Muy probablemente hayáis escuchado en más de una ocasión el dato de que la corrupción
nos cuesta a los españoles casi 48.000 millones de euros anuales.
El dato sirve a todos los partidos políticos para justificar que si ellos llegan al poder
y se gestionara la administración pública de un modo honesto, honrado y no corrupto,
sería una enorme cantidad de recursos adicionales que podrían destinarse a los objetivos ideológicos
de cada una de esas formaciones políticas, ya sea bajar impuestos en el menor de los
casos o subir el gasto en el más frecuente de los casos.
Todo ello, por supuesto, es sin impactar al déficit público porque 48.000 millones
de euros es una auténtica monstruosidad de recursos, es el equivalente a todo el gasto
público en educación o, a más de la mitad, de todo lo que se recauda en IRPF.
Sucede que este dato es falso o, al menos, no hay ningún análisis detrás que lo respalde.
Quizá pudiera llegar a ser cierto, pero desde luego no tenemos ningún estudio que nos
permita afirmarlo.
Este dato surge de un informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en concreto
de un informe de febrero de 2015, análisis de la contratación pública en España, donde
la Comisión efectúa la siguiente estimación.
Dice, la contratación pública en España asciende al 18,5% del PIB.
Por contratación pública entendemos básicamente todos aquellos consumos intermedios de las
Administraciones Públicas, las compras de medicamentos, de electricidad, en general suministros
de bienes que utilizan, o sea, bienes o servicios que utilizan las Administraciones Públicas
para desempeñar su labor, para funcionar, inversión pública y, por otro lado, los
conciertos.
Es decir, los pagos a empresas privadas que se hacen para que esas empresas privadas
presten un servicio gratuito o subvencionado a los ciudadanos.
Entonces, la suma de estas tres partidas, consumos intermedios, inversión pública y
conciertos, asciende al 18,5% del PIB y añade la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
Un informe de transparencia internacional sugiere que, en caso de que no haya suficiente competencia
en los procesos de licitación pública, el sobrecoste de esos contratos puede llegar
a suponer el 25% de más, un sobrecoste del 25% y dice, pues sí, la contratación pública
es el 18,5% del PIB y puede haber un sobrecoste del 25%, eso significa que estamos pagando
un sobrecoste del 4,6% del PIB, es decir, de 48.000 millones de euros, por sobrecoste
debido a la falta de competencia en los procesos de contratación pública.
Y aquí encontramos la primera falacia del dato, fijémonos que no estamos hablando necesariamente
de corrupción, sino que estamos hablando de procedimientos poco transparentes, poco
eficientes, procedimientos que no permiten seleccionar al proveedor más eficiente a
la hora de prestar el servicio, que desde luego, parte de las razones que pueden explicar
estos malos procedimientos y esta mala selección puede ser la corrupción, yo te pago, te entrego
un maletín a ti y tú me das la concesión a mí, aunque no sea la mejor oferta, pero
evidentemente no todos los contratos públicos tienen porque ser ineficientes y no todos
tienen porque serlo debido a la corrupción, por tanto, como mucho podríamos hablar de
un sobrecoste de 48.000 millones de euros debido a los ineficientes procedimientos de la contratación
pública, no a la corrupción.
Segundo, este dato del 25% es un dato absolutamente general, no es un dato que transparencia internacional
aporta para el caso de España, no es una medición que haga este organismo internacional
para, después de estudiar el caso español y concluir que en el caso real de las administraciones
públicas españolas, la ineficiencia de la licitación pública puede llegar a suponer
el 25%. No, es un dato general a todos los países de Europa, por tanto, lo mismo cabe
decir que en España el sobrecoste por corrupción es del 25%, como decirlo para Holanda, como
decirlo para Dinamarca, como decirlo para Finlandia, como decirlo para Alemania. No se entra a
discriminar si un país es corrupto, si no lo es, si está muy extendida la práctica
de asignar los contratos públicos al proveedor más ineficiente, etcétera. Por tanto, es
un dato que no nos dice nada tampoco sobre la economía española. Por ejemplo, Holanda,
que es un país que no lo sabemos, pero aparentemente no tiene pinta de ser marcadamente corrupto,
gasta en contratación pública no el 18% del PIB como España, sino el 30%. Por tanto,
aplicando la misma metodología que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, deberíamos
decir que la corrupción, entre comillas, en Holanda, asciende al 7,5% del PIB, es decir,
no el doble, pero casi el doble de lo que asciende en España. ¿Tiene esto algún fundamento
lógico, científico, riguroso? No, ninguno, porque estamos suponiendo que la corrupción
en Holanda es la misma que en España, sin tener ningún dato que nos permita acreditarlo,
pero es que ese dato que estamos manejando, ese erróneo dato que estamos manejando,
es el mismo que se utiliza para calcular la corrupción en España.
Y por último, si de verdad nos creyéramos este dato, habría que concluir que la corrupción
es una función lineal del gasto público en contratación pública, es decir, que a más
contratación pública necesariamente más corrupción y a menos contratación pública
necesariamente menos corrupción, lo cual, por cierto, daría la razón a un argumento
liberal que sostiene que a más estado más corrupción, a menos estado menos corrupción.
Lo sucede que, en el caso del planteamiento liberal, es un planteamiento contrafactual,
es decir, no significa que todos los estados grandes sean más corruptos que todos los
estados pequeños, sino que han más estado más oportunidades de corrupción, pero evidentemente
puede haber contrapesos que eviten que un aumento del estado degenere inmediatamente en prácticas
corruptas. Aquí, con esta simplista metodología, ni siquiera se llega a plantear nada de esto.
Si la contratación pública es mayor, 25% de sobrecoste, 25% de corrupción de un importe
de contratación pública mayor. De ahí que quienes dicen que la corrupción
en España es de 48.000 millones deberían añadir a renglón seguido que, durante los
años de Gobierno del PP, el gasto en corrupción se ha reducido, porque el cálculo de 48.000
millones es un cálculo que efectúa la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para el
año 2011. El informe se publica en 2015, pero los datos sobre los que se calcula son de
2011. Si actualizamos los datos, hoy llegaríamos a la conclusión de que, como la contratación
pública ha caído durante los años de Gobierno del PP, el 25% de un menor volumen de contratación
pública es un menor sobrecoste por corrupción. Es decir, hoy el sobrecoste por corrupción
sería en 35.000 millones aplicando esta misma metodología y no 48.000. Por tanto, habría
que decir que el PP es un partido que contribuye a reducir la corrupción en las administraciones
públicas españolas. Esto es así, pues aparentemente no tiene mucha base para que podamos afirmar
esto, pero es una conclusión que está implícita en quienes utilizan, quienes airean el dato
falaz de que la corrupción no os cuesta 48.000 millones de euros anuales. Insisto, con todo
esto no pretendo restar la importancia de la corrupción. La corrupción no solo tiene
un coste presupuestario, tiene también un coste de oportunidad social muy importante,
tiene un coste ni siquiera cuantificable monetariamente, sino un coste de podredumbre institucional,
de acumulación de malas prácticas, de sesgo de las instituciones informales del país
en una dirección muy negativa y pésima para el desarrollo económico futuro, pero una cosa
es no negar la importancia, la extrema gravedad que desde luego tiene la corrupción enquistada
a las administraciones públicas españolas y otra inventarse datos, con un propósito
además muy particular, que es vender panes y peces, vender pan y circo apenas a cambio
de una gestión más honesta de las administraciones públicas. Los partidos políticos están
colocando el caramelo de 48.000 millones de euros anuales sobre coste por corrupción
para no tener que razonar cómo se financian los gastos públicos, cómo se financian
los incrementos del gasto público o cómo se financian también con qué recortes las
reducciones de impuestos que algunos prometen. Es un cajón desastre que permite justificar
cualquier política pública sin ninguna dotación presupuestaria y por eso es un dato que a
vida cuenta de que no tiene ningún sustento empírico, a vida cuenta de que es un dato
sin ningún tipo de rigor, hay que criticar, no para restar la importancia a la corrupción,
sino para criticar la estrategia populista que están siguiendo todos los partidos políticos
a la hora de instrumentar la corrupción, para en última instancia comprar votos sin
siquiera entrar en un debate serio sobre cuánto cuesta esos votos que quieren comprar.
Por tanto, la próxima vez que escuché a alguien decir que la corrupción nos cuesta
48.000 millones de euros anuales, sepa que o bien esa persona no sabe de qué está hablando
o bien pretende tomarle el pelo a la audiencia, entre ellos por supuesto también usted.