El semanario inglés de The Economist expone a Pedro Sánchez como un personaje obsesionado
con el poder y dispuesto a socavar la democracia española con tal de perpetuarse en el cargo.
Veámoslo.
La prensa libre es, o al menos debería ser, un contrapoder frente a las diversas instituciones
del Estado. Es, o debería ser, un contrapoder que fiscalizara, que vigilara, que criticara
los abusos de poder perpetrados por alguna de las muy diversas instituciones del Estado.
No se trata, por supuesto, de que la prensa libre no tenga sus intereses, no tenga sus sesgos,
no tenga sus contradicciones. Por supuesto que sí. Pero entre todos esos sesgos, intereses
y contradicciones que caracterizan al ser humano y, por tanto, también a la prensa libre ejercida
por seres humanos, podemos seguir encontrando denuncias contra el abuso de poder perpetrado
por otros seres humanos al frente del monopolio de la violencia, es decir, al frente del Estado,
que son absolutamente valiosos y cruciales para que el resto de la ciudadanía pueda plantarles
cara a esos abusos de poder perpetrados por las instituciones estatales. En España, sin
embargo, los poderes del Estado y, sobre todo, el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno de
España, el actual gobierno de Pedro Sánchez, ha conseguido desactivar entre su propio electorado
las críticas, las denuncias, las fiscalizaciones que ejerce una parte de la prensa nacional.
Concretamente, aquella parte de la prensa nacional que no está al servicio, que no está alineada con
los intereses del propio gobierno de España. Por mucho que la prensa no alineada con el Poder
Ejecutivo denuncie casos de corrupción, denuncie abusos de poder, denuncie ataques de raíz al Estado
de Derecho, el gobierno ha conseguido que el grueso de su electorado haga caso omiso a esas denuncias,
a esas críticas, a esas fiscalizaciones ejercidas por la prensa no alineada con el gobierno. Por
consiguiente, a efectos prácticos, el Poder Ejecutivo ha conseguido desactivar el contrapoder
representado por la prensa libre. La fiscalización ejercida por la prensa libre sobre la acción del
Ejecutivo no surte ningún efecto sobre el electorado que respalda a ese Ejecutivo, porque el propio
gobierno se ha encargado, a través de una machacona maquinaria propagandística, de repetir día sí y día
también que los medios de comunicación que la prensa no alineada con el Poder Ejecutivo son una
máquina del fango, son una máquina de esparcir bulos al servicio de las subvenciones públicas de la
Comunidad de Madrid, es decir, del Partido Popular. Y por consiguiente, nada que sea publicado en esos
medios, ha de ser considerado veraz. De manera que si los medios alineados con el gobierno no denuncian
sus abusos de poder, sus posibles casos de corrupción, sus ataques al Estado de Derecho, etc., y los medios
no alineados con el Poder Ejecutivo sí lo hacen, pero el electorado desoye sistemáticamente cualquier
crítica o cualquier denuncia que aparezca en la prensa no alineada por considerarla de entrada falaz,
no veraz, pues entonces, a efectos prácticos, nadie desde la prensa está controlando al gobierno.
Pero vete aquí que ayer un medio internacional no radicado en España, no subsidiado por la
Comunidad Autónoma de Madrid, que no cabe incluir dentro de lo que el gobierno habitualmente califica
como máquina del fango, me estoy refiriendo al semanario inglés The Economist, ayer un medio
internacional puso a caer de un burro al gobierno de Pedro Sánchez y lo hizo con argumentos muy
parecidos a los que suele publicar la prensa nacional, a la que el gobierno califica como
máquina del fango y difusora de bulos. Atención al titular de este artículo de The Economist.
Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. Y dentro de este artículo
reportaje de The Economist sobre España podemos encontrar algunos párrafos tan elocuentes y
devastadores como los siguientes. Avanzaremos con determinación, con o sin el apoyo del Congreso.
Para sus críticos más radicales, esto sonó a que Pedro Sánchez estaba declarando la institucionalización
de una dictadura. En realidad, fue el reconocimiento de su muy complicado contexto político. Pedro Sánchez
ha estado en el cargo de presidente del gobierno de España desde 2018. Es el gran
superviviente de la política europea, un estratega astuto y despiadado. Pero su gobierno de coalición
en minoría gobierna a placer de los nacionalistas catalanes y vascos y a costa cada vez más de la
calidad de la democracia española y de sus instituciones. O este otro párrafo, ciertamente
desolador para Pedro Sánchez. La amnistía es la única medida importante que el gobierno de Pedro Sánchez
ha conseguido aprobar en el Parlamento en sus 10 meses de mandato. No logró aprobar los presupuestos
de este año y es poco probable que logre aprobar los del año siguiente. Todavía peor. Begoña Gómez,
la esposa del presidente Sánchez, está siendo investigada por un juez. Ella niega haber cometido
ninguna irregularidad y Sánchez afirma que es víctima de una persecución política. Pero muchos
se preguntan cómo obtuvo puestos universitarios para los que obviamente no está cualificada. De un modo
claramente equivocado, Begoña Gómez firmó una carta de apoyo a un amigo que se presentaba a una
licitación de un contrato gubernamental. Cuando estalló el escándalo, en lugar de disculparse,
Pedro Sánchez culpó a la extrema derecha y dijo que estaba considerando si la vida política valía la
pena. Sometió a los españoles a un periodo de reflexión de cinco días solamente para regresar
al trabajo al cabo de esos cinco días. O este otro párrafo. Sánchez también ha hecho nombramientos
políticos para cargos supuestamente independientes, como en el Tribunal Constitucional o el Banco de
España. Ha dado órdenes a la abogacía del Estado para que denuncie al juez que investiga a su esposa y
acto seguido recoge unas declaraciones de Elisa de Lanuez, coeditora del blog Hay Derecho, donde se
defiende el Estado de Derecho. Y dice Elisa de Lanuez. Es habitual que España sufra de debilidades
en su sistema de pesos y contrapesos, pero en los últimos años todo ha ido mucho a peor. Desde
luego uno podrá estar a favor o en contra de este tipo de análisis como el que ha publicado The Economist.
Pero nadie debería cuestionar que en una sociedad libre, con una prensa libre, este tipo de reportajes,
o este tipo de análisis, deberían poder ser publicados. Que ha de formar parte del debate
público, de la discusión pública, de la crítica pública, de la fiscalización pública del poder
político, el que este tipo de análisis sean publicados. Porque todo lo que se contiene en él
son críticas como poco razonables contra el gobierno de Pedro Sánchez. Podremos considerar que en el fondo
no son críticas tan graves. O que son críticas que, comparadas con otros logros de este gobierno,
no desmerecen la labor general del mismo. Pero lo que no resulta de recibo es pretender
acallar este tipo de críticas absolutamente necesarias para controlar al poder político.
Y justamente este tipo de críticas son aquellas que el gobierno de Pedro Sánchez pretende silenciar
a través de su ley de regeneración democrática. Cuando estos mismos argumentos, estos mismos
análisis, estas mismas críticas aparecen publicadas en medios de comunicación nacionales,
automáticamente se convierten en fango, automáticamente se convierten en bulos,
automáticamente se convierten en objeto de persecución política por parte de aquellos que no
quieren ser fiscalizados por la prensa que no consiguen controlar. Porque para que la prensa
no controle al gobierno, el gobierno ha de controlar a la prensa. Y como acertadamente
diagnostica The Economist, Pedro Sánchez está dispuesto a socavar el Estado de Derecho las libertades
básicas de los ciudadanos como la libertad de expresión o la libertad de prensa con tal de
aferrarse a críticamente al poder.