¿Deberíamos reformar la llamada ley mordaza para permitir la grabación y la difusión
de las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?
O, en cambio, tal como están defendiendo ciudadanos PP y VOX, deberíamos restringir
enormemente la posibilidad de que los ciudadanos graben y difundan imágenes sobre los comportamientos
potencialmente abusivos de policías y guardia civiles?
Veámoslo.
Ayer miles de policías y guardia civiles salieron a las calles a protestar contra el proyecto
del gobierno PSOE Podemos de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana del año 2015 más popularmente
conocida como Ley Mordaza.
A estos policías y guardia civiles los acompañó la Plana Mayor de los principales partidos
agrupados sociológicamente en el ámbito de la derecha, es decir, ciudadanos PP y VOX.
Estos tres partidos, que muchas veces dicen estar muy preocupados, muy hondamente preocupados
por las libertades civiles de los ciudadanos, rechazan frontalmente la reforma de esta Ley
de Seguridad Ciudadana que está tramitando el gobierno de PSOE Podemos.
Y ello a pesar de que la presente ley tiene muchos aspectos que deberían ser urgentemente
reformados para una preservación más integral de las libertades civiles de los ciudadanos.
Por ejemplo, la presente ley habilita a que la policía retenga en comisaría aún detenido
durante seis horas sin ningún tipo de justificación al respecto, o la presente ley también habilita
a imponer multas de hasta 600.000 euros a aquellas personas que quebran tem gravemente algunos
de los artículos de semejante ley.
Sin embargo, no me voy a centrar en analizar ninguno de estos dos últimos puntos, sino
que quiero reflexionar sobre el aspecto de la reforma de la llamada Ley Mordaza que ha
generado una mayor polémica y que motivo en mayor medida las protestas de ayer.
También estoy refiriendo a la posibilidad que quiere habilitar el gobierno de España
de grabar y de difundir la grabación de las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado.
En particular, el artículo 36.23 de esta Ley Mordaza califica como infracción grave
sancionada con hasta 30.000 euros de multa el uso no autorizado de imágenes o datos personales
o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que
pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes de las instalaciones
protegidas o en riesgo el éxito de una operación con respecto al derecho fundamental a la información.
Ciudadanos PP y VOX defienden que esta prohibición y la consecuente sanción se mantenga en
vigor porque consideran que no hay que tratar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado como si fueran delincuentes en potencia y, en cambio, PSOE y Podemos proponen eliminar
este artículo para que prevalezca la libertad de información en un asunto tan sensible
como es la actuación en ocasiones abusiva o desproporcionada de los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado.
Y a poco que nos planteemos cuál es la naturaleza del Estado, creo que en esta polémica concreta
es muy evidente quién tiene razón desde un punto de vista liberal.
El Estado se arroga a sí mismo el monopolio de la violencia que él califica como legítima,
se lo arroga supuestamente para pacificar a la sociedad.
Si cada uno de nosotros pudiésemos recurrir a la autotutela, se supone que caeríamos
en un círculo de violencia que escalaría cada vez más hasta la disolución de la sociedad,
de tal manera que, desde un punto de vista jovesiano, tiene sentido que se instituya
un árbitro imparcial y soberano que se superimponga a todos los ciudadanos y que pueda mediar
en los conflictos que surgen entre ellos monopolizando la fuerza, la violencia, para dar o quitar
razones y proceder a reparar cualquier daño que se haya causado.
Esta es la justificación contractualista desde un punto de vista muy idealizado del
Estado.
Y aún cuando uno compre esa visión casi de árbitro angelical del Estado, debería
ser también muy consciente de que esa monopolización de la fuerza y de la violencia, por parte
de la institución estatal, conlleva riesgos de abuso de poder.
Cuando todo el poder se concentra en un ámbito concreto, existe una tentación, una inclinación
a que ese poder sea abusado por parte de aquellos que lo detentan y en contra de aquellos que
lo padecen.
Justamente porque ese riesgo de abuso de todo el poder que monopoliza el Estado es un riesgo
tan cierto, los liberales han promovido históricamente formas de reducir, de minimizar ese riesgo.
Una de esas formas es la separación interna de poderes dentro del Estado, de manera que
no recaiga en una sola persona la potestad del legislar de ejecutar las leyes y de juzgar
el grado de cumplimiento de las leyes.
Pero otras formas de minimizar ese riesgo de abuso de poder por parte del Estado y por
parte de los agentes del Estado es a través del establecimiento o la promoción de contrapoderes
externos al Estado que restringan su campo de actuación a aquel ámbito reducido del
que nunca debería salir.
Y uno de los principales contrapoderes que contribuye a fiscalizar, a controlar las actuaciones
del Estado y el riesgo, por tanto, de que esas actuaciones sean abusivas es la prensa.
De hecho, a la prensa popularmente también se la conoce como el cuarto poder.
La prensa puede transmitirle a la sociedad información sensible, información delicada,
información crucial sobre los comportamientos de determinados agentes del Estado y puede
llevar, por tanto, a que la sociedad tome conciencia de que determinados comportamientos
que están ejecutando los servidores públicos son comportamientos abusivos y que, por tanto,
se organize para promover el CS la sanción de aquellos agentes estatales que hayan abusado
de su poder y también a establecer restricciones adicionales para que determinados abusos no
vuelvan a suceder, o sea, más complicado que vuelvan a suceder.
Si por ejemplo un medio de comunicación contara con evidencia audiovisual de cómo un funcionario
se está corrompiendo, consideraríamos que prohibirle la publicación de esa evidencia
audiovisual constituiría no solo un atentado a la libertad de prensa o a la libertad de
información, sino también a la capacidad de la ciudadanía de controlar los abusos
de poder que pueden cometerse desde dentro del sector público.
Y en este mismo sentido, las nuevas tecnologías han permitido que prácticamente cualquier
ciudadano se convierta de manera descentralizada en un periodista o, al menos, en un observador
capacitado para recopilar material audiovisual sobre los posibles abusos de poder que cometan
los servidores públicos, que cometan aquellos que están ejerciendo las potestades del Estado.
Por eso debería constituir un derecho incuestionable el que cualquier persona pueda grabar las
actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como difundir su contenido
en caso de que aprecie que esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se están extralimitando,
se están excediendo, están abusando de su poder, porque, de esa manera, trasladando
a la esfera pública los comportamientos potencialmente abusivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad
del Estado, se puede impulsar a que aquellos policías o guardias civiles que hayan abusado
de su poder, que hayan ido más allá de lo que la ley les autoriza, terminen siendo sancionados.
No se trata de criminalizar a todos los policías o a todos los guardias civiles, se trata
de comprender que como agentes del Estado, como agentes del monopolio legal de la violencia,
son susceptibles de abusar de su poder, y precisamente porque ellos y cualquier otro
agente estatal es susceptible de abusar de su poder, necesitamos fiscalizar sus actuaciones
para que no haya impunidad. El argumento de que no deberíamos difundir
ningún tipo de imágenes de policías o guardias civiles por el riesgo personal o familiar
que puede suponer el riesgo de represalias públicas, que puede suponer esa difusión
de imágenes, es un argumento que en parte podría llegar a ser razonable, pero no lo
suficientemente razonable como para prohibir la difusión de esas imágenes.
Si los partidos de Derechas, Ciudadanos, PP y BOX consideran que de verdad ese es un problema
serio y no niego que pueda llegar a serlo, lo que propondrían es una reforma de la ley
donde se especifica que se pueden difundir cualquier tipo de imagen o cualquier tipo
de contenido audiovisual de actuaciones de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
sobre y cuando en las imágenes difundidas no se pueda identificar personalmente a los
agentes, es decir, no se les observe con claridad o si se les observa con claridad que sus rostros
aparezcan pixelados. De esa manera el resto de la sociedad podríamos verificar si algunas
actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son desproporcionadas, son abusivas,
requieren por tanto de una investigación y de una sanción y no deben ser encubiertas,
no deben quedar impunes por algún tipo de corporativismo interno o si no es así o si
son actuaciones del todo proporcionadas, del todo legítimas y por tanto que no requieren
ningún tipo de investigación o de potencial sanción.
Para ejercer esa presión ciudadana es verdad que no necesitamos todos y cada uno de nosotros
conocer la identidad específica del policía o del guardia civil que puede haber cometido
un abuso dentro de sus actuaciones. Basta que constatemos que en una determinada actuación
policial con una geografía y un momento histórico concreto ha habido un comportamiento susceptible
de ser abusivo y que por tanto eso debe ser investigado internamente, dilucidado y en
su caso sancionado.
De hecho, la actual redacción de la llamada ley mordaza permitiría en el fondo amparar
este tipo de prácticas, es decir, la difusión de imágenes o de vídeos donde el rostro
de los agentes aparezca pixelado o difuminado. Volvamos a leer el articulado. El uso no
ha autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pueda poner en peligro la seguridad
personal o familiar de los agentes, es decir, que si aparece el rostro pixelado o difuminado
no puede poner en peligro la seguridad de los agentes ni de su familia porque no los
podemos identificar. Es decir, que la presente ley ya ampararía este tipo de prácticas
de sentido común que estoy mencionando, es decir, que se pueda grabar y difundir un vídeo
sobre actuaciones policiales para que el resto de los ciudadanos juzgue si esas actuaciones
policiales están siendo abusivas y desproporcionadas o no y, en su caso, se inste una investigación
y una sanción.
Entonces, si la actual ley ya ampara este tipo de prácticas porque es de sentido común
que las ampare, ¿para qué necesitamos reformar la presente ley? Pues porque como el articulado
ahora mismo es lo suficientemente ambiguo o lo suficientemente discrecional, como para
no tener muy claros si los particulares están autorizados a grabar y a difundir imágenes
de una actuación policial, en demasiadas ocasiones los agentes del Estado impiden esas grabaciones
amparándose en que la ley no permitiría difundir ese material por el riesgo que supondría
para los agentes. Por consiguiente, como poco es necesaria una reforma que clarifique que
sí está permitido siempre grabar y sí está permitido siempre difundir y sólo no estará
permitido difundir en caso de que esa difusión se haga sin las pertinentes cautelas a la
hora de dificultar la identificación pública de los agentes implicados en una determinada
actuación. ¿Por qué los partidos de derechas, ciudadanos, PP y VOX, en lugar de impulsar
una redacción razonable y también garantista para los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado como pueda ser esta? Es decir, que esté permitido grabarles y difundir ese material
pero con ciertas cautelas para impedir, para dificultar la identificación específica
de cada agente implicado en una actuación. ¿Por qué en lugar de promover esta reforma
razonable desde incluso su perspectiva ideológica lo que hacen es oponerse radicalmente a la
reforma y defender, por tanto, un estatu quo que es lesivo de las libertades personales
y de la libertad de información de los ciudadanos? Pues esencialmente por dos motivos, dos motivos
que hacen bueno el calificativo que he estado empleando a lo largo de todo el vídeo y
del que probablemente muchos espectadores discrepen, que ciudadanos, PP y VOX en este
caso se están comportando como partidos de derechas. En primer lugar, estos tres partidos
no instan una reforma razonable de la actual ley de seguridad ciudadana simplemente porque
están haciendo oposición, porque están yendo a la contra de cualquier medida que plantee
un ejecutivo de izquierdas. Eir a la contra de la izquierda en un espectro ideológico
reduccionista y lineal te coloca como no a la derecha. De hecho, muchas veces la derecha
se define simplemente por ser anti izquierda, de ahí que la derecha termine siendo un cajón
desastre en el que quepan ideologías muy distintas en ocasiones muy enfrentadas entre
ellas pero que tienen un único punto común y es que son contrarias a la izquierda.
Y en segundo lugar y de manera más relevante, porque la derecha al menos la derecha tradicional
tiene una concepción de la sociedad en la que el valor prioritario, el valor supremo
es el orden, de la misma manera que el valor nuclear que suele aglutinar a todas las izquierdas
muy variadas, muy diversas entre sí, es la igualdad, no la igualdad ante la ley sino
la igualdad material a través de la fuerza de la ley pero la igualdad y de la misma
manera que el valor nuclear que estructura el pensamiento liberal en sus variantes muy
diversas es la preservación de la libertad individual, el valor nuclear que coordina
gran parte de la derecha tradicional es el orden, es mantener el orden social a una
costa de la libertad personal. Y aquí claramente, ciudadanos, PP y Vox, están anteponiendo
el orden alcanzado a través de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
estado sobre la libertad individual. Aceptan limitar la libertad individual para privilegiar
a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para blindarles frente a la fiscalización
de vida por parte de los ciudadanos contra sus comportamientos potencialmente abusivos,
un privilegio que desde su perspectiva de derechas se justifica en que el orden ha
de ser prioritario, ha de prevalecer sobre la libertad individual.
Y por eso digo que la derecha, ciudadanos, PP y Vox se está equivocando defendiendo
la actual ley de seguridad ciudadana, la actual ley mordaza. Se equivoca en el fondo
porque los argumentos que emplea ya hemos visto que no son buenos argumentos y se equivoca
en las formas porque al defender la ley de seguridad ciudadana en su redacción actual
está mostrando a los ciudadanos que esta derecha travestida de liberal en realidad sigue
teniendo mucho de derecha y poco de liberal. Está mostrándonos que aunque la mona anti
liberal se vista de sedas liberales, mona anti liberal se queda.