Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez,
formalmente investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
¡Veámoslo!
Este pasado 16 de abril, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid
abrió diligencias previas contra Begoña Gómez por corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
Durante esta fase de diligencias previas, la función del juzgado es investigar
si los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito o no
y quién o quiénes pueden ser los autores de esos hechos potencialmente punibles.
Así pues, que un juzgado abra diligencias previas para arrancar el procedimiento
dirigido a investigar si los hechos denunciados sobre Begoña Gómez son o no son constitutivos de delito,
no implica que Begoña Gómez haya sido formalmente imputada por el juzgado
a causa de esos delitos que la denuncia le atribuye.
Recordemos que si bien la imputación no es en absoluto una condena,
estar imputado no significa ni muchísimo menos que alguien termine siendo condenado,
la imputación sí requiere, por parte del tribunal, un juicio de verosimilitud indiciario.
Es decir, el tribunal sí ha de apreciar que potencialmente la persona denunciada
puede ser autora de los hechos punibles que se están denunciando.
Pero repito una vez más, porque esto es muy importante,
estar imputado no equivale a ser culpable.
La imputación es una condición procesal que permite a la persona que está siendo investigada
en esa fase de diligencias previas, defenderse jurídicamente a través de su abogado.
Sucede que en este país, durante muchos años,
al calor de las refriegas por la conquista del poder político,
se ha condenado de manera definitiva e irreversible,
en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la opinión pública,
a muchas personas que simplemente estaban imputadas.
Es decir, a personas sobre las que el juez se limitaba a decir que apreciaba indiciariamente
que, potencialmente, podrían ser autoras de un delito.
Y claro, como en el imaginario colectivo se ha instalado la idea
de que imputado es igual a culpable,
desde el punto de vista del debate público,
de la propaganda pública, que Begoña Gómez haya sido imputada en esa fase de diligencias previas
o no lo haya sido, tiene una enorme repercusión política y mediática.
Y hasta el momento no podíamos saber si Begoña Gómez estaba imputada o no lo estaba.
A pesar de que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid abrió, como hemos dicho,
diligencias previas para investigar el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios
que se le atribuía a Begoña Gómez,
como ese juzgado también había declarado ese mismo día que el sumario era secreto,
no teníamos conocimiento de su contenido.
Sabíamos que se habían abierto diligencias previas, pero no sabíamos nada más.
Es decir, que Begoña Gómez podía estar imputada o podía no estarlo.
No lo sabíamos. Pero hace dos semanas, el gobierno filtró a los medios de comunicación
un informe de la UCO, de la Unidad de la Guardia Civil encargada de investigar delitos económicos,
donde se exculpaba a Begoña Gómez de los posibles delitos que se le atribuían,
si bien también la UCO aclaraba que no disponía de toda la información,
de toda la documentación que sería necesaria para completar sus investigaciones.
El gobierno, como digo, filtró ese informe de la UCO a los medios de comunicación,
informe que forma parte del sumario secreto de las investigaciones por corrupción y tráfico de influencias
a Begoña Gómez. El gobierno filtró ese informe a los medios de comunicación
con el objetivo de exculpar mediáticamente a Begoña Gómez.
Pero en parte, con esa jugada, le salió el tiro por la culata.
Porque a raíz de la filtración de ese informe, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid
decidió levantar el secreto de sumario. Si no se sabe muy bien cómo se estaba filtrando a la prensa
todo el contenido o el contenido más importante de ese sumario que había sido declarado como secreto,
¿qué sentido tenía que el sumario siguiera siendo secreto?
Y así, al levantar el secreto de sumario sobre estas diligencias previas, nos hemos enterado de
que Begoña Gómez sí está siendo formalmente investigada. Y además, posee la condición procesal
de investigada no desde hace unos días, sino desde el mismo 16 de abril, momento en el que el juzgado
abrió diligencias previas para investigarla por corrupción en los negocios y tráfico de
influencias. Como digo, que Begoña Gómez esté siendo investigada no significa ni muchísimo menos
que sea culpable. La condena, si terminare produciéndose, sería en todo caso el resultado
de un procedimiento penal mucho más largo y mucho más garantista de lo que ha sucedido,
de lo que ha tenido lugar hasta el momento. Pero que, jurídicamente, el hecho de que Begoña Gómez
esté siendo formalmente investigada no cambie demasiado las cosas, políticamente, desde luego,
sí lo hace. Y es que, al levantarse el secreto de sumario, también hemos conocido que el juzgado
de instrucción número 41 de Madrid ordenó trasladar el auto en el que formalmente se declaraba
investigada a Begoña Gómez, ordenó trasladarle el auto a Begoña Gómez para que designara abogado y
procurador el pasado 24 de abril. ¿Y qué sucedió el pasado 24 de abril? Pues fue el momento en el que
Pedro Sánchez remitió su famosa carta a la ciudadanía, en el que se daba cinco días para
reflexionar por el hostigamiento al que estaba siendo sometido por la máquina de fango mediática
que no paraba de divulgar y de difundir bulos sobre su honorable esposa. Es decir, que la reacción de
Pedro Sánchez a la declaración formal de su esposa como persona investigada fue montar una
opereta mediática lacrimógena para desviar el foco de atención, para victimizarse y para soslayar el
escrutinio público sobre la condición procesal de su esposa. De hecho, no perdamos de vista que a partir
de ese momento en el que Pedro Sánchez ya sabía perfectamente que su esposa estaba siendo formalmente
investigada, el propio Pedro Sánchez y el resto del Partido Socialista Obrero Español han salido
mediáticamente en tromba a negar que Begoña Gómez estuviese siendo formalmente investigada. Se nos
insistía una y otra vez en que el juzgado únicamente había abierto diligencias previas, pero sin declarar a
Begoña Gómez como persona formalmente investigada. En otras palabras, al mismo tiempo que nos decían
que había que perseguir los bulos difundidos por la máquina de fango de la ultraderecha mediática,
al mismo tiempo que decían todo esto, el gobierno conscientemente estaba difundiendo el bulo de que
Begoña Gómez todavía no estaba siendo formalmente investigada. En definitiva, que hoy por hoy lo
único cierto desde un punto de vista jurídico y político es que, por un lado, la esposa del presidente
del gobierno, Begoña Gómez, está siendo formalmente investigada por corrupción en los negocios y tráfico
de influencias. Y, por otro lado, que el gobierno de España ha mentido sistemáticamente sobre la condición
procesal de la esposa de Pedro Sánchez.