Todos queremos más empleos, mejores condiciones y también, por supuesto, salarios más altos.
Precisamente cobrar cuanto más mejor es un sueño compartido por la inmensa mayor parte de los
ciudadanos. Por este motivo, políticos de prácticamente todos los países y de todos los colores
defienden que los gobiernos deben fijar por ley un salario mínimo, cuanto más alto, mejor.
Es una potestad del gobierno y lo que se ha hecho ha sido negociarlo con los grupos políticos y
llegar a determinación de que el salario suba para el año que viene un 8%. Amigos, la tombola
electoral no descansa y los salarios son siempre una de las mejores vías para ganar votos. Ahora
bien, ¿se pueden subir los salarios por decreto, por ley? ¿De verdad funcionan así las cosas?
¿Están sencillo? ¿Qué dice de todo esto la ciencia económica? En muchos comentarios nos
habéis pedido que hablemos del salario mínimo, sobre si es una política recomendable y de
cómo puede o no mejorar la vida de las personas. Pues bien, para contestar a todas estas inquietudes
tenemos hoy en VisualPolitik a nuestro buen amigo Juan Ramón Rayo, director del Instituto Juan de Mariana.
Podemos decirlo claramente, una ley de salario mínimo solo es una ley que decreta la prohibición
de trabajar por debajo de una determinada remuneración. La ley no obliga a subir los
sueldos de nadie, de hecho el empresario puede optar por despedir al trabajador antes de abonarle
un sueldo mayor. Es decir, si la aportación mensual que efectúa el trabajador a los ingresos de la
empresa es inferior al salario mínimo legal establecido por los políticos, entonces el empresario
optará por despedir a sus empleados, a sus trabajadores. Y este es justamente el problema
de las leyes de salario mínimo. En lugar de contribuir a mejorar las remuneraciones de los
sectores más débiles de la sociedad, puede terminar condenándolos al peor escenario de
todos, que es el desempleo. Sí, es verdad que para muchas personas el salario mínimo es una
conquista social, una regulación que permite que los trabajadores más desfavorecidos cobren
un salario notablemente mayor que el que cobrarían en un mercado libre y desregulado. Sin embargo,
el resultado cuando se aplica en estas políticas es bastante diferente de lo que se pretende para
situarnos. Pensemos un momento en los trabajadores por cuenta propia, en los autónomos. ¿Os imagináis
que el gobierno prohibiera trabajar a todos aquellos autónomos que mes a mes no lograran los
ingresos superiores a 1.200 euros? Es decir, que se dijera, si tú no ganas 1.200 euros al mes,
si tú no ingresas como autónomo 1.200 euros al mes, tienes prohibido trabajar. El resultado de
esta ley, de esta medida, no sería que los autónomos fueran a cobrar mayores ingresos, sino
que muchos de ellos, aquellos que ingresan a menos de 1.200 euros al mes, quedarían desempleados.
Pues bien, con el salario mínimo ocurre algo muy parecido, por eso tenemos que tener muy claro que
en política una cosa son los deseos, lo que se pretende, lo que se busca supuestamente con las
leyes y otra, muy distinta, es la ciencia económica y la evidencia empírica que se desprende de
esa ciencia económica.
El salario mínimo, la evidencia.
A lo largo de los años, las evidencias sobre los resultados de subir el salario mínimo han
sido muy abundantes y en algunos casos divergentes, pero lo que sí encontramos es que aquellos
trabajadores en colectivos más débiles, en colectivos con una menor productividad, como,
por ejemplo, los más jóvenes o los inmigrantes, son los que suelen salir peor parados en estos
estudios. Por ejemplo, en el caso particular de España, en el año 2013, el Banco de España publicó
un informe que llegaba la conclusión de que aquellos trabajadores supuestamente beneficiados
por el salario mínimo, es decir, aquellos trabajadores a los que supuestamente el salario
mínimo les tenía que incrementar su remuneración, pasaban a tener el doble de probabilidades de
ser despedidos que aquellos otros trabajadores que no se veían afectados por el salario mínimo.
Por tanto, estamos hablando de un riesgo de destrucción de empleo más que obvio, más que
palpable, que coloca en una situación de precariedad, especialmente a aquellos trabajadores que ya se
encuentran perse en una situación de precariedad.
Eso es precisamente lo que ocurrió en Samoa americana, unas islas de apenas 67.000 habitantes
que Estados Unidos tiene en el Pacífico. Pues bien, en el año 2007, el Congreso de los Estados
Unidos aprobó una ley por la cual elevaba el salario mínimo de 5,15 dólares la hora a 7,25 dólares.
Al mismo tiempo, esa ley establecía que ese salario mínimo pasaba a ser aplicable en todos
los territorios de Estados Unidos, incluyendo Samoa americana. El resultado fue devastador y
provocó que alguna de las mayores empresas de la isla tuviera que cerrar. La falta de trabajo
pasó a ser un problema muy serio.
Ahora bien, la destrucción de empleo es solo una de las posibles consecuencias del incremento del
salario mínimo, pero hay más. No vayamos a pensar que el único efecto que tiene prohibir a los
trabajadores trabajar por debajo de un determinado umbral es que se vayan a quedar desempleados y,
por tanto, no vayamos a pensar que el hecho de que no se visibilice inmediatamente esa destrucción
de empleo significa que el salario mínimo carece de otras consecuencias. Por ejemplo,
un primer efecto es ralentizar la creación de empleo en el futuro. Los economistas Meri
Best estiman que un incremento del 10% del salario mínimo conlleva una reducción del 25% en el
ritmo de destrucción de empleo.
Esto es algo relativamente fácil de comprender. Si el trabajo se encarece mediante la ley, aún
cuando hay desempleo se está favoreciendo, por ejemplo, la substitución de mano de obra por
máquinas y también, como los costes son mayores, se impide que muchos periodos empresariales lleguen
a arrancar. Por tanto, un mayor salario mínimo, a lo que lleva en este caso, es a no contratar a
tanta gente como se podría contratar porque se están incorporando máquinas o directamente porque
muchos periodos empresariales que podrían llegar a contratar a trabajadores se queden en un cajón
durmiendo el sueño de los gustos.
Pensemos, por ejemplo, en McDonalds que muchos lugares ya ha comenzado a sustituir a trabajadores
por máquinas donde los clientes pueden hacer sus pedidos. Seguro que ya habéis visto alguna.
O pensemos también en Puerto Rico, donde se aplica el salario mínimo federal de Estados Unidos,
un salario mínimo muy alto para los estándares de Puerto Rico, lo que ha provocado, entre otras
cosas, que la isla tenga unos niveles de empleo muy inferiores a los del resto de Estados Unidos.
Otro posible efecto es que, aunque los empresarios no despidan a los trabajadores,
dado el mayor coste laboral que provoca el salario mínimo, tengan que reducir las horas
por las que contratan a esos trabajadores. En ese caso, es verdad, no hay un menor volumen
de empleo de personas empleadas, pero aquellas que supuestamente se benefician por el aumento
del salario mínimo ven reducidas el número de horas que trabajan y, como consecuencia,
se puede incluso dar el caso de que los ingresos que se lleven a casa a fin de mes sean menores
que antes de incrementar el salario mínimo por ley.
Esto es algo que conocen bien en Seattle. Fijaos, en 2015 el gobierno de esta ciudad
de Estados Unidos puso en marcha un aumento gradual de salario mínimo hasta los 15 dólares la hora.
A pesar de que los salarios en esa ciudad son muy superiores a la media de Estados Unidos,
un estudio de la Universidad de Washington determinó que, por culpa de esta medida,
las horas trabajadas en los empleos con bajos salarios se desplomaron casi un 10%.
En tres meses la ciudad vivió una de las mayores crisis de empleo de su historia.
El incremento del salario mínimo no fue una buena noticia.
Mirad, muchas veces se escucha en los medios de comunicación que las subidas de los salarios
mínimos apenas son relevantes porque son cantidades tremendamente irrisorias o irrelevantes a la hora
de pagar un salario a un trabajador. Estamos hablando de cantidades nímias y por tanto ningún empresario
en realidad se puede ver afectado en su cuenta de resultados por cantidades tan diminutas.
Pues bien, pongámonos por ejemplo en el caso de España y supongamos un aumento de 50 euros al mes
en el salario mínimo. El problema no es sólo ese incremento de 50 euros al mes o de 600 euros
al año que supone esta elevación del salario mínimo, sino todos los otros costes que están
directamente vinculados a ese incremento del salario mínimo.
Si tenemos en cuenta, por ejemplo, los pagos a la Seguridad Social y las 14 pagas que incorpora
el salario mínimo, el coste anual para una pequeña empresa, porque no lo olvidemos, son
las pequeñas empresas las que normalmente pagan estos salarios tan bajos que pueden estar por
debajo de este umbral mínimo marcado por ley, es de aproximadamente 1.000 euros anuales por
empleado. Es decir, una subida de 50 euros mensuales que parece prácticamente nada se transforma
debido a Seguridad Social a 14 pagas al coste esperado del despido y a la consecuente indemnización
al mes de vacaciones. Debido a todo esto se transforma en un coste anual de 1.000 euros
por trabajador para 1 de enero 2018 800 euros para 2020 950. Y si esa pequeña empresa tiene
cinco empleados y está combatiendo por sobrevivir, la subida de 50 euros al mes del salario mínimo
le supone a esa empresa un sobre coste anual de 5.000 euros que, por supuesto, le puede llevar,
por ejemplo, a prescindir de alguno de los trabajadores que tenía contratados.
TEMORES Y POBREZA
Muchos trabajadores temen que, sin un salario mínimo fijado por el gobierno, se enfrentarían
a salarios miserables, a la pobreza prácticamente más extrema. Sin embargo, este temor es infundado
y no encaja nada bien con la realidad.
En Estados Unidos, por ejemplo, los salarios reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación,
estamos hablando de poder adquisitivo, se cuadruplicaron entre 1820 y 1912, a pesar además de que su
población se multiplicó por 10 y de que, aparente paradoja para quienes confían en las leyes de
salario mínimo para aumentar los salarios, a pesar de que, en ese periodo entre 1820 y 1912,
no había ninguna ley de salario mínimo en Estados Unidos. Por tanto, se multiplica por 4 el salario
mientras la población se multiplica por 10, sin necesidad de tener leyes de salario mínimo.
A su vez, a día de hoy, en Singapour o en Suiza, de nuevo, por ejemplo,
carecen de salarios mínimos pero disfrutan a su vez de pleno empleo y de un salario medio
muy superior al español.
Y no sólo del medio, si miramos el mediano o el salario que cobra el 25% de trabajadores con
un sueldo más bajo, también vemos que perciben salarios incluso por encima del salario medio
español y todo eso sin necesidad de tener salario mínimo.
Y no sólo eso, es que si algo ha quedado claro con la experiencia, es que los salarios mínimos
perjudican, sobre todo, a los más pobres, a los más necesitados, a aquellos a los que
supuestamente habría que beneficiarles y protegerles con esta legislación. No sólo porque son los
más afectados directamente y los que más riesgo tienen de perder su puesto de trabajo,
su empleo, sino porque además estas políticas reducen su poder adquisitivo.
Un estudio del economista Thomas McCarty ha estimado que cuando en 1996 Estados Unidos
incrementó el salario mínimo de 4,25 dólares la hora a 5,15 dólares, las tres cuartas partes,
el 77,6% de las familias más pobres de Estados Unidos, vieron reducida su renta real, su capacidad
de compra.
De hecho, para comprender mejor todo esto, podríamos hacernos una pregunta muy simple.
Si tuviéramos el poder de decidir qué salario mínimo le impondríamos a nuestro peor enemigo,
¿cuál sería este salario mínimo? Imaginemos que se trata de un ejecutivo que gana cada mes
varias decenas de miles de euros o de miles de dólares. Pues bien, si le impusíamos un salario
mínimo muy bajo, que es nuestro enemigo y queremos machacarle, imaginemos que le imponemos
un salario mínimo de cero euros mensuales, su situación no cambiaría en lo más mínimo,
seguiría ganando cada mes todas esas decenas de miles de euros. Por tanto, nuestro poder
de fijarle un salario mínimo sería del todo irrelevante. En cambio, si fijásemos un salario
mínimo muy, muy, muy alto, por ejemplo, un millón de euros a la semana, un millón de euros al mes,
lo más probable es que ese ejecutivo perdiera su empleo y tuviese imposibilitado trabajar.
Por tanto, a través del salario mínimo si somos capaces de condenar al desempleo a nuestro peor
enemigo, ¿pero cómo deberíamos hacerlo? No fijando el salario más bajo posible, sino todo
lo contrario, fijando el salario más alto posible. Y así en las cosas, fijémonos en que
las leyes de salario mínimo lo que intentan hacer es ir subiendo ese salario mínimo por ley.
O dicho de otra manera, las leyes de salario mínimo están tratando a la población,
al conjunto de la sociedad, como si fueran los peores enemigos del gobierno. Están tratando
a la población, como si fueran esas personas a las que nosotros querríamos machacar si tuviésemos
ese poder de fijarles su salario mínimo. Pero dicho esto, nos queda una pregunta clave. ¿Cómo
podemos mejorar los salarios? ¿Cómo podemos incrementar sostenidamente el nivel de vida del
conjunto de la sociedad?
Para responder a esta pregunta tenemos que partir de una premisa clave y es que los políticos
no pueden subir de manera generalizada los salarios de la población. Los salarios suben
generalizadamente favoreciendo la creación de empresas, la inversión privada o la contratación
de nuestros trabajadores. Es de esta forma con más empresas, con más inversión, con
mayores facilidades a la contratación, cómo se genera empleo. Y cuando hay mucho empleo,
toda contratación adicional que quieran ejecutar, que quieran desarrollar los empresarios, hará
que los salarios crezcan. Si hay pocos trabajadores disponibles para ser contratados y muchos empresarios
que quieren contratarlos, necesariamente los salarios tenderán a aumentar.
Es la ley de la oferta y la demanda que todos conocemos para todos los mercados, pero también
para el mercado laboral.
Subir el salario mínimo es la propuesta por excelencia de los políticos y una forma
por la que normalmente se engaña y se perjudica a la mayoría de la población y muy en particular
a los más pobres.
Frente a ello, países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Singapour o Suiza
no tienen salarios mínimos regulados por el Estado. Algunos de ellos tienen salarios
mínimos regulados por convenios colectivos por parte de sindicatos y patronal, pero son
convenios colectivos generalmente muy descentralizados y por tanto en plena competencia entre ellos.
No hay una unificación y una imposición centralizada de un salario mínimo sobre toda
la economía sin discriminar por tipologías de empresas, por tipologías de sectores empresariales,
por tipologías de trabajadores.
Y desde luego, pese a no tener salarios mínimos o quizá gracias a no tener salarios mínimos
en el conjunto de la economía, estos son algunos de los países con mayor progreso económico
y bienestar general.
Gracias a décadas de investigación económica, sabemos que las subidas de salario mínimo
tienen un riesgo muy alto de generar desempleo, de reducir la jornada laboral, de ralentizar
el ritmo de contratación, de inducir a la mecanización de los puestos de trabajo o
incluso de incrementar la pobreza entre aquellos trabajadores que se ven afectados, que se
ven perjudicados por esa subida del salario mínimo y que en absoluto se ven beneficiados
por ella.
Así que si realmente queremos incrementar los salarios y mejorar las condiciones laborales
necesitamos economías más sanas, economías más libres y economías con más empresas,
que no nos engañen.
Un saludo y hasta la próxima.