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La salida de Ferrovial de España y la reacción del gobierno

Ferrovial ha decidido abandonar España tras más de 70 años de actividad, lo que ha suscitado reflexiones sobre la responsabilidad del gobierno español. La actitud del gobierno, en lugar de autocrítica, es calificada de populista y antiempresarial, con la vicepresidenta Nadia Calviño criticando la decisión de la empresa. Se argumenta que la marcha de Ferrovial se debe a la inseguridad jurídica y al encarecimiento del coste de financiación en España, factores que el gobierno no parece querer reconocer ni cambiar

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