¿Ha despedido Javier Milei a 7.000 funcionarios de la Administración Pública Argentina?
¿Van a venir en el futuro otros muchos despidos de este tipo? ¿Cuáles son las razones que
han llevado al presidente de Argentina a tomar esta decisión?
Veámoslo.
Javier Milei despide a 7.000 funcionarios de la Administración Pública Argentina. O eso
es, al menos, lo que nos han dicho muchos medios de comunicación. Por ejemplo,
Javier Milei echa a 7.000 funcionarios de Argentina. Milei inicia el achicamiento del
Estado dejando sin contrato a 7.000 funcionarios. Milei despide a más de 5.000 funcionarios en
Argentina. Milei da el primer tijeretazo al gasto público y despide a miles de funcionarios.
El problema de estos titulares es que el término funcionario es un término bastante
ambiguo y que no tiene un significado unificado en todos los países de habla hispana. Un
funcionario en España es un empleado público con la plaza en propiedad. Es decir,
un empleado público que no puede ser despedido por ningún gobierno. De hecho,
este es uno de los argumentos que suele ofrecerse para justificar que algunos
empleados públicos tengan su plaza en propiedad. Que cuando un nuevo partido
político llegue al gobierno, no pueda despedir a todo empleado público para colocar en sus
puestos agente afín a ese partido político. Que un partido político no pueda colonizar
la Administración Pública con su propio personal. En este sentido, la separación entre
Administración con un personal propio y estable y gobierno, que va cambiando,
que va rotando en democracia, esta separación entre Administración y gobierno sería una forma
más de separación de poderes dentro del Estado para evitar que todo el poder quede concentrado
en las manos del Ejecutivo. Y en este sentido, si Javier Milei estuviese despidiendo a gente
que tiene su plaza en propiedad, estaría atentando contra esta separación entre Administración y
gobierno y, por tanto, podría estar mostrando una vena despótica dirigida a controlar plenamente
el Estado argentino con gente que le sea afín. Pero, como explicaremos a continuación, no es
esto lo que ha sucedido y todos los titulares anteriores que hemos leído son titulares
erróneos. No sé si deliberadamente erróneos, pero desde luego sí erróneos.
En primer lugar, contextualicemos la noticia. Actualmente, el conjunto de las Administraciones
Públicas de Argentina, incluyendo aquí a las empresas públicas, tiene en plantilla a casi
4 millones de personas. Es decir, que el conjunto del Estado argentino, incluyendo su sector público
empresarial, tiene alrededor de 4 millones de empleados públicos. Pues bien, de esos casi
4 millones de empleados públicos, la Administración Central, también llamada Administración Pública
Nacional, únicamente tiene contratados a 342.000. Es decir, que la mayor parte del empleo público en
la Argentina no está, no se halla en la Administración Pública que directamente gobierna Javier Milei,
sino que se ubica en las Administraciones Públicas de las provincias, de los gobiernos
regionales. Y de esos 342.000 empleados públicos de la Administración Pública Nacional, solo 55.000,
cuidado, se hallan en los ministerios. 136.000 se ubican en organismos autónomos como el CONICET,
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas o la AFIP, la Agencia Tributaria del
País. Pero es que, además, otros 110.000 empleados públicos dentro de esos 342.000 de
la Administración Pública Nacional se ubican en empresas públicas como Aerolíneas Argentinas,
la Operadora Ferroviaria, el Banco Nación o Correos. Pues bien, de esos 342.000 empleados
públicos pertenecientes a la Administración Pública Nacional repartidos entre ministerios,
organismos autónomos y empresas públicas, sólo un tercio equivalen a lo que en España
llamaríamos funcionarios, empleados públicos con plaza en propiedad, y que en Argentina se
denominan empleados públicos de planta permanente. El resto, más de 200.000 empleados públicos,
son en su mayoría empleados públicos con contrato. Y ese contrato laboral entre el empleado
público y la Administración Pública puede tener una duración indeterminada, indefinida,
o una duración determinada, un contrato por una duración específica de tiempo. Pues bien,
estos 7.000 funcionarios, según muchos medios de comunicación, que acaba de despedir Javier
Milley, no eran empleados públicos con plaza en propiedad, no eran empleados públicos de planta
permanente, sino que eran empleados públicos con una relación laboral contractual de duración
determinada. Concretamente, estas 7.000 personas fueron contratadas por la Administración Pública
Nacional en algún momento a lo largo del año 2023, y su contrato expiraba el 31 de diciembre
de este año 2023. Y lo que se ha limitado a hacer Javier Milley ha sido anunciar que ninguno de esos
7.000 contratos se va a renovar en el año 2024. En el decreto que ha firmado Javier Milley podemos
leer con claridad, primero, que este decreto afecta a las contrataciones de personal por
tiempo determinado, considerando que el artículo 9 de la referida ley marco regula el régimen de
contrataciones de personal por tiempo determinado, que así mismo establece que dichos contratos no
podrán superar los 12 meses siempre que no exceda el periodo presupuestario en curso, es decir,
que se está refiriendo a contrataciones que se efectuaron en el año 2023 y cuyos contratos,
sí o sí, tenían que expirar, tenían que terminar el 31 de diciembre de este año,
porque así se regula la contratación de personal por tiempo determinado en la Argentina. Pues bien,
sentado todo esto, lo que establece Javier Milley como presidente de la República Argentina es lo
siguiente. El presidente de la nación argentina decreta artículo 1. Establecese que las
contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas en el marco del artículo 9
de la ley marco de regulación de empleo público nacional, del decreto número 1109 del 28 de
diciembre de 2017 y de toda otra modalidad de contratación que concluya el 31 de diciembre de
2023 e iniciadas a partir del 1 de enero de 2023, es decir, el personal contratado desde el 1 de
enero del año 2023 cuyo contrato con la administración pública termine el 31 de enero del año 2023,
estas contrataciones no serán renovadas. Y por cierto, he mencionado hace unos instantes que
ningún contrato público de duración determinada suscrito a partir del 1 de enero del año 2023 y
que concluya el 31 de diciembre del año 2023 será renovado por mandato presidencial en 2024,
pero esta afirmación no es del todo precisa, porque ni siquiera Javier Milley ha bloqueado
toda renovación de contratos públicos firmados en 2023 con una duración determinada. En el propio
decreto podemos leer tres excepciones. Artículo 2, exceptúanse de lo previsto en el artículo 1
de la presente norma las siguientes contrataciones. Primero, las derivadas de cupos regulados por ley
u otro tipo de protecciones especiales, es decir, que si se ha contratado a personal público porque
la ley impone una cantidad mínima de empleados públicos en un determinado organismo o en una
determinada función, a esos sí se les renovará el contrato público. En segundo lugar, personal
que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento
de la jurisdicción de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por
razones impostergables de funcionamiento. Es decir, que si un organismo considera que un
determinado empleado público que haya sido contratado por duración determinada a partir
del 1 de enero de 2023 y cuyo contrato se extingue este 31 de diciembre del año 2023,
si ese organismo autónomo juzga que esa persona es imprescindible para que este organismo siga
funcionando adecuadamente, también ese contrato público se renovará. Y en tercer lugar, personal
que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad
de contratación. Es decir, que aunque hayas firmado un contrato de duración determinada con
la Administración Pública Nacional a partir del 1 de enero del año 2023, si previamente ya estabas
trabajando para la Administración Pública Nacional, tu contrato sí será renovado en 2024. Sin embargo,
y esto también es muy importante, solo será renovado de momento por 90 días. ¿Y por qué solo
por 90 días? Porque Javier Milei también quiere revisar todas las contrataciones públicas previas
al año 2023 para evaluar cuáles son realmente necesarias y cuáles no lo son. Porque con el
tiempo el personal público que no tenga la plaza en propiedad tiene derecho a que le saquen un
concurso de promoción interna, es decir, un concurso en el que no pueden participar el resto
de ciudadanos, para convertir su relación laboral con la Administración en una relación de planta
permanente. Es decir, para convertirlo en lo que en España llamamos funcionario, un empleado público
con plaza en propiedad. Y precisamente porque Javier Milei quiere evitar que durante los próximos
años se consoliden muchos empleados públicos como funcionarios, como empleados públicos con
plaza en propiedad, que ya no puedan ser despedidos en el futuro aun cuando la tarea que desempeñen no
sea necesaria, precisamente por eso va a revisar todos los contratos públicos que no sean de
planta permanente para ver cuántos de ellos pueden extinguirse. Y se estima que los contratos públicos
que van a ser de momento renovados pero puestos bajo supervisión por si son en el futuro rescindidos
llegan a 45.000. En definitiva, Javier Milei no ha despedido a ningún empleado público con plaza
en propiedad, a ningún empleado público de planta permanente. Lo que ha hecho ha sido dejar de renovar
los contratos públicos firmados a partir del 1 de enero de este año y que expiraban el 31 de
diciembre de este año, y exceptuando a aquellos que puedan justificarse como imprescindibles para
el funcionamiento de la administración. ¿Por qué ha hecho esto? Pues por tres motivos. Primero,
porque cabe presuponer que muchas de estas contrataciones del año 2023 han sido contrataciones
del anterior gobierno peronista que, ante la expectativa de que iba a ser desalojado del poder,
ha comenzado a repartir puestos en la administración pública para colocar a los suyos. En segundo lugar,
porque el objetivo de Javier Milei es minimizar el tamaño del Estado y, por tanto, no hay ninguna
razón para engordar artificialmente el tamaño del empleo público y de la administración pública.
Y en tercer lugar y de manera mucho más determinante a corto plazo, porque como suele repetir Javier Milei,