Paro indefinido en gran parte del sector del transporte de mercancías por
carretera que amenaza con desabastecimientos en buena parte de los
comercios españoles. ¿Pero por qué se ha convocado este paro? ¿Qué reivindican
los transportistas frente al gobierno para desconvocar este paro indefinido? ¿Son
razonables sus peticiones frente al Poder Ejecutivo? Veámoslo.
Los enemigos de mi enemigo son mis amigos, pues por desgracia mucha gente
razona así, de manera que termina impulsando a personas, a movimientos o a
ideas que no sólo perjudican a su enemigo sino que también la perjudican a
ella misma. La última aplicación práctica de este principio la podemos
encontrar en el paro que ha convocado la plataforma para la defensa del sector
de transporte de mercancías por carretera. Un paro que como perjudica al
gobierno, en la medida en que genera movilización social en su contra, ha
contado con el apoyo de muchas personas que son contrarias al gobierno. De algún
modo se considera que este paro es una forma de hacer oposición desde la calle
al gobierno y por tanto toda oposición contra un gobierno como el de PSOE y
podemos debería ser bienvenida. Sin embargo antes de apoyar cígamente este
paro indefinido, que puede terminar generando desabastecimiento en los
comercios, uno debería plantearse si las reivindicaciones que propugna esta
plataforma, este movimiento, son reivindicaciones razonables, reivindicaciones
que merecen la pena ser defendidas a una costa de perjuicios materiales a corto
plazo como pueden ser los anterichos desabastecimientos en los comercios. Y
cuando pregunto si las reivindicaciones son razonables, no lo estoy planteando
desde el punto de vista de los transportistas o de cualquier otro
sector que efectúe reivindicaciones. Evidentemente los interesados pueden
plantear reivindicaciones que sean privilegios para ellos a costa de
perjudicar al resto de la población. Cuando pregunto si un conjunto de
reivindicaciones son razonables, lo pregunto desde una perspectiva general
imparcial, respetuosa con las libertades de cada una de las partes implicadas, es
decir, lo planteo desde una perspectiva liberal que propugna principios
jurídicos muy básicos, libertad individual, propiedad privada y autonomía
contractual. Vamos, por tanto, a analizar en qué medida las reivindicaciones que
propugna la plataforma convocante del paro indefinido en el sector del
transporte de mercancías por carretera son unas reivindicaciones que pueden,
que merecen, ser defendidas desde un punto de vista liberal. Empecemos con las
reivindicaciones en materia de condiciones laborales. Primero, prohibición sin
posibilidad de pacto en contra, hasta aquí ya vamos mal. El liberalismo
reivindica la autonomía contractual y, por tanto, no reivindica que el estado
pueda prohibir pactos que ambas partes acepten en el contrato. Prohibición sin
posibilidad de pacto en contra de las tareas de carga y descarga y manipulación
de la mercancía por parte del conductor. Básicamente, lo que se quiere prohibir es
que una empresa pueda contratar a un transportista para que no solo transporte
las mercancías, sino también para que las descargue, haciendo, por consiguiente
necesario, que contrate a otra persona que sea la encargada específicamente de
descargar las mercancías. Elevando, elevando, por tanto, los costes conjuntos
del transporte y la distribución de mercancías, costes que terminarían siendo
repercutidos sobre contra los consumidores. Segunda reivindicación,
jubilación a los 60 años y anticipada a los 58 años de los conductores
profesionales. Se sobreintiende, claro, que jubilación anticipada, pero con el
100% de la pensión. Por consiguiente, estamos ante un privilegio en materia de
jubilación frente al resto de trabajadores españoles. Tercero,
consideración de accidentes y enfermedades laborales durante las
jornadas de trabajo. Bueno, es una reivindicación muy general, habría que
ver cómo se desgrana en la letra pequeña, pero también aquí cabe la
posibilidad de que se extienda abusivamente lo que entendemos por
accidente y enfermedad laboral para terminar beneficiándose de bajas a
las que no tienen acceso otros trabajadores españoles. Cuarta reivindicación,
no a las 44 toneladas y a los 4,5 metros de altura en los actuales vehículos
articulados ante la inseguridad y riesgos para los conductores y demás
usuarios de la vía pública. Básicamente se está reivindicando una
reducción del tamaño de los camiones, lo cual, por consiguiente, incrementa el
coste unitario por mercancía transportada, incremento de costes que
terminaría siendo repercutido sobre los consumidores. Quinto,
vigilancia por parte del estado en los polígonos y áreas de servicio
principales para la seguridad y correcto descanso de los conductores ante robos a
sus camiones y mercancías. Bueno, podría llegar a ser una reivindicación
razonable, los transportistas pagan impuestos, en los impuestos que pagan se
incluye la seguridad y, sin embargo, en aquellos momentos en los que necesitan
mayor protección, mayor seguridad, no se les está proporcionando. Como digo, podría
ser una reivindicación razonable, aunque todo dependerá de su coste. Si el coste
de esta medida es gigantesco y muy superior a los impuestos que pagan los
transportistas, no sería desde luego una reivindicación razonable.
Sexta medida, participación obligatoria del sector para la toma de decisiones
consensuadas en cuanto a restricciones a la circulación de camiones, por festivos,
puentes y temporales. Básicamente lo que reivindican es que haya
representantes, que no sabemos muy bien si representan o no, de los
transportistas para negociar de tu a tu con el gobierno, es decir, creación de
estamentos intermedios, que terminan generando su propia agenda distinta de
la agenda de los supuestos representados. Es un modelo que conocemos muy bien cómo
funciona en el caso de los sindicatos y de la patronal. Y en séptimo y último
lugar, habilitación para los conductores de espacios confortados y
adecuadamente dignos en centros de carga y descarga para la entrega y
recogida de documentación, esperas durante los períodos de carga y descarga
y poder cubrir unas mínimas necesidades de aseo y alimentación.
Se trata, por tanto, de obligar a las empresas, incluyendo pequeñas y medianas
empresas, a que efectúen una inversión en habilitar áreas de descanso y de
confort para los transportistas, mientras cargan y descargan. De nuevo, estamos
ante una obligación difícilmente justificable desde un punto de vista
liberal, pero que además económicamente se traducirá en un incremento de los
costes del servicio de transporte que terminará pagando el consumidor.
Démonos cuenta, por tanto, de que todas estas reivindicaciones suponen o un
aumento del gasto público y, por tanto, de los impuestos que soportan los
contribuyentes o un aumento de las obligaciones empresariales y, por tanto,
un incremento de los costes y, por tanto, un incremento de los precios que soportan
los consumidores. Vamos ahora con el bloque de reivindicaciones sobre
competencia desleal. En primer lugar, limitación de los servicios de transporte
dentro del territorio nacional a las empresas con razón social extranjera,
es decir, que los transportistas extranjeros no puedan trabajar dentro de
España o, al menos, no tanto como lo hacen en estos momentos. Limitando a un
servicio mensual con origen y destino dentro del territorio nacional. Vamos,
que una empresa extranjera de transporte de mercancías sólo puede
transportar mercancías si vienen de fuera de España hacia dentro de España.
Si esa empresa quiere prestar servicios dentro de España para transportar
mercancías entre ciudades españolas, sólo podrá hacer un servicio de transporte al
mes, exigiendo al transportista presentar ante la autoridad que inspeccione
todas las cartas de porte del mes en curso para verificar el cumplimiento de
dicha medida, es decir, además mucha más inspección administrativa. El resultado
de esta medida es reducir todavía más la competencia dentro de este sector para
que los transportistas nacionales tengan mayor poder de negociación, tengan mayor
poder de mercado, puedan subir precios y, por tanto, puedan incrementar los costes
del transporte de mercancías que terminarían repercutiéndose en los
consumidores nacionales. En lugar de abaratar el transporte lo que estamos
haciendo es encarecerlo. Y, en segundo lugar, no a la liberalización total del
sector. Con esto ya vamos muy mal, los sectores tienen que estar totalmente
liberalizados para garantizar la competencia en su interior, es decir, para
evitar que prevalezcan privilegios corporativos, privilegios gremiales, que
al limitar la competencia, limitar la competencia, como proponen en el punto
anterior, perjudiquen a los consumidores, parasiten a los consumidores, además de
rescatar medidas que garanticen un acceso y posterior operatividad
profesional y proporcionar al sector. Bueno, esto último no está muy bien
redactado, proporcional al sector el que. Pero bueno, en cualquier caso se trata de
una oposición frontal a la libertad económica en este sector y, por tanto, es
algo que, desde un punto de vista liberal, no resulta en absoluto justificable o
defendible. Vamos ahora con el bloque de reivindicaciones en materia de precios.
Primera exigencia. Una vez activados los mecanismos que garanticen que una
empresa de transporte no pueda ser remunerada por debajo de los costes de
explotación, con la referencia del observatorio de costes,
exigimos. Me detengo aquí porque hasta este punto ya hay bastante miga. Lo que
está reclamando esta plataforma son precios mínimos en el sector del
transporte. Es decir, que se cree un observatorio nacional de costes, que ese
observatorio nacional de costes establezca un precio mínimo del
transporte vinculado a los supuestos costes mínimos que tiene el transporte
y prohibir que se suscriban contratos por debajo de ese precio mínimo. Se trata
por consiguiente de establecer una especie de salario mínimo sectorial entre
transportistas que son autónomos. ¿Y por qué no extendemos esta misma
reivindicación a cualquier otro sector en el que operen los autónomos? ¿Por qué
no establecemos precios mínimos en todas las áreas de actividad
profesional, no asalariadas? Pues porque estaríamos condenando a muchísima
gente al paro. Estaríamos impidiendo que muchos autónomos desempeñen su labor.
Si un autónomo quiere trabajar por 700 y le impiden trabajar por menos de 800,
salvo que su contratista esté dispuesto a abonar 800, ese autónomo se quedará
sin trabajo. Bien, pero continuemos. Es decir, una vez se ha establecido esta
especie de salario mínimo para autónomos en el sector del transporte,
adicionalmente exigimos el cumplimiento en todos los conceptos económicos y
laborales de los convenios colectivos para los conductores asalariados.
Actualización económica y laboral de las circunstancias reales del trabajo,
disponibilidad y riesgo que asumen los conductores. Es decir, que los costes
mínimos, las remuneraciones mínimas del sector, se vayan incrementando al
dictad del Estado. Cuando el Estado diga, creo que el riesgo en el transporte ha
aumentado. Por tanto, tiene que aumentar el precio mínimo, la remuneración mínima
de los transportistas. De manera que sean este tipo de plataformas de
representantes de los transportistas los que negocien de tú a tú con el
Gobierno e impongan, de manera gremial, las condiciones profesionales sobre todos
los operadores del sector, incluyendo sobre aquellos que no se quieren
someter a estos pactos. Compromiso firme de la inspección de trabajo para la
comprobación de tales obligaciones con sanciones ejemplares para las empresas
incumplidoras. No se te ocurra salirte de lo que hemos negociado entre esta
plataforma y el Gobierno, porque si te quieres desvincular de la norma que
hemos consensuado con el Gobierno y que queremos imponer a todos los
transportistas, sanción ejemplar. Plataforma lucha por unos precios justos
en los portes, pero a la vez por un salario digno para los conductores. De
nuevo, por tanto, estamos ante un intento de incrementar los costes del
sector del transporte en perjuicio del consumidor. Segunda reivindicación,
inclusión de cláusula de obligado cumplimiento, sin posibilidad de pacto
en contra, seguimos por tanto yendo muy mal, en los contratos de transporte y o
cartas de porte de la indemnización por paralización a partir de las dos horas
de espera en cargas y descargas facturándose automáticamente junto al
servicio de transporte. Es decir, que si el transportista tiene que esperar más de
dos horas parado para cargar o para descargar, se le tendrá que indemnizar
en unas cuantías no que hayan pactado las partes, sino en unas cuantías que
vendrían determinadas administrativamente y que se aplicarían de
manera automática. De nuevo, como es evidente, si las empresas tienen que
indemnizar a los transportistas, según unas tablas que la plataforma propone
que estén vinculadas al IPREM, por cada hora de paro 37,66 euros, por el primer
día de paro 376,6 euros, a partir del segundo día de paro 448,25 euros más
un 25% de recargo, a partir de tres días 448,25 más un 50% de recargo.
Todo esto, a lo que lógicamente llevará, de nuevo, es aún encarecimiento del
servicio de transporte para las empresas y, por tanto, mayores precios para los
consumidores. Más reivindicaciones en materia de precios, en tercer lugar, pago
por ley máximo a 30 días fecha facturas sin posibilidad de pacto en contra.
Esto, que sería una excepción, porque la mayoría de autónomos no cobran a 30
días y, en todo caso, pueden pactar pagos a más de 30 días, lo que
implicaría es un incremento de los costes financieros para las empresas. Si la
empresa tiene sí o sí que pagar a los 30 días, aunque a lo mejor todavía no haya
vendido la mercancía que ha sido descargada, que ha sido transportada
y descargada, pues tendrá que pedir una línea de crédito al banco para
adelantar el pago y esos son más costes financieros que, de nuevo, se
repercutirían al consumidor. Cuarto, presencia obligatoria del sector para
consensuar las modificaciones que incumban a los transportistas en cuanto
a los cambios tributarios de cualquier índole, así como la revisión de las
anzines de tráfico y transporte a un plano real, lógico y coherente.
De nuevo, no se reclaman menores impuestos, sino que lo que se reclama es que
esta plataforma o otras plataformas similares se sienten en una mesa en la
Moncloa para poder negociar de tú a tú con el gobierno, generando, como ya decía,
estamentos intermedios, agendas propias entre los representantes que no tienen
por qué ir de la mano de los intereses de los representados, etcétera. Y, por
último, no al pago por el uso de carreteras. Esta reivindicación, ya la
hemos tratado en vídeos anteriores, es razonable siempre y cuando no se bajen
otros impuestos que ahora mismo afectan al sector del transporte. Ahora bien, si se
bajaran impuestos al sector del transporte, actualmente los vehículos
están abonando unos 30.000 millones de euros anuales en impuestos. Si se bajaran
parte de esos impuestos, sí sería una medida razonable la introducción de un
sistema de peajes, dado que, de esa forma, se vincula el pago de un servicio que
proporciona al Estado a la utilización efectiva que se está haciendo de ese
servicio. No pagarían las carreteras quienes no las utilizan, sino aquellos que
las utilizan. En definitiva, estas son las reivindicaciones por las que se ha
convocado un paro indefinido desde la plataforma en defensa del sector del
transporte de mercancías por carretera que muchas personas están apoyando porque
consideran que perjudica al gobierno y puede que perjudique al gobierno. El
malestar social en general tiende a perjudicar a los gobiernos que se hallan
en un determinado momento en el poder, pero ese malestar social derivará de una
serie de reivindicaciones que no contribuirían en absoluto a mejorar el
bienestar de los consumidores españoles ni el funcionamiento de la economía
española. Son reivindicaciones gremiales corporativas a las que cualquier
liberal debería oponerse. No se reclaman menos impuestos o menor carga
regulatoria sobre el sector para que cualquier transportista pueda trabajar
en libertad, generando valor en un mercado competitivo frente al consumidor. No, no,
lo que están reclamando son más regulaciones para restringir todavía
más la competencia en el sector, están reclamando incrementos del gasto público
en su favor, están reclamando incrementos de los costes empresariales en su
favor y en definitiva están reclamando para citar de manera mucho más
agresiva al consumidor, con precios todavía mayores de los que ya está
padeciendo el consumidor. Y por tanto, por muy malas que estén siendo las
medidas que toma o más bien que no toma el gobierno, estas medidas son peores.