quieren perder contribuyentes, aunque, como hemos visto, tampoco están
perdiendo tantos, que bajen sus impuestos al nivel de la Comunidad de Madrid, si no
los quieren bajar, que apechugen con las consecuencias.
Pero no monten un cartel confiscatorio dentro de España para bloquear, para impedir, para
prohibir que determinados gobiernos autonómicos les saquen las vergüenzas a otros gobiernos
autonómicos, mostrando que es posible mantener servicios públicos de cierta calidad, manteniendo
una estructura fiscal apreciablemente más baja que en otros territorios.
El dumping fiscal del que falsamente se acusa a la Comunidad Autónoma de Madrid es sólo
otra treta propagandística más para justificar un nuevo y brutal sablazo impositivo sobre
el conjunto de los españoles residan en Madrid o residan fuera de Madrid.