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Juan Ramón Rallo

Laissez faire, laissez passer. Laissez faire, laissez passer.

Transcribed podcasts: 2280
Time transcribed: 38d 6h 22m 10s

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Después de habernos enterado de que los servicios de inteligencia españoles, con el respaldo
del gobierno de España han espiado de manera probablemente ilegal a personalidades del
independentismo catalán, el gobierno de España monta una rueda de prensa para comunicarnos
que él mismo también ha sido víctima de un espionaje ilegal a través del software
Pegasus. ¿Son verosímiles estas acusaciones o estamos más bien ante un show autoexculpatorio?
Veámoslo.
El gobierno de PSOE Podemos hizo ayer, desde mi punto de vista, uno de los mayores ridículos
de toda la legislatura, un ridículo que además compromete a la credibilidad de las instituciones,
a la integridad del estado de derecho y a la propia seguridad nacional. Pero para entender
la entidad de este ridículo repasemos brevemente los antecedentes. En un vídeo anterior y
explicamos cómo, entre el año 2017 y el año 2021, más de 60 personalidades del independentismo
catalán habían sido espiadas presuntamente por el gobierno de España, y muy en especial
por este gobierno, por el gobierno PSOE Podemos, y presuntamente de manera ilegal. Este espionaje
se había consumado a través de un software de infección de teléfonos móvil, el software
Pegasus, al que sólo tienen acceso a los gobiernos. Es verdad que es prácticamente
imposible saber quiénes han utilizado este software para espiar a dirigentes y a personalidades
del activismo independentista catalán, porque no deja una trazabilidad que permita conectar
la infiltración en una determinada terminal móvil con quien protagonizó esa infiltración,
pero si el software sólo lo pueden utilizar gobiernos y el principal gobierno interesado
en controlar los movimientos del independentismo catalán es el gobierno de España, pues blanco
y en botella. No sólo eso, esta misma semana la ministra de Defensa del Gobierno PSOE Podemos,
Margarita Robles, confirmó en sede parlamentaria que efectivamente el gobierno de España había
ordenado el espionaje del independentismo catalán. Escuchemosla.
Pero, mire, ya que se ratan usted las vestiduras, yo le pregunto qué tiene que hacer un Estado,
qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara
la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos,
cuando alguien está teniendo relaciones con silencios políticos de un país que está
invadiendo Ucrania. ¿Usted esto no ha dicho nada?
Margarita Robles, por tanto, está justificando el espionaje del Estado al independentismo
catalán, por tanto, está confirmando que ese espionaje se ha producido. Ahora, la única
duda que queda sobre la mesa es si ese espionaje se produjo de manera legal, es decir, con orden
judicial o de manera ilegal, es decir, sino orden judicial. Sin embargo, si repasamos
la identidad de todas las personas que han sido espiadas, a cuyas terminales móviles
se ha infiltrado el Estado, los servicios de inteligencia del Estado español, es muy
dudoso que se pueda haber concedido orden judicial para absolutamente todas ellas.
Porque muchas de ellas son simplemente familiares o ha llegados no implicados directamente en
el mundo político, en el activismo independentista. Pero, en todo caso, ese es el punto clave
ahora mismo. Si ha habido orden judicial que respalde todas y cada una de estas actuaciones,
o si estamos ante un caso de espionaje ilegal perpetrado por los servicios de inteligencia
del Estado bajo las órdenes del Gobierno de España y, por tanto, ante una vulneración
radical de las libertades civiles de los ciudadanos. Lo que tiene que hacer el Gobierno ahora
mismo, por tanto, es aportar las pruebas, la orden judicial, que respalde la legalidad
de su actuación. Pero eso no es lo que ha hecho el Gobierno. Lo que hizo ayer el Gobierno,
en este ridículo extremo del que he hablado al principio del vídeo, es montarse un bodebil
de espionaje y autohespionaje exculpatorio. Básicamente, lo que vino a decir ayer el
ministro de Presidencia, Félix Bolaños, es que no solo el independentismo catalán
había sido espiado a través del software Pegasus, también el presidente del Gobierno,
también la ministra de Defensa Margarita Robles, han sido espiados a lo largo del último año
a través del software Pegasus. Por tanto, aquí todos somos víctimas de infiltraciones
y espionajes. No es que el Gobierno sea el malo que esté espiando a terceros, es que
el Gobierno también sufre ese espionaje.
Comparecemos ante todos ustedes esta misma mañana para comunicarles que el Gobierno
ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico
Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de
la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que como saben ustedes
es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles.
¿Qué casualidad? Unos diez días después de que la Universidad de Toronto publique
un informe en el que denuncia que el independentismo catalán fue espiado a través del software
Pegasus entre el año 2017 y el año 2021, y unos días después de que la ministra de
Defensa confirme que efectivamente se ha espiado desde el CNI al independentismo catalán,
resulta que el Gobierno de España o también ha sido infectado, también ha sido espiado
por ese software Pegasus.
Todo esto diría yo, abre muchas más preguntas que aquellas que cierra. Por ejemplo, en
primer lugar, ¿cuánto se produjeron esas infecciones?
Según estos dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, se han producido dos
intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el
móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021.
El espionaje se produce hace prácticamente un año y nos enteramos ahora de que hace
un año se utilizó el software Pegasus para infiltrarse en las terminales móviles del
presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, que casualidad, que sean hechos
acadecidos hace un año y de los que nos enteremos ahora, después de que previamente,
de los últimos 10 días, también nos hayamos enterado de que el Gobierno de España espió
quizá ilegalmente a dirigentes del independentismo catalán.
¿Y cuál es la justificación del Gobierno para que nos enteremos ahora de hechos acadecidos
hace un año?
Se producen estos informes del Centro Criptológico Nacional, que como saben ustedes, está escrito
al CNAI, porque estamos haciendo verificaciones, como también hemos anunciado en las últimas
fechas, y en el curso de esas verificaciones hemos constatado la información que hoy
le hemos puesto a disposición de todos ustedes y de toda la ciudadanía, y es que hemos comprobado
de manera feaciente que se han producido intervenciones en los terminales tanto el presidente del
Gobierno como de la ministra de Defensa.
Se están haciendo verificaciones y en el curso de esas verificaciones hemos comprobado
que hace un año se infiltraron los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra
de Defensa.
¿Y por qué se están haciendo ahora esas verificaciones?
No se supone que las verificaciones para cerciorarse de la seguridad, de la integridad, de las
comunicaciones del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa deberían ser
continuadas.
¿Y si son continuadas porque esas verificaciones no han dado resultado hasta ahora?
¿Y si no son continuadas porque ahora excepcionalmente se ha decidido hacer esas verificaciones?
¿No está yendo el Gobierno a rebufo del informe de la Universidad de Toronto sobre
el espionaje posiblemente ilegal contra personas del independentismo catalán?
¿No son por tanto estas verificaciones que se han producido ahora y no antes, o que han
dado resultados ahora y no antes, un conveniente hallazgo al Gobierno para desviar el foco de
atención del espionaje presuntamente ilegal contra el independentismo catalán?
¿No es este conveniente hallazgo un hallazgo instrumental para socializar entre toda la
clase política española la victimización de haber sufrido un espionaje ilegal?
¿No son solo los independentistas catalanes?
El mismísimo presidente del Gobierno de España también se ha visto infiltrado por el software
Pegasus.
Bien, esa es una primera cuestión que el Gobierno no ha aclarado convenientemente.
Otra segunda duda que emerge de esta información, ¿quién ha sido?
Y esto es bastante curioso porque el Gobierno obviamente no sabe todavía quién ha sido,
de hecho ha ordenado una investigación judicial para esclarecer los hechos, pero el Gobierno
sí sabe ya de entrada quién no ha sido.
Mire, tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo y de que es una infección
externa porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones
se producen por organismos oficiales y con autorización judicial.
De tal manera que en este caso que no se ha producido ninguna de las dos circunstancias,
por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda de que es una infección, es una intervención
que es externa.
Es decir, que el Gobierno ya de entrada sin investigación judicial, sin investigación
rigurosa de por medio, porque han conocido los hechos el pasado 30 de abril, ya descarta
que, por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia, el estado profundo haya sido quien ha espiado
al Gobierno.
¿Cómo puede tener la absoluta certeza de que no ha sido así sin haberlo investigado?
¿Cómo sabe que el ataque viene de fuera si el software Pegasus no deja ningún rastro
sobre si el ataque viene de dentro o viene de fuera?
Sin saber quién ha sido y sin investigar rigurosamente quiénes no han sido, ¿cómo descartas
a potenciales culpables de este espionaje ilegal?
Pues que el Gobierno sí sabe algo que no nos ha dicho que sabe.
Tercera cuestión, si quienes se han infiltrado ilegalmente en los teléfonos móvil del presidente
del Gobierno y de la ministra de Defensa son organismos extranjeros, si además es imposible
conocer quiénes han empleado en cada caso concreto el software Pegasus, porque no deja
ningún rastro del usuario original que se infiltró para que lleva el Gobierno este
asunto a un tribunal español que espera conseguir el Gobierno presentando una denuncia
a la Audiencia Nacional.
El conocimiento en la justicia lo hemos puesto a través de una denuncia esta misma mañana
que se ha presentado esta misma mañana ante la Audiencia Nacional que es el órgano jurisdiccional
competente y por tanto ahí lo que esperamos es que haya una investigación, que la justicia
pueda esclarecer los hechos y podamos conocer todo lo que ha podido ocurrir y lo que está
ocurriendo.
¿Pero qué piensas que va a esclarecer la justicia?
Has detectado que ha habido una infiltración a través del software Pegasus en los teléfonos
móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa y ya está.
Sobre todo si ha sido una infiltración por parte de organismos extranjeros, acaso los
tribunales, acaso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van a poder acudir in-situ
a las sedes de los presuntos culpables de ese espionaje ilegal para buscar, para encontrar
pruebas que los incriminen, obviamente no, por tanto si la infiltración ha sido externa
y no puedes acudir a organismos extranjeros a tratar de buscar algún indicio de esa infiltración
no vas a poder saber de absolutamente ningún modo quién se ha infiltrado.
Y por tanto, ¿qué sentido tiene hacer una rueda de prensa de urgencia y poner en conocimiento
de la justicia esos hechos si la justicia no va a poder hacer nada al respecto?
No sería esta más bien una cuestión a resolver de puertas adentro, sin hacerla pública,
sin comunicar al resto del mundo las vulnerabilidades de seguridad que tiene el Estado Español.
No sería esta más bien, esta sí, una tarea apropiada para los servicios de inteligencia
del Estado Español.
Si crees que nos han atacado de fuera, lo lógico es que espíes a los de fuera.
No que alertes a aquellas personas que supuestamente nos han espiado, que vas a emprender una investigación
para localizarlas y que además sabemos que están fuera, que no son de dentro.
Si hubiese alguna prueba de espionaje, ¿para qué montas esto?
¿Para que la eliminen?
Es que es todo globalmente un despropósito.
Es tan despropósito que, de hecho, el propio ministro de Presidencia nos informa de que
el espionaje y la infiltración a altos mandatarios extranjeros no es un problema exclusivo de
España.
Escuchemosle.
Existe constancia que el software Pegasus ha sido utilizado de modo irícito en al menos
20 países y que entre las víctimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos, personalidades
de la sociedad civil de distintos ámbitos, informadores, personas de distinta naturaleza.
Una pregunta, señor Bolaños, de todos esos gobiernos extranjeros que han sido espiados
a través del software Pegasus, ¿cuántos han montado el show, la performance que ustedes
han montado aquí?
¿Cuántos han dado una rueda de prensa de urgencia para comunicar que han sido espiados
y que van a poner ese asunto en conocimiento de la justicia?
Porque si el espionaje entre gobiernos es algo común y lo que no es común es su reacción
publicitaria propagandística ante ese espionaje, quizá lo relevante de este asunto no sea tanto
la esencia, cuanto la forma, no tanto el contenido, cuanto el envoltorio, quizá lo que tenemos
que preguntarnos no es tanto si ha habido espionaje contra el presidente del gobierno
o la ministra de defensa, sino por qué nos lo cuentan ahora y cómo nos lo están contando.
Porque al final todo este show parece tener un objetivo muy claro, colocar en la opinión
pública la cuña de que el gobierno de España no espía ilegalmente, de que el gobierno de
España está comprometido con el estado de derecho, de que el gobierno de España de
hecho es una víctima del espionaje ilegal.
El propio ministro de presidencia, sin venir a cuento durante la rueda de prensa en la
que exponía que el gobierno de España ha sido víctima de ese espionaje ilegal, deslizaba
justamente esa cuña propagandística.
El gobierno español está actuando con todas las capacidades de las que dispone para esclarecer
estos hechos, para proteger la seguridad de las comunicaciones y también para garantizar
el derecho fundamental a la privacidad de las personas.
Esa ha sido el compromiso inequívoco del gobierno desde que se tuvieron las primeras
informaciones en las que se daba cuenta sobre una supuesta utilización de Pegasus fuera
de los controles legales.
Esa ha sido el compromiso y esta será la norma que el gobierno aplicará a Rajatabla.
Si ese es el compromiso inequívoco del gobierno de España, si esa es la norma que el gobierno
de España aplica a Rajatabla, muéstrenos la orden judicial que respalda el espionaje
a más de 60 personas del independentismo catalán.
Y si no existe orden judicial que respalde la totalidad del espionaje perpetrado por
los servicios de inteligencia españoles y ordenado por el gobierno de España, según
confirmó la ministra de defensa de ese gobierno de España, entonces déjense de bodebiles
de autoespionaje autoexculpatorio.
La integridad de un estado de derecho se demuestra en el escrupuloso respeto a unos procedimientos
dirigidos a garantizar a proteger las libertades civiles.
Y lo último que debería hacer el gobierno de España si se ha saltado ilegalmente esos
procedimientos conculcando las libertades civiles de ciudadanos españoles es retorcer
todavía más las instituciones del Estado en su propio beneficio para montar una simulación
de autoespionaje autoexculpatorio con las que encubrir sus responsabilidades, orden judicial
o dimisiones, pero dejen de instrumentalizar las instituciones del Estado para montar campañas
propagandísticas en su propio provecho político.