¿Continúa la brutal ofensiva de la Unión Europea en contra de la libertad de expresión
de sus ciudadanos? El Estado francés acaba de detener al fundador y dueño de Telegram,
Pavel Durov. ¿Cuáles son las implicaciones de todo ello sobre nuestra libertad de expresión?
Veámoslo.
Uno de los pilares de cualquier Estado de Derecho es la libertad de expresión. A través de
la libertad de expresión podemos denunciar los abusos del poder político y, en su caso,
organizarnos para derrocar al tirano que está perpetrando esos abusos contra las libertades
y los derechos de los ciudadanos. Y justamente porque la libertad de expresión es uno de los
pilares del Estado de Derecho que actúa como limitación a los abusos de poder del tirano,
todos los aspirantes a tiranos tratan de controlar y de constreñir esa libertad de expresión. Por
todo ello, la oligarquía política siempre está vigilante para ver cómo puede conseguir restringir
la libertad de expresión de los ciudadanos. Pero durante los últimos años esa oligarquía
política se ha topado con una pared, se ha topado con un problema. Y es que los nuevos canales de
difusión de información que abre Internet son mucho más difíciles de controlar que los medios de
comunicación tradicionales. Las redes sociales o las aplicaciones de mensajería instantánea
posibilitan que los ciudadanos se comuniquen entre ellos sin ningún tipo de control estatal. Y eso,
como es obvio, incomoda enormemente a la oligarquía política, porque esa oligarquía política necesita
tener resortes para controlar la información que se disemina dentro de una sociedad. Porque si no
controla los flujos de información, tampoco podrá controlar a la población. Y es por ello que durante
los últimos años hemos asistido a una nueva ofensiva de la oligarquía política en contra de
estas nuevas plataformas que amplifican nuestra libertad de expresión. Hace unos días ya tuvimos
ocasión de hablar sobre cómo la Unión Europea, por boca de su comisario Thierry Breton, estaba
amenazando matonilmente a Elon Musk por no censurar la red social X tal como a la burocracia europea le
gustaría que se censurara. Y ayer las autoridades europeas dieron un nuevo paso liberticida en esta
ofensiva en contra de estas nuevas plataformas amplificadoras de la libertad de expresión mediante
la detención del dueño de Telegram, Pavel Durov. Anoche, Pavel Durov hizo escala en Francia con
su jet privado y al pisar suelo francés fue detenido por la policía gala acusado de colaborar
con terrorismo, con lavado de dinero y con otros delitos. ¿Y por qué el Estado francés ha presentado
cargos contra Pavel Durov por terrorismo o por lavado de dinero? Pues porque Pavel Durov, dueño
de Telegram, se ha negado a moderar activamente, es decir, a censurar, a controlar el contenido de los
mensajes que se difunden, que se envían, que se remiten a través de su aplicación de mensajería
instantánea, Telegram. Y como puede que haya algunos sujetos que utilicen Telegram para coordinar
actividades terroristas o para coordinar el lavado de dinero, entonces, como Pavel Durov se niega a
controlar todos los mensajes de Telegram, no sólo los mensajes de aquellos usuarios que,
presuntamente, pueden estar vinculados con actividades terroristas o con actividades de lavado
de dinero negro. No, no. Porque se niega a controlar preventivamente todo el flujo de mensajes que se
envía a través de Telegram, como Pavel Durov no quiere hacer eso, entonces, Pavel Durov es cómplice,
según el Estado francés, de terrorismo y de lavado de dinero negro. En su momento, cuando el juez Pedraz
en España trató de cerrar en todo el país la aplicación de Telegram, ya expusimos por qué este tipo
de acusaciones son un completo sinsentido que únicamente busca implantar la censura activa
dentro de esta aplicación de mensajería instantánea. Imaginad que un señor es dueño de una autopista
privada y que el Estado le exige a ese señor que detenga cada vehículo que circula por esa autopista
privada, no de manera excepcional en un momento determinado en el que pueda haber una alerta
terrorista, sino de manera estructural le pide que detenga cada vehículo que circula por esa autopista
privada para controlar la identidad de los que viajan dentro de ese vehículo y también para controlar
qué enseres se están transportando dentro del maletero, incluyendo, claro, la apertura de las maletas
que puedan llevar dentro del maletero. Pues bien, imaginemos que el dueño de esa autopista privada
se niega a hacer esto, que evidentemente conculcaría los derechos de privacidad más básicos de los
individuos. Pues bien, imaginemos que después de que el dueño de la autopista privada se niega a hacer
esto, las autoridades estatales lo detienen y lo acusan de complicidad con el terrorismo, con el tráfico
de armas, con el tráfico de menores, por el hecho de que algún vehículo alguna vez que circule por esa
autopista puede estar pilotado por terroristas, puede dirigirse a cometer un atentado terrorista o
puede haberse utilizado para secuestrar a alguna persona. O imaginad que un señor es propietario de
un piso en alquiler y que se lo ha alquilado a un inquilino y acto seguido el Estado le reclama que
todos los días el arrendador entre en el inmueble del arrendatario para hacer un chequeo generalizado
de las propiedades de ese inquilino para comprobar si es un delincuente. De nuevo, todos o casi todos
entenderíamos que aquí se estarían conculcando los derechos de privacidad más elementales del
inquilino. Pues bien, imaginemos que si el propietario del inmueble se niega a hacer esto, el Estado lo
detenga acusándolo de ser cómplice de terrorismo o de otros delitos por el hecho de que potencialmente
sus inquilinos, como no los está supervisando, como no los está vigilando, como no los está
espiando, podrían ser potenciales delincuentes. No es que haya ningún indicio necesariamente de que
lo sean, pero como potencialmente pueden serlo y usted, propietario del inmueble, no se esfuerza por
detectar a los delincuentes que pueden habitar, que pueden residir en su vivienda, entonces usted es
cómplice de terrorismo, de lavado de dinero, de tráfico de menores, etcétera. Pues bien, esa es
exactamente la situación de Telegram y esas son las acusaciones que el Estado francés está dirigiendo
contra Pavel Durov. A través de un canal de comunicación entre partes no son accesibles para
ninguna otra persona, ni siquiera para Pavel Durov, para el dueño de Telegram, es una conversación
encriptada entre partes y, por tanto, totalmente privada fuera de esas partes. Como Pavel Durov no
quiere destruir los muy estrictos estándares de privacidad que rigen dentro de Telegram, no quiere
modificar la aplicación para que los empleados de Telegram puedan leer las conversaciones privadas
de los usuarios de Telegram con la excusa de que leyendo las conversaciones privadas podrían
detectar conversaciones entre delincuentes, como Pavel Durov no quiere hacer eso, entonces el Estado
francés lo acusa de complicidad con el terrorismo y con otros múltiples delitos. En realidad debería
ser bastante evidente que lo que busca el Estado francés y más en general la Unión Europea con
esta detención de Pavel Durov no es tanto combatir el terrorismo u otros delitos que se puedan coordinar
hablando a través de Telegram. Lo que están haciendo es utilizar esto como excusa para secuestrar a Pavel
Durov y chantajearlo. O accedes a establecer un control ideológico mucho más estricto, mucho más
riguroso, mucho más alineado con nuestros intereses políticos del que estás aplicando ahora, que es un
control nulo afortunadamente, o haces esto o te vas a pudrir en la cárcel. Algo similar a lo que la
Unión Europea querría hacer, por ejemplo, con Elon Musk respecto a X, pero que por suerte no pueden
hacer porque Elon Musk de momento se mantiene dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Por eso a
Elon Musk lo amenazan de momento con enormes multas monetarias o incluso con la suspensión temporal de X
dentro de la Unión Europea, pero no lo pueden amenazar con cárcel. Ahora bien, Pavel Durov ha
cometido la imprudencia de pisar suelo francés y a Pavel Durov sí lo están amenazando con cárcel.
Este chantaje mafioso revestido con los ropajes de un falso Estado de Derecho no es, por cierto,
nada distinto a lo que hizo Vladimir Putin con el propio Pavel Durov. Pavel Durov es un ciudadano
ruso que hasta el año 2014 residía en Rusia. Pero en el año 2014 el gobierno ruso le ordena
a Pavel Durov que cierre los grupos, las páginas de la oposición política rusa en otra red social
que en ese momento poseía Pavel Durov. Contacte. Y como Durov se negó a cumplir las órdenes del
gobierno ruso, órdenes dirigidas a acallar la libertad de expresión dentro de esos grupos
opositores, entonces Pavel Durov se tuvo que exiliar de Rusia porque previsiblemente le
habría sucedido algo muy parecido a lo que ahora le ha ocurrido en Francia por idénticas
razones, aunque se nos venda mediáticamente que los motivos superficiales son otros. El motivo
de fondo es el mismo. El gobierno ruso quería controlar los mensajes ideológicos dentro de
una red social propiedad de Pavel Durov y el gobierno francés, y en general los gobiernos
europeos, quieren controlar los mensajes ideológicos que se difunden dentro de la plataforma de mensajería
instantánea de Telegram propiedad de Pavel Durov. El gobierno ruso estaba dispuesto a arrestar a
Pavel Durov. Si no acataba sus órdenes, el gobierno francés ha arrestado a Pavel Durov por no acatar
sus órdenes. Y no deberíamos ser indiferentes ante este brutal ataque a nuestra libertad de expresión.
Ya no a la libertad de Pavel Durov, que por supuesto también, sino a nuestra libertad de expresión,
porque se cercena la libertad de Pavel Durov para que éste pase por el aro y acepte cercenar nuestra
libertad de expresión. Si los gobiernos occidentales consiguen doblegar a todos los propietarios de
todas las plataformas y de todos los canales del sector privado que toleran una amplia libertad
de expresión a través de esos canales, entonces, de facto, nuestra libertad de expresión desaparecerá
o al menos se verá enormemente reducida. Y por eso, repito, no deberíamos ser indiferentes ante
el arresto de Pavel Durov, porque es otro comportamiento típicamente mafioso del Estado
que no debería ser normalizado. Si normalizamos que los estados occidentales puedan arrestar
arbitrariamente a aquellos ciudadanos que nos proporcionan la infraestructura para expresarnos
en libertad, entonces nuestra libertad de expresión desaparecerá. Porque los empresarios que no pasen
por el aro de la mafia política estarán detenidos con sus plataformas cerradas y sólo subsistirán
los empresarios que sí pasen por el aro y que, por tanto, en última instancia, sean los mandados
censores de la mafia política estatal. Así pues, este es el momento de exigir como ciudadanos,
no como súbditos, sino todavía como ciudadanos, que el Estado francés libere a Pavel Durov y que
los estados europeos en general quiten sus sucias garras de Telegram.